No obstante, la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virginia Pérez Güemes, defendió los resultados de este nuevo sistema de justicia y afirmó que está en un proceso de consolidación, a cuatro de su implementación.

El presidente del Colegio de Abogados y especialista en derecho penal, Enrique Paredes Sotelo, consideró que la implementación del sistema oral de justicia penal para adolescentes y la creación del TUJA fue positiva, ya que en el sistema tradicional el extinto Consejo Tutelar, dejaba mucho que desear porque las resoluciones que dictaba no estaban debidamente fundamentadas ni eran acordes a la realidad de los menores.

Sin embargo, sostuvo que a pesar de la bondades del nuevo sistema, “hay algo ilógico dentro del tribunal, no dudamos de los jueces, de que tienen el conocimiento necesario, pero lo que se nos hace relativamente raro es que de todas las consignaciones opuestas a disposición del Ministerio Público, el 99.9 por ciento de los casos son vinculados a proceso y, después cuando se va a un juicio el 99 por ciento de los jóvenes son condenados”.

Expresó que esto hace suponer dos hipótesis, “o tenemos un fiscal que de adolescentes es excelente fiscal o, bien, tenemos jueces de adolescentes que les da miedo emitir resoluciones a favor de los menores infractores”.

Incluso, dijo que ante las resoluciones de vinculación a proceso condenatorias a los adolescentes, los litigantes han tenido que recurrir al juicio de amparo, algunos de ellos ganados.

Subrayó que el sistema y la legislación bajo la cual se rige la justicia oral para adolescentes es buena, “pero creemos que en el TUJA se tiene que aplicar más el principio de presunción de inocencia, no es posible que tantos adolescentes sean vinculados a proceso, que tantos adolescentes sean privados de su libertad.

Afirmó que si bien, el TUJA maneja delitos federales, pero “yo creo que es un tribunal que tiene gente capacitada pero le falta a aplicar con mayor rigor el principio de presunción de inocencia” y que “el estándar probatorio que se les pide a los adolescentes para demostrar que son inocentes sea menor, tratándose de niños y adolescentes que son susceptibles de ser corregidos a través de terapias o apoyo familiar”.

Además, sostuvo que hace falta un programa de seguimiento, después de que egresan los jóvenes del CEMPLA, para garantizar que tengan acceso a la educación y el empleo, de otros modos sin vigilancia y oportunidades de un desarrollo digno, para que no exista el alto riesgo de reincidir.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Ana Virginia Pérez Güemes, afirmó que la justicia para menores está en una etapa consolidación y a lo largo de cuatro años de su implementación se ha procurado hacer eficientes los procesos penales y siempre se han respetado los derechos humanos de los jóvenes.

Ante la crítica sobre el alto índice de vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias, la magistrada sostuvo a que esto se debe a que la mayor parte de los casos que son remitidos al TUJA son relacionados con delitos federales como delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas, y “en estos casos es obligatorio aplicar la medida cautelar de prisión preventiva porque así lo requiere la Constitución Federal”.

Explicó que en los casos de delitos del orden común, se evalúan los resultados de la Unidad de Medidas Cautelares, para saber si existe algún riesgo de fuga del adolescente imputado y, en caso de que no exista riesgo, los adolescentes son dejados en libertad y se les aplican medidas distintas a la prisión preventiva.