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Los 20 diputados electos rindieron protesta y anunciaron su disposición para trabajar de manera coordinada con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Los 20 diputados electos por Morelos rindieron protesta ayer como integrantes de la LIV Legislatura. Se comprometieron a dar marcha atrás a todos los abusos que cometieron los exlegisladores y a investigar a la administración estatal ante la deuda pública que heredará.

A la sesión solemne de inicio de la Legislatura acudió como invitado el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien los legisladores manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada, pero advirtieron que no habrá sumisión. En el acto no estuvo presente ninguna representación del Poder Ejecutivo.

En su mensaje del inicio de su representación, los diputados locales coincidieron en que debe garantizarse el respeto a la división de poderes, pero garantizaron su disposición para trabajar coordinadamente con el gobierno que encabezará Blanco Bravo.

"La 54 Legislatura debe caracterizarse por respetar la separación de poderes, por no ser comparsa de acciones que vayan en contra de las mayorías, pero, a la vez, que tengamos la voluntad de tender los puentes de comunicación para alcanzar acuerdos con el Ejecutivo que nos permitan sacar de esta grave crisis a nuestro estado", manifestó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El legislador por el Partido Encuentro Social (PES) también se pronunció por cancelar las "jubilaciones doradas", las plazas sindicales recién aprobadas y las reformas constitucionales que aprobaron los exdiputados locales y que lastimaron a la sociedad.

"No solaparemos a nadie", advirtió la diputada del Partido Humanista Cristina Xochiquetzalli Sánchez Ayala, quien reprobó el actuar de la legislatura pasada.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ana Cristina Guevara Ramírez afirmó: "Nada ni nadie por encima de la ley", por lo que adelantó que pedirá cuentas a la administración actual por la deuda que heredará.

Rosalina Mazari Espín, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que el actuar de la pasada legislatura se tradujo en una burla para la sociedad, por lo que debe revisarse la legalidad de las jubilaciones "doradas" que aprobaron los exdiputados a favor de familiares y allegados, ya que existen elementos que señalan que en la mayoría se falsificaron documentos para simular cumplir con requisitos de ley.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Dalila Morales Sandoval sostuvo que Morelos está en crisis y es a causa de que los exdiputados se sometieron al Poder Ejecutivo. 

"Ni borrón, ni cuenta nueva", afirmó la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien garantizó que se dará revés a todos los decretos aprobados por la LIII Legislatura.

De igual forma, hizo  un compromiso: "No nos vamos a vender" ante el Ejecutivo que los precedió y agregó: "Que Dios nos acompañe, porque no será fácil regresarle al pueblo lo que nos han quitado".

El grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en voz de la coordinadora Keila Celene Figueroa Evaristo, confirmó que impulsarán una auditoría al Congreso del estado, pues existen elementos para señalar un mal uso de los recursos públicos. De igual forma, aplicarán una investigación al gobierno saliente por la deuda adquirida en su gestión y ante el posible mal uso del Fondo Unidos por Morelos, que se creó para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre.

La diputada del PES, Maricela Jiménez Armendariz, aprovechó la tribuna para hacer un llamado al gobernador a que cumpla con el proceso de entrega-recepción y lo haga en paz y transparencia.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosalinda Rodríguez Tinoco, utilizó la tribuna para resaltar los logros del actual gobierno y se ganó la rechifla de algunos de los presentes en el salón de plenos del Congreso local.

La diputada del Partido Social Demócrata (PSD) Naida Josefina Díaz Roca evitó hablar sobre el actuar de la pasada legislatura, pero sí señaló el problema de la inseguridad en Morelos.

Los legisladores también coincidieron en buscar la unidad en el Congreso del estado para generar una agenda en conjunto, y se comprometieron a que ya no habrá más sesiones en lo oscurito, ni nocturnas, como sucedió en la pasada legislatura para aprobar reformas a modo. 

Previo a la sesión solemne, el PT confirmó que su grupo parlamentario está integrado por cuatro diputados, con la adhesión de José Casas González y Erika García Zaragoza, quienes ganaron la diputación postulados por Morena. Con ello, la coordinadora del PT buscaría la Junta Política y de Gobierno, aunque es la segunda fuerza minoritaria en el Congreso, pues Morena aún tiene a cinco diputados. 

Las 14 diputadas y seis legisladores que ayer rindieron protesta iniciarán actividades legislativas el próximo lunes, ya que convocaron a sesión ordinaria.

La LIII Legislatura concluyó sin recursos financieros y deudas tanto con proveedores como con trabajadores e incluso  con parte de los mismos diputados que ayer dejaron su curul.

Durante la asamblea del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, que se desarrolló ayer y en la que se tomó protesta a Erick Alejandro Reyes Chávez como secretario general después de haber sido electo en julio pasado, se informó sobre las deudas que la LIII Legislatura no les pagó en prestaciones laborales de este año y del 2017.

Simultáneamente, en la Secretaría de Finanzas del Congreso local, los diputados Esaú Efraín Mondragón Corrales, del Partido Encuentro Social (PES), Jesús Escamilla Casarrubias, del Humanista (PH) y Leticia Beltrán Caballero, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esperaban el pago de su última quincena.

El diputado Mondragón Corrales dijo que la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, les informó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal no les ha depositado recursos, por lo que hasta ayer no había presupuesto para el pago de su quincena y de las prestaciones adeudadas al sindicato.

 La tarde de ayer, la Diputación Permanente clausuró sus funciones. Lo hizo de manera privada y sólo se conoció que la diputada en funciones de presidenta, Hortencia Figueroa, rindió un informe de cierre de Legislatura, sin dar cuenta sobre la situación financiera del Congreso. 

Hoy se instalará la LIV Legislatura.

Sólo 20 diputados integrarán el Congreso del estado, 14 mujeres y seis hombres. 

La izquierda, representada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) será la primera minoría.

Los partidos Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), serán la segunda fuerza política en el Poder Legislativo, aunque en el primer cabildeo lograron imponer a la Mesa Directiva.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Humanista, Nueva Alianza (PANAL), Movimiento Ciudadano (MC) y Social Demócrata (PSD) sólo tendrán una diputada que los represente en el Congreso del estado.

ENVÍA GOBERNADOR SU ÚLTIMO INFORME

El gobernador Graco Ramírez envió su sexto y último informe de Gobierno al Congreso del estado, la tarde de ayer.

El secretario de Gobierno, Ángel Colín López, sería el encargado de entregar el informe, pero finalmente determinó enviarlo.

