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La Comisión de Derechos Humanos busca hacer valer autonomía constitucional.

El Poder Judicial del Estado de Morelos confió en que el próximo año el Congreso duplicará su presupuesto, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos espera tener recursos suficientes y hacer valer su autonomía constitucional, en vísperas de la resolución de las impugnaciones promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuyo proyecto se propuso declarar la invalidez de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos por vicios en el proceso legislativo.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, consideró poco probable una modificación del presupuesto 2020 del Gobierno de Morelos, pero lo que resuelva la SCJN podría tener un impacto en la Ley de Egresos del próximo año en favor del Poder Judicial, a quien, conforme a la Constitución local, le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Dijo que será relevante la resolución del tribunal constitucional, porque hay diferencias de criterio entre los Poderes Judicial y Ejecutivo respecto de los rubros y conceptos que forman parte del presupuesto estatal programable, para calcular en pesos los recursos que le corresponden al Poder Judicial.

Expresó que el Poder Judicial estima que el 4.7% equivale en este momento alrededor de 900 millones de pesos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo considera que la cifra es inferior.  

Descartó que la controversia constitucional en víspera de resolución por parte del Pleno de la SCJN, signifique una confrontación con el resto de los poderes. Por el contrario, existe una buena relación, que ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación para exponer y justificar por qué la administración de justicia requiere más recursos.

“Nosotros, independientemente de esta cuestión legal, nosotros estamos en la cuestión política en muy buenos términos tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, estamos en pláticas para que vean nuestra realidad.

“No es que el Poder Judicial quiera un presupuesto nada más porque sí. Traemos un estudio, traemos cifras de lo que necesita el Poder Judicial para salir. Hoy no tenemos para pagar aguinaldos, ya nos apoyó el Poder Ejecutivo con algunas ampliaciones y nos ha seguido apoyando. Estamos hablando de una realidad, no estamos en estirar, jalar para ver quién gana, sino cuál es la realidad que tiene el Poder Judicial y qué necesita para poder terminar el año”, explicó.

Para el 2020, el Congreso asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos y 524 millones para el TSJ,  de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial aspira que para el 2021 con la resolución de la SCJN, fundamentada en la reforma constitucional que le dio autonomía financiera y estipuló un presupuesto equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable, se le asignen por lo menos 900 millones de pesos.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, celebró la decisión del Pleno de la SCJN de dar legitimación al organismo para impugnar, mediante una acción de inconstitucionalidad, el deficiente presupuesto asignado y abrir la puerta para que otras comisiones locales de país puedan defender su presupuesto y autonomía constitucional.

Recordó que la CDHEM desde hace años recibe un  presupuesto deficitario, al grado de ser el orsanismo local del país con menos recursos. “A la comisión, en el transcurso de su existencia, de los años, se le ha asignado el peor presupuesto que existe en todas las comisiones de la República Mexicana. Somos la comisión más castigada en ese sentido, y eso se traduce en darle la espalda a los derechos de las personas, porque eso es lo que al final de cuentas nosotros venimos a defender”, dijo.

Celebró que el Pleno del tribunal constitucional haya dado legitimidad al organismo para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso de Morelos y confió que, al igual que el Poder Judicial, pueda duplicar sus recursos.

“De manera inédita, por primera ocasión la SCJN en función de los planteamientos hechos por la CDHEM, ha dejado atrás una tendencia jurisprudencial para negarles a las comisiones la posibilidad de defender nuestra autonomía (…)

 “Esto implica una decisión inédita en la cultura jurídica del país, en la historia nunca se ha invalidado un presupuesto de egresos y eso es digno de reconocer a esta comisión, porque a final de cuentas habrá un antes y un después y abrirá la puerta y la ruta jurídica para que no solo la CDHEM, sino todas nuestras hermanas en todo el país puedan defender sus autonomías, porque insistimos en que, si no hay autonomía, difícilmente podremos cumplir con nuestras funciones”, sostuvo.

Luego de que la resolución de acción de constitucionalidad 116/2020 fue pospuesta para este jueves, Hernández Cruz consideró que existen tres escenarios posibles: 1) que el Pleno de la SCJN invalide  el presupuesto 2020 del estado de Morelos para que se respete autonomía y asigne presupuesto suficiente; 2) obligar al Congreso a que en el próximo presupuesto no se vuelva a incurrir en el mismo exceso y atentar contra la autonomía del organismo; 3) que se le obligue a legislar al Poder Legislativo para que la CDHEM tenga autonomía financiera como tienen otros organismo autónomos locales.  

Recordó que para 2020 le fueron asignados 15.8 millones de pesos y para el 2021 solicitó un presupuesto de 30 millones.

Considera que la reforma que aprobó el Senado busca descongestionar casos de narcomenudeo.

El uso de la marihuana no incita a cometer delitos, expresó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Rubén Jasso Díaz, quien refirió que habrá que esperar a conocer los alcances de la reforma que fue aprobada en el Senado de la República y que reglamenta el uso del cannabis. 

