Debido al creciente número de  negocios que comercializan en la vía pública sin autorización ni licencia, las cámaras de comercio, servicios y empresariales han elaborado una propuesta que será entregada al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, proponiendo que se tomen medidas definitivas para disminuir esa tendencia.

En el documento firmado, entre otras organizaciones, por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Servitur), la de Comercio en Pequeño (Canacope) y de la Industria Restaurantera (Canirac), solicitan al edil levantar un censo al respecto, para saber con precisión cuál es el número de comercios informales que operan en las calles, porque no existe por ahora.

Luego de lo anterior, buscar un espacio en donde se construya un mercado, en el cual puedan desarrollar sus actividades sin afectar los derechos de los demás, sobre todo las banquetas, que impiden el acceso peatonal y ponen en riesgo la seguridad de los transeúntes, que se ven obligados a transitar por el arrollo.

En uno de sus puntos se aclara que se les reconoce el derecho de buscar un ingreso personal y familiar, sin embargo, al hacerlo en las calles, plazas y banquetas, están agrediendo derechos a terceros y ello incluso es materia de sanciones que la propia autoridad ha omitido aplicar.

Sobre ello Harry Nielsen León, presidente de Canirac manifestó que se trata de un problema al que lejos de darle solución, se le ha permitido crecer sin límite, lo que lleva incluso a una competencia desleal con negocios legalmente establecidos, independientemente de que en lo que se refiere al primer cuadro de la capital, se genera una imagen poco apropiada para la atención al turismo.

José Salgado Patiño, de la Canacope, dijo que es responsabilidad de los gobiernos, estatal y municipal, generar condiciones a fin de que todos esos establecimientos sean reubicados en espacios adecuados, porque además son objeto de toda clase de abusos, so pretexto de incumplimiento de normas. Son víctimas de la corrupción, pero pareciera que eso es lo que quieren quienes sacan ventajas económicas, consideró.

Llevarlos a la legalidad, bajo un régimen de cuota fija, sería además una manera de que contribuyan con algo de impuestos, es cuestión de voluntad, aunque se tendrá que hacer una labor de consenso y acuerdo con los distintos grupos y organizaciones que los han venido amparando, mencionó.