Por ser su último año de administración, y de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política del Estado, el titular del Ejecutivo está obligado a entregar su último informe antes del 1 de septiembre. 

De los documentos entregados no se conoció información, pero serán los diputados de la LIV Legislatura, serán los encargados de revisarlo y armar la glosa sobre las observaciones hechas al mismo y,  de considerar necesario, podrán citar a los secretarios de despacho antes de que concluya la administración de Graco Ramírez, el 31 de septiembre .

Cuauhtémoc Blanco pide a la presente administración estatal concretar la entrega-recepción con hechos reales y no mediáticos.

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó este jueves al vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros como el titular de seguridad pública en su gabinete. El marino -aún en activo- expresó que fue comisionado por la Secretaría de Marina Armada de México para desempeñar esta función y con el apoyo del futuro mandatario estatal habrá de seguir la estrategia del próximo gobierno federal.

En conferencia de prensa, Blanco Bravo expresó que se revisaron muchos perfiles y finalmente tomó la decisión de nombrar a Ortiz Guarneros, pues reúne el perfil que buscaba para cumplir con el compromiso que hizo a los electores de garantizar la seguridad y combatir la delincuencia sin corrupción.

Confió en que habrá resultados lo más pronto posible ante las circunstancias que enfrenta el estado de Morelos, y destacó que en este aspecto cuenta con el apoyo de gobierno federal, tanto del actual, como del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con quien acordaron trabajar de manera coordinada.

El vicealmirante externó que fue comisionado por la Secretaría de Marina para desempeñar esta tarea, al explicar que está en activo, en proceso de retiro. Pero fue claro al expresar que él siguió la indicación de sus superiores.

Tras anunciar que este mismo jueves por la tarde se reuniría con el actual comisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, Ortiz Guarneros dijo que no le conoce y lo más importante es conocer el estado que guarda la entidad, para lo cual comenzará con una revisión diagnóstica y la planeación en el mes que resta para que entre en funciones el nuevo gobierno estatal.

Cuestionado al respecto, dijo que no conoce todo el estado de Morelos, pero enfatizó que cuenta con experiencia en materia de seguridad por la formación que ha tenido, además de haber desempeñado tareas en esta materia durante 45 años en varias entidades, entre ellas Veracruz, su estado natal.

Planteó que la directriz del gobernador electo es combatir la delincuencia, teniendo como eje central desterrar la corrupción, pero no tiene como propósito remover a mandos medios y a elementos. Aseguró que se hará una evaluación y se dará la importancia que amerita la capacitación.

Dejó en claro que el perfil que tendrá la seguridad en el estado será firme, pero subrayó que habrá respeto absoluto a los derechos humanos.

Respecto al Mando Único, el vicealmirante subrayó que esperará a conocer cuál será el lineamiento del gobierno federal; comentó que ha dialogado con el gobernador electo y se ha considerado un mando mixto, pero al final se adoptará un trabajo coordinado con la Federación. Tan es así –apuntó- que ayer mismo sostuvo una reunión –a la que acudió el gobernador electo- con el comandante de la 24ava Zona Militar y ya se han adoptado algunos acuerdos de colaboración.

Refirió que se pondrán en marcha estrategias estatales en materia de prevención del delito y subrayó que una de las prioridades será la operación del llamado C5, cuyas condiciones actuales habrá de conocer en el proceso de transición.

Ortiz Guarneros aseguró que tiene experiencia y que con su equipo tendrá capacidad para brindar resultados: "Sé que el trabajo va a ser duro; sin embargo, venimos convencidos y, digo convencidos, porque me acompañan quien será mi secretario particular, capitán Mario Isaac Vargas Santomé, y mi subsecretario operativo, capitán de Infantería de Marina, Federico Rivas Valdés. Juntos vamos hacer que este estado sea nuevamente un estado seguro; estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque estoy seguro de que con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo del gobierno federal, lo vamos a hacer”.

Por su parte, el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dejó en claro que se combatirá la corrupción y que el compromiso es trabajar, con todo lo disponible para brindar la seguridad que los morelenses esperan.

Blanco Bravo hizo un llamado al actual titular del Poder Ejecutivo estatal a que concrete la entrega-recepción con actos reales y no mediáticos, al tiempo de dejar claro que dará a conocer a su gabinete "cuando lo decida y no cuando él quiera".

Por un voto, Alfonso de Jesús Sotelo no fue designado presidente; hoy continuará la junta previa.

Diputados electos no lograron ponerse de acuerdo para la integración de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura, que se instalará el próximo sábado. Por un voto, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social (PES), no fue designado presidente del Congreso del estado.

Durante la junta previa que se desarrolló la tarde de ayer para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva, tal y como lo señala la Ley Orgánica del Congreso del estado, se hicieron notorias las diferencias entre la coalición "Juntos Haremos Historia". 

El PES, junto con el Partido del Trabajo (PT), lograron sumar a los partidos de minoría e impulsaron su propuesta para integrar dicho órgano de control:

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, como presidente; Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (PAN), como vicepresidenta, y Marcos Zapotitla Becerro, de Morena, y Cristina Xochiquetzalli Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), como secretarios. 

Los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llegaron tarde al encuentro, pidieron de inmediato se declarara un receso, pues afirmaron que no fueron tomados en cuenta para la integración de la Mesa Directiva, pero fueron mayoriterados por la minoría y la Junta continuó.

Sin embargo, en los resultados de la votación, que fue mediante urna, la propuesta del PT y PES no logró mayoría calificada (14 votos) y quedó en suspenso la elección de la Mesa Directiva para la tarde de hoy. En total, de los 19 diputados asistentes, 13 votaron a favor, cinco en contra y una abstención.

Alejandra Flores Espinoza, diputada electa de Morena, aseveró que respaldarán a Alfonso de Jesús Sotelo como presidente del Congreso, siempre y cuando se acepte una propuesta de Morena en la vicepresidencia o en una de las secretarías, que impulsará la propia dirigencia estatal.

Por su lado, el diputado del PES, Alfonso de Jesús Sotelo, dijo que será respetuoso de los acuerdos que tome la mayoría de los 20 diputados que integrarán la LIV Legislatura.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso del estado, de no lograr la votación necesaria para la integración de la mesa directiva, se podrá posponer la junta previa para el día siguiente, por lo que hoy los diputados deberán ponerse de acuerdo.

El coordinador José Manuel Sanz reitera que la presente administración estatal no entrega la información requerida.

La comisión de enlace para la transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo no acudió este miércoles a la reunión programada como parte del proceso de entrega-recepción. El coordinador José Manuel Sanz Rivera aseveró que el motivo fue la falta de voluntad de la actual administración, que se ha negado a entregar información precisa que ha sido requerida para la toma de decisiones en la próxima administración.