"La marihuana no es una droga que te incite a cometer un delito", anotó Jasso Díaz, al expresar que en su opinión, y con base en su experiencia como litigante, esta sustancia no se observa como un factor que condiciona la actuación de un delincuente.  

Como representante del Poder Judicial recordó que la tarea es aplicar la ley vigente, como la apruebe el Poder Legislativo, por lo que habrá que esperar a conocer los alcances de la modificación y el resultado final del proceso legislativo federal.  

Este jueves el Senado de la República aprobó el dictamen que legaliza el uso del cáñamo; también se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis y se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. El documento, que será enviado a la Cámara federal de Diputados, contempla que en México una persona podrá llevar consigo hasta 28 gramos de la planta o una cajetilla con 28 cigarrillos y tener de seis a ocho plantas de marihuana en casa. 

Se espera que el asunto sea enviado al Congreso el 15 de diciembre, donde deberá agotar todo el proceso de revisión, discusión y en su caso aprobación, pero hay que señalar que el partido iniciador, Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados que votaron a favor, también cuentan con mayoría. 

A pregunta expresa respecto a dicha aprobación, Jasso Díaz expresó que habrá que conocer “qué tan permisible” será el uso de la mariguana en la ley final.  

Mencionó que dicha reglamentación tiene como fin desahogar el cúmulo de personas detenidas y procesadas por narcomenudeo. “Creo que como sociedad en muchos temas de este tipo no está preparada, pero también el Estado debe buscar alguna forma para descongestionar esta situación y debe (procurar) una situación de educación, sobre todo a los menores, que son los más vulnerables”. 

Respecto a un posible incremento en la delincuencia por dicha reglamentación, el magistrado consideró que “por los estudios que existen entiendo que la mariguana no te afecta para cometer un delito. Hay otras drogas que sí lo hacen. Habrá que ver los estudios”. 

Por otro lado, el presidente del TSJ aseveró que las declaraciones hechas por el líder nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, quien calificó al Poder Judicial como débil y dividido, son producto de las campañas políticas y forman parte del proselitismo. 

Sostuvo que a quien responde el Poder Judicial es a la ciudadanía y lo están demostrando con trabajo. 

Finalmente, informó que durante el mes de diciembre no cerrará el TSJ y que el 30 por ciento del personal se quedará en labores, por lo que no habrá vacaciones generalizadas. 

La dinámica es parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el TSJ ante la emergencia sanitaria.

Un juez de control realizó la primera audiencia telemática para expedir una orden de cateo, como parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), forzadas por la pandemia del covid-19 y las medidas preventivas para evitar contagios.

El TSJ informó que esta audiencia fue atendida por la juez de control Gloria Angélica Jaimes Salgado, quien a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autorizó la orden de cateo a un predio ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, por el delito de robo de vehículo.

“Esta la primera audiencia que llevamos en estos términos y con esto iniciamos una nueva era, en la cual vamos poder desahogar determinadas audiencias, con la Fiscalía General del Estado principalmente, sin necesidad de movernos. Son más dinámicas, más rápidas y se puede incluso dictar la resolución en ese momento y no perderíamos el tiempo en trasladarnos”, detalló el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz.

Aseguró que la utilización de estos recursos electrónicos tiene sustento legal en el Artículo 51 del Código Nacional Mexicano de Procedimientos Penales, por lo que a través de un medio tecnológico en tiempo real se desahogarán asuntos judiciales, logrando una tutela judicial efectiva, procurando que el principio de legalidad de cada uno de los pasos estuviera cumplido.

El TSJ revoca sentencia absolutoria a favor de Jesús González Otero.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la sentencia absolutoria a favor del ex presidente municipal de Cuautla, Jesús González Otero, y ordenó reponer el procedimiento penal desde la apertura del juicio oral.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), los magistrados de la Sala del Tercer Circuito Judicial de Cuautla del TSJ, determinaron por mayoría la reposición del procedimiento de juicio oral contra del ex alcalde, a quien se le imputa el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El ex edil está relacionado con la carpeta de investigación FEIHC / 002/2016-09, referente a una denuncia interpuesta por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado de Morelos.

El ex alcalde, desde que fue imputado, reiteradamente rechazó los cargos en su contra y aseguró que se trató de un acto de represalia política. Incluso, solicitó asilo a España, luego de haber obtenido su libertad tras casi un año preso.

Cuando la violencia es una conducta sistemática y persistente, hay consecuencias legales dentro de los juicios relacionados con la patria potestad de los menores.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez aseguró que los padres o madres que sean generadores de violencia pueden llegar a perder la guarda y custodia de sus hijos.

Explicó que cuando la violencia se convierte de una conducta sistemática y persistente, hay consecuencias legales dentro de los juicios relacionados con la patria potestad de los menores, porque un generador de violencia no puede estar dentro del seno familiar.

