De acuerdo a Salvador Sandoval Palazuelos, director General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemer), la simplificación administrativa debe asumirse ya como una regla en todas las instancias, dado que se ha comprobado que es la mejor vía para avanzar en el beneficio social y desarrollo económico.

En presencia de Alfonso Carballo Pérez, director general de la Cofemer y de los secretarios de Gestión e Innovación Gubernamental y de Desarrollo Económico, Salvador Sandoval informó que poco más de mil 600 personas han participado de manera virtual, a través de internet, y de manera presencial en este Diplomado, siendo Morelos uno de los 10 estados con mayor número de servidores públicos capacitados.

Al respecto, Alfonso Carballo, director general de la Cofemer, reiteró su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el gobierno de Marco Adame Castillo, para cumplir con los objetivos de la mejora regulatoria con herramientas como el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), que se puede implementar en más de 300 trámites de 700 que se realizan en el Gobierno.

En este Diplomado se dio a conocer que durante la administración de Marco Adame se han logrado eliminar 75 trámites de 722 inscritos, lo que ha permitido a la ciudadanía obtener más rápida documentación oficial y la realización de trámites, poniendo especial atención a las personas de la tercera edad, que en ocasiones les resulta complejo realizar alguna operación administrativa.

En su intervención, el secretario de Gestión, Rey David Olguín Rosas, señaló que esta capacitación sobre regulación, es una oportunidad de planeación para acciones futuras en materia de regulación, trámites a crear, modificar o eliminar, siempre buscando contar con un gobierno más eficaz.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Rafael Tamayo Flores, manifestó que la mejora regulatoria debe asumirse como la base de un gobierno transparente, sin renunciar a una de sus funciones principales, como es regular a la administración pública, además de que reduce los costos para la población en términos de tiempo, dinero, y la erradicación de discrecionalidad en las dependencias gubernamentales.