En conferencia de prensa, el equipo del futuro mandatario dio a conocer que determinó no asistir a la quinta reunión formal que sostendrían ayer las comisiones de entrega-recepción de los gobiernos estatales saliente y entrante, pero subrayó que desde el martes pasado se le hizo saber de esta medida al secretario de Gobierno, Ángel Colín López.

"El día de hoy no fuimos, no sin antes comunicarlo por parte de la licenciada Mirna Zavala Zúñiga. Se puso en contacto ayer con el secretario de Gobierno Ángel Colín y con su asistente, y se le dijo claramente que hoy no íbamos a acudir a la reunión porque no estaban las condiciones de lo que habíamos solicitado nosotros como parte de la información y que, por lo tanto, no se iba a acudir el día de hoy. Con esto reitero que se le avisó al secretario de Gobierno. No hubo por parte de ellos ninguna contestación, ni siquiera para decirnos: ‘oigan, fíjense que sí se les va a entregar la información que ustedes requieren’. Hubo silencio total y por eso esta comisión decidió no acudir el día de hoy a la reunión”.
Alejandro Villarreal Gasca expuso que existe preocupación -e incluso, admitió que temor- de que al tomar posesión del gobierno encuentren las arcas vacías, con deudas muy grandes, ya que no hay en los hechos disposición de entregar documentación completa que permita analizar y tomar decisiones en varios rubros; entre ellos, los contratos de servicios que están por concluir y que deben ser estudiados para darles continuidad o, en su caso, renovarlos o modificarlos.
El equipo de transición señaló que la población debe estar tranquila, pues ya están tomando medidas para que en el estado haya paz desde el primero de octubre, pero dejó en claro que la población debe estar informada de lo que está sucediendo.
Sanz Rivera dijo que otro de los motivos por los que no acudieron a la mesa de entrega-recepción es que la Legislatura actual pretendía -desde la noche del martes- realizar más nombramientos y reformas de último momento.
Narró que esa noche venía a Cuernavaca de una reunión en la Ciudad de México a las 23 horas, y llegó directamente al Congreso local para conocer lo sucedido, pues las sesiones deben ser públicas.

"De lo que me di cuenta es que sesionan a las 11 de la noche, sin luz, sin medios de comunicación, sin transmisión de televisión por canal público, lo que considero es una situación delictiva... ¿por qué a escondidas?"
Mencionó que no le permitieron el acceso ni a él ni al presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, ni a nadie más, y al final la sesión tuvieron que suspenderla.
Reiteró que las jubilaciones doradas serán checadas "con lupa" para encontrar el camino legal y sancionar a quienes hayan incurrido en alguna anomalía.
Cipriano Sotelo Salgado, asesor legal, calificó como factible el darle reversa a esas reformas a la ley, cuando llegue la nueva legislatura.
Para el abogado, llama la atención que uno de los puntos que querían tratar en el Congreso desde antier fue la aprobación de sus cuentas, pero aseguró que ese acuerdo tampoco es definitivo o irrevocable, y advirtió que si hay anomalías, van a actuar para atacar la corrupción.
Expresó que es preocupante el propósito de aprobar la designación de tres magistrados, la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y de dos comisionados del IMIPE, al considerar que de fondo lo que buscan "es esconder la información… Se busca hacer un traje a la medida para evitar que se actúe contra la corrupción, que haya actuaciones legales cuando acabe esta administración".
Sentenció que una prueba de ello es la decisión de los diputados de la LIII Legislatura de crear una Sala Anticorrupción “designando a sus incondicionales para que protejan al gobierno que se va”.
Y adelantó que buscarán hasta el último recurso legal para anular esas decisiones que no comparten. “Olvidan que la justicia tiene instancias superiores… los más de 80 expedientes que abrieron contra Cuauhtémoc Blanco se resolvieron por la justicia federal".
La comitiva de Blanco Bravo hizo un llamado al secretario de Gobierno Ángel Colín para que entregue la información requerida para conocer en qué condiciones se encuentra el estado, e instó a la contralora del estado Adriana Flores Garza “a que ponga orden”.
Luego de que la comisión del gobierno actual llevó a un notario a la reunión de este miércoles en la residencia oficial, para dar fe de que acudieron a la mesa de trabajo, Sanz Rivera exigió a Colín López "que ya no complique más este proceso"; que se deje de actuar de “manera mediática y de tratar de engañar a la población”.

La deuda que podría heredar la siguiente administración estatal podría superar los 12 mil millones de pesos, estima comisión de enlace.

La comisión de transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo manifestó que la actual administración no ha mostrado voluntad de realizar el proceso de entrega-recepción de forma transparente, y calculan que los adeudos no bancarios que podrían heredar superan los 12 mil 300 millones de pesos.

“Es como un campo minado y las bombas le estallarán al próximo gobierno”, expresó el coordinador de la comitiva de Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera, quien cuestionó el por qué la actual gestión no resuelve en el tiempo que le queda problemas como la necesidad de recursos para la universidad del estado, los conflictos en materia de transporte, o asuntos de seguridad que se han exacerbado en las últimas semanas.

En conferencia de prensa, el equipo más cercano al gobernador electo advirtió que -hasta ahora- las reuniones de las dos comisiones para la entrega-recepción se han limitado a comentar lo que los funcionarios en turno consideran logros, y no se les ha entregado información detallada sobre varios aspectos, como los recursos que hay en las arcas públicas y cuáles son los asuntos que están pendientes de pagos.

Además de la opacidad en la información, el vocero destacó que mientras se llevan a cabo las mesas de trabajo, el gobierno estatal -junto con la Legislatura en turno- han realizado "acciones engañosas que dañan al estado".

“Vemos que la intención que tienen es provocar un escenario de ingobernabilidad planificada para que estalle al ingreso de la nueva administración a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo”, expresó, al destacar que se han llevado a cabo reformas legales y nombramientos de último minuto de funcionarios, además de autorizar pensiones doradas que implican un oneroso impacto a las finanzas estatales. 

Advirtió que no tolerarán que funcionarios de la administración saliente que hayan incurrido en irregularidades salgan impunes, al plantear que la actitud plantea la sospecha de desvío de recursos.
Aseveró que si no hay un cambio de actitud, esperarán hasta el primero de octubre para comenzar con la revisión del estado en el que se encuentra la administración, y ya no acudirán a las reuniones que estaban programadas.

