Tan sólo en este 2015 “llevamos cinco casos; mientras que en el 2014 fueron siete, con lo que tenemos 12 casos con ‘Acuerdos Conclusivos’, cuando en el país se tienen cifras de 900 casos a nivel nacional y en Morelos sólo cinco”, abundó el delegado José Carmona Guerrero.

En el servicio de “Acuerdos Conclusivos”, “la Prodecon participa como mediador entre la autoridad (SAT, IMSS, Infonavit, Conagua o Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Morelos) y el contribuyente, cuando existen diferencias derivadas de un proceso de fiscalización (revisión de gabinete o visita domiciliaria, incluso la ley prevé el supuesto de revisiones electrónicas y en materia de comercio exterior)”, especificó el funcionario federal.

Este servicio procede “siempre y cuando todavía no se emita la resolución determinante por parte de la autoridad, ya que con ello  permite que el contribuyente pueda regularizar su situación fiscal con varios beneficios, pues se trata de una forma alternativa de solución de conflictos entre la autoridad y el contribuyente, derivado de un procedimiento fiscalizador, es decir, se evita el trámite de un juicio.

Se puede lograr condonación de las multas de fondo y forma (en la primera ocasión que se firma el acuerdo se aplica un porcentaje de condonación al 100%); la firma del acuerdo pone fin al procedimiento de fiscalización; existe la posibilidad de que la autoridad valore nuevos elementos aportados por el contribuyente o considere pruebas y manifestaciones que previamente no se tomaron en cuenta, por ejemplo, reconocer un pago realizado anteriormente o la procedencia de una deducción, o bien, que algún ingreso no tiene el carácter de gravable. El procedimiento de acuerdo conclusivo es ágil, pero flexible al mismo tiempo, lo cual permite que su tramitación se adecue a las condiciones particulares de un asunto, entre otros”.

Y es que “el cierre del procedimiento de fiscalización se da a satisfacción de las partes, sin necesidad de controvertir la resolución del procedimiento en un medio de defensa o realizar acciones de cobro coactivo, lo que representa ahorro en los gastos de ambas partes, pues el contribuyente ya no tiene que pagar un representante jurídico para impugnar la posible liquidación, mientras que para la autoridad tampoco se generan gastos de ejecución, además de que se evita la actualización de los créditos durante el tiempo que dura el medio de defensa que muchas veces va de entre seis meses a dos años, sin contar con la certeza de que al final se obtenga una sentencia favorable para el contribuyente”.

Es por ello que Carmona Guerrero destacó la importancia de que quienes estén en una situación donde puedan hacer uso de esta figura, acudan a las oficinas centrales que tienen en Cuernavaca (bulevar Juárez a un lado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública) la Prodecon; o bien, al módulo virtual de Jojutla en oficinas de la Canaco, donde se les dará la asesoría y el camino para poder lograr un “Acuerdo Conclusivo”.