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*Les otorgan suspensión*

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presentaron una demanda de amparo ante un juzgado federal.

Por parte de Sotelo Martínez, la demanda se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito, el pasado 14 de enero, y quedó radicada en el expediente 55/2019, contra su remoción de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado, proceso iniciado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a solicitud de algunos diputados.

En el caso de Mazari Espín, la demanda es para que no la remuevan de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

A ambos legisladores les fue otorgada la suspensión.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, negó que hayan pedido "moches" para aprobar el presupuesto que propuso el Poder Ejecutivo; además, indicó que defenderán el paquete económico que aprobaron.

Casas González también pidió a las autoridades estatales que presenten pruebas de sus afirmaciones.

El legislador local señaló que defenderán el paquete económico que aprobaron, además de que esperarán a recibir las observaciones que haga el Poder Ejecutivo.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, lamentó que legisladores sólo aprobaron 30 millones de pesos para la operatividad del órgano, cuando la solicitud fue de 95 millones.

En entrevista, dijo que el Impepac requiere más recursos para poder organizar la elección de ayudantes municipales, así como la integración de posibles nuevos partidos políticos.

Ante tal situación, León Trueba señaló que están buscando la posibilidad de que se modifique el presupuesto que aprobó un grupo de legisladores, ya que no se ha publicado el decreto, y que se incrementen los recursos para el órgano electoral.

La mesa de coordinación para la seguridad y la paz reiteró el llamado a evitar las compras de pánico de gasolina.

Hugo Eric Flores Cervantes, delegado de programas de bienestar social del Gobierno de México, sostuvo que hay una sobre demanda pero suficiente abasto.

Expuso que en colaboración con la Policía Federal se llevan a cabo operativos de vigilancia de las pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También aseveró que en Morelos no hay huachicoleo, porque los ductos están cerrados.

Por otra parte, se dio conocer que se investiga en torno a "narcomantas" supuestamente colocadas por un grupo criminal; al respecto, el representante del gobierno federal exhortó al Congreso local a legislar en esos temas importantes, para elevar la penalización contra esos actos.

"No vamos a permitir ningún tipo de amenazas a servidores de esta mesa, que trabajamos por la seguridad de la ciudadanía", sostuvo.

El subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guizar Nájera, informó que hay un convenio por revisar firmado entre el Ejecutivo y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el fin de apoyar a la institución ante la situación que enfrenta la casa de estudios.

Guízar Nájera estimó que esta semana podría liberarse la primera ministración.

Sin embargo, el funcionario estatal explicó que el tema está en análisis debido a la revisión del paquete económico.

*Jurídicas y técnicas*

El gobierno del estado informó este martes que continúa en revisión el paquete económico 2019 aprobado por 15 legisladores; al respecto, funcionarios estatales señalaron que han encontrado numerosas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, indicó que en la revisión que se ha hecho hasta hoy, han encontrado varias inconsistencias; entre ellas, refirió la del capítulo 1000, el cual implica restricciones legales como el no poder hacer modificaciones, lo que generaría conflictos legales.

Además, en el Poder Judicial no se consideraron recursos para dos tribunales, lo que provocaría la parálisis; respecto a los 10 millones de pesos asignados a una fundación, Villarreal Gasca apuntó que no se especifica para qué o por qué.

Destacó que disminuyeron el rubro de pago de deuda, que suma siete mil millones de pesos de deuda heredada por el gobierno pasado, lo que complicaría el manejo de dicha deuda.

El funcionario estatal criticó que sí se haya incrementado el monto asignado al Legislativo, con el pretexto de que heredaron adeudos, pero no han hecho un solo acto para que se sancionen esas probables irregularidades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, anotó que legisladores asignaron recursos a determinados municipios sin tomar en cuenta equidad o aspectos específicos, como población y proyectos, entre otros.

El secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, explicó como ejemplo que hay recursos federales que implican aportación estatal que no fue considerada, y por lo tanto se perderán; añadió que hay proyectos importantes de obras como la central de autobuses, a los que el Congreso asignó cero pesos.

El consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, dijo que continúa la revisión de ese documento que contiene muchas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Agregó que ven con preocupación que algunos diputados han expresado que no tomarían en cuenta las observaciones que en su momento haría el Poder Ejecutivo; también adelantó que si no hay apertura, hay otros caminos legales y la última palabra no está dicha.