Sanz Rivera reiteró que no es necesario que el próximo gobierno nombre al gabinete, y consideró que las declaraciones del actual secretario de Gobierno, Ángel Colín, significan una injerencia o intromisión. "Le decimos que no presione al gobernador electo ni al equipo”.

Respecto a la división entre diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el coordinador expresó que para el gobernador electo, esos son asuntos internos, no intervendrán, es decisión individual de cada diputado y se respetará la división de poderes.

De manera enfática, los integrantes de la comisión dieron a conocer la inconformidad con problemas que se están dejando a la siguiente administración, al apuntar -como ejemplo- que hay obras no terminadas, como la sede del Congreso local, que no está concluida ni tiene servicios de agua y energía eléctrica, y otras obras de las que se desconoce si hay adeudos con las constructoras.

Como medida preventiva se dio a conocer que ya se reunieron con empresas expertas en auditorías a gobiernos, las cuales comenzarán a trabajar cuando tome posesión la nueva administración.

Mirna Zavala, integrante de la comisión, mencionó que cuando entren en funciones a través de la Contraloría se realizarán las revisiones y, si encuentran algo irregular, darán parte a quien sea competente, ya sea de tipo administrativo o penal.

Sanz Rivera apuntó que ya están analizando escenarios posibles, como rescates financieros, tanto con el actual gobierno federal como con el entrante.
El abogado Cipriano Sotelo Salgado comentó que -de igual forma- se analizan las vías legales factibles, al destacar que se está ignorando por completo lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción, que dice que al término e inicio de un ejercicio constitucional, el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
La comisión receptora deberá tomar conocimiento de la situación que guarda la administración, desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos y, en su caso, obras públicas en proceso, de tal manera que al momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente la marcha de la actividad pública correspondiente.
También enumeran  la “reforma constitucional que exige la participación de las 2/3 (sic) partes de los cabildos municipales, cuando antes sólo se requería la mitad más uno de los municipios, buscando con ello complicar a la nueva legislatura revertir las reformas legales que tanto han indignado en la sociedad, como la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado que mantendrá al titular Uriel Carmona Gándara por nueve años en el cargo, creando un impedimento en la investigación de actos de la administración estatal; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, en donde el fiscal general Uriel Carmona designó al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Núñez por siete años en el cargo, para cubrir la investigación de actos de la administración estatal”.

Añaden a esta estrategia de impunidad “La reforma a la Ley de Presupuesto del 2018, que duplica los fondos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 320 millones a 740 millones de pesos; la reforma a la Ley del Notariado del estado de Morelos, que despoja al gobernador entrante de la facultad de revisar los protocolos de las notarías, sobre todo de aquellos que estén de licencia, como la número 6 de Cuernavaca, Morelos, que fue entregada al actual fiscal Uriel Carmona Gándara”.

Y añaden la aprobación de jubilaciones doradas a más de 180 empleados de primer nivel y familiares a cargo del erario, sin cumplir con los requisitos legales.
“La desviación de 40 millones de pesos a favor de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, quitándole ese dinero del impuesto a la nómina e impulso de los atractivos de Morelos de los fideicomisos empresariales; la reforma legal destinada a ampliar el número de magistrados de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, pretendiendo impulsar a dos familiares de diputados actuales para ese cargo”, también fueron referidas como parte de la actitud cuestionable de la actual administración.
Alejandro Villarreal Gasca informó que la deuda bancaria de la que han tenido conocimiento hasta ahora es de más de cinco mil millones de pesos, pero hizo notar que les preocupan los adeudos que no son formales y que se podrían dejar pendientes para que estallen en el mes de diciembre, recién iniciada la gestión de Blanco Bravo, si no hay dinero en las arcas, como el pago de trabajadores de salud, aguinaldos a maestros, pagos a proveedores, demandas laborales, entre otros.

Estimaron que esa deuda no bancaria podría superar los 12 mil 300 millones de pesos, pero el monto puede ser mayor, ya que no se les ha dado la información precisa que han requerido.

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo llamó al titular del Poder Ejecutivo a que instruya a las diferentes áreas que conforman al gobierno del estado transparentar la información necesaria para que el proceso de transición de gobierno se realice de forma eficaz, pues hasta la fecha no se han entregado los datos relevantes solicitados sobre diversas áreas.

A través de sus redes sociales, Blanco Bravo dirigió un mensaje para dar a conocer a la población lo qué ocurre en el estado en torno a la transición.

A decir de Blanco Bravo durante las reuniones que ha entablado su equipo de trabajo con el comité de enlace del gobierno saliente, sólo han recibido informes de lo que se presenta como “logros”, dejando de lado y manteniendo herméticos temas prioritarios como información precisa de la situación que guardan actualmente recursos humanos, materiales y financieros.

“Al pedir cuentas sobre las finanzas que mantiene Gobierno del Estado, la respuesta ha sido que toda información necesaria la podemos obtener en el portal de transparencia, sin embargo, dicho portal no se encuentra habilitado.

La Secretaría de Hacienda hasta el día de hoy no ha entregado las cifras del gasto real que mantiene Gobierno del Estado; Jorge Michel Luna, titular de esta secretaría, menciona que aún no es tiempo de requerir dicha información.

Ángel Colín, secretario de gobierno, insiste en la necesidad de la designación de gabinete para llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción ignorando las peticiones realizadas por el comité de enlace quienes tienen establecidos los temas encomendados.

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social no ha informado el estatus actual de los programas sociales realizados en beneficio de la gente de Morelos, tampoco han dado a conocer el padrón de beneficiarios de los mismos.

Asimismo el Instituto de Educación Básica del Estado, no ha entregado el informe de deudas y pasivos, y más alarmante es el hecho de que aún no se encuentra presupuestado el aguinaldo de este año para el magisterio de Morelos” señala en su comunicado.

Finalmente expone: “por tanto, hago saber a los morelenses que el proceso de Entrega-Recepción no está cumpliendo con su objetivo que es conocer a fondo los logros, avances y finanzas con las que recibiremos en poco más de un mes la administración de todo un estado”.

El secretario Colín López asegura que no se darán nuevas concesiones, sino permisos que expiran el 30 de septiembre.

El equipo de transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo estableció un plazo de 48 horas para que el gobierno en turno responda a la petición de que se entregue información detallada sobre diferentes áreas; de lo contrario, se levantarán de la mesa y suspenderán las reuniones programadas como parte del proceso de transición.

