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La solicitud fue realizada desde hace más un año por un grupo de magistrados del TSJ ante la opacidad en el manejo de los recursos por parte de la ex magistrada presidenta del Poder Judicial.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ignoró la petición realizada hace más un año por un grupo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para fiscalizar los recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Morelos, ante la opacidad en el manejo de los recursos por parte de la ex magistrada presidente, Carmen Cuevas López.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La Unión de Morelos, el 27 de enero de 2020, las magistradas y los magistrados Bertha Leticia Rendón Montealegre, Nadia Luz María Lara Sánchez, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Norberto Calderón Ocampo, Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Luis Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz (quien ya culminó su periodo) presentaron un oficio detallado a la ESAF.

En el documento, el grupo de juzgadores urgió la intervención del órgano fiscalizador, debido a que, desde el 2013, fecha en que se expidió la Ley que Regula el Fondo Auxiliar, no se aplicó ninguna auditoría.

Es decir, alertaron entonces los magistrados y las magistradas, que durante siete años el Fondo Auxiliar permaneció exento de revisiones de parte del órgano fiscalizador, y que durante la gestión de Cuevas López hubo completa opacidad en el manejo de los recursos.

Hace un año, el Fondo Auxiliar contaba con 87 millones 119 mil 199 pesos 70 centavos, de los cuales 83 millones 574 mil 246 pesos con 89 centavos eran recursos ajenos, y  tres millones 544 mil 952 pesos con 81 centavos eran recursos propios, generados por los  intereses de las inversiones de los depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales judiciales (provenientes de recursos ajenos), multas, entre otros.

Para los magistrados y las magistradas, que formaban el bloque disidente, era necesario aplicar una auditoría al Fondo Auxiliar ante la negativa de Cuevas López de transparentar su manejo financiero.

Y es que nunca reportó con qué institución bancaria la Comisión Transitoria y luego la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituyeron al Consejo de la Judicatura) celebró contrato para el manejo de los recursos del Fondo Auxiliar y si dicha institución financiera era la que ofrecía mejores condiciones e intereses.

Tampoco se informó el monto exacto de los intereses generados y si la aplicación de estos recursos se hizo adecuadamente y conforme a lo dispone la ley que regula el fondo.

Derivado de lo anterior, hace trece meses solicitaron a la ESAF que aplicara una auditoría al fondo porque “consideramos de mayor gravedad, lo conducente al monto recaudado por intereses generados por las inversiones de los depósitos en dinero o valores” y “dicho fondo auxiliar no ha sido fiscalizado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos” desde 2013.

Sin embargo, después de un año ninguno de las magistradas y los magistrados firmantes recibió respuesta de la ESAF.

De acuerdo con declaraciones recientes del actual magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, la ESAF iniciará una auditoría a partir de que se detectó un probable desvío de casi 85 millones de pesos del fondo, de los cuales 60 millones de pesos presuntamente habían sido usados para el pago de aguinaldos de 2019 de los trabajadores del Poder Judicial, pese a que era un rubro presupuestado.

El Poder Judicial también emplea sistema de citas para la presentación de demandas y el acceso a inmuebles y sedes judiciales.

Del octubre a la fecha, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó más de 300 audiencias vía remota en primera y segunda instancia en materia penal, con la finalidad de dar fluidez a la administración de justicia mediante el uso de herramientas digitales, en tanto las autoridades sanitarias determinan el cambio de color del semáforo epidemiológico y el retorno gradual a la “nueva normalidad”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en cuatro meses jueces y magistrados desahogaron 314 audiencias telemáticas en el sistema acusatorio adversarial, de las cuales 195 correspondieron a primera instancia y 119  a segunda instancia.

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, explicó que con recursos propios del Poder Judicial se fortalecieron las actividades jurisdiccionales durante la pandemia del covid-19, lo cual permitió generar diversas herramientas electrónicas para beneficio de los justiciables.

Recalcó que el desarrollo de las audiencias remotas tiene sustento legal en los artículos 44, 47 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, que norman el uso de medios tecnológicos para desahogar en tiempo real diligencias judiciales.

Recordó que el TSJ también hace uso de otras herramientas electrónicas, como el sistema de citas para la presentación de demandas y EL acceso a inmuebles y sedes judiciales; el sistema electrónico de autoconsulta de expedientes; la práctica de notificaciones electrónicas en los procedimientos judiciales y administrativos que se desahogan en el Poder Judicial y la implementación de listas digitales con código de respuesta rápida en QR en sustitución de las listas físicas.

Se ignora el paradero de alrededor de 200 artículos; es adicional a los 85 millones usados irregularmente.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, confirmó que se revisa también un presunto faltante de varias decenas de piezas de mobiliario propiedad de la institución, durante el último año de gestión de su antecesora, Carmen Cuevas López.

