A los 14 años de edad María contrajo matrimonio con un hombre de su comunidad.

Hoy, seis años después, tras decidir divorciarse, sus suegros exigen que María pague los 70 mil pesos que “invirtieron” en ella, pues de lo contrario amenazan con denunciar y pedir que –con base en los usos y costumbre de su comunidad– la metan a la cárcel.

“¿Por qué voy a regresar su dinero si yo no tengo dinero? No tengo para qué, si yo ahorita que ando sola, ¿dónde voy a conseguir tanto dinero para devolver a ellos también? Pero ellos, quién sabe, ellos andan con problemas, quieren que me vaya a mi pueblo y todo eso para que yo devuelva el dinero, para que yo esté en la cárcel con mis padres porque ellos no quieren regresar el dinero. Yo no quiero, eso es lo que dicen ellos”, dijo.

La mujer, de 20 años de edad, concedió una entrevista a La Unión de Morelos en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que le brinda asesoría jurídica.

Aunque algunos habitantes de la zona no ven esta práctica con buenos ojos, son conscientes de que es frecuente en los poblados de la montaña.

“Depende, como le decía, hay mujercitas que si ya tuvieron un fracaso, ya tuvieron un bebé, entonces a ellas las rematan en 70, 80 mil pesos, 100 mil pesos.Pero si es una muchacha que terminó su estudio, que terminó el colegio, pues entonces cuestan hasta 180, más la fiesta, la res, los cartones de cerveza, unos 60 cartones de cerveza para que coma el pueblo y todos estén ahí contentos”, dijo Matilde Sierra, habitante del municipio de Metlatónoc, Guerrero.

Según esta costumbre, una vez acordado el precio, la familia del novio paga a sus futuros consuegros el dinero o “dote” y con eso adquiere la propiedad de la mujer.

También deben pagar los gastos de la fiesta de la boda.

Éste fue el caso de María.

“Si a una muchacha le pide el hombre que se case y luego los padres piden dinero, a veces mucho, a veces poquito, a veces hay fiesta, a veces aunque no quiera la muchacha, la venden. Y después cuando la muchacha o el muchacho ya no quiere estar juntos, se separan y luego los suegros pues le empiezan a pedir dinero, que le devuelva el dinero que gastaron con las muchachas y todo eso; así son, así hacen”, contó.

Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos han documentado que en los últimos 17 años, unas 300 mujeres han tenido que casarse bajo estas condiciones en esa región de Guerrero.

Con un hijo y tras vivir seis años casada contra su voluntad, entre maltratos y abusos, María decidió divorciarse de su esposo, quien no opuso resistencia.

“Mi esposo me dejó y dejó a mi hijo también y luego se fue y ya ahí pues él también decidió divorciarse de mí”, expresó.

Son sus suegros quienes ahora le exigen que pague el dinero que gastaron por ella, sin tomar en cuenta los abusos de los que fue víctima en su matrimonio.

“Fui su sirvienta o como criada porque todo el tiempo hacía el trabajo de ellos y bueno yo decidí y mi esposo decidió divorciarse de mí. Y yo no le pude decir que no porque él quiso divorciarse de mí y yo también, y sí y esa fue decisión de nosotros, pero mis suegros dicen que quieren todo su dinero porque ellos gastaron por su hijo y así hacen en la Montaña, así hacen con la nuera, tienen la costumbre de así y a mí me pasó pues”, expresó.

María, como otras mujeres obligadas a casarse, también fue golpeada por el padre de su hijo.

“A veces me echaba cachetada en la cara, pero no me pegaba decirlo, así de pegarme muy fuerte, no, pues me regañaba, se enojaba, es un poco, nunca fue tan feliz, pues un día estaba bien, otro día se enojaba, así nada más porque él quiere que yo el trabajo lo haga todo el día. No debo de estar sentada porque él no fue a pedirme para que yo esté sentada en su casa, sino para hacer la comida, trabajar, hacer el aseo de la casa”, dijo.

Esta costumbre provoca indignación entre muchas mujeres de la comunidad, quienes exigen la intervención de las autoridades para impedir que se siga llevando a cabo.

“Sí conozco algunos casos, no es mi familia, pero personas de los pueblos que venden a sus hijas, las venden y pues no, no somos mercancía realmente, somos mujeres, pero sí he visto casos, algunos”, dijo Rosa Citlali Arias, habitante de Tlapa de Comonfort.

Con esta costumbre, las mujeres aseguran que su vida se denigra, al ser compradas como si fueran animales.

“Como mujeres es algo denigrante para empezar, más allá de ser mujer, creo que somos personas; no creo, somos personas.Tenemos dignidad, tenemos un valor que no tiene, que no es económico y el asignarle un precio a una vida no tendría por qué pasar.Entonces es algo realmente indignante, algo que como mujeres realmente nos violenta, nos agrede porque nosotros no tenemos un precio, es como si le asignáramos un precio a las personas, es como si vendieras, no sé, un pollo, compraras algún animal”, expresó  María Isabel Pichardo, vecina de la comunidad de Tlapa de Comonfort.

Incluso algunas adolescentes escapan de sus casas para evitar ser vendidas. En la cabecera municipal buscan refugio con familias y posteriormente intentan huir hacia Estados Unidos.

“Eso está muy mal, nos hace sentir mal, nos hace que nos decaigamos. Yo tengo en mi casa una niña que ella salió, corrió, se fue de su casa porque sus papás la querían vender al mejor postor.Se fue, estuvo con nosotros y ella lo que quiere es estudiar, trabajar, quiere salir adelante y ella la única visión que tiene ahorita es yéndose ilegalmente a Estados Unidos para poder trabajar”, contó Matilde Sierra.

Con la intervención de organizaciones sociales, las mujeres luchan en contra de esta costumbre arraigada en la Montaña.

Hoy algunas de ellas han decidido brindar su apoyo a las mujeres que padecen esas circunstancias.

“Las mujeres somos, podemos y somos muy fuertes e inteligentes para llegar a lograr todas nuestras metas.Nosotras mismas podemos y como mujeres ayudar a otras mujeres pues para que sigamos adelante y que esas mujeres se informen y seamos más empoderadas, como es la palabra común de aquí, de ahorita, para que la igualdad realmente se dé”, expresó Citlali Arias.

A pesar de los casos documentados desde hace casi dos décadas, activistas lamentan que hasta el momento, ni las autoridades de Guerrero ni la Federación han actuado para poