Trabajadores denunciados deben ser separados de sus funciones: abogado.

El Grupo Educa se pronunció porque en la legislación se deje asentada la responsabilidad de los funcionarios encargados del sector educativo si un trabajador docente, administrativo o de cualquier tipo es denunciado por abuso sexual contra estudiantes en escuelas y no se le separa de su función en los planteles. 

Luego de que la Asociación Estatal de Padres de Familia de Morelos (Aepaf) revelara que cada año reciben reportes de alrededor de cuatro casos de este tipo y demandó que se considere en la ley la protección de los infantes, el grupo Educa respaldó la propuesta. 

El debate resurgió por el caso de un profesor de una primaria ubicada en el municipio de Jojutla, señalado por abuso sexual de dos de sus estudiantes de primer grado. 

Una de las familias señaló que denunció la agresión contra su hija, pero debido a la naturaleza del proceso, la defensa del imputado habría promovido que la menor sea sometida a un careo, que sus padres consideran más perjudicial para la salud psicológica de la pequeña. Temen que sea puesto en libertad o en su caso sea condenado a una penalidad corta y posteriormente esa persona regrese a laborar en la misma escuela o en otro plantel frente a grupo. 

El presidente del grupo Educa, Juan Juárez Rivas, se sumó a la demanda de que se reforme la legislación con el fin de considerar estos graves casos. Recordó que ciertamente el sistema judicial actual tiene como principio central la presunción de inocencia. 

Sin embargo, consideró que es fundamental que, en casos de esta naturaleza, no se violen los derechos humanos del maestro, pero que tampoco se ponga en riesgo los derechos de los niños y las niñas. 

 “Cualquier maestro o trabajador relacionado con abuso sexual a un alumno, debe ser denunciado y se debe seguir el procedimiento y en caso de que se dicten sentencias condenatorias ese trabajador va a la cárcel y no puede seguir trabajando para ninguna institución”, aseveró. 

Juárez Rivas recordó que hay antecedentes de maestros que, a pesar de ser sentenciados, fueron reincorporados al servicio educativo.

Refirió que en su momento su organización entregó a la Secretaría de Educación (cuando fue titular Ramón Tallabs Ortega) un listado de maestros condenados: “si llega a ocurrir, nosotros en su momento hicimos una revisión y encontramos toda una lista de trabajadores que seguían dando clases o laborando en planteles, porque solo los movían de escuela, porque las autoridades no querían meterse en problemas con los trabajadores de la educación”.  

Expuso que en la legislación debe quedar estipulado que si alguna persona está sentenciada por estos delitos, debe ser separada de sus funciones en la educación y no volver a ningún área, sin responsabilidad legal para los patrones, en este caso para la autoridad. 

Explicó que en muchos casos el problema es que cuando existe un abuso sexual en alguna escuela pública o privada no se denuncia para evitar el escándalo, pero lo más grave es que en el gobierno no quieren hacerlo tampoco y eso dificulta la persecución.  

“El que debe salir por corresponsabilidad es el funcionario público, aquí correspondería al director del IEBEM y al secretario de Educación. Ellos deben denunciar los delitos, porque de lo contrario se pone en grave riesgo a niños en las escuelas. Por eso debería de aplicarse la responsabilidad legal en ellos, quienes tienen facultades y obligaciones en el sector”, concluyó.