Refirió que en el momento en que los jueces o juezas analizan un caso en particular y detectan que existe un conflicto de violencia al interior de la familia, emiten una resolución, una sentencia, mediante la cual remiten a la persona generadora de violencia a integrarse al programa Convive Mujeres y Hombres (CONVIVEMH) con duración de 25 sesiones, con la finalidad de atender la violencia y promover la reeducación de personas.

“El CONVIVEMH es un convenio celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Secretaría de Salud, de esta manera el TSJ a través de sus juzgadores y juzgadoras atiende el tema de la violencia pero además es un precursor de la cultura de la paz.

“La finalidad es que a la par de que se resuelve el conflicto legal, a través de una sentencia jurisdiccional, también las familias o las personas que son generadores de violencia y quienes sufren esa violencia pueden tener una resolución de su conflicto de menara integral”, detalló.

Indicó que el personal de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del TSJ, responsable del programa CONVIVEMH, informa permanentemente el seguimiento de este programa al juez o jueza.

En caso de que esta persona haya incumplido con sus terapias, el juzgador va a tomar nota para que el agresor o generador de la violencia regrese a estos grupos de convivencia para recibir la ayuda profesional que requiere y su actuar será tomado en cuanta en la resolución final que emitan los impartidores de justicia.

“Lo que pretendemos a través de este tipo de herramientas como es el CONVIVEMH, no solamente es resolver el problema legal sino generar un ambiente de paz para todos los integrantes de la familia, que pudieron haber estado viviendo en una situación de violencia”, aseveró Lara Chávez.

El Poder Judicial no es de consigna: Jasso Díaz.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, aseguró que el Poder Judicial no es de consigna y que cada juez tiene que hacerse responsable de sus determinaciones, tras las protestas de familiares de cuatro estudiantes de la preparatoria de la UAEM asesinados hace cuatro años para denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal en contra los supuestos homicidas.

Dijo que las familias de las víctimas están en su derecho de expresarse y, si consideran que existe alguna irregularidad en el proceso judicial, iniciar alguna denuncia o queja administrativa ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina contra el juez.

Señaló que todos los casos son relevantes y el proceso relacionado con el homicidio de los cuatro estudiantes sigue su curso, sin que la balanza este inclinada hacia una u otra parte.

“Como se ha dicho a muchas personas que han venido y mencionado sus asuntos: no es un poder (Judicial) de consigna, ni a favor ni en contra de nadie. Los jueces son responsables de sus determinaciones, sí se les dice que pongan la responsabilidad y la atención que deben de poner a cada uno de sus asuntos y ellos son responsables de sus resoluciones, pero no es un poder que dice como se debe resolver uno u otro caso, todo se resuelve con base en las pruebas”, dijo.    

Durante la vista presidencial al estado de Morelos, los familiares de los cuatro estudiantes asesinados interceptaron al mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, ante quien denunciaron supuestas irregularidades en el proceso penal por parte del juez, Daniel Rodríguez Apac, para beneficiar a los presuntos homicidas.

Incluso, las familias denunciaron ante el presidente de la República que el juez a cargo del caso atropelló en presunto estado de ebriedad a un motociclista y lo privó de la vida en diciembre de 2017, pero sigue impartiendo justicia y protegido por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

Este martes, las familias acudieron a la ofrenda dedicada a las víctimas, en el acceso principal del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, para reiterar su protesta en víspera de la apertura de juicio oral para determinar la responsabilidad de los implicados en el crimen.

De acuerdo con la versión sostenida por la fiscalía estatal, los estudiantes de la preparatoria de la UAEM en Jojutla, Alejandro Medina Juárez, Melesio Piñaza Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín habían acudido a una fiesta el pasado 2 de noviembre de 2016, y posteriormente tuvieron un altercado de tránsito con sus verdugos.

Horas después, sus cuerpos fueron localizados en un paraje de la colonia de la colonia La Nopalera del Municipio de Yautepec.

Las acusaciones de la fiscalía contra los cuatro presuntos multihomicidas se basaron en evidencias como huellas, líquido hemático, la identificación y localización del vehículo implicado en el incidente de tránsito y la identificación de los imputados con base en un video obtenido por la Policía de Investigación Criminal. 

Es la pena máxima porque era menor de edad.

Una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó aplicar la condena máxima de internamiento al menor implicado en el feminicidio de Mariana Leticia, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) brutalmente asesinada en mayo de 2019.

Al resolver la apelación promovida por la Fiscalía General del Estado contra la sentencia de dos años y dos días de internamiento dictada por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) a L.A.B.B, entonces de 17 años,  por el feminicidio de Mariana, el Tribunal de Alzada determinó revocar la condena y emitir una nueva, en la que aplicó la sentencia máxima de cinco años de internamiento que permite la legislación penal para menores en conflicto con la ley, debido a la gravedad de la conducta antisocial cometida.  