Este miércoles se llevó a cabo el cuarto encuentro entre las comisiones de enlace del gobierno saliente y del que está por tomar posesión. Al término de ésta, el coordinador de la comitiva de Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera, informó que -de nueva cuenta- se trató sólo de una plática en la que los funcionarios actuales sólo hablaron de lo que ellos consideran los “logros”, pero no se les proporcionó información detallada que ya había sido solicitada.

Entre los datos que se han pedido de manera formal en las mesas y que no se han presentado, destacó los detalles de la deuda pública; si habrá o no recursos en las arcas y liquidez para pago de aguinaldos y adeudos a proveedores; si los saldarán o no; el estado de fuerza en materia de seguridad; términos de contratos en diversas áreas que están por concluir, entre muchos otros puntos que fueron requeridos y que -hasta ahora- no se les han entregado.

Sanz Rivera manifestó que se solicitó "que nos diesen la realidad de cómo se encuentra el estado, tanto administrativamente, financieramente, políticamente y socialmente; si no, no podíamos continuar con las sesiones".

El vocero explicó que no es necesario que sean designados los integrantes del nuevo gabinete, pues para ello se llevan a cabo este tipo de encuentros y se designó a las comisiones respectivas.

A nombre del gobernador electo, Sanz Rivera llamó al titular del Ejecutivo en turno a mostrar disposición real y voluntad política, pues hasta ahora no ha habido información detallada en ninguna de las áreas.

Expresó -de manera tajante- que a lo anterior se suman actos de las autoridades que siguen en funciones que no corresponden a una voluntad política real y siguen dañando al estado.

Hizo referencia a lo que un día antes dieron a conocer, en el sentido de que el gobierno estatal se comprometió a autorizar 17 mil concesiones de transporte. Este miércoles dijo que justamente han pedido que se les informe con documentación y, de manera precisa, cuál es la situación sobre ese y otros asuntos que muy seguramente se convertirán en conflictos para la siguiente administración.  

También consideró que no hay condiciones políticas para que Blanco Bravo se siente personalmente a platicar con el titular del Poder Ejecutivo actual, después de dos años de persecución, con demandas judiciales, señalamientos de supuesta implicación con delincuencia, entre otros.

Sanz Rivera indicó que el daño se hace a la sociedad y la gente debe saberlo, porque cada decisión de último momento que se ha tomado, tiene impacto en las finanzas para el estado.
“Hemos quedado que, en un margen de 48 horas, tendremos una plática, se comunicará el Secretario de Gobierno -Ángel Colín López- conmigo para decirme cómo va la situación, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De eso depende si nos volvemos a reunir, si va a haber esa apertura, y si no va a haber esa apertura, lo que hemos solicitado es que, en vez de tener estas reuniones, que nos manden la información que dicen aquí, porque realmente no tienen una importancia para lo que necesitamos saber”, señaló el coordinador de la Comisión de Enlace de la Administración Pública Entrante 2018-2024, José Manuel Sanz Rivera.

Argumentó que si se levantan de la mesa no es por falta de disposición de la comisión de Blanco Bravo que se ha presentado en las fechas y términos acordados, pero la información que exhibe la comisión gubernamental es insuficiente y no amerita encuentros formales, y en todo caso podría ser entregada por otros medios sin necesidad de reuniones.
Consideró que el gobierno del estado no da muestras claras de congruencia y voluntad, como sucede a nivel nacional: “no se puede estar pidiendo una reunión de cordialidad cuando se están aprobando una serie de reformas en el Congreso, que estamos viviendo todos, pues no estamos en condiciones. No es tanto por lo pasado sino por lo actual”.

José Manuel Sanz dio a conocer que se entregó este mismo miércoles al secretario de gobierno Ángel Colín López un documento, en el que se expresa la postura del gobernador electo: “lamenta la persistencia de actos que en los hechos sólo simulan la entrega de información; al pueblo de Morelos le genera suspicacias que el Ejecutivo abdique a la obligación constitucional para analizar y en su caso invalidar las ignominiosas pensiones que ha venido autorizando la LIII Legislatura del Congreso del Estado”.
“Es imprudente que se continúen haciendo designaciones de funcionarios transexenales que, si bien es cierto, se efectúan dentro del periodo constitucional, pretenden ignorar que no son avalados por los poderes entrantes y serán revestidas mediante los recursos y mecanismo legislativos y judiciales, al tiempo que de forma irresponsable y poco republicana sientan las bases para dirimir en la arena pública los desencuentros entre los equipos de Gobierno entrante y saliente”, expone el documento.

Y es que el vocero de Blanco Bravo subrayó que la disposición de realizar una entrega recepción en orden y con transparencia, “sólo es mediática” pero no se refleja en los hechos.

Por su lado el secretario de gobierno -quien es coordinador de la comisión de transición del gobernador Graco Ramírez- aseguró que los trabajos de entrega recepción van por buen camino, en apego a la legalidad.

Cuestionado sobre la presunta promesa de autorizar miles de concesiones de transporte público, el funcionario estatal dijo que no es real. Comentó que están en proceso de regularización mil 300 concesiones y admitió que se han emitido permisos -cuya cantidad no precisó- pero sostuvo que la vigencia de éstos no pasa del último día del gobierno actual, es decir el último de septiembre.

El gobernador electo pide a la actual administración frenar acuerdos y autorizaciones de último minuto.

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo llamó a la actual administración a detener las iniciativas y nombramientos de último minuto y no tomar acciones en los días que restan que impliquen problemas para el próximo sexenio, como el compromiso de liberar alrededor de 17 mil concesiones en el transporte público.

A través de un comunicado, el futuro titular del Poder Ejecutivo manifestó que no es posible llevar a cabo esfuerzos para un proceso de transición y entrega recepción ordenado, con ánimo constructivo, si por otro lado continúan funcionarios actuales y legisladores en turno, aprobando reformas, haciendo nombramientos y cometiendo actos que van contra la ciudadanía.

