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El Ayuntamiento les debe tres.

Cuautla.- Luego de que en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de Cuautla que encabeza Raúl Tadeo Nava precisara que a pesar de que el municipio pasaba por una "crisis económica" el pago de las quincenas a trabajadores jubilados y pensionados estaba garantizado, la realidad es otra.

Alrededor de un centenar de jubilados y pensionados se dieron cita en la oficina de la pagaduría municipal, para exigir el pago de al menos tres quincenas que se les adeudan.

Ante dicho incumplimiento, los inconformes colocaron diversas pancartas afuera de dicha oficina, además de señalar que mantendrán una guardia constante para hacer presión y exigir a las autoridades el cumplimiento de los pagos que se les adeudan, por considerar esto un abuso.

Añadieron que es necesario que se les cumplan con dichos pagos, ya que en la mayoría de los casos solamente dependen de ese dinero para cubrir sus necesidades, situación por la que les es imposible mantenerse a la espera de ver cuándo se les puede cumplir con dicho pago.

Ante esta situación, los afectados refieren que las autoridades municipales "se han lavado las manos" argumentando que no existe el recurso económico suficiente para cubrir dichos adeudos, siendo que en días anteriores se había anunciado que los jubilados y pensionados no sufrirían con la precaria situación por la que atraviesa el Ayuntamiento y sus pagos saldrían en tiempo y forma.

El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

Transfirió el pago de las jubilaciones a la institución pero no entregó recursos; tampoco dejó presupuesto para el pago de la parte de aguinaldo que absorbe el Colegio de Bachilleres.

La administración anterior pasó al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) la responsabilidad de pagar pensiones de los trabajadores jubilados, por lo que la institución requiere con urgencia alrededor de 70 millones de pesos para el pago de ese rubro en este año.

Víctor Raymundo Nájera Medina, director general del subsistema en Morelos, aseveró que al llegar a esta institución se encontró con un delicado problema financiero.

Explicó que “de una manera muy, pero muy irresponsable” el gobierno pasado devolvió al colegio 183 pensionados y jubilados, que anteriormente pagaba directamente el Ejecutivo, pero no entregó la partida económica correspondiente.  

Por lo tanto, el problema de la institución se ha ido agravando desde hace algunos meses y a la fecha se necesitan alrededor de 70 millones de pesos adicionales para cumplir los compromisos que tiene el Cobaem para el pago de prestaciones de pensiones, así como el pago de días por años de servicio cuando se jubilan.

Dijo que al monto anteriormente referido habría que sumar el dinero que corresponde al pago de la parte proporcional para los 90 días de aguinaldo a sus mil 17 trabajadores en activo, porque tampoco se dejó en las cuentas del subsistema ese dinero.

Nájera Medina explicó que no se ha contabilizado el monto global que se necesita para concluir el 2018 y atender los derechos de su plantilla laboral tanto en activo como jubilados, y tampoco se ha encontrado el dinero que corresponde a ese rubro, si es que la administración estatal los etiquetó y estaban presupuestados, dónde quedó el dinero, o si se dejó sin respaldo efectivo tales obligaciones.

Comentó que junto con la Secretaría de Hacienda de la administración actual ya se analiza este asunto, con el propósito de atender el cumplimiento a los trabajadores que, sin duda, no tienen la culpa del erróneo manejo financiero de la administración gubernamental pasada.

Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

Integran nueva asociación de jubilados 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

La parálisis financiera de universidades públicas es un llamado de atención a los gobiernos para proveer las herramientas para mejorar el servicio educativo mexicano, señala el abogado general de la UAEM.

Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron reconocidas en la primera ley orgánica de la institución, por lo que de ser contractual se convirtió en una situación legal, explicó Ulises Flores Peña, abogado general de la máxima casa de estudios, quien señaló que “hoy no se puede hablar de una prestación que la universidad haya dado al margen de la ley”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que las jubilaciones y pensiones son un principio de solidaridad que deben ser respetadas por el Estado y son del orden nacional e internacional, tal como lo indica la Organización Internacional del Trabajo”.