La noche del 9 de mayo del año 2019, cuando Mariana Leticia “N”, de 21 años de edad, salió de un bar ubicado en las inmediaciones de la avenida Universidad, en compañía de L.A.B.B. de 17 años y de Enrique “N” de 18 años de edad, quienes la trasladaron a bordo de un vehículo tipo Tsuru de color blanco hasta el Circuito Santa Fe, ubicado en el poblado de Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec.

En el lugar, ambos feminicidas la violentaron sexualmente, la golpearon y asesinaron, dejando su cuerpo semidesnudo expuesto en la vía pública.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad arrancó la audiencia de vinculación a proceso de 57 de las 78 personas detenidas el pasado 20 de octubre, por la toma de la caseta de Alpuyeca, el secuestro de tres choferes y el robo de tres unidades del transporte de pasajeros.

En tanto, 19 menores de edad quedaron sujetos a proceso penal e internamiento preventivo por los presuntos delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Custodiados por patrullas y el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad, los 57 adultos fueron trasladados del penal de Atlacholoaya (debido a que estaban bajo la medida cautelar de prisión preventiva) hasta la sede en Cuernavaca del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para realizar la audiencia en el Salón de Plenos.

Los imputados fueron acusados de los delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa y la audiencia de vinculación a proceso fue presidida por el juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, David Ricardo Ponce González. Al cierre de edición, la audiencia continuaba.

Por otra parte, a través de videoconferencia, se realizó a la audiencia de vinculación a proceso de 19 menores, también detenidos el pasado 20 de octubre. El juez especializado en justicia para adolescentes consideró que había elementos suficientes sobre la presunta responsabilidad de los menores en conductas antisociales y determinó sujetarlos a proceso penal.

Los menores permanecerán en internamiento en el Centro de Medicadas Cautelares para Adolescentes (CEMPLA) hasta la conclusión del proceso legal.

Dos menores más, de 14 años y considerados inimputables, se encuentran bajo el resguardo y protección de las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Morelos.

En noviembre se cumplirán cuatro años de su asesinato.

Cuautla.- Cuando faltan seis días para que se cumplan cuatro años del asesinato de los cuatro jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 4 de Jojutla, se volvió a aplazar la audiencia de inicio de juicio oral de los seis detenidos por el miltihomicidio.

Durante la mañana de este lunes, familiares, amigos y excompañeros de los ahora finados se manifestaron en la Ciudad Judicial de Cuautla, donde se llevaría a cabo la audiencia de inicio de juicio oral por el asesinato de Melesio, Emiliano, Francisco y Alejandro, quienes fueron privados de su libertad por ocho individuos cuando acudían a un festejo en el poblado de Ticumán de Tlaltizapán, para después trasladarlos al poblado de La Nopalera del municipio de Yautepec, donde fueron localizados sin vida.

Los manifestantes señalaron que el 2 de noviembre se cumplirán cuatro años de que fueron privados de la vida, por lo que urgieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a condenar a los culpables, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a detener a un cómplice que se encuentra prófugo.

Por su parte, Alberto López Laguardia, asesor jurídico de las víctimas, señaló que por diversos motivos se ha ido aplazando el proceso.

“Llegamos hasta este año… Se ha retrasado el proceso por derechos que le asisten a los acusados; han interpuesto apelaciones, amparos en contra del avance de las diferentes etapas del proceso. Sin embargo, la ley ha sido clara, se ha llevado un proceso justo en que realmente merecen ser procesados porque hay pruebas indubitables”, señaló.

Dijo que el pasado 17 de septiembre, la audiencia se aplazó debido a que dos de los acusados permanecían en un penal de Sinaloa, a donde fueron trasladados debido a los problemas en el Cereso de Atlacholohaya. Sin embargo, este lunes se volvió a diferir debido a que uno de los acusados revocó a su defensor.

El Congreso espera que la SCJN entregue el expediente completo del caso para iniciar el proceso.

El Congreso del estado sigue sin tener fecha para iniciar el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial.

De acuerdo con el diputado morenista Javier García Chávez, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) está a la espera del engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la resolución de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.

El legislador local refirió que el órgano de gobierno del Congreso determinó esperar el engrose, pues los alcances de dicha resolución podrían ser mayores.

"Existe la especulación de que esa determinación no alcanzaría sólo a seis magistrados, sino a 11, pero son sólo especulaciones y por eso se determinó esperar a la resolución", añadió.

La determinación que emitió la Corte en julio pasado obligó a que seis magistrados dejaran su cargo de forma inmediata; cuatro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La semana pasada, el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, informó de la intención de algunos legisladores de impulsar una reforma constitucional para otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de proponer a los magistrados del Poder Judicial.

Al respecto, el diputado morenista dijo que hasta el momento se desconoce esa la propuesta y cuál fuerza política pretende impulsarla.

El requerimiento para el 2021 alcanza los mil 400 millones de pesos: Jasso Díaz.

El Poder Judicial del Estado le apuesta al cabildeo y al diálogo político en el Congreso del estado para obtener un mejor presupuesto para el 2021, luego de dos años de no recibir aumento.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, detalló que el proyecto presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal propone mil 400 millones para el Poder Judicial (casi tres veces lo etiquetado este año) y que incluye una partida para la justicia laboral.