“La posición siempre fue y ha sido de respeto y buen ánimo para avanzar en la compleja tarea de la transferencia de gobierno. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos hasta ahora realizados, los resultados de los trabajos han sido pobres, pero sobre todo preocupantes por la cadena de sucesos que se han presentado en las últimas semanas”.
Es pública la serie de iniciativas enviadas por el actual gobernador Graco Ramírez al Congreso del Estado y las que el propio Poder Legislativo ha impulsado en sentido contrario a una transición respetuosa y ordenada”. 
El equipo del gobernador electo destacó entre esos asuntos, la cuestionada aprobación de las jubilaciones a funcionarios públicos, el nombramiento del fiscal anticorrupción, la inconsistencia en la información sobre el monto total y real de la deuda del Estado, el estado crítico de la operación de la policía. De manera enfática se reconoce en dicho comunicado que una señal inequívoca de esa falta de voluntad es el candado legal impuesto y recientemente aprobado para no entregar la información que haga posible una revisión del verdadero estado que guarda la administración pública. Calificó los actos ya enumerados, como acciones que no contribuyen a un proceso de entrega recepción respetuoso, ordenado y democrático.
“Asimismo, lo exhortamos a no realizar acciones de último momento como por ejemplo las 17 mil concesiones que se están generando como compromisos para los transportistas sin cumplir con los estudios de factibilidad y sin realizar censos sobre la necesidad de la población morelense, heredando una serie de irregularidades al gobierno entrante”, expresa el boletín en clara referencia a los conflictos recientes en la Secretaría de Movilidad y Transportes.
“Hacemos un respetuoso llamado al gobernador Graco Ramírez a que asuma un rol de coherencia política entre lo que dice y lo que hace, y en el ámbito de su competencia y facultades dé marcha atrás a las recientes medidas que han obstaculizado y manchado el proceso de entrega-recepción”, concluye.

Los diputados electos revisarán todas las acciones de sus antecesores, asegura Javier García Chávez, próximo coordinador de la bancada de Morena.

El diputado electo y virtual coordinador de la próxima bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, informó que este viernes se dio la primera comunicación con la actual legislatura, para iniciar el proceso de entrega recepción. Aunque no hay una fecha precisa, adelantó que buscarán que el proceso sea ágil, pero sobre todo transparente.

Además, los legisladores electos morenistas se reunieron este viernes con el obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro, con quien dialogaron durante algunas horas en la casa del obispado.

García Chávez informó que en dicho encuentro se habló en términos generales de varios temas, en especial de la importancia de que en Morelos se impulse un proceso de pacificación, ante el clima de violencia que se vive en la entidad.

Expuso que de igual forma sostendrán reuniones con otros grupos religiosos y sociales, pues el objetivo es que la labor del Poder Legislativo esté siempre apegada a la voz de la población. Adelantó que sostendrán encuentros periódicos.

En entrevista dio a conocer que la mañana de ayer, finalmente hubo una breve comunicación de la presidenta en funciones de la mesa directiva del Congreso local actual la perredista Hortensia Figueroa Peralta: “fue epistolar (un mensaje de texto vía teléfono móvil) a efecto de podernos reunir lo más pronto posible".

Pero comentó que esperarán a que se les notifique de manera oficial, para dar inicio formal a la entrega recepción

"Estamos interesados en que la entrega recepción sea lo más transparente, lo más expedita", anotó García Chávez, al comentar que también se les hizo saber que la Conferencia acordó que el protocolo para la toma de protesta de la nueva legislatura recae en los legisladores electos: “en eso no vemos ningún problema, al contrario, nos parece bien que nos comiencen a pasar las responsabilidades”.

Quien será el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, dejó en claro que se hará público el contenido de los estados financieros y las condiciones en que recibirán las instalaciones, así como documentación  “y todo lo habido y por haber, porque es parte de la transparencia con la que nos comprometimos ante la población que votó por nosotros”.

Insistió en que el tema del sistema anticorrupción para los legisladores de Morena es prioridad, por lo que ya se trabaja en el análisis jurídico para obtener los resultados correspondientes, anticipó que todo estará sujeto a revisión, incluso la permanencia del recién nombrado fiscal.

Ante la aprobación de reformas, nombramientos e iniciativas que realizó la actual legislatura, hasta este viernes el líder del grupo de Morena reiteró que ya tienen una estrategia legal para revisar dichas modificaciones “desesperadas”, para realizar las contrarreformas correspondientes y anular los acuerdos que impliquen daño al erario y que han causado la indignación e inconformidad de la gente, entre ellas la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo dictamen final no fue dado a conocer a integrantes del gremio.

Anticipó que se analizará la norma y operación del Sistema Estatal de Radio y Televisión y buscarán trabajar con el Ejecutivo para definir cuál será el futuro de esa instancia, que no debe operar como aparato de divulgación de la imagen de un poder del estado, sino que debe ser una herramienta para la voz de la población, “consideramos que actualmente no está siendo útil para la sociedad”.

Se realizó la tercera reunión de trabajo de las comisiones de enlace para el proceso de entrega-recepción.

Hasta la fecha no se ha definido quién será la persona que se ocupe de la seguridad pública en el gabinete de la próxima administración. El coordinador de la comisión de transición del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera, confirmó que se tomará en cuenta la opinión del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes se llevó a cabo la tercera reunión formal de trabajo entre las comitivas del gobierno saliente y el entrante como parte del proceso de entrega recepción. En esta ocasión se abordaron temas de seguridad, defensoría de oficio, protección civil, derechos humanos y asuntos jurídicos. No estuvo presente el titular de la Fiscalía General del Estado Uriel Carmona Gándara.

Se presentó información general solicitada por el equipo de Blanco Bravo, pero se acordó que en cuanto sea nombrado el próximo titular, habrá mesas de trabajo específicas con el actual comisionado estatal Alberto Capella Ibarra para que se ahonde en temas tales como “focos rojos”; financiamientos, tecnología (como las más de mil 500 cámaras de seguridad que según la gestión actual operan con el C5) y demás información precisa. Apuntó que habrá algunos puntos que serán revisados a partir del primero de octubre.
Sanz Rivera dijo que esta reunión “fue productiva (…), lo que les solicitamos el otro día a través de oficio se está cumpliendo, nos están dando la información, aunque queda todo el tema de información administrativa pendiente. El proceso debe ser mucho más amplio y eso lo tendrá que ver el secretario que nombre el gobernador electo y el actual”, expresó.

Apuntó que el tema de deuda y otros rubros administrativos se abordarán conforme al calendario previamente acordado. Explicó que el nombramiento del secretario de seguridad es prioritario, por lo que podría darse a conocer esta semana o el martes que viene. Lo anterior, porque es una de las principales preocupaciones de Blanco Bravo para devolver la seguridad al estado, como lo prometió en campaña.

Sanz Rivera externó que este miércoles también se abordó el tema de las llamadas “autodefensas”, “que es un tema que se heredará a este gobierno entrante y que lógicamente tenemos que atender”.

En entrevista previa al encuentro, Sanz Rivera confirmó que la decisión sobre quién será el titular del gabinete en materia de seguridad no se ha tomado hasta la fecha.

Confirmó que se ha pedido asesoría y se tomará en cuenta la opinión del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y en especial de quien será el secretario a nivel federal, Alfonso Durazo Montaño.