El 24 de enero vence el plazo para hacer esas observaciones.

En la misma conferencia, Villarreal Gasca dijo que había peticiones de algunos legisladores en temas que pasan por encima de la ley, centradas en los siguientes puntos: que no hubiera transferencias sin autorización del Congreso, lo cual no sucede prácticamente a nivel nacional ni más allá de la frontera, y la demanda de incluir el tema de la basura, que implica muchos intereses y del cual viven muchas personas.

También, la exigencia de que se cancelara el reemplacamiento, lo cual está contemplado en la ley cada tres años, según puntualizó el secretario de Hacienda, y el reclamo de que se asignaran 30 millones de pesos en obra pública a cada legislador.

*Tras inasistencia a reunión de trabajo*

Este día, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, llevó a cabo reunión de trabajo con la que, dijo, se confirma que el paquete económico que aprobó un grupo de legisladores es ilegal.

Lo anterior, tras "la inasistencia de las diputadas y de los diputados en esta reunión de trabajo y que en consecuencia no existen dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Ley de Presupuesto, de la ley para reformar varios artículos de la Ley de General de Hacienda, del Código Fiscal y de la Ley de Coordinación Hacendaria", ya que se había votado que la comisión se constituyera en sesión permanente para el análisis, estudio y aprobación del paquete económico 2019, según expuso Mazari Espín.

Refirió que será el Poder Ejecutivo el que proceda en consecuencia y de cualquier forma se aplica la ley del 2018, por lo que no hay parálisis financiera.

En cuanto a la intención de removerla de la Comisión de Hacienda, y también al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, apuntó que sería improcedente.

Este martes, la mesa de coordinación para la paz y la seguridad acordó con el Poder Judicial trabajar en constante comunicación y establecer un grupo de trabajo para colaboración.  

En la sesión cotidiana de esta semana participa la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, quien explicó que los jueces actúan conforme a derecho y que se tiene "el compromiso ante la sociedad de hacer una justicia de manera pronta y expedita".

De igual modo, sostuvo que la liberación de detenidos ocurre conforme a derecho, al tiempo de aseverar que cuando se hacen señalamientos de supuesta corrupción de jueces se deben aportar pruebas.

Cuevas López mencionó que el TSJ ha recibido más de 200 quejas, que han sido atendidas, e incluso en su momento dos jueces fueron destituidos.

*Ex secretaria de Obras Públicas*

El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por la ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, en relación a actos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos.

Lo anterior, en el juicio de amparo 2035/2018.

En el acuerdo, de fecha 14 de enero de este año, el juzgado federal resolvió que se niega la suspensión definitiva a Izquierdo Medina "respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando segundo, y por las razones precisadas en el mismo".

La jueza de control de primera instancia de juicios orales, Gabriela Acosta Ortega, rechazó que sea protectora de delincuentes, como lo señalaron magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), e insistió en que tiene "las manos limpias".

En rueda de prensa, Acosta Ortega habló del caso de Crispín Gaspar Cortés, quien fue detenido por narcomenudeo; sin embargo, se le señala como presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza sostuvo que ella llevó dicho caso sólo por el delito de menudeo y dicha persona fue puesta en libertad en la audiencia inicial porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó elementos para que se le impusiera una medida cautelar de prisión preventiva, pero no fue por falta de pruebas.

De igual modo, indicó que si el imputado está relacionado con otros delitos lo desconoce y es la FGE la encargada de informar qué sucede con las otras carpetas de investigación, si es que existen.

"No me parece justo que se ensucie mi nombre", dijo la jueza, quien insistió en que tiene "las manos limpias" y lamentó publicaciones hechas este año, a las que calificó como falsas, y otras hechas en periódicos reconocidos, como una de fecha 9 de enero.

Finalmente, anotó que no procederá porque no hay delito pero pidió que se aclare.

*Tampoco impuesta*

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, aseguró que la designación de Francisco de la Paz Molina Villalobos, como coordinador de la Policía de Investigación Criminal (PIC), no fue una imposición ni decisión improvisada, pues desde hacía tiempo analizaba varios perfiles.