Dijo que estará al pendiente de lo que ocurre en el Congreso local en el marco del análisis del paquete presupuestal del gobierno del estado de Morelos y adelantó que “empezaremos a hablar con los integrantes de todas las fracciones parlamentaria, para empezar a cabildear lo que es nuestro presupuesto, pero sobre todo para hacerles del conocimiento de esta situación importante que hoy atravesamos, de falta de presupuesto”.

Señaló que el Poder Judicial de Morelos está consciente de la difícil situación económica que atraviesa el país y el estado, pero el objetivo es lograr el diálogo y acuerdos con los diputados para que la administración de justicia pueda hacer frente a su carga de trabajo, máxime que el próximo año la entidad deberá crear los juzgados especializados en materia de justicia laboral, conforme a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor en mayo de 2019.

Cabe destacar que también se encuentra en curso la controversia constitucional 42/2020 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por la ex magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, quien reclamó al Congreso de Morelos  la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El magistrado Norberto Calderón Ocampo es nuevo integrante del órgano.

El magistrado Norberto Calderón Ocampo fue designado como nuevo integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, tras la renuncia por motivos de salud de la magistrada Elda Flores León, y en medio de un debate impulsado por el magistrado, Carlos Iván Arenas, sobre que la vacante debía ser ocupada por una mujer, para cumplir con el principio constitucional de paridad de género.

En sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz anunció la renuncia de Flores León y, para hacer la inmediata sustitución, presentó la propuesta de terna integrada por los magistrados Berta Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde y Norberto Calderón.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró apresurada la presentación de la terna y propuso aplazar la designación, por dos consideraciones: la primera, para reformular la terna únicamente con mujeres para cumplir con el principio constitucional de paridad de género, de lo contrario, el órgano colegiado podría ser integrado únicamente por varones y se violentaría una disposición constitucional; y, la segunda, para generar un diálogo y que los aspirantes presentaran un plan de trabajo.

El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, declinó a su postulación, agradeció la consideración para formar parte de la terna, pero reiteró su oposición histórica a la existencia del extinto Consejo de la Judicatura y hoy Junta de Administración, como órgano intermediario que ha causado conflictos y enfrentamientos en el Poder Judicial y permitido actos deleznables.

Dijo que aceptar la postulación sería incongruente con su postura e insistió en su propuesta de la desaparición de dicho órgano, lo cual permitiría un gran ahorro económico para el TSJ.

También difirió con su homólogo Arenas Ángeles sobre el tema de paridad de género, porque la integración de los órganos de gobierno no debe estar supeditada a la condición de género sino a la capacidad de cada persona para ejercer un cargo.

“El hecho de que se haga una cuestión discriminatoria, pues podríamos decir que así como se está haciendo una cuestión discriminatoria en término al género de la mujer, pues podría decir lo propio en términos de lo que es ser hombre. Creo yo que el ejercicio, insisto, del gobierno, de las responsabilidades públicas, deben estar supeditadas a capacidades y no solamente a guardar una condición de sexo”, explicó el magistrado Elizalde, quien fue sustituido en la terna por la magistrada Carmen Aquino Celis.

El magistrado presidente Rubén Jasso Díaz coincidió con la postura de Elizalde Figueroa sobre el tema de paridad de género y expresó que la designación de un integrante de la Junta de Administración “son decisiones democráticas y creo que se debe tomar la mejor decisión”.

“Yo también estoy en desacuerdo en esta situación de equidad, (el tribunal) está en un 80 por ciento (integrado) de damas y yo no creo que tenga que ser por decreto. Las damas nos han demostrado su capacidad, sobre todo en esta institución, en este Poder”.

Recalcó que “yo no estoy de acuerdo de que tengan que llegar por decreto, es mi punto muy particular de vista, espero no meterme en problemas, es que las mujeres no necesitan llegar por decreto, llegan por capacidad y seguiré insistiendo, la mayor demostración es este Poder Judicial donde en su mayoría son mujeres, son las que mejor trabajan, son con las que se puede trabajar muy bien y día a día han demostrado su capacidad”.

Agregó que si se tuviese que aplicar el criterio de paridad de género, el Poder Judicial tendría que disminuir el número de puestos ocupados por mujeres.

El magistrado Carlos Iván Arenas fue insistente en el debate de que debía de cumplirse con la paridad de género en la integración de la Junta de Administración, pero nadie lo secundó e, incluso, magistradas disintieron sobre el tema de la paridad.

“Yo sí lamento mucho, y perdón por incomodar, es mi punto de vista, me parece que no se está observando el principio de paridad de género, porque estamos proponiendo, con el riesgo de que vamos a conformar una Junta de Administración integrada con puros varones.

“No estamos discutiendo un tema de capacidades, nadie pone en duda eso, no significa que la mujer sea más capaz o que el hombre. Pero eso no es la paridad, la paridad significa que le demos la oportunidad de que los órganos del gobierno estén integrados al mismo tiempo con hombres y con mujeres.