Ante el contexto de crisis, Ulises Flores señaló que "es el momento más oportuno para replantear las políticas públicas relacionadas con la educación. Es un llamado de atención a las instancias gubernamentales federales y estatales, que deben garantizar y planear las decisiones que ayudarán a mejorar el servicio educativo mexicano".

El abogado general de la UAEM dijo que es una obligación del Estado, de acuerdo a la Constitución Política mexicana, garantizar el respeto a los derechos humanos y que, sucesivamente, no sólo se mantengan, sino que mejoren, “y uno de estos derechos, la educación pública, es fundamental. Necesitamos de los recursos necesarios para desarrollar la labor de docencia e investigación”.

Explicó que son diversas prestaciones contractuales que se ofrecen a los trabajadores universitarios, pero la jubilación se estableció desde el surgimiento de la Ley Orgánica, y se estableció que el Consejo Universitario era el encargado de resolver las solicitudes de jubilaciones. “Si por mandato de ley se reconoció la jubilación, eso implicó que dejó de ser contractual para ser legal”.

La Ley Orgánica enmarca la prestación social, dijo, por lo que hoy no se puede decir que sea una canonjía o algo que haya reconocido la UAEM al margen de la norma, “se siguió con esa lógica y ya no se pudo retraer esa prestación”.

“Ahora se propone crear fideicomiso para aminorar el pasivo que esperemos que no siga creciendo. Es un tema estructural, que se puede resolver y encontrar las articulaciones necesarias y encontrar una mejor garantía en el cumplimiento de la prestación”, dijo.

Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

El próximo lunes, el rector Gustavo Urquiza sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la que será acompañado por los secretarios de Gobierno y Educación del estado.

La insolvencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no es resultado de una mala administración, sino de un déficit presupuestal derivado de la falta de reconocimiento a diversas prestaciones a los trabajadores, jubilaciones, pensiones e incremento a la infraestructura y la matrícula estudiantil de los últimos años, aseveró Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de estudios del estado de Morelos.

“El objetivo principal es que se levante la huelga lo más pronto posible, que los trabajadores reciban su salario y los estudiantes regresen a las aulas para que no pierdan el semestre. Además de regresar a las actividades cotidianas, para cumplir con nuestro compromiso social que es dar educación a los jóvenes universitarios”.

Álvarez Velasco informó que las gestiones continúan por parte del rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien el próximo lunes sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación. “El rector acudirá en compañía de los secretarios de Gobierno y Educación estatal para ver lo del convenio que ya estaba programado, además, esperamos el avance de gestiones con los diputados y senadores”.

La secretaria general de la UAEM expresó que el llamado a los universitarios es a que estén atentos a las vías de comunicación oficiales para estar al tanto de los avances de las gestiones, al referir que la manifestación del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) en la Ciudad de México es una muestra de esta exigencia por resolver la situación financiera de la institución, que afecta a todos los trabajadores y a varios sectores del estado en la parte económica.

Álvarez Velasco dijo: “Estamos muy agradecidos por la solidaridad que ha mostrado la sociedad hacia los universitarios, pero estamos conscientes que nuestra situación económica y la exigencia por resolverla debe ser con la suma de voluntades del gobierno estatal y federal, las cuales ya han expresado su voluntad política de apoyarnos. Este es un tema que la propia UAEM debe solucionar en conjunto con las autoridades estatales y federales. Lo que no queremos, es que se tome como una cuestión política”, dijo.

Solicitudes de trabajadores jubilados son ignoradas por ese organismo, denuncian profesoras en retiro.

Maestras jubiladas protestaron este lunes dentro de las instalaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSGEM), al calificar como “injusto” el préstamo que se autorizó al gobernador actual Graco Ramírez por más de 600 mil pesos (735 mil, exactamente) para la compra de un automóvil de lujo, en tanto que muchos servidores públicos llevan décadas de servicio y no les han autorizado préstamos por montos mucho menores y para conceptos prioritarios.

Por más de tres horas, las profesoras estuvieron apostadas en las oficinas de la institución, pidiendo hablar con la directora, Paula Trade Hidalgo, quien permanecía “escondida sin dar la cara”. Exigieron una audiencia para conocer si las reglas de operación de los créditos cambiaron y demandar que se revisen y autoricen muchas de las solicitudes que han hecho profesores en retiro.

