El abogado Jesús García Aguilar informó que el jueves pasado, promovió el recurso de apelación y espera que a la brevedad posible una sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva lo conducente.

De acuerdo con la fiscalía estatal, a De la Torre se le atribuye un presunto peculado por un monto superior a 173 millones de pesos, cuya cantidad, proveniente de las cuotas de burócratas estatales que supuestamente, no fue depositada en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

El defensor del ex funcionario expresó que De la Torre no incurrió en ningún ilícito porque “consideramos que él no tenía la obligación como secretario de llevar a cabo esos pagos y como no tenía la obligación, no cae en peculado”.

Cuestionado sobre si las indagatorias tienen que ser dirigidas hacia otra persona o ex servidor público, el litigante recalcó que toca a la fiscalía estatal investigar al respecto e insistió en que “consideramos que don Alfredo Jaime no cometió peculado y que debe darse la libertad; ya si hay otro algún otro funcionario (implicado), sería la procuraduría la que investigue en su momento”.

Por otra parte, García Aguilar, también defensor de la ex tesorera de Tlayacapan, Norma Carrera Rosales, detalló que un juez de distrito concedió una suspensión de oficio para que un juez local ordenara el traslado de la ex funcionaria municipal del penal de Atlacholoaya a un hospital, donde convalece derivado de una reciente intervención quirúrgica ante un problema generado por el mal funcionamiento de una prótesis intestinal. 

Señaló que la convalecencia en el nosocomio durará hasta que los médicos determinen una evolución satisfactoria.

Carrera Rosales fue detenida en noviembre pasado, al igual que el ex edil de Tlayacapan, Agustín Sánchez Ortiz, por el presunto delito de peculado por un monto de 1.5 millones de pesos; tanto la familia como la defensa legal de la ex servidora pública alegan inocencia porque ella sólo estuvo tres meses en el cargo y afirman que la responsabilidad de las finanzas municipales recaía en el entonces alcalde y otrora tesorero Merced Vidal.

Sin embargo, a ambos ex servidores les fue dictado auto de formal prisión y fueron recluidos en un centro penitenciario, pero Carrera Rosales, desde antes de su detención, enfrentaba problemas de salud.