Comentó que el nombramiento de Molina Villalobos, capitán de Marina, fue bien visto en la mesa de coordinación para la paz y la seguridad.

También consideró que al tratarse de una persona que ha ocupado un alto cargo en la Armada de México, esperan que haya buena coordinación con el vicealmirante y titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros.

De igual modo, el fiscal general señaló que se esperan resultados inmediatos y confió en que su experiencia (que en un momento dado le permitiría acceso a inteligencia naval), sea útil.

Por otra parte, Carmona Gándara informó esta mañana que ya se cuenta con la identificación del cuerpo de la mujer encontrado en un hotel de Amayuca, pero negó que la FGE haya confirmado hasta el momento que se trate de la joven Kenia, de 21 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 19 de diciembre.

Al respecto, añadió que por sigilo de la investigación no puede dar datos y explicó que se tiene que concluir todo el proceso correspondiente.

*Es Capitán de Navío del Estado Mayor de la Marina*

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, designó a Francisco de la Paz Molina Villalobos como coordinador general de la Policía de Investigación Criminal (PIC).

Lo anterior, para fortalecer el trabajo operativo y elevar el nivel de coordinación con las dependencias estatales y federales, para lograr resultados a favor de la población, según fue la instrucción del fiscal general al tomar protesta a Molina Villalobos, en el auditorio de la FGE.

Ante elementos de la corporación, Carmona Gándara destacó la importancia de fortalecer el trabajo de investigación a cargo de la PIC, para dar certeza a los trabajos que permitan el esclarecimiento de diversos casos que afectan a la ciudadanía.

Francisco de la Paz Molina es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, con especialidad en Infantería de Marina y de mando naval, además de una Maestría en Administración Naval; cuenta con distintos cursos, como formación de instructores de identificación de armas de fuego, municiones y explosivos, inspección de espacios ocultos y equipo detector de drogas, operaciones conjuntas, entre otros.

Se ha desempeñado como oficial de cargo en diferentes unidades operativas dentro de la Armada de México, en unidades de infantería, como comandante de compañía y jefe de sección de personal y logística, comisionado de la Policía Naval como fuerza de reacción operativa en la zona conurbada en el estado de Veracruz.

Fue comisionado en el municipio de Monterrey, Nuevo León, como director operativo en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, además de integrar la Primera Brigada de Infantería de Marina como jefe de sección de personal y logística y jefe de la sección de operaciones e información, entre otros cargos.

Al término del evento protocolario en donde rindió protesta, el coordinador general de la PIC se reunió con los directores de las tres regiones en la entidad, con quienes se establecerán las líneas de trabajo operativo.

El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, pidió al Poder Ejecutivo asumir su responsabilidad y atender el conflicto social en el municipio indígena de Hueyapan a causa de la instalación del concejo municipal.

El legislador lamentó que el gobierno estatal haya minimizado el problema en los municipios indígenas por la designación de sus autoridades administrativas.

Sin embargo, Zapotitla Becerro insistió en que debe darse la importancia que amerita y que así puedan empezar a operar los cuatro municipios de reciente creación.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, justificó y defendió la asignación por 10 millones de pesos, del presupuesto que aprobaron para el 2019, a la fundación "Unidos Vamos por Morelos" que presidió en el 2012.

Rodríguez Ruiz afirmó que el recurso se etiquetó a nombre de una fundación pues no hay apoyo para educación inicial en el sistema educativo, y sostuvo que es muy necesaria para el desarrollo de los niños.

La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) aseveró que defenderán el presupuesto que aprobaron la semana pasada y si el Poder Ejecutivo determina vetarlo al realizar observaciones, el Congreso las revisará y volverá a regresar sin cambios el paquete económico que un grupo de 15 legisladores aprobó.

*El fin de semana pasado*

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que hubo un incremento en homicidios el fin de semana pasado; argumentó que hay varias razones, entre ellas el combate a la delincuencia y el reacomodo de grupos delictivos.

"Nosotros le hemos estado pegando a la delincuencia, de enero llevamos 380 detenciones (...) varios con carpetas abiertas", expresó el comisionado, al señalar que se debe también al reacomodo de los grupos delictivos, particularmente el "Cartel Jalisco Nueva Generación, que son quienes han estado pegándole a Temixco, Yautepec y Zapata".