Respecto del faltante de casi 85 millones de pesos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Morelos, reiteró que la Junta de Administración, entonces encabezada por Cuevas López, pidió un préstamo al Fondo Auxiliar de 60 millones supuestamente para pagar aguinaldos, pese a que ese rubro estaba contemplado en el presupuesto de 2019, “sin embargo, en ese año la Junta de Administración, por un acuerdo, por encima de la ley, decide que se pagara en el 2020, con presupuesto 2020”.

Indicó que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Contraloría Interna serán las encargadas de esclarecer el destino de esos 60 millones de pesos, si efectivamente se usaron para el pago de aguinaldo y la posible existencia de un delito.

Indicó que el faltante del Fondo Auxiliar también fue observado en el proceso de entrega recepción, pero insistió en que será la entidad fiscalizadora la que determine si hubo irregularidades en el manejo de los recursos y, en su caso, se proceda al inicio de las denuncias correspondientes.

También confirmó que existe un faltante de por los menos 200 muebles y advirtió que se realiza una revisión “para saber qué fue lo que pasó y probablemente sea un error administrativo”.  

Subrayó que, por el momento, el TSJ no ha tenido ningún problema por el faltante del Fondo Auxiliar, ya que los usuarios no han solicitado sus devoluciones.

De acuerdo con el artículo 6 la Ley que Regula el Fondo Auxiliar, éste se compone con recursos propios del TSJ y ajenos, es decir, del monto de las cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional o para obtener los beneficios de la libertad preparatoria y la condena condicional; las multas que por cualquier causa impongan el Tribunal Superior de Justicia, sus salas, la Junta, la Visitaduría General y los jueces; los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales judiciales que no fueren retirados por el depositario o por quien tenga derecho; recursos ajenos constituidos por depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen o se hayan realizado ante los Tribunales Judiciales del fuero común del Estado, entre otros conceptos.

Detectan un faltante de 82 millones en el Fondo Auxiliar durante el periodo de la exmagistrada presidenta del TSJ: una parte lo usó para pagar aguinaldos, a pesar de que ese concepto ya estaba presupuestado.

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos detectó un presunto desvío de recursos de casi 85 millones de pesos del Fondo Auxiliar, correspondiente al año 2019, por lo que procedió a dar parte a la Entidad de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Contraloría Interna, para que realicen la investigación y determinen probables responsabilidades.

Durante la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 3 de marzo, el tema fue informado cautelosamente por el magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, a los integrantes del órgano colegiado y, a petición de algunos magistrados y magistradas, el asunto fue acotado y tratado únicamente para conocimiento del Pleno para evitar inconvenientes a los implicados y a los procedimientos iniciados por las autoridades competentes.

De acuerdo con Jasso Díaz, de los casi 85 millones de pesos presuntamente desviados del Fondo Auxiliar, correspondientes al año 2019 -cuando la otrora magistrada Carmen Cuevas López presidia el TSJ- 60 millones de pesos fueron usados para el pago de aguinaldos de los funcionarios y trabajadores del tribunal, a pesar de que  este rubro estaba incluido en el presupuesto de ese año.  

Esta cantidad, que fue considerada por Jasso Díaz como una “deuda” que ahora carga el Poder Judicial, presuntamente sería saldada con el presupuesto de 2020. Respecto de los casi 25 millones de pesos restantes no hubo precisión de su uso.

“Los integrantes de la Junta consideramos que no se podía hacer un pago así, creíamos que es indebido porque se estaba generando el pago para todos los trabajadores del Poder Judicial de su aguinaldo, que estaba presupuestado.

“Por lo cual la determinación de la Junta es que esos 60 millones que, al final, haciendo un análisis con la administración, terminó siendo por una cantidad de 84 millones 480 mil 450 punto 78 centavos, se quedó como deuda, es una deuda que tiene hoy el Fondo Auxiliar, que tiene el Poder Judicial, decidimos la Junta tomar la mejor decisión en el sentido de que el presupuesto 2020 no se podía tocar para hacer pago de una deuda que, consideramos, no está de una forma bien determinada”, explicó.

Detalló que el faltante o “deuda” se hizo del conocimiento del Poder Ejecutivo, del Congreso, la Contraloría Interna y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), para que inicien los procedimientos correspondientes para determinar si existe o no alguna responsabilidad civil, administrativa y penal. 

En el 2019, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina estaba integrada por la otrora magistrada presidente, Carmen Cuevas López; la magistrada Elda Flores León y el juez Alejandro Becerra Arroyo, quienes habrían autorizado usar casi 85 millones de pesos para fines distintos a los previstos en la Ley que Regula el Fondo Auxiliar.

