El caso, que surgió a partir de un conflicto familiar por una herencia, escaló ya hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el que el gobierno de Morelos es acusado de dilación en la procuración y administración de justicia.

Pascual Virgilio Hernández, abogado del empresario hotelero Alfredo Tinajero Fontán, explicó que tras la muerte del padre Alfredo Tinajero Villaseñor, se dio un litigio civil en el Distrito Federal entre hermanos por la sucesión testamentaria por los bienes localizados en el estado de Guerrero.

Sin embargo, en febrero de 2005 el ex ministerio público adscrito al municipio de Huitzilac, Marco Antonio Jaramillo Sánchez, “abrió” la averiguación previa HU/011/05-01 presuntamente a petición de Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán, contra su hermano Alfredo y su familia (también empresaria) por los supuestos delitos de fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y lo que resultara.

Detalló que tras una minuciosa investigación sobre el origen de la denuncia, se pudo comprobar que la averiguación previa fue clonada, ya que el expediente auténtico se trataba de una denuncia promovida entonces por Gabriel Cordero contra un hombre identificado como Pedro Vara, por los supuestos delitos de despojo, allanamiento de morada y extorsión.

Incluso, en un informe rendido entonces por la procuraduría ante la Comisión de Derechos Humanos derivado de la queja 260/05-3 presentada por Alfredo Tinajero, la dependencia informó que no existía registro de denuncia promovida por Teresita del Niño Jesús Tinajero y que el expediente en cuestión trataba de un asunto diverso.

El litigante narró desde que se descubrió la clonación de la denuncia, se informó de inmediato a la jueza Guillermina Jiménez Serafín, quien pese a ello y las pruebas presentadas, se empecinó en obsequiar sendas órdenes de aprehensión bajo la causa penal 64/2005-2, las que fueron ejecutadas de manera irregular en el Distrito Federal por la otrora Policía Judicial de Morelos contra varios de sus representados, quienes permanecieron detenidos por seis días y se decretó su libertad por no haber elementos en su contra.

Expresó que desde entonces su representado y empresario Alfredo Tinajero Fontán y su familia han sorteado toda clase de obstáculos legales y han tenido que recurrir a la justicia federal, además de promover sendas denuncias contra el ex ministerio público implicado (por delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido de servicio público y otros), la otrora juez y actual consejera de la Judicatura por delitos contra la administración de justicia y contra varias de las hermanas Tinajero Fontán, quienes presuntamente habrían incitado la clonación de la denuncia.

Indicó que existen al menos cinco averiguaciones previas contra Jiménez Serafín y durante una década la fiscalía estatal las mantiene congeladas y se niega a ejercitar acción penal contra la juzgadora, pese a las pruebas presentadas respecto a su presunta responsabilidad en los delitos que se le imputan.

“A pesar de encontrarse acreditada la presunta responsabilidad en contra de la licenciada Guillermina Jiménez Serafín, entonces juez segundo penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, la Procuraduría General de Justicia del Estado se niega a consignar a la servidora pública ante las autoridades penales para ser procesada por los delitos cometidos, quien, no obstante los indicios en su contra y de diversas quejas administrativas, el estado de Morelos la convirtió en magistrada del Tribunal Superior de Justicia, es decir fue premiada por su conducta ilícita”, dijo el abogado en rueda de prensa.

Indicó que su representado obtuvo un amparo para efecto de que la fiscalía ejerza acción penal contra la actual consejera, quien promovió un recurso de revisión que pronto será resuelto por un tribunal colegiado.

Virgilio Hernández señaló que una vez que se desahoguen los procesos por parte de la autoridad federal, se solicitará al Congreso que inicie juicio político contra Jiménez Serafín.

También señaló que ante la negativa de la fiscalía por ejercer acción penal contra la juzgadora, se inició desde el año 2010 la queja P.1328.10 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente en estudio ante el secretario ejecutivo del organismo. 

No es la primera vez que Jiménez Serafín es acusada de irregularidades. Otro de los asuntos en los que estuvo implicada fue el caso Sarquís, el cual sigue vivo también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este caso se remonta a la noche del 1 de noviembre de 2002, cuando Juan José Pedro Sarquís presuntamente habría quitado la vida con un arma de fuego a su amigo Braulio Paredes, tras una discusión sobre quién de los dos tenía más dinero, durante una fiesta en una casa en el Fraccionamiento Burgos del municipio de Temixco.

El caso tomó relevancia no sólo porque estaban involucrados como protagonistas y testigos del crimen hijos de prominentes empresarios mexicanos, sino porque el joven muerto era sobrino del entonces ministro del interior de Chile, José Miguel Insulza, posteriormente secretario general de la Organización de Estados Americanos.

La entonces jueza Guillermina Jiménez Serafín absolvió al joven Sarquís y nueve personas más involucradas en el homicidio. La sentencia posteriormente fue ratificada en segunda instancia. En ese entonces se presumió que hubo millonarios sobornos para liberar al presunto responsable del homicidio. La familia de la víctima se inconformó con la absolución del joven Sarquís y el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.