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Más de la mitad de los ayuntamientos de Morelos ignoró por completo la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEM), para pedir a las autoridades municipales acciones urgentes para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
La recomendación 473/2013-1, emitida en febrero por el aumento de la violencia de género en el estado, hasta el mes de junio fue aceptada sólo por 13 ayuntamientos de un total de 33, y sólo cuatro presentaron ante el organismo pruebas de cumplimiento.
Esto significa que apenas el 40 por ciento de los municipios aceptó la recomendación, en la que se les requirió rediseñar las estrategias y políticas públicas municipales tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en sus diversas connotaciones, con especial atención en los delitos de alto impacto como los feminicidios.
De estos 13 ayuntamientos, únicamente el 30 por ciento comenzó con algunos cambios y ajustes en sus políticas públicas para atender el problema de la violencia de género.
A seis meses de que concluyan las actuales administraciones municipales, la CDHEM lamentó el desinterés de los presidentes municipales en un tema tan delicado y que, pese a la alerta por el incremento de la violencia hacia las mujeres, la mayor parte de ellos ni siquiera haya dado contestación a la recomendación.
Por cuanto a las autoridades estatales, el organismo defensor de los derechos humanos informó que el gobernador, la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y el Secretario de Gobierno han manifestado su aceptación; mientras que las Secretarías de Educación y de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Morelense de la Mujer acogieron las solicitudes que les fueron enviadas.
De acuerdo con estadísticas de la CDHEM, en el 2014 fueron abiertos mil 203 expedientes, de los cuales 522 (que representa el 43.3 por ciento de las quejas) fueron iniciadas por mujeres a las que les fueron violados sus derechos
Los principales motivos de queja de las mujeres fueron: detenciones arbitrarias, lesiones, dilación en la procuración de justicia, ejercicio indebido de la función pública, vulneración al derecho a la educación y la violación al derecho de acceso a la justicia. También persisten el abuso de autoridad, abuso sexual, acoso laboral y escolar y actos de molestia y violencia física como prácticas recurrentes que vulneran sus derechos fundamentales.
