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La Procuraduría General de Guerrero decretó el no ejercicio de la acción penal contra ocho fiscales y auxiliares, sospechosos de haber participado en la desaparición y asesinato del adolescente Alan Cerón Moreno, ocurrido hace más de tres años.
El asesor jurídico de la familia de Alan, Miguel Ángel Rosete Flores, informó que hace unos días la procuraduría guerrerense notificó a los padres la determinación de prácticamente exonerar de cualquier responsabilidad a los servidores públicos, quienes vieron por última vez a Alan y se presume que uno de ellos lo entregó a los delincuentes que lo privaron de la vida.
El 24 de diciembre de 2011, Alan se encontraba cerca del parque de beisbol de la colonia Carolina de Cuernavaca, donde habitaba junto con sus padres, cuando fue privado de la libertad por unos delincuentes en medio de una balacera; después lo trasladaron hasta Chilpancingo, donde fue liberado.
El adolescente, que se encontraba en muy mal estado, fue auxiliado por la Policía Municipal y trasladado a una agencia del Ministerio Público para iniciar la denuncia y poder comunicarse con sus padres.
La familia se trasladó hasta el estado vecino, pero Alan ya no estaba en la agencia del MP y nadie de la procuraduría sabía del él. Meses después, tras la persistencia de los padres, el adolescente fue encontrado sin vida.
Rosete Flores dijo que en cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la procuraduría de Guerrero “agotó” sus investigaciones internas y que ningún servidor público incurrió en abuso de autoridad.
El litigante explicó que los funcionarios tampoco fueron investigados por omisión al no resguardar a Alan como víctima del delito y mucho menos por su posible implicación en la desaparición y el asesinato, ante la fundada sospecha de que fue la gente de la procuraduría guerrerense la que entregó al menor a sus verdugos, quienes primero lo torturaron y luego lo mataron.
“Es una situación que agravia a la sociedad porque los funcionarios continúan laborando, los funcionarios están en total impunidad. Porque se acreditó que tuvieron que ver con la desaparición de Alan, que había mentiras en el caso de Alan porque uno había dicho que no lo conoció, que no lo trató, aun cuando fue él quien lo recibió personalmente y había firmado su recibimiento por parte de la Policía Municipal”, explicó Miguel Ángel Rosete y acusó que la procuraduría así quiere dar carpetazo al caso.
Detalló que cuatro agentes ministeriales, dos MP y dos auxiliares fueron prácticamente exonerados y con ello la procuraduría pretende darle carpetazo al caso Alan, a pesar de que se presentaron pruebas de que estos servidores públicos mintieron en sus declaraciones y todos ellos tuvieron contacto con el adolescente cuando llegó a la institución y ninguno proporcionó atención y salvaguardó la integridad del menor.
Expresó que la familia se inconformará ante la CNDH por la acción de la procuraduría guerrerense y solicitará nuevamente a la PGR que atraiga el caso. Pero de no encontrar justicia pronta y expedita en México, se recurrirá a las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Nos sentimos solos, aislados, en un caso de impunidad, de injusticia muy grave pero que tenemos que recurrir, si no es a estas instancias, será a instancias internacionales para que se investigue, porque el caso es una desaparición forzada.”
El abogado también señaló que la Procuraduría de Guerrero le informó que inició el proceso penal contra de los sicarios que lograron ser detenidos la tarde del 24 de diciembre de 2011, tras la balacera y el enfrentamiento de delincuentes con policías, durante el cual Alan fue privado de su libertad para después ser asesinado en Chilpancingo.