De acuerdo con el artículo 17 de dicha norma, “los recursos que genere el Fondo Auxiliar no podrán utilizarse para incrementar sueldos, otorgamiento de préstamos o sufragar renglones diversos a los señalados en este capítulo, en beneficio de los servidores públicos cuya plaza se encuentre considerada dentro del Presupuesto de Egresos”.

Bajo esta hipótesis, es que se dio parte a las autoridades fiscalizadoras para que inicien una investigación respecto del porqué los entonces integrantes de la Junta de Administración autorizaron usar 60 millones del Fondo Auxiliar para el pago de aguinaldos, cuando era un rubro contenido en el presupuesto del Poder Judicial del 2019 y se clarifique el destino de 25 millones de pesos más. 

El Congreso del estado no ha sido notificado de ningún recurso de impugnación promovido en contra de los procedimientos iniciados en febrero pasado para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), aseguró la diputada panista Dalila Morales Sandoval.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la próxima semana analizarían el formato que se aplicará para las comparecencias y entonces se conocería si existe un juicio de amparo promovido por algún ciudadano.

Lo anterior, luego de la declaración que hizo el martes pasado el abogado Miguel Ángel Rosete Flores, quien aseguró que impugna las dos convocatorias emitidas por el Congreso del estado para los nombramientos de los magistrados.
"Es un tema que se tendrá que analizar en la Junta Política y también con el área jurídica para específicamente (conocer) cuál es la situación, cual es el reclamo que se está generando el abogado, si es que existe tal juicio, y proceder en lo que sea procedente en el tema de la legalidad", declaró.

La legisladora aseguró que el Congreso del estado ha cuidado los procedimientos desde que se emitieron las convocatorias y con base en ello descartó que pudiera registrarse algún problema que obligue a detener los nombramientos en el TSJ y en el TJA.

El jueves, la Junta Política y de Gobierno dio a conocer los nombres de los 39 aspirantes a las dos magistraturas del TJA y 102 para las del TSJ, a una semana del cierre de registro.

Juez de distrito otorga suspensión definitiva a Jorge Alberto Estrada Cuevas.

Un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva a Jorge Alberto Estrada Cuevas para ser reinstalado como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y evitar que el Congreso designe a su sucesor.

De acuerdo con el juicio de amparo 1102/2020, promovido por Estrada Cuevas, el Juzgado Sexto de Distrito concedió la medida cautelar para efecto de que no se ejecute el acuerdo del Pleno del TJA PTJA/013/2020, emitido el 26 de noviembre de 2020, por el cual se realizó su separación del cargo y se dio su baja como integrante del tribunal por la terminación de su periodo.

En consecuencia, ordenó su reincorporación al cargo de magistrado y titular de la Tercera Sala del TJA, con efectos al 26 de noviembre pasado, que incluyó la reintegración de sus prestaciones y emolumentos correspondientes a los últimos tres meses.

Además, ordenó al Congreso local que, “sin suspender el procedimiento que derive de la convocatoria que, en su caso, se haya expedido para la designación de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sustitución del quejoso, se abstenga de determinar a la persona que deba ocupar dicho cargo, es decir, prescinda de designar al magistrado respectivo”.

La medida cautelar prevalecerá hasta el juez de distrito emita la sentencia respectiva sobre el juicio de amparo promovido por Estrada Cuevas, quien en su demanda de garantías  argumentó que fungió como magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el 14 de diciembre de 2011, fue designado magistrado propietario del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que Carlos Iván Arenas Ángeles presentó su licencia definitiva como magistrado propietario del TCA, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Alegó que, conforme a las reformas a diversos artículos de la Constitución local y, particularmente al artículo 109 Bis, se estableció que los magistrados integrantes del ahora del TJA durarían en su cargo 14 años, contados a partir de su protesta constitucional.

Por lo tanto, refirió el quejoso, al haber rendido protesta como magistrado propietario el 14 de enero de 2011, su periodo constitucional de 14 años en el cargo concluye de manera definitiva hasta el 14 de diciembre de 2025.

Aspira a una diputación local.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Nadia Luz Lara Chávez solicitó licencia temporal a su cargo, para buscar ser candidata a una diputación local.

En sesión de Pleno del TSJ se atendió la solicitud de licencia temporal sin goce de sueldo de la magistrada, quien no estuvo presente en la sesión, debido a que se encuentra de luto por fallecimiento de su madre, el pasado martes.

Con fundamento en el artículo 29, fracciones XIV y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que faculta al Pleno del TSJ para conceder licencia al presidente, a los magistrados y a los funcionarios judiciales, así como determinar adscripciones, se dio cuenta de la solicitud de licencia de Lara Chávez, la cual fue aprobada por unanimidad por sus homólogos.