“Lamento mucho que no se esté observando esa situación y que estemos conscientes de las consecuencias que van a implicar, que después nos venga a señalar que tenemos un órgano de gobierno de este Poder Judicial que no respetó la paridad de género. Simplemente yo estoy cuidando el respeto a lo que marca el principio constitucional”, remarcó.   

Finalmente, por mayoría, los magistrados desecharon la propuesta de Arenas Ángeles para reformular la terna y postergar la designación, y por una mayoría de 11 votos el magistrado Norberto Calderón Ocampo fue nombrado como nuevo miembro de la Junta de Administración, que también está integrada por el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso,  y el representante de los jueces, Alejandro Becerra Arroyo.

El juzgador atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) que presuntamente protegió a un juez de control y juicio oral que, en estado de ebriedad, atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La sala, integrada por los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto, resolvió un recurso de apelación promovida por la defensa de la agente del Ministerio Público, Martina “N”, quien fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Daniel Rodríguez Apac, como presunto responsable del atropellamiento y muerte del ciudadano Pedro Portilla.

Los magistrados consideraron que este tipo de conductas coarta el derecho de la víctima a la procuración e impartición de justicia y que la FECC presentó los datos de prueba necesarios para confirmar el auto de vinculación a proceso dictado por un juez contra la agente del Ministerio Público Martina “N”,  por el delito cometido por servidor Público, previsto y sancionado en el artículo 297 fracción IX del Código Penal de Morelos.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, la víctima se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a Pedro Portilla. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio a la víctima. Kilómetros más adelante fue detenido como presunto responsable del accidente de tránsito y la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado.

En consecuencia, inició una denuncia ante la FECC contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable en el fatal accidente.  

Anahí Bahena López es imputada por la supuesta tramitación ilegal de una “pensión dorada”.

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez de control en contra de la ex funcionaria graquista Anahí Bahena López, por la supuesta tramitación ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en apelación, los magistrados determinaron confirmar la vinculación a proceso de la ex funcionaria por la presunta comisión del delito de fraude procesal, y sumaron la imputación por presunto abuso de autoridad, por las probables irregularidades en que incurrió al tramitar su pensión por jubilación.

La ex funcionaria, quien al momento de realizar el trámite de jubilación también era esposa del entonces secretario de Gobierno Ángel Colín López, habría realizado en diez días el trámite para obtener su jubilación y presentó una constancia supuestamente expedida por el Ayuntamiento de Yautepec para justificar que desempeñó el cargo de contralora municipal entre 2010 y 2013, pero el documento no fue encontrado en los archivos municipales.

Según la FECC, existen más de 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, quien presuntamente no reunió los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60% de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

Familiares y docentes se manifestaron a favor de la docente y en contra de la sentencia que emitió un juez; solicitan que el caso sea revisado nuevamente.

Cuautla.- La mañana de este jueves, familiares y compañeros de la profesora Harlem “S” se manifestaron en caravana vehicular a fin de mostrar su desaprobación a la determinación de un juez de señalar como culpable a la docente del delito de discriminación cometido en contra de una estudiante de la Escuela Secundaria “Cuitláhuac” de este municipio.

Hay que recordar que la maestra fue condenada a tres años de prisión y el pago de la reparación del daño causado a la estudiante.

La caravana partió de la entrada norte de la ciudad de Cuautla hacia el Tribunal Superior de Justicia del municipio para exigir a las autoridades que se revise el caso nuevamente y se haga justicia, al considerar que la determinación tomada por el juez no fue la correcta.

Al respecto, Ofelia Ortega, allegada a la profesora, señaló que la decisión tomada por el juez “es una injusticia”. Por ello considera que es urgente que se retome el caso para que se pueda determinar la situación legal de la profesora de la manera adecuada.

Es así que para llamar la atención de las autoridades, realizaron una caravana por las principales calles de la ciudad, hasta llegar a las instalaciones del TSJ de Cuautla, donde permanecieron escasos minutos para posteriormente retirarse.

Por su parte, la profesora Harlem “S” señaló que la resolución emitida por el juez “fue injusta”, al detallar que “sin tener pruebas se condenó, ya que si una madre necesita dinero, nada más necesita demandar y con eso el juez le otorga dinero y aparte una condena. Debemos tener mucho cuidado y los ojos muy abiertos porque estamos expuestos a todo y a una mala decisión de los jueces y ya estamos condenados”.

Finalmente, los familiares y docentes que se unieron a la caravana en apoyo a la profesora manifestaron su confianza en que los jueces retomarán el caso y será atendido a la brevedad, pues señalaron que no hay pruebas que incriminen directamente un abuso cometido en contra de la estudiante.

Incluso, el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral recibirán menos dinero del que solicitaron.