Y es que aseguraron que habitualmente el Instituto sólo otorga préstamos para vehículos con un tope máximo de 200 mil pesos, y se solicitan una serie de requisitos que implican largo tiempo.

Además, expusieron su inconformidad porque consideran que conforme a la ley, el gobernador “es patrón” y, por lo tanto, no tiene derecho a dicha prestación.

Cansadas de esperar, las más de cuarenta maestras jubiladas se colocaron en las puertas para evitar que la funcionaria estatal saliera del inmueble sin explicar si ese crédito otorgado a Graco Ramírez Garrido Abreu había sido aprobado con la modificación correspondiente, autorizada por el consejo del instituto.

Ante la falta de respuesta, irrumpieron en la sala de juntas y exigieron una audiencia. “Tenemos derecho, después de cotizar por más de treinta años, a que nos reciban, que nos atiendan y hagan la recepción formal de un documento que trajimos”.

Denunciaron que -por el contrario- “un chamaco” identificado como Salvador López Morales, presunto secretario particular de la directora del instituto, salió de una de las oficinas a “regañar” y “menospreciar” a las maestras, a las que señaló como “señoras groseras” y trató de sacarlas de las oficinas.

Por más de una hora intentaron evitar que la directora Paula Trade saliera, cubriendo la salida de vehículos “por el temor fundado de que sacaran a la directora Paula en la cajuela de un coche con tal de no dar la cara”.

Expresaron su rabia al sostener que no es justo que se autorice un crédito al titular del Ejecutivo en tan poco tiempo, y por tanto dinero, habiendo muchos trabajadores que no son beneficiarios por la gran cantidad de requisitos que les imponen.

Llamaron a las autoridades entrantes a aplicar auditorías sobre el manejo de recursos, pues consideran que podría haber otros créditos autorizados en circunstancias irregulares o injustas, como el caso ya referido.

Los salarios asignados a nuevos sindicalizados del Congreso –familiares y amigos de exdiputados- son superiores a tabulador.

A una semana de que se llevó a cabo la entrega-recepción del Congreso local, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura por diversas irregularidades durante su representación.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) se negó a hablar sobre las irregularidades detectadas, para no prevenir a los exdiputados, aunque "hay muchas que son evidentes y están a la vista de todos", dijo. 
Señaló que en los próximos días se presentarán las denuncias correspondientes para que haya un deslinde de responsabilidades, ante los abusos que cometieron los exlegisladores.
"Ya hemos encontrado algunas irregularidades. El litigio se tiene que dar bien en los juzgados, o bien, ante la Fiscalía, las denuncias correspondientes, más que en los medios de comunicación. Hacer una declaración irresponsable hoy ante los medios, a lo mejor hasta puede alertar a quienes ya no quieran estar en Morelos o quieran sustraerse de la justicia", asentó.
Además, comentó que ya se inició la revisión de las "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura, así como las plazas sindicales que se asignaron a sus familiares y amigos.
Reiteró que la posible revocación de decretos pensionarios se hará apegada a derecho y sin violentar los derechos de los trabajadores que fueron beneficiados, muchos de ellos actuales funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
Con respecto a las plazas sindicales, señaló que su revisión se dio con el acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que los salarios asignados a los trabajadores ahora de base, son superiores al tabulador del Congreso local, de acuerdo al cargo que desempeñan.

La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

El Congreso del estado no cuenta con presupuesto para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados y jubilados, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Informó que solicitaron al Poder Ejecutivo siete millones de pesos para el pago de la primera quincena de septiembre.

Con dos semanas de retraso, ayer la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, presentó toda la documentación del Congreso local en materia administrativa y financiera, como parte del proceso de entrega-recepción.

