*Jurídicas y técnicas*

El gobierno del estado informó este martes que continúa en revisión el paquete económico 2019 aprobado por 15 legisladores; al respecto, funcionarios estatales señalaron que han encontrado numerosas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, indicó que en la revisión que se ha hecho hasta hoy, han encontrado varias inconsistencias; entre ellas, refirió la del capítulo 1000, el cual implica restricciones legales como el no poder hacer modificaciones, lo que generaría conflictos legales.

Además, en el Poder Judicial no se consideraron recursos para dos tribunales, lo que provocaría la parálisis; respecto a los 10 millones de pesos asignados a una fundación, Villarreal Gasca apuntó que no se especifica para qué o por qué.

Destacó que disminuyeron el rubro de pago de deuda, que suma siete mil millones de pesos de deuda heredada por el gobierno pasado, lo que complicaría el manejo de dicha deuda.

El funcionario estatal criticó que sí se haya incrementado el monto asignado al Legislativo, con el pretexto de que heredaron adeudos, pero no han hecho un solo acto para que se sancionen esas probables irregularidades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, anotó que legisladores asignaron recursos a determinados municipios sin tomar en cuenta equidad o aspectos específicos, como población y proyectos, entre otros.

El secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, explicó como ejemplo que hay recursos federales que implican aportación estatal que no fue considerada, y por lo tanto se perderán; añadió que hay proyectos importantes de obras como la central de autobuses, a los que el Congreso asignó cero pesos.

El consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, dijo que continúa la revisión de ese documento que contiene muchas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Agregó que ven con preocupación que algunos diputados han expresado que no tomarían en cuenta las observaciones que en su momento haría el Poder Ejecutivo; también adelantó que si no hay apertura, hay otros caminos legales y la última palabra no está dicha.

El 24 de enero vence el plazo para hacer esas observaciones.

En la misma conferencia, Villarreal Gasca dijo que había peticiones de algunos legisladores en temas que pasan por encima de la ley, centradas en los siguientes puntos: que no hubiera transferencias sin autorización del Congreso, lo cual no sucede prácticamente a nivel nacional ni más allá de la frontera, y la demanda de incluir el tema de la basura, que implica muchos intereses y del cual viven muchas personas.

También, la exigencia de que se cancelara el reemplacamiento, lo cual está contemplado en la ley cada tres años, según puntualizó el secretario de Hacienda, y el reclamo de que se asignaran 30 millones de pesos en obra pública a cada legislador.