Lo anterior, tomando en cuenta que habrá mucha coordinación entre los diferentes niveles de gobierno: “no es un nombramiento fácil, debe ser muy atinado; no queremos meter a un secretario que tengamos que cambiar en seis meses, debe cumplir con el perfil, conocer el estado, reunir muchas cualidades”, abundó.

Cipriano Sotelo Salgado -quien también es integrante de la comisión de transición del gobernador electo- informó al finalizar la reunión que recibieron información general, “faltó un ingrediente que es la Fiscalía, el fiscal no llegó y el secretario de gobierno argumentó que es un órgano autónomo”.

Por lo tanto, no fue posible obtener información sobre la situación de la Fiscalía General del Estado, cuántos juicios se llevan, cuál es el número de delitos que se denuncian, entre muchos otros puntos interesantes para el diseño de políticas públicas. Por lo tanto, comentó Sotelo Salgado, el secretario de Gobierno expresó que lo va a considerar y a invitar, y verá si él tiene deseos de sentarse y darles información. “Están confundiendo la autonomía con el autogobierno, eso no existe, el fiscal bajo el argumento de la nueva administración que tiene una designación hasta por nueve años, creo que tiene la idea de que no tiene que rendirle cuentas a nadie; pero yo creo que ahí están mal conceptualizando la designación… Se trata de una estructura de gobierno, hay disposición legal pero de gobierno creo que no porque no lo trajo”.

Aseveró que desde la reunión pasada se planteó la importancia de que el fiscal acudiera para hacerle preguntas sobre temas importantes: “no sabemos si hay algo que ocultar… si no quieren traer al fiscal no podemos obligarlos, pero en su momento habremos de platicar con él. Parecería que no tienen mucho interés de informar, pero cualquier persona podría pensar que algo se oculta, pero ya la ciudadanía tendrá la mejor opinión. Además, ya falta poco para que el señor gobernador tome posesión y ya conoceremos cómo se encuentra la fiscalía”.

Por su lado, el secretario de Gobierno Ángel Colín López, quien encabeza la Comisión de Enlace de la administración 2012-2018, manifestó que se trató de una excelente reunión de trabajo, en la que se entregó a la Comisión de Enlace del Gobierno entrante la información solicitada. "Fue una reunión como lo hemos venido planteando, con acuerdos, con disposición política y transparencia de las dos comisiones”.
La próxima reunión se llevará a cabo el 22 de agosto y se abordarán temas de Programas Sociales, Educación, Salud y Cultura, así como Relaciones Contractuales.

La mañana de ayer se desarrolló la tercera reunión formal de las Comisiones de Enlace para el proceso de entrega-recepción de los gobiernos estatales saliente y entrante, en la que se atendieron los temas de seguridad pública, atención a víctimas, protección civil, derechos humanos, defensoría de oficio y asuntos jurídicos.

La reunión se retomó de manera transparente y respetuosa, luego de que el pasado 10 de agosto –fecha prevista en el calendario de reuniones temáticas-, las comisiones acordaron posponerla para este día, con el objetivo de incluir información amplia y detallada de temas específicos.

José Manuel Sanz Rivera, coordinador de la Comisión de Enlace nombrada por el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, calificó la reunión como productiva, pues recibieron la información que con anterioridad solicitaron en materia de seguridad pública.

“Fue productiva (…), lo que les solicitamos el otro día a través de oficio se está cumpliendo, nos están dando la información, aunque queda todo el tema de información administrativa pendiente”, expresó.

Al respecto, el secretario de Gobierno Ángel Colín López -quien encabeza la Comisión de Enlace de la administración 2012-2018- manifestó que se trató de una excelente reunión de trabajo, en la que se entregó a la Comisión de Enlace del Gobierno entrante la información solicitada.

"Fue una reunión como lo hemos venido planteando, con acuerdos, con disposición política y transparencia de las dos comisiones”, expresó.

En la reunión programada para el próximo 22 de agosto se abordarán temas de Programas Sociales, Educación, Salud y Cultura, así como Relaciones Contractuales.

Al encuentro acudieron el comisionado estatal de seguridad pública Alberto Capella Ibarra, la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza; el secretario de Administración, Fernando Solís Godínez; la jefa de la Oficina de la Gubernatura, Paola Gadsden; el consejero jurídico José Anuar González Cianci, la directora del Instituto de la Defensoría Pública, Mirtha Sagrario; así como José Alejandro Villarreal Gasca, Mirna Zavala Zúñiga, Margarita González Saravia, Cipriano Sotelo Salgado y Samuel Sotelo Salgado. 

Los legisladores electos no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, asegura.

La LIV Legislatura creará una “comisión investigadora” en contra de los diputados salientes ante presuntos actos ilegales cometidos durante los últimos tres años en el manejo de los recursos financieros y, en las últimas semanas, por la aprobación de jubilaciones "mañosas".

El diputado electo Héctor Javier García Chávez -designado como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- informó que a partir del 1 de septiembre se instalará una comisión especial que investigue a los integrantes de la LIII Legislatura, pues dijo que se ha señalado la violación reiterada de la ley por parte de los actuales diputados para jubilar a familiares, amigos y personas allegadas en las últimas semanas.

"No nos interesa que sea quien sea, si son esposas de los diputados, relaciones sentimentales con alguno, cuñada, algún tipo de parentesco, tendrán que estar perfectamente bien fundamentadas", subrayó.

Además, refirió que tienen información extraoficial de que los legisladores dejarán sin recursos financieros al Congreso del estado, pese a que aún faltan cinco meses para que concluya el año fiscal.

Por tal razón, el diputado electo aseguró que procederán legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, de comprobarse que cometieron actos ilegales.

"Yo conozco extraoficialmente que nos van a dejar un recurso líquido de dos millones de pesos. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie; inmediatamente, bajo las observaciones que tengamos y los fundamentos irregulares, de irregularidades, vamos a proceder de manera inmediata", aseveró. 

Héctor Javier García refirió que hasta el momento no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, por lo que se presume que será un cierre de Legislatura opaco, de ahí la determinación de integrar una comisión investigadora.

"No hemos recibido ninguna llamada, ninguna comunicación, ni siquiera mandado señales de humo de que tengan la disponibilidad de entrar a un proceso más exhaustivo en el proceso de entrega-recepción. No vemos voluntad de poder entregar cuentas claras", agregó.

Se abordará información en materia de seguridad, adelanta el secretario de Gobierno.

El secretario de Gobierno, Ángel Colín López, informó que hoy se llevará a cabo la reunión de las comisiones del proceso de entrega-recepción en la que se abordará información en materia de seguridad que quedó pendiente en la ocasión anterior.