En dicho encuentro, que inició con dos horas de retraso a causa de la exdiputada perredista, Sotelo Martínez dijo que se les confirmó que sólo tendrán un presupuesto de 50 millones de pesos para ejercer de septiembre a diciembre. "Por eso hemos solicitado que de manera urgente se nos deposite para poder pagar a trabajadores", agregó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ante la crisis financiera que enfrenta el Congreso del estado, se implementará un reajuste administrativo que contemplará una reducción en el número de trabajadores, pues aún laboran empleados de la pasada legislatura "que yo los veo todos los días paseando y caminando, y que no sé si son trabajadores, y que de alguna manera ya hemos establecido que puede ser gente que sólo acostumbraba a venir los 15 y los 30".

Sostuvo que revisarán la documentación recibida ayer y, si se confirma que no está completa, y no se cumplió con la ley, el Congreso del estado procederá legalmente en contra de los exlegisladores.

Mientras tanto, el diputado mencionó que aún revisan la legalidad de las jubilaciones y nombramientos aprobados por la LIII Legislatura, para anularlos si no se cumplió con los requisitos. "Necesitamos darle resultados a la gente de manera inmediata", agregó.

Juez federal da un plazo de 24 horas para que se acaten dos decretos jubilatorios.

El representante legal de los trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Juan Juárez Rivas, dio a conocer que un juez federal declaró procedente el incidente de incumplimiento y dio al Ayuntamiento un plazo de 24 horas para que pague a sus representados.

El abogado refirió que fue el juez quinto de distrito el que declaró procedente el incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva y ordenó que en un plazo de 24 horas, la titular del SAPAC, María Luisa López Sotelo, cumpla el decreto jubilatorio emitido por diputados de la LIII legislatura que ordena el pago a dos extrabajadores.

Juárez Rivas puntualizó que en caso de incumplimiento, estaría dando vista al Ministerio Público Federal y procedería la destitución de la titular del SAPAC.

“Ayer, el juez quinto declaró procedente nuestro incidente y ordena dar un plazo de 24 horas al SAPAC para que pague el salario del trabajador, so pena de darle vista al Ministerio Público si hay incumplimiento y, en ese caso, se procedería a la destitución de la directora”, dijo el representante legal.

Finalmente, manifestó que hay todavía dos amparos que fueron admitidos y están a la espera de que haya una resolución favorable para los trabajadores jubilados.

En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

La Secretaria del ramo anuncia que alertó a la próxima administración del riesgo de que grandes grupos de trabajadores de diversos subsistemas cumplan simultáneamente con la antigüedad necesaria para pedir ese derecho.

La próxima administración deberá tomar en cuenta el impacto que tiene en el presupuesto el rubro de jubilaciones en los diferentes subsistemas, señaló la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, al indicar que en varias de las instituciones educativas están próximos a cumplir períodos de antigüedad para muchos trabajadores que estarán en su derecho de tramitar su retiro.

Este martes se llevó a cabo una reunión más de las comisiones de entrega-recepción, en el rubro de educación. En esta ocasión se abordó el nivel de formación superior, con la presencia de rectores de las Universidades Tecnológicas y la Politécnica. La universidad del estado, al ser autónoma, no forma parte de dicho procedimiento y habrá de tener otro tratamiento.

En entrevista previa, la secretaria explicó que se acordó con Samuel Sotelo Salgado, representante del equipo del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, llevar a cabo una serie de reuniones para agilizar la dinámica de trabajo con todo el sector educativo. Recordó que incluye diversas instituciones y organismos descentralizados de niveles superior, medio superior y básico, además del área de infraestructura y alfabetización.

La funcionaria estatal mencionó que -en general- el objetivo es que cada uno de los organismos den información en aspectos tales como infraestructura, matrícula, plantilla orgánica, lo relativo a presupuesto –en lo que resta específicamente este año-, qué asuntos quedan por atender en lo que queda del 2018 y cuáles son los focos amarillos o rojos. Los directivos o titulares podrán en este esquema de entrega-recepción plantear cuáles son sus preocupaciones o solicitudes.

En lo personal, consideró que de forma general se tendrá que considerar el tema de pensiones, que en todo el país, no sólo en Morelos, es un asunto que debe ser tomado en cuenta. Recordó que en el estado hay organismos -especialmente de educación media superior- que fueron creados en una etapa similar y, por lo tanto, están por cumplir alrededor de 30 años de antigüedad. Eso significa que habrá grupos importantes de trabajadores, la mayoría de ellos docentes, que estarán en condiciones de jubilación.

