Cuautla, Morelos.- A partir de la tarde de este domingo, el panteón de Tetelcingo será área de seguridad restringida y no habrá acceso al sitio, hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) culminen las diligencias de exhumación, la toma de nuevas muestras biológicas para identificación genética y el traslado de más de un centenar de cuerpos ahí depositados.

En el transcurso de este día y la madrugada del lunes, se tiene previsto el arribo de decenas de especialistas y funcionarios de la PGR, la FGE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Atención a Víctimas federal y estatal, así como la integración un grupo de científicos y peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fueron acreditados para colaborar en las diligencias a petición de las víctimas.

Además, el área será acordonada por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y el Mando Único, y sólo se permitirá el acceso a cualquiera de los anillos de seguridad a las personas que estén previa y debidamente acreditadas como participantes u observadores de las diligencias.

La FGE informó que las medidas estrictas de seguridad es en cumplimiento de los protocolos de cadena de custodia de la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de preservar el lugar y evitar que personas no autorizadas deambulen innecesariamente por el sitio, impedir la manipulación de objetos que pudieran servir de indicios o evidencias, o se desechen objetos que pudieran tener relación con la investigación, así como que alguien toque los cuerpos o restos humanos.

De igual forma, habrá un dispositivo de seguridad y resguardo durante el traslado de los cuerpos del panteón de Tetelcingo a la nueva fosa, instaurada en el cementerio Jardines del Recuerdo, donde serán reinhumados en gavetas y en condiciones dignas.

La polémica de la fosa de Tetelcingo y que dio origen a esta diligencia, surgió con el caso de Oliver Wenceslao, comerciante que fue secuestrado el 24 de mayo del 2013 y días después fue encontrado sin vida en el paraje conocido como “Papagayos”, en el municipio de Ayala. 

Tras su plena identificación a través de pruebas de ADN, su familia reclamó el cuerpo, pero la fiscalía solicitó el resguardo del cadáver de Oliver para abundar en las investigaciones y esclarecer el caso.

En diciembre de 2014 la familia reclamó nuevamente la entrega del cuerpo, pero su sorpresa fue que el cuerpo había sido depositado en marzo de ese año, junto con 148 cadáveres más, en una fosa común que fue habilitada por la fiscalía en el panteón de Tetelcingo de manera irregular, porque no tenía las autorizaciones, ni cumplía con la regulación sanitaria para el depósito de restos humanos.

Luego de que el caso salió a la luz pública, organizaciones civiles y no gubernamentales exigieron el esclarecimiento y la identificación de los cadáveres, ante la presunción de que algunos pudieran corresponder a personas desaparecidas.

Tras el escándalo, la fiscalía entregó a sus familias dos cuerpos, incluido el de Oliver, y aseguró que en la fosa sólo quedaban 116 cuerpos no reclamados. Sin embargo, la UAEM, la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones de víctimas sostuvieron que el número podría rebasar los 150 cuerpos. Una de las expectativas de la exhumación es verificar el número de cuerpos depositados en la fosa y si la fiscalía incurrió en algunas otras irregularidades.