La magistrada Lara Chávez, quien fue presidente del TSJ y candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de Morelos (PVEM) en el proceso electoral de 2018 -en el que finalmente declinó en favor del otrora candidato a gobernador por el PRD, Rodrigo Gayosso- aspira a competir por un escaño en el Congreso de Morelos por el partido Fuerza por México.

Inicialmente la solicitud de licencia fue por 30 días, con la posibilidad de renovarla hasta completar 90 días, sin embargo, por conducto del magistrado, Jorge Gamboa Olea, la magistrada pidió modificar su escrito inicial para solicitar licencia sin goce de sueldo solo por un mes.

Ya transcurrieron dos meses desde que formuló la petición la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Después de dos meses, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia remitió a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos la solicitud de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, que el 22 de diciembre formalizó la petición de suspender del cargo e investigar al juez de control Daniel Rodríguez Apac, quien enfrenta un proceso penal por homicidio culposo.

Fue hasta ayer que en sesión de Pleno del TSJ, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz informó del escrito del 22 de diciembre de 2020 presentado por la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, para que “se dé intervención a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para que inicie la investigación sobre la conducta del juez de primera instancia, de control y juicio oral, licenciado Daniel Rodríguez Apac”, para que se acuerde lo conducente.

El magistrado presidente detalló a los miembros del Pleno que, por el momento, Rodríguez Apac dejó de ser juez de control  para ser cambiado de adscripción como juzgador del sistema tradicional civil, en virtud de que enfrenta varias recusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.  

Por unanimidad, los integrantes del Pleno, aprobaron el acuerdo por el cual se remitió el escrito de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, para que analice el caso.

El magistrado Juan Emilio Elizalde exhortó a los integrantes de la Junta de Vigilancia a atender este tipo de asuntos con mayor prontitud

“Esperemos que no sobrevengan casos similares como en el que lamentablemente se ve inmiscuido un integrante de este tribunal. Obviamente (es necesario) tener un poquito de mejor capacidad de respuesta, para efecto de no tener que llegar a este punto de que de otras instancias nos están solicitando, porque creo yo que se debió atender con prontitud y con efectos que lastimen lo menos a la sociedad y a la institución”, exhortó.

También el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles solicitó que la Junta de Administración informe al Pleno sobre las acciones que realice en torno al tema.

El magistrado presidente Rubén Jasso Díaz recordó que el caso data desde hace tres años, pero se comprometió a informar oportunamente los que se resuelva sobre el caso.  

Carlos Iván Arenas advierte posible conflicto en la Barra de Abogados.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, lamentó las declaraciones de Miguel Ángel Rosete Flores, líder de una de las facciones de la Barra de Abogados, e insistió en que los nombramientos y periodos de los magistrados son totalmente legales.

Indicó que efectivamente los magistrados ya no fueron evaluados y ratificados por el Congreso, en virtud de que este proceso fue eliminado de la norma constitucional y se estableció un periodo único de 14 años, que fue validado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los actuales magistrados ya no fueron evaluados porque así lo dispone la Constitución desde el año 2017. Las aseveraciones del licenciado Miguel Ángel Rosete son contrarias a lo que establece el derecho vigente. Por lo tanto, lo podemos calificar como de un profundo desconocimiento de lo que marca la propia Constitución”, señaló.

Recalcó que no hay ninguna polémica y el asunto de los nombramientos y el periodo de los magistrados quedó totalmente resuelto por parte de la SCJN, pero “esta distorsión que él está dando no tiene ningún fundamento y ningún sustento, yo no sé quién le vendió la idea a él de dar una opinión contraria a lo que establece el texto de la Constitución, desconozco si tiene un interés político o de qué naturaleza sea su posicionamiento”.

Incluso, el magistrado, quien también pertenece a la Barra de Abogados, señaló que Rosete Flores tendrá que aclarar si su postura fue a título personal o como representante de la Barra, porque hay inconformidad entre los barristas por sus declaraciones.

“Yo me comuniqué con varios integrantes, porque yo formo parte de la Barra de Abogados, y no consultó a la Barra de Abogados, tengo entendido y lo tengo expreso en un whastapp, donde se reunieron los ex presidentes de la Barra de Abogados y le piden que se disculpe públicamente Miguel Ángel Rosete porque no tiene ningún sustento legal lo que hizo”, explicó.

Indicó que será el litigante quien tenga que hacer aclaraciones y enfrentar las consecuencias, en virtud de que podría generarse en la organización barrista un conflicto, del cual, dijo, se mantendrá al margen.

Rosete Flores asegura que nueve superaron el tiempo para el que fueron nombrados; también ataca con un amparo indirecto la convocatoria para elegir a seis juzgadores.

Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, exigió una revisión jurídica integral a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que al menos nueve de los 14 magistrados en funciones no habrían sido ratificados por el Congreso local y sus periodos habrían fenecido. En respuesta, algunos magistrados aludidos refutaron el planteamiento del líder barrista.

En rueda de prensa, Rosete Flores informó que envió un oficio al Congreso para la revisión de los nombramientos de los magistrados y promovió un juicio de amparo indirecto donde, además de cuestionar la permanencia de los juzgadores de segunda instancia, impugnó la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del TSJ y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Aseguró que, si bien en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en la acción de inconstitucionalidad 20/2017 para validar el periodo único de 14 años en el cargo de los magistrados y que eliminó el proceso de evaluación y ratificación, el Congreso local no emitió ningún acuerdo o decreto modificatorio para dar sustento legal a las designaciones de los magistrados, en virtud de la sentencia del tribunal constitucional.

De acuerdo con el análisis del líder barrista, Juan Emilio Elizalde, Elda Flores León, Carmen Aquino Celis, Jorge Gamboa Olea, Bertha Rendón Montealegre y Manuel Díaz Carvajal ya concluyeron su primer periodo de seis años y, conforme a las condiciones legales de su designación original, debieron ser sujetos de evaluación y ratificación o, en su caso, el Poder Legislativo debió emitir un nuevo decreto basado en la resolución de la SCJN de  julio del año pasado, para dar respaldo jurídico a las y los magistrados, pero eso no ocurrió.

También refutó la permanencia en el cargo del magistrado, Andrés Hipólito Prieto, quien ejerce jurisdicción desde mayo del año 2000, en virtud de que en 2009 ganó un amparo, cuya ejecutoria quedó firme y no le fue aplicable la reforma constitucional de julio de 2008 relativa al Poder Judicial, por lo que conservó la inamovilidad en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad.

Sin embargo, Rosete Flores alegó que el magistrado lleva más de 20 años en el cargo, y no sólo la inamovilidad ya no existe sino que excedió el periodo único de 14 años validado por la SCJN.

También objetó la permanencia en el cargo de Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, quienes antes de ser magistrados del TSJ ocuparon magistraturas en el extinto Tribunal Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicias Administrativa) y Tribunal Estatal Electoral. El primero, ejerció como magistrado administrativo tres años y, el segundo ocho años como magistrado electoral.

El litigante barrista consideró que no es dable mantenerse en el ejercicio jurisdiccional por encima de los periodos legales, con el argumento de pertenecer a uno y luego a otros tribunales. En el caso de Norberto Calderón Ocampo, señaló que también su cargo estaría por fenecer, ya que también su nombramiento original como magistrado supernumerario tampoco ha sido modificado.

Por ello, dijo que envió un oficio al Congreso local y promovió un juicio de amparo para impugnar la permanencia de los funcionarios judiciales y la convocatoria para designar a seis nuevos magistrados.

“Esta es una afectación grave a los morelenses, porque está en riesgo la seguridad y la certeza jurídica. Los actos pudieran estar llenos de nulidad por esta cuestión de nulidad”, por ello, “el día de ayer presentamos al Congreso un escrito informándoles, por si lo desconocían, la situación que prevalece en el TSJ y, de la misma forma, de manera responsable, presentamos un amparo indirecto contra la presentación de la convocatoria por estar plagada de ilegalidad y de nulidad. Creo que hoy es momento para renovar el TSJ en beneficio de las y los morelenses”.

MAGISTRADOS RESPONDEN

Para los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Jorge Gamboa Olea la postura del líder de la Barra de Abogados es cuestionable, infundada y sin sustento jurídico, ya que existen criterios legales que sustentan sus cargos.

Arenas Ángeles, recordó que ha sido un férreo defensor de que se respete la Constitución y estuvo en contra de la ampliación del periodo de los magistrados, además de que no existe disposición normativa que prohíba ser magistrado del TSJ por haber ejercido el mismo cargo en otro tribunal.

“Si aplicáramos el criterio del abogado Rosete equivaldría a aseverar que ninguna diputada o diputado local puede ser para el siguiente periodo diputado federal, porque ya fue diputado local. Es incorrecta su aseveración”, dijo.

Incluso, recordó que específicamente su caso ya fue revisado en tribunales federales y la resolución fue que, el tiempo ejercido en otro tribunal, no se computa con el periodo del cargo que actualmente ostenta en el TSJ.

Consideró que las afirmaciones de Rosete Flores están fuera de contexto y plagadas de desconocimiento, ya que existen resoluciones judiciales federales y hasta en la SCJN que validan sus nombramientos y los periodos de sus encargos.