“Creemos que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, sin ser en este momento un foco rojo, pero que debe ser tomado en cuenta porque -sin duda- eso impactará en sus presupuestos del año que entra y quizá de los siguientes”, abundó.

La secretaria comentó que otro de los aspectos que le preocupa al equipo del gobierno entrante es el de los pagos del aguinaldo. Al respecto, dijo que el gobierno estatal cada año tiene que pagar ese concepto a trabajadores de los diferentes niveles, por lo que en todos los casos (todas las instituciones) se consideró el tema en la planeación presupuestal. Pero comentó que el aspecto de la suficiencia presupuestal corresponde al área de Hacienda.

Por su parte, Samuel Sotelo Salgado, enlace del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo al término de la reunión que los funcionarios actuales les informaron que están en el presupuesto del 2018 todos los pagos de prestaciones a trabajadores, entre ellas los aguinaldos. Por lo tanto, están garantizados -cuando menos- presupuestalmente.

Comentó que se solicitaron datos específicos para algunos de los organismos, que serán presentados a lo largo de los diversos encuentros programados, como pasivos, recursos por ejercer y problemas de carácter laboral, por ejemplo.

Dijo que saben que hay problemas latentes como el de la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el proceso de reconstrucción de escuelas que sufrieron daños por el sismo del 2017, que según la administración actual, lleva un 90 por ciento de avance, entre otros.

El historial laboral de Ana Cristina Guevara Ramírez no coincide con los años contabilizados al servicio del Estado para alcanzar la jubilación con el 50% de su último salario como servidora pública.

Ana Cristina Guevara Ramírez en unas semanas tomará protesta como diputada plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), pero -al igual que en el caso de la exdirectora de recursos humanos del Poder Legislativo, Karina Arteaga Gutiérrez- hay dudas sobre cómo la futura legisladora consiguió que el Congreso la jubilara con el 50% de su último salario como servidora pública, cuando su historial laboral no empata con los años computados al servicio del estado para alcanzar el beneficio y pone en juicio la documentación aportada para conseguir la pensión.

El 14 de septiembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de jubilación de Guevara Ramírez, quien presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso varias constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años.

A esa edad, inexplicablemente, Ana Cristina simultáneamente laboraba en el ayuntamiento de la región sur y cursaba la preparatoria en el centro educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).

Supuestamente comenzó como auxiliar administrativo en el área de recursos de la comuna ixtleca y luego como auxiliar del área de servicios generales del ayuntamiento.  Al concluir la prepa, también de manera simultánea, trabajaba en el ayuntamiento mientras estudiaba la licenciatura de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Morelos (generación 1998-2003).

Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, es decir 9 años con 8 meses y 16 días, pero en su historial laboral oficial presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos, nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.

Pero  al  contrastar su currículum vitae (que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y los datos del decreto de jubilación, resulta extraordinario que en este periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, sino que también realizaba pasantías en los despachos jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).

Pero otro dato que literalmente no cuadra, es que la cuasi legisladora aseguró en su historial laboral, disponible en página web del Gobierno de Morelos, que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF. Es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y la dependencia estatal.

De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos; fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno, y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular del ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, así como auxiliar y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.

Según el decreto de jubilación de Ana Cristina acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.

De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse, debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años y obtener una pensión al 50% de su último salario.

En las últimas semanas, tras la aprobación por los diputados de varios decretos de “jubilaciones doradas” de secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios del gobierno de Morelos, organizaciones civiles y empresariales han reprochado la actuación de los legisladores y la carga que tendrá el erario.

Incluso, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados han puesto en duda la autenticidad de la documentación presentada por algunas personas al Congreso para alcanzar la jubilación, pues como en el caso de Ana Cristina, no hay evidencias de que hayan laborado el tiempo necesario para obtener una pensión.  