En entrevista, el funcionario local dijo que tal y como se acordó en el calendario de mesas de trabajo para la transición, este día se llevará a cabo otro encuentro entre las comisiones del gobierno saliente y el entrante.

Recordó que la vez pasada se suspendió porque el equipo del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó algunos datos a los que la gestión actual “accedió con esta voluntad política de ayudar colaborando con esa información; nos reuniremos con esa solicitud resuelta”.

Cuestionado sobre qué tipo de datos fueron requeridos, respondió que se trata de “información variada; algunas puntualizaciones como cuántos elementos contamos, qué cargos se tienen en seguridad pública, cuántas unidades en servicio, etcétera, cosas como ésta”.

Respecto al convenio de subrogación de vehículos de seguridad, el funcionario estatal dijo que el número de patrullas que se encuentra bajo ese esquema “son mínimas”. “Las rentas que teníamos eran sobre algunos vehículos de seguridad. Las patrullas en su mayoría son propiedad del gobierno del estado… Nosotros no podemos contratar ningún servicio más allá del último día de septiembre y ya corresponderá al nuevo gobierno si continúa o no”.

El secretario de Gobierno fue cuestionado sobre posibles inquietudes de padres de familia al regreso a clases, porque no se han concluido al cien por ciento las obras de reconstrucción de escuelas que sufrieron daños por el sismo del 2017. Respondió que esperan comprensión de la ciudadanía que ha visto que las empresas están trabajando y los tiempos se han alargado por la magnitud de daños y de las propias obras. “No hay atrasos sustanciales. Esperamos que en este mes acabemos aproximadamente el 70 al 75 por ciento y que en septiembre estaremos al 90 o 95 por ciento. Las comunidades han notado que el trabajo ha sido intenso y los trabajos no se han detenido”, apuntó.

Este viernes se llevó a cabo la primera reunión oficial para el proceso de transición, en la que se acordó que las comisiones del gobierno estatal saliente y la del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, trabajarán en ocho mesas temáticas a partir del 1 de agosto y hasta el 19 de septiembre.

A finalizar el encuentro, José Manuel Sanz Rivera, vocero de la comitiva del futuro gobernador, expresó que en esta ocasión la comisión del gobierno actual mostró disposición de llevar a cabo un proceso transparente y, a través del secretario de gobierno Ángel Colón López, se afirmó que se entregará toda la información que sea solicitada.

Cabe señalar que, en entrevista previa, el también presidente del Partido Encuentro Social en Morelos expresó que el equipo de Blanco Bravo se apegará en todo momento a la legalidad, aunque de último momento se hayan hecho modificaciones “a modo” a la ley en la materia de entrega recepción.

Expresó que ya están listas ocho empresas que concursan para realizar auditorías sobre el estado en el que se encuentra la administración, cuyos auditores podrían comenzar a trabajar a partir del 1 de octubre.

Por otra parte, indicó que en el encuentro de este viernes expresó al secretario de Gobierno en funciones el tema de seguridad y "focos rojos" que se han presentado en los últimos días, como los grupos denominados “autodefensas”, los conflictos por el transporte y tarifas, entre otros.

De igual manera, Sanz Rivera criticó las declaraciones del comisionado de seguridad pública Alberto Capella Ibarra, pues sostuvo que Blanco Bravo no tiene nada que ver con grupos delictivos y además su gobierno comienza hasta el 1 de octubre.

Adelantó que ya tienen una propuesta para el comisionado de seguridad, que será dada a conocer en el momento oportuno, al igual que el resto del gabinete de la próxima administración.

Cabe destacar que las comisiones de transición aprobaron realizar el proceso de entrega-recepción, en un calendario temático que abarca del 1 de agosto al 19 de septiembre.

El Programa de trabajo contempla ocho reuniones establecidas de la siguiente manera: el 1 de agosto 2018, Gobernabilidad, Derechos indígenas, Equidad de Género y Participación Ciudadana; el 10 de agosto, Seguridad, Procuración de Justicia, Convenios y Juicios, Atención a Víctimas, Derechos Humanos, Protección Civil y Defensoría de Oficio; el 15 de agosto, Programas Sociales, Educación, Salud y Cultura, Relaciones Contractuales.

En dicho calendario se programó el 22 de agosto la entrega en torno a Desarrollo Económico y Agropecuario; el 29 de agosto Innovación, Ciencia, Tecnología y Turismo; el 5 de septiembre Obras Públicas; 12 de septiembre Agua, Desarrollo Sustentable, Movilidad y Transporte.

Finamente el 19 de septiembre Finanzas Públicas, Auditorías, Gobierno Digital y Administración de los Recursos.

Asimismo se estableció, que de manera conjunta, se mantendrá informada a la sociedad morelense sobre el avance del proceso de entrega recepción en curso.

“Ambas comisiones coincidieron en que el apego a este plan de trabajo permitirá concretar el relevo de la titularidad de los cargos, de manera segura y eficiente, en función del marco legal vigente y el bienestar de los morelenses”.

Derivado del encuentro se levantó un acta administrativa, la cual fue firmada por los integrantes de ambas comisiones de enlace: Comisión de la administración 2012-2018: Adriana Flores Garza, secretaria de la Contraloría; Fernando Solís Godínez, secretario de Administración; Paola Gadsden de la Peza, jefa de la Oficina de la Gubernatura; Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, directora general de Legislación, en suplencia por ausencia del consejero jurídico José Anuar González Cianci.

Comisión de la administración 2018-2024: José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Mirna Zavala Zúñiga y Cipriano Sotelo Salgado, señala el comunicado conjunto.

Cipriano Sotelo Salgado, abogado del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló -en entrevista- que ya se trabaja con los diputados electos para revocar las recientes reformas aprobadas por el Congreso, por iniciativas enviadas por el Ejecutivo actual.

Llamó a los presidentes municipales actuales a no aprobar en su calidad de constituyentes tres reformas constitucionales, la primera relativa al Instituto Morelense de las Mujeres; la relacionada con la estructura del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y la que está relacionada con modificar el número de votos en los cabildos para aprobar cambios en la carta magna local.

Expresó que esas reformas se hicieron de último momento y se han observado indicios claros de que se han hecho esas reformas con intereses personales o de grupo.

Adelantó que con la nueva legislatura, en la contarán con la mayoría, buscarán realizar contrarreformas y cancelar algunas de las jubilaciones doradas de funcionarios que no cumplieron con los requisitos de ley para su retiro.