Los Poderes públicos, así como dependencias estatales y organismos públicos autónomos deberán esperar hasta el 2022 para obtener un aumento presupuestal, debido a la crisis económica nacional y al plan de austeridad al que se ajustará el gobierno del estado para el próximo año, ante la emergencia sanitaria.

Dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso local se establece la imposibilidad de autorizar el presupuesto que varias dependencias requirieron para el próximo año, ante la disminución en la recaudación de recursos federales y estatales.

Es el caso del Poder Judicial, que a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió un monto presupuestal de mil 438 millones 891 mil pesos, pero el Poder Ejecutivo sólo planteó una suma de 524 millones 34 mil pesos, que estará sujeta a la aprobación del Congreso del estado.

Es el mismo caso del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) que pidió 41 millones 159 mil pesos cuando la propuesta del Ejecutivo es de 25 millones.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) requirió 51 millones 807 mil pesos, por tratarse el 2021 de año electoral, pero solo le asignaron 28 millones 25 mil pesos.

De la misma forma, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) pidió, de acuerdo a sus necesidades presupuestales para el próximo año solicitó 422 millones 865 mil pesos, pero en la propuesta del Paquete Económico sólo se le asignaron 282 millones 352 mil pesos.

En la misma situación se encuentran la mayoría de las dependencias y organismos públicos. 

El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 la necesidad de mantener un "balance sostenible y austero", con base en lo que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los criterios generales de la política económica nacional.

El Congreso del estado revisará el Paquete Económico y determinará posibles ajustes para disminuir o aumentar el presupuesto de algunas dependencias y organismos.

El Congreso local no destinó recursos para el pago de nuevas jubilaciones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) retomó la estrategia legal para impugnar las pensiones de los trabajadores judiciales, porque el Congreso local no destinó una partida presupuestal para el pago de nuevas jubilaciones.

Recientemente, el Poder Judicial del Estado promovió la controversia constitucional 144/2020, la primera bajo la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, por la cual fue impugnado el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González, quien prestó sus servicios en el TSJ durante 23 años y cuyo último cargo fue como Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Yautepec.

En el recurso constitucional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del artículo 3º del decreto número setenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5793 de fecha once de marzo de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio”.

Esta estrategia fue aplicada por primera vez por la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quién durante su gestión promovió más de 150 controversias constitucionales contra los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso entre 2016 y 2019.

A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, inició la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial pero sin asignar presupuesto para su pago.

En 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Ante la reiterada omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el 3 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Morelos por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir las sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del TSJ, sino hasta amenazó con aplicar la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido ningún acuerdo por el que dé por cumplidas el total de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales.

Sin embargo, todo indica que Jasso Díaz, quien relevó a Cuevas López el pasado 18 de mayo, retomará la estrategia de su antecesora para presionar al Congreso para que etiquete una partida presupuestal exprofeso para cada uno de los decretos jubilatorios aprobados de trabajadores judiciales.

Incluso, también, en los últimos meses de gestión de Cuevas López fue promovida la controversia constitucional para que el Poder Judicial reciba un presupuesto superior a los 800 millones de pesos y se cumpla con lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado, y le concede el 4.7% del gasto programable estatal.

Agustín Villalobos Salgado fue nombrado juez por la expresidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables.

El Juez Tercero de Distrito negó la suspensión definitiva a Agustín Villalobos Salgado, quien fue nombrado juez por la ex magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables y fue recientemente cesado de sus funciones.

De acuerdo con el juicio de amparo 737/2020, promovido por el ex juez, al ser un acto consumado su remoción, no procedía conceder la medida cautelar, además de que el acto reclamado forma parte del fondo del asunto que se resolverá en el momento procesal oportuno.

El ex juez alegó en su demanda de garantías que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de la Juez adscrita a la Visitaduría, ejecutó su “remoción, destitución o privación del derecho a seguir fungiendo como juez” sin fundar ni motivar.

En enero de 2019, en circunstancias cuestionables y con total opacidad, la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas destituyó sorpresivamente a los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado para dar sus lugares a Agustín Villalobos Salgado y Gabriela Chang Marroquín, con el pretexto de que los cambios obedecían al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, derivada de las impugnaciones que promovieron ante la justicia federal siete participantes en el  concurso de oposición para la designación de 13 Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, realizado en el año 2011.

Romero Ulloa y Jaimes Salgado iniciaron sendos juicios de amparo contra su destitución y finalmente obtuvieron la protección de la justicia federal y su reinstalación en septiembre pasado, ya que la “ejecutoria de amparo” alegada por Cuevas López no implicaba el cese y designación de nuevos jueces, sino únicamente ordenaba que se dieran a conocer las calificaciones de los aspirantes quejosos y los motivos por los cuales no obtuvieron una de las plazas concursadas.  En consecuencia, Villalobos Salgado y Chang Marroquín fueron relevados de sus cargos de jueces.

Sin embargo, el ex juez Villalobos Salgado, inconforme, promovió un juicio de amparo, en el que alegó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina dejó insubsistente su nombramiento como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones adscrito a la Tercera Sede Judicial, con sede en Cuautla, porque en el concurso de oposición no alcanzó el puntaje para obtener una plaza de juez.