La secretaria general de la Sección 19 consideró que ya hubo respuesta favorable en alrededor del 50% de los planteamientos del magisterio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandó al gobierno estatal que se tomen las previsiones necesarias para que se pague en tiempo y forma el aguinaldo a maestros activos, jubilados y homologados, pese al cambio de administración. Además, solicitó desahogar varios pendientes, como la liberación de horas y el pago de adeudos.

Este martes, la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, junto con integrantes del comité ejecutivo nacional y el seccional se reunieron con la directora del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Yanely Fontes Pérez, con quien acordaron que esta misma semana se instalarán comisiones y mesas de trabajo para revisar los diversos rubros y casos.

Al término del encuentro privado, la lideresa del magisterio informó que este lunes se sostuvo una reunión con el ejecutivo estatal en turno, a quien se le planteó esta demanda de los trabajadores homologados y jubilados que están presionando para que se deje el dinero suficiente a la próxima administración para pago de la parte proporcional de aguinaldo que le corresponde al estado, para los 90 días que se entregan al magisterio tanto activo, como maestros jubilados y homologados.

Y es que ese dinero debe quedar en las arcas, porque se debió haber presupuestado en el ejercicio fiscal 2018 al menos el dinero para la primera parte del aguinaldo, que se paga en el mes de diciembre.

Dijo que el gobernador Graco Ramírez hizo el compromiso de revisar el tema y garantizar ese rubro: “yo no puedo decir que está asegurado porque lo que nos toca es estar del lado de mis compañeros. Lo que sí puedo decir, es que estaremos atentos y exigiendo que se cumpla sea el gobierno que sea, del color que sea porque los derechos de los trabajadores no tienen que ver con los colores de los gobiernos; tiene que ver con el compromiso de que nosotros en las aulas siempre estamos cumpliendo con nuestro trabajo”.

Por otra parte, en el encuentro de este martes con la directora del IEBEM, el SNTE planteó que antes de que termine el actual gobierno se cubran todos los asuntos pendientes.

Destacó la exigencia de profesores de educación física que “ya no aguantan más y están a punto de una protesta fuera de las aulas” y demandan la liberación de mil horas que no han descompactado y que no han sido otorgadas tanto para profesores en servicio como los de nuevo ingreso. El compromiso de la directora del IEBEM es que a finales de este mes se generarán al menos 300 horas para maestros que ya están en servicio y otras más para los de recién ingreso al servicio docente.

Otro rezago es el pago de maestros destacados, porque conforme a la ley se les debe pagar el concepto conocido como K1, que implica un recurso adicional como estímulo por haber obtenido los resultados destacados en evaluaciones. La autoridad aseguró que en la próxima quincena se buscará dar el pago y el jueves se reunirán en el IEBEM alrededor de 100 maestros que ameritan ese recurso, ya que ellos han expresado que no han tenido la atención adecuada por parte de las autoridades.

En la mesa de trabajo de igual manera se trató el tema de los jefes de enseñanza, quienes generaron un documento en el que se diseñan las funciones de un jefe de enseñanza a partir de la reforma educativa. Había incertidumbre de cuáles eran sus tareas y los lugares que les corresponde. De manera conjunta se elaboró dicho trabajo el cual –según se acordó este martes- será presentado el viernes en una reunión para tal propósito.

Finalmente, Bañón Estrada informó que en la multicitada reunión se abordó el tema de los adeudos con maestros jubilados: “tenemos pendiente como siempre nuestros compañeros jubilados en rezagos de pagos como la prima de antigüedad; ahí si está más complicado porque se habla de cantidades de presupuesto que no se tiene presupuestado (sic). Ahí no hay una respuesta muy favorable y se tendrán que revisar alternativas porque hay adeudos que se tienen desde el año 2014”.

Advirtió que en este punto la dirigencia sindical está en revisión con las autoridades porque los jubilados han sido muy pacientes, pero hay descontento y cuando se desesperan están dispuestos a salir a las calles a exigir sus derechos.

La secretaria general consideró que hubo disposición de la titular del IEBEM y hay algunos avances, no del cien por ciento, pero consideró que hubo respuesta favorable en alrededor del 50% de los planteamientos.