Otro de los factores, argumentó, es que se han reacomodado "debido al cambio de presidentes municipales y cambios de comandantes de policía".

En la conferencia diaria de seguridad, el titular de la CES también informó que suman alrededor de 19 mil 600 inspecciones a motocicletas, como parte del operativo que se efectúa, de las cuales 854 han sido detenidas y 34 aseguradas por estar relacionadas con homicidio doloso.

*Y de la presidenta de la Comisión de Hacienda*

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) confirmó que se iniciaron procedimientos de remoción de los legisladores Rosalina Mazari Espín y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidenta de la Comisión de Hacienda y presidente de la Mesa Directiva, respectivamente.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la JPyG, el órgano político recibió quejas de diputados para que se analice la permanencia de los legisladores referidos.

En entrevista, la presidenta de la JPyG, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, adelantó que solicitará a la Diputación Permanente convoque a periodo extraordinario de sesiones para que el Pleno vote la remoción de ambos legisladores.

Sostuvo que hay elementos y si el presidente se niega a convocar a extraordinario, será la vicepresidenta, Blanca Nieves Sánchez Arano, quien lo haga.

*Tras asignación de 498 mpd de presupuesto*

El Congreso de Morelos ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como el más caro para los ciudadanos, al haberse asignado un presupuesto de 498 millones de pesos para este año, de acuerdo con estadísticas del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" (MRC).

Por habitante, el Congreso nos cuesta 262 pesos, tomando en cuenta que la población en Morelos asciende a más de un millón 903 mil personas; por diputado, corresponden al año 24.9 millones de pesos.

El centro de investigación referido, al hacer un comparativo con otros estados que cuentan con un número de habitantes similar, señala que el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos en 2019 y no de 498 millones de pesos.

Lo anterior, restando los 30 millones de pesos que se asignaron para este año a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

*A quien ofreció disculpa*

El diputado federal Jorge Argüelles Victorero aseguró que ya dialogó con la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez, a quien le ofreció una disculpa por sus recientes declaraciones.

Argumentó que "al calor del debate" e incluso del enojo, se dicen cosas sin meditar y se cometen errores.

Cabe recordar que el partido turquesa emitió un comunicado en el que señalan al legislador federal por incurrir en "violencia política", al llamarla "maestra canuta".

No obstante, el diputado dijo que no se retracta de su acusación de que algunos diputados incurrieron en la ilegalidad, e incluso condicionaron la aprobación del paquete económico.

La Consejería Jurídica determinará si hay puntos que rebasen la competencia legal del Congreso del Estado en el paquete económico que fue entregado este jueves, refirió hoy el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

Al respecto, el funcionario estatal señaló esta mañana que conforme a la norma tienen un plazo de 10 días para hacer observaciones.

Será hasta que termine esa revisión y el análisis de la Secretaría de Hacienda que el Ejecutivo decida si ejerce el veto o el camino a seguir, apuntó Sanz Rivera.

"No vamos a caer en provocaciones", expresó finalmente.

A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer el inicio del recurso de controversia constitucional luego de que el Poder Legislativo aprobó un presupuesto para el 2019 menor al que, asegura, le corresponde por ley.

Lo anterior, en el marco del equilibrio y ejercicio de la división de poderes, según se anota en el documento.

Dicha controversia constitucional se presentó respecto al paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2019, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El magistrado numerario del TSJ, Manuel Díaz Carbajal, explicó que desde el 2012, el Congreso local aprobó la reforma constitucional, con su posterior publicación, para dotar de autonomía financiera al Poder Judicial y fijó el 4.7 por ciento del presupuesto de egresos anual a favor del TSJ.

Se sabe extraoficialmente que el Poder Legislativo no contempló la asignación de este porcentaje, según apuntó el magistrado.

La controversia constitucional se planteó ante la SCJN ayer, nueve de enero de 2019, de acuerdo con el artículo 32 párrafo 2º de la Constitución local y del artículo 40 fracción V de la misma, que establecen que se debe respetar y asignar al Poder Judicial lo equivalente al 4.7 por ciento del gasto programable del ejercicio presupuestal, subrayó finalmente Díaz Carbajal.