“Me dio a conocer las calificaciones obtenida en los concursos de oposición en que participé para la obtención del nombramiento de Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos” y “declaró que, de las calificaciones dadas a conocer, no alcancé el puntaje para ser vencedor dentro del concurso de oposición en el que participé y que por esa razón no me designaron Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Finalmente, el juez de distrito procedió a negarle la suspensión definitiva contra el acto reclamado, “máxime que, como lo manifiesta el quejoso, ya se dejó sin efectos su nombramiento, por lo que ya no fue designado como Juez de Primera Instancia, por lo que, no es dable otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios como lo solicita, ya que no es propio de un pronunciamiento relativo al incidente de suspensión, sino materia del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia”.

La alternativa no sólo disminuye la probabilidad de contagios, sino que permite atender asuntos de manera pronta y expedita: magistrado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) discutió la posibilidad de usar el método de videoconferencia en el desahogo de audiencias de apelación en el sistema acusatorio adversarial, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva ante las circunstancias excepcionales que provocó la pandemia del covid-19.

El magistrado Jorge Gambo Olea, propuso al Pleno el acuerdo para que  órganos de segunda instancia utilicen la videoconferencia como método alterno para desarrollar audiencias de apelación y explicó que la Primera Sala –de la que forma parte- celebró ya 22 audiencias con el apoyo de la telemática, es decir, con las tecnología de la información que permiten la comunicación a distancia y transmisión datos.

Explicó que con esta alternativa, no solo disminuyó la probabilidad de contagios, sino que permitió a las partes implicadas y a los magistrados atender los asuntos de manera pronta y expedita.   

Indicó que, salvo algunas dificultades técnicas menores, las audiencias por videoconferencia se desarrollaron sin inconvenientes, con la conformidad de las partes y, hasta ahora, la justicia federal no ha tenido ningún reparo respecto al desahogo de estas audiencias por videoconferencia celebradas por la Primera Sala del TSJ.

Indicó que la crisis sanitaria obligó a empresas e instituciones gubernamentales en todo el mundo a modificar sus sistemas de trabajo y uno de las soluciones fue el uso de la telemática, que es la ciencia del uso de las tecnologías de la información y desarrollo de aplicaciones que ayudan a procesar y aplicar datos multimedia.

Gamboa Olea insistió en la necesidad de invertir en la tecnología y específicamente en la justicia digital, para hacer frente no solo a la crisis actual sino a los problemas que pudieran presentarse en un futuro.

La propuesta fue secundada por sus homólogos de sala, incluso el magistrado Andrés Hipólito Prieto reconoció que en un principio fue difícil adaptarse al uso de este método tecnológico. Sin embargo, a la postre representó un beneficio para los juzgadores y los justiciables, con el desahogo oportuno de las audiencias.

El acuerdo fue acogido por el resto de los magistrados, quienes consideraron hacer algunos ajustes técnicos y varias aportaciones y reservar su aprobación para la siguiente sesión de Pleno.

El Poder Judicial opera con el 60 por ciento del personal de manera presencial.

En las últimas dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) registró un aumento en el aforo en su principal sede judicial, por lo que acondicionó un área en el sótano de los juzgados de Cuernavaca para el personal de la Oficialía de Partes Común, que permitió recibir un mayor número de demandas al mismo tiempo, y no a través del buzón judicial con una sola persona, como se venía haciendo desde el inicio de la pandemia por covid-19.

La Oficial Mayor del TSJ del Estado de Morelos, Carmen Paulina Toscano Vera, detalló que ahora se ingresa al sistema aleatorio y se genera inmediatamente su papeleta de turno al juzgado correspondiente.

Indicó que desde que el Pleno del TSJ aprobó por unanimidad de votos el incremento al 60 por ciento del personal para laborar de manera presencial, se comenzó con la habilitación de tres oficiales de Partes Común.

“Estamos atendiendo a tres personas al mismo tiempo en lugar de una sola, como se venía haciendo a través del buzón judicial. Dichos usuarios tendrán el conocimiento inmediatamente a qué juzgado corresponde conocer su demanda”, señaló Toscano Vera.

Manifestó que el usuario que presentó su demanda a través del buzón judicial y que no tuvo la posibilidad de obtener su papeleta de asignación de juzgado, puede comunicarse al teléfono 777 3621000, extensión 1006, donde le pueden informar el juzgado al cual le correspondió conocer su demanda.

“Únicamente les pedimos una serie de datos que están consignados en el acuse que se les entregó cuando presentaron su documento ante este Tribunal. En el último mes se han recibido un promedio de 50 demandas diarias, incluidos los exhortos”, precisó.

Recordó a los abogados y usuarios del TSJ que las demandas familiares se presentan sin la necesidad de generar una cita a través del Portal Digital, por tratarse de un tema de primera prioridad, e igualmente los exhortos pueden presentarse de manera directa.