La SCJN dio trámite a la controversia constitucional por la aprobación de jubilaciones de cinco trabajadores más por parte del Congreso estatal.

El Ayuntamiento capitalino impugnó otro bloque de decretos pensionarios de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), aprobados por el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 121/2018 promovida por la comuna de Cuernavaca, en contra de los decretos de jubilación de Irineo Benítez Ramírez, Raymundo Rafael Bruno, Hugo Rojas Iturbide, Joel Monroy Mejía y Edgar Rodríguez Jaime.

En recurso promovido ante el máximo tribunal del país, el Ayuntamiento demandó la invalidez de los decretos de jubilación publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 6 de junio, así como también impugnó la validez de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Al igual que en la controversia constitucional 99/2018, el Ayuntamiento consideró que el Poder Legislativo se excedió y violentó el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, al aprobar sendos decretos de jubilación y transgredió el artículo 115 constitucional que establece las facultades del municipio para manejar su patrimonio.

La promoción de impugnaciones contra los decretos ha generado en el último mes diversas protestas de los trabajadores afectados, quienes han exigido el pago de pensión por jubilación, con diversos bloqueos a la circulación vehicular sobre avenida Morelos de Cuernavaca, donde se encuentra la sede del SAPAC. 

La prestación se adeuda a por lo menos 68 trabajadores en retiro desde el año 2016, aseguran; la dirección del subsistema argumenta no tener recursos.

Trabajadores en retiro del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) se manifestaron este lunes para exigir el Pago Nacional Único por Jubilación que les adeudan desde el año 2016.

Con pancartas, los jubilados demandaron una audiencia con el titular de la Secretaría de Hacienda, al sostener que ese recurso ya tenía que haber sido entregado porque se trata de una prestación a la que tienen derecho.

Luis Martínez Vázquez, vocero de los inconformes, dijo que hasta el mes de mayo pasado, había en una relación detallada 68 jubilados afectados, pero desde entonces a la fecha, ya sumaron otros trabajadores que se retiraron.

Subrayaron que de acuerdo con el párrafo sexto de la cláusula 76 del Contrato Colectivo de Trabajo, tienen derecho a que se les pague el equivalente a 17 días por año laborado por un sueldo actual; la prestación se debió cubrir un día después de que se publicó el decreto de jubilación.

Refirieron que algunos de los jubilados ya tuvieron que entablar demandas porque les deben desde el 2016 y corrían el riesgo de que se vencieran los plazos.

Comentaron que la Dirección General de Cobaem les ha dicho que ellos no tienen recursos y desde el año pasado se firmó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda les pagara; sin embargo, de manera posterior les dijeron que ese convenio dejó de tener efecto y, por ello, se les tiene que pagar en el subsistema.

“Sólo nos dicen que sí nos deben, que no lo niegan, pero que no tienen y el secretario de hacienda ni siquiera nos quiere atender”, expresó el vocero, al exponer que ya está a punto de terminar la actual administración y no les han cumplido.

Comentaron que buscarán a autoridades electas para tratar de garantizar el pago, pero subrayaron que en este momento, la obligación es de las autoridades que siguen en turno.

Pagar pensiones implicaría dejar de liquidar sueldos a los trabajadores activos, dice regidor.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) planea suspender el pago a proveedores e, incluso, pedir a la tesorería municipal un adelanto de participaciones para pagar a los trabajadores jubilados, informó el regidor de Relaciones Públicas, Jorge Pallares Morales.

Señaló que cumplir con el pago a los jubilados es complicado, ya que en los últimos meses los ingresos del organismo bajaron a 17 millones de pesos, debido a que los usuarios no pagan por el servicio de agua.

Por eso, los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC buscan otras opciones, como pedir prórroga a los proveedores de químicos para tratar el agua, solicitar un adelanto de participaciones y hasta vender algunos terrenos propiedad del municipio.

También solicitaron a la directora del organismo operador, María Luisa López Sotelo, hacer un esfuerzo y pagar las pensiones, aunque es difícil porque el pago a los jubilados implicaría dejar de pagar a los activos.