De acuerdo a una investigación realizada por La Unión de Morelos, durante el 2010 la CFE-Región Centro Sur pagó casi 40 millones de pesos a particulares por concepto de indemnización por servidumbre de paso, como resultado de juicios civiles donde los abogados de la paraestatal literalmente “se dejaron ganar”.

Tanto la SFP como la Procuraduría General de la República, investigan el hecho de que los pagos se agilizaron a partir de que falleció la abogada Amelia Ávila Vázquez, quien fue asesinada en octubre del 2009 por un solitario sujeto que la interceptó cuando acudía a dejar a su hija a la escuela.

EL CRIMEN

El lunes 12 de octubre del 2009 la jefa del Departamento Jurídico de la CFE Región Centro Sur con sede en Cuernavaca viajaba a bordo de su vehículo Nissan tipo Tsuru color blanco, placas PWX-727 con logotipos de la paraestatal.

Para salir cada mañana del fraccionamiento Los Cedros -al norte de Cuernavaca-, donde habitaba, debía pasar un arco de piedra que identifica la entrada principal de la unidad habitacional.

Supuestamente el agresor, descrito por los testigos como un hombre alto, vestido con ropa deportiva y cubierto del rostro con una máscara de una calavera, se ocultó en una de las columnas del arco en espera de su víctima.

Según los testigos, la mujer salía del fraccionamiento cuando el sujeto la amagó con una pistola y le ordenó que ocupara el asiento del copiloto; su hija de siete años iba en la parte posterior del auto.

El homicida supuestamente le ordenó: "Recórrase que me voy a llevar su auto", pero la mujer se resistió y entonces el hombre -hasta ahora no identificado- le disparó en la cabeza a una distancia de aproximadamente 20 centímetros.

El homicidio fue presenciado por la menor de siete años de edad y el auto quedó estacionado en una curva sobre la calle Limón, frente al Fraccionamiento Cedros de la colonia Lomas de Tzompantle.

La Procuraduría de Justicia del Estado inició la averiguación previa AHMDS/34/2009, misma que fue remitida a la delegación Morelos de la Procuraduría General de la República al existir indicios de que el crimen estaba relacionado con su trabajo en una dependencia federal.

Lo anterior, en virtud de que familiares refirieron que la abogada había recibido amenazas de muerte de una supuesta mafia que opera al interior de la paraestatal.

Incluso, compañeros de la hoy occisa comentaron que, en cuanto se supo que la profesionista estaba muerta, gente de la CFE-Morelos ingresó a su oficina antes de que el Ministerio Público llegara a investigar.

LA DENUNCIA

La Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia anónima en la que señalan que el abogado general de la CFE, José Prado Carranza, ha incurrido en diversos delitos en el ejercicio de sus funciones.

Entre las irregularidades señalan el pago de 100 millones de pesos, por jueces de primera instancia, asuntos llevados por rebeldía, o no defender bien el asunto.

Explicaron que la ley establece que los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal De Electricidad se regirán por las leyes federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la federación, disposición que no fue defendida por los abogados de la CFE.

“En virtud de que la CFE es un Organismo Público Descentralizado de la Federación, entonces si se reclama la Servidumbre de paso por líneas de conducción eléctrica de voltajes 220 o 115 kv. Se tiene que reclamar mediante una demanda ante las instancias federales ya sea Tribunal Unitario Agrario o Juzgados Federales de Distrito, no en tribunales estatales.

Aseguran que hay pagos de metros cuadrados de servidumbre de paso, fuera de los estándares que se deben pagar, ya que el indicado para determinar el costo del metro cuadrado es el INDAABIN.

También denunciaron que hay pagos de líneas las cuales de acuerdo a la circular de las oficinas del director de la CFE no se deben de pagar de voltaje de 13.2 K.V. líneas que alimentan las casas. Esas Líneas no se pagan ya que dichas son de uso de los hogares y sobre todo no se pagan por convenio de pago como lo ha realizado la (CFE División Centro Sur).