También el magistrado aludido, Jorge Gamboa Olea,  lamentó que se pretenda desestabilizar al Poder Judicial y consideró que la declaración del litigante está plagada de desconocimiento legal, pues sus cargos no solo se sustentan en criterios emitidos por la Corte, sino que es aplicable la “afirmativa ficta”, que significa que al no haber sido sujetos a evaluación y ratificación –cuyo proceso fue eliminado del marco legal y validado por la SCJN- su encargo sigue vigente, y no existe ningún riesgo tanto para el ejercicio de sus funciones como para la resoluciones emitidas.

Hay 52 detenidos.

Un juez de control concedió la ampliación del plazo para el cierre de investigación del caso de 52 personas, que fueron aprehendidas tras realizar una violenta manifestación a las afueras de Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) para exigir la liberación de un grupo de los llamados “tomacasetas”.

De acuerdo con información oficial, el Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión solicitó más tiempo para concluir con la investigación complementaria, en virtud de que todavía falta extraer la información de 21 equipos celulares que fueron asegurados a los imputados durante su detención el pasado mes de octubre.

El juez de control otorgó a la fiscalía dos meses más para el cierre de investigación, dentro de la causa penal JC/1216/2020 que se sigue en contra de 54 personas, que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por el presunto delito de secuestro agravado y asociación delictuosa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, de forma extraordinaria y por el número de imputados, esta diligencia se desahogó en el Salón de Plenos del TSJ, con las medidas de seguridad e higiene necesarias para salvaguardar la salud de todos los intervinientes en la audiencia.

La noche del miércoles 21 de octubre, un grupo de personas se manifestó afuera de las instalaciones de la UECS, bloqueó el acceso al inmueble y a la autopista Cuernavaca-México, agredió a policías y dañó varias patrullas de la policía estatal, para exigir la liberación de las 78 personas detenidas la tarde del 20 de octubre, que mantenían tomada la caseta de peaje de Alpuyeca, exigían dinero a los automovilistas y tenían secuestrados a tres choferes y varios autobuses de transporte de pasajeros.

Eréndira Jaime Jiménez toma el lugar que deja Katia Vargas Robles, separada de su cargo hace unos días.

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos designó a una nueva juez, en sustitución de Katia Vargas Robles, quien fue separada del cargo luego de ser descubierta paseando en un destino de playa en horario laboral.

De manera temporal e interina le fue tomada la protesta a Eréndira Jaime Jiménez como juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), quien de inmediato inició sus funciones.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, reconoció la carrera judicial y trayectoria de la nueva juez, a quien exhortó a ejercer su labor jurisdiccional con total probidad, honorabilidad y apego a la legalidad.

Derivado de que el TSJ reactivó sus actividades administrativas y en juzgados solo con el 30 por ciento de su personal de manera presencial, y el 70 por ciento restante en la modalidad home office (en sus domicilios), la Junta de Administración implementó, a través de la Visitaduría, un monitoreo de las actividades de los funcionarios y empleados, con la finalidad de verificar que realicen sus funciones conforme a su horario laboral.

El 30 por ciento del personal labora en modalidad presencial.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina mantiene bajo observación a funcionarios y empleados judiciales, para constatar que  cumplan con sus jornadas laborales en la modalidad de  “home office” o presencial.

Luego de que una juez menor civil y mercantil del Primer Distrito Judicial, que debía estar en funciones, fue sorprendida vacacionando en un destino de playa, señaló que corrieron falsos rumores de que presuntamente otros miembros del personal judicial se habrían ausentado de sus laborales, “pero afortunadamente con algunos tenemos la posibilidad de llamarles al momento y comparecen para demostrar lo que están diciendo (sobre abandono laboral)”.

Indicó que la juez presentó su renuncia al cargo y la Junta de Administración dio por cerrado el caso, pero a través de la Visitaduría se implementaron acciones para constatar que todos los funcionarios judiciales y trabajadores cumplan con su horario laboral, ya sea en home office (en sus domicilios) o en las oficinas administrativas y juzgados.

“Estamos al pendiente de esta situación, incluso nuestra Visitaduría acude a los lugares para saber quién está en juzgado, quién está en casa trabajando”, dijo al señalar que se ha corroborado que todo el personal realiza sus labores desde los lugares asignados y el asunto de la ahora ex juez es el único caso.

El pasado 15 de febrero, al cambiar el color del semáforo epidemiológico de rojo naranja, el TSJ reactivó actividades con el 30 por ciento de su personal en modalidad presencial y el 70 por ciento con labores desde sus domicilios, como lo marcan los protocolos sanitarios.

Nuevo intento del Poder Judicial para reclamar legalmente el 4.7% del presupuesto estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su autonomía financiera e impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso local para el ejercicio 2021. 

