Jojutla.- El juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del segundo distrito judicial, Javier Romero Ulloa, dictó ayer auto de vinculación a proceso penal en contra de Daniel “N”, de 52 años, y su hijo Daniel “N”, de 25, y fijó dos meses para el cierre de las investigaciones, por su probable participación en el delito de secuestro, en agravio de una menor de Tlaltizapán.
Previo a la audiencia, que estaba programada para las 12 horas de ayer, en la ciudad judicial de este lugar decenas de vecinos y familiares de los imputados, realizaron una manifestación frente a la ciudad judicial con pancartas y gritos, asegurando que ambos eran inocentes.
El abogado de lo dos, Carlos Domínguez Pliego, explicó que luego del secuestro (ocurrido en Santa Rosa 30, Tlaltizapán, el 11 de enero de este 2016 y que causó conmoción en la región, pues la menor fue sustraída cuando iba a la escuela con su hermana), padre e hijo se enteraron que había una orden de aprehensión en su contra por ese caso, por lo que comparecieron voluntariamente el pasado sábado 29 de noviembre ante el ministerio público, pero lejos de aclararse el caso, fueron detenidos, recluidos en prisión y procesados, de modo que ya se realizó la audiencia de formulación de imputación y ayer se realizaría la de vinculación a proceso.
“Dijeron que no tenían nada que esconder y por ello iban a afrontar el procedimiento porque no tenían ninguna relación con el asunto, pero fueron enviados a la cárcel”.
De las pruebas para relacionarlos con el caso, dijo que la fiscalía realizó una confronta con fotografías, y una testigo los señala como los presuntos responsables, pero aseguró que la fotografía fue manipulada con la finalidad de hacerles un señalamiento directo y además uno de ellos ya no tenía el vehículo que se supone se utilizó en el secuestro y el otro estaba trabajando el día de los hechos.
Vecinos de Higuerón, donde radican los imputados, y de otras colonias, gritaban “son inocentes” y pedían su liberación.
Decían que conocían a los dos hombres que son honorables y trabajadores.
Adentro de la ciudad judicial, la audiencia, programada para las 12 horas, comenzó casi una hora después y terminó casi a las siete de la tarde.
Algunas decenas de personas aguantaron afuera de las instalaciones.
Finalmente, el juez determinó vincularlos a proceso penal y que permanezcan en prisión hasta la siguiente audiencia, en dos meses.
La resolución causó desencanto entre la gente que todavía esperaba e incluso el abogado de los acusados consideró que la fiscalía “fabrica chivos expiatorios”.