LOS EJEMPLOS

Dos ejemplos de conductas sospechosas por parte de los abogados de la CFE, es el que se encuentra radicado en el expediente ordinario civil número 42/2007, de UBALDINA GARIBAY CRUZ, esta persona demandó a la COMISION FEDERAL DE ELELCTRICIDAD Zona Acapulco, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Altamirano, el pago por indemnización por servidumbre de paso de líneas de energía eléctrica de baja tensión, juicio que está a cargo del licenciado Bonifacio Enrique Núñez Rojas y los abogados en materia civil y agraria, quien inexplicablemente no ofreció pruebas en favor de la CFE y el Juez tuvo a la Comisión por perdido el derecho de ofrecer pruebas y se quedó sin pruebas en el juicio y se desahogaron únicamente las pruebas que ofreció la actora señora UBALDINA GARIBAY CRUZ, quien acreditó con su perito valuador que el monto que le deben pagar es de la cantidad de ocho millones 159 mil 528 pesos.

“Por lo tanto la CFE al no presentar las pruebas se le tuvo por perdido su derecho y por lo tanto condenan al pago de $8,159,528.00 ( ocho millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos veintiocho 00/100 m.n.), ya que una de las pruebas relevante es la de topografía y avaluo, en la que establece el monto a pagar por el metro cuadrado reclamada, por lo tanto se admitió la prueba en topografía y avaluó del actor, y como no fue objetada en ninguna de sus partes ya que dicha prueba es colegiado es decir es de oficio en caso de rebeldía que mismo juzgado designe un perito para el desarrollo de esa prueba, pero en dicho juicio ninguna prueba fue ofrecida por el representante legal, por este hecho se le causo un detrimento patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad.

En este asunto señalan como responsables a Juan Manuel Revueltas Jefe de Oficina Divisional, Lic. Bonifacio Enrique Núñez Jefe de Jurídico Zona Acapulco, Ing. Javier Valencia Barajas Gerente Divisional.

En otro caso, radicado en el expediente número 25/2009-I, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Azueta, estado de Guerrero, promovido por la Unión de Pequeños Comerciantes José Azueta de Ixtapa Zihuatanejo, el Juez condena a la Comisión Federal de Electricidad a pagar a favor de la actora la cantidad de 26 millones 572 mil 942 pesos “por concepto de indemnización derivado de la obligación de la demandada nacida por la afectación derivada de la obligación de la demandada nacida por la afectación realizada al inmueble referido en el resolutivo anterior, esto es, por la constitución de la servidumbre legal, por el paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica, que posee la demandada Comisión Federal de Electricidad en el predio referido, concediéndose a la demandada un término de cinco días siguientes a la fecha en que resulte ejecutable a la presente resolución para que cumpla, y previo su requerimiento para tal efecto, en caso contrario procédase en su contra conforme a lo previsto en el capítulo de ejecución de sentencias previsto en el Código Procesal Civil”.

Según los denunciantes, esta resolución se tenía que haber combatido ante las instancias federales ya sea el Tribunal Agrario o los Juzgados Federales de distrito ya que los Juzgados de primera Instancia no tienen la competencia para conocer de esos procedimientos ya que son incompetentes.

INICIA LA INVESTIGACIÓN

Derivado de las denuncias anteriores, el órgano interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, envió al Gerente de la División de Distribución Centro Sur, Javier Valencia Barajas, un requerimiento de información complementaria, la siguiente información:

“Relación de juicios concluidos o vigentes correspondientes al año 2010 relacionados con la constitución de servidumbres de paso, y de ellos, cuántos y cuáles se declararon en rebeldía. También, qué acciones se llevaron a cabo para la atención de cada uno de los juicios indicados en los puntos anteriores, y si en esos casos se solicitó asesoría jurídica o apoyo del Abogado General”.

Hasta el momento la investigación no ha concluido por parte de la Secretaría de la Función Pública, en tanto que la Procuraduría General de la República delegación Morelos no ha informado de los avances en la indagatoria por la muerte de la abogada Amelia Ávila Vázquez.

Cabe mencionar que esa misma información ha sido solicitada a la CFE a través del Sistema Infomex, sin que hasta el momento se tenga una respuesta. En la delegación de la PGR tampoco se ha podido contactar a la delegada.