Esta vez el recurso de control constitucional 15/2021 fue promovido conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ostenta la representación del Poder Judicial estatal, y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), quien en ocasiones anteriores intentó por su cuenta impugnar el presupuesto asignado.  

De acuerdo con la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2021, al Poder Judicial le fue asignado un monto de 549 millones 34 mil pesos (equivalente al 2 por ciento del presupuesto estatal), de los cuales 449 millones 34 mil pesos fueron etiquetados la operatividad del TSJ; 75 millones para pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos que enfrenta este tribunal y 25 millones de pesos para el TUJA.

Sin embargo, ambos tribunales reclamaron ante la SCJN que el presupuesto asignado no solo fue insuficiente, sino que no corresponde al del 4.7% del presupuesto programable estatal, cuyo porcentaje fue establecido en la Constitución local al otorgar autonomía financiera al Poder Judicial del Estado de Morelos.

El nuevo recurso fue promovido luego de que, el pasado 26 de noviembre de 2020, la SCJN invalidó el Presupuesto de Egreso del Estado de Morelos 2020 y, en consecuencia, sobreseyó la controversia constitucional 42/202 interpuesta por el Poder Judicial para reclamar la modificación a su proyecto de presupuesto y la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable.

Concluye plazo de registro de aspirantes.

El Congreso del estado concluyó con el registro de aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con una participación de aproximadamente 150 abogados.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) Ariadna Barrera informó que la próxima semana convocará a una reunión con las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias para revisar los expedientes y proceder a la etapa de comparecencias.

Sin embargo, admitió que la parálisis legislativa que existe en el Congreso del estado, derivado de un conflicto entre las fuerzas políticas, retrasará la designación de los seis magistrados en el Poder Judicial.
"Complica un poco esta parálisis. La Junta ha caminado y ha hecho su trabajo con las compañeras legisladoras, para quienes también es prioritario este proceso, ya se verá más tarde si se contará con la disposición para avanzar en esta designación", manifestó.

El Congreso del estado abrió la convocatoria para nombrar a cuatro magistrados del TSJ y dos del TJA.
Previo al cierre de registro, cerca de 90 abogados se habían registrado para el TSJ y aproximadamente 40 para el TJA, de acuerdo con lo informado por la presidenta de la Junta Política y de Gobierno.

Morelos se encontraba en semáforo rojo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anunció que separó del cargo a una juez que se fue de vacaciones, a pesar de que el estado de Morelos se encontraba en semáforo rojo y ella debía estar en funciones.

A través de un breve comunicado y sin dar detalles del caso, el TSJ dio a conocer la medida disciplinaria aplicada a la funcionaria judicial, y afirmó que no permitirá que “este tipo de acciones incidan en detrimento del esfuerzo que a diario realizamos los poco más de mil 500 empleados para continuar consolidando a la justicia como una actividad esencial en tiempos de pandemia”.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, la juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), Katia Vargas Robles, fue separada del cargo, debido a que por una “denuncia anónima” la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina fue enterada de que la funcionaria judicial se encontraba fuera de Morelos, vacacionando en un destino de playa, e inició una investigación.  

En su comunicado, el TSJ informó que, “la semana pasada -mientras el estado de Morelos permanecía en color rojo en el semáforo de riesgo sanitario- corroboró que en días y horas laborables un juez se encontraba en un destino turístico, incumpliendo con su responsabilidad profesional y compromiso ético a favor de los justiciables, por lo que de inmediato se separó del cargo que ostentaba”.

Recalcó que “desde el inicio de la pandemia, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos elaboró el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, mismo que fue aprobado por la autoridades del sector salud en la entidad, donde se establecieron las medidas a seguir para garantizar la continuidad de la actividad jurisdiccional, ya sea laborando presencialmente en los juzgados a través de guardias o desde sus hogares, sin dejar de proteger en todo momento la salud de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos”.

El Poder Judicial reanudará actividades jurisdiccionales sólo con el 30% del personal; se reactivan plazos y términos procesales.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anunció que a partir de este lunes reanudará actividades jurisdiccionales solo con el 30% del personal, conforme lo estipulan las disposiciones sanitarias, al cambiar Morelos el color del semáforo epidemiológico de rojo a naranja.

A través de un comunicado, el TSJ anunció el reinicio de las labores jurisdiccionales y administrativas en el Poder Judicial, y la reanudación de los plazos y términos procesales a partir del día 15 de febrero.

Detalló que a partir de mañana se incorporará a trabajar presencialmente únicamente el 30% de los servidores públicos que laboran en cada órgano jurisdiccional o área administrativa, en los términos establecidos en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”. 

El resto de los trabajadores harán home office y el titular de cada área hará las rotaciones o adecuaciones que considere convenientes, con la finalidad de que la operatividad sea al 100%.

También se reactivará el Sistema Electrónico de Autoconsulta de Expedientes (SEAE), que permite que los abogados revisen de forma remota los acuerdos y resoluciones que se dicten en los procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales; se habilitarán las listas de acuerdos digitales con código de respuesta rápida QR en las secretarías y actuarías de los órganos jurisdiccionales, en sustitución de las listas físicas para consulta del público en general; y se reactivará el apartado de citas de acceso a inmuebles en el Portal de Citas, para controlar el ingreso de justiciables y abogados litigantes a las diferentes sedes del Poder Judicial.

Las autoridades del TSJ exhortaron a todos los servidores públicos, justiciables, abogados y público en general, a observar y cumplir el protocolo sanitario aprobado por el Pleno del TSJ, con el fin de proteger la salud de todos y evitar contagios de covid-19.

Quedó subsanada omisión por parte del Congreso local.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, quedó subsanado el error del Congreso local en la expedición de la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En edición extraordinaria, la tarde de ayer quedó publicada en el órgano oficial de difusión del gobierno de Morelos la convocatoria, con lo cual cobró vigencia y comenzó a correr el plazo de siete días hábiles para que los aspirantes a una de las magistraturas presenten su solicitud de registro junto con la documentación oficial y certificada requerida.

A pesar de la exigencia de diversas organizaciones de abogados de posponer o cancelar dicha convocatoria, el Congreso del Estado mantuvo su interés por hacer las designaciones antes de que concluya la LIV Legislatura, a la que solo le restan siete meses.

De acuerdo con la convocatoria, “el registro iniciará el día de la publicación de convocatoria, en un horario de 09:00 horas a las 14:00 horas, en días hábiles y concluirá hasta las 14:00 horas del séptimo día hábil contado a partir del primer día de publicación”.

Las solicitudes de registro y la documentación requerida, serán recibidas en la oficina que ocupa la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, ubicada en calle Cerrada del Parque número 101 esquina con calle Guillermo Gándara, Colonia Amatitlán de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Todavía no se publica en el periódico oficial Tierra y Libertad 

Afirman que no existen las condiciones para realizar los nombramientos; es más urgente legislar sobre la digitalización de la administración de justicia, plantean representantes de organizaciones.

Organizaciones de abogados insistieron en la cancelación o el aplazamiento de la convocatoria para la designación de seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa, por considerar que no existen las condiciones para realizar los nombramientos y porque es más urgente legislar sobre la digitalización de la administración de justicia.

El representante del Colectivo de Abogados y Abogadas Progresistas del Estado de Morelos, Octavio Ocampo, se sumó a las voces que piden la cancelación de la convocatoria, porque en este momento lo prioritario no es solo atender la emergencia sanitaria por el covid-19, sino analizar y aprobar las iniciativas para modificar la normatividad que rige al Poder Judicial, para la implementación de los juicios en línea y la digitalización de trámites.

“Consideramos que es más importante que se legisle en materia de juicios en línea y también que se proporcionen los recursos suficientes para que se establezca el juicio en línea en todas las instancias judiciales y jurisdiccionales.

“Eso es más importante que solo designar a los magistrados, los nombramientos podrían esperar, pero lo que sí es de urgente resolución es que se legisle en estas reformas procesales”, señaló.

Insistió en que la convocatoria debe ser cancelada para atender lo que es realmente importante en este momento y, cuando la emergencia sanitaria haya mermado y existan las condiciones, se emita una nueva.

Por su parte, Iván Velazco Alcocer, quien preside una de las dos facciones de la Barra de Abogados, pidió al Congreso local aplazar la convocatoria, porque “no vemos la necesidad de la premura cuando sabemos que estamos en semáforo rojo y que sabemos que debemos estar protegiendo (sic), quedándonos en casa nuestros compañer@s, nuestras familias, servidores públicos y demás candidatos que aspiran a las magistraturas, pedimos que no haya imposiciones y que sea un proceso transparente, que sean los mejores perfiles y más aptos a ocupar las magistraturas que se encuentran vacantes”.

También señaló que el Congreso local debe ser muy minucioso y cauteloso, para que los futuros nombramientos recaigan en personas que cubran totalmente los requisitos previstos en la Constitución local y la convocatoria, para evitar impugnaciones, además de que no haya favoritismos.

“Seremos muy cautelosos de que no se lleven a cabo imposiciones por compromisos políticos o con algún servidor público, ya que las consecuencias que han provocado con esas acciones otras legislaturas, las hemos vivido, ya que se produce una pésima impartición de justicia en perjuicio de los morelenses”, estableció Velazco Alcocer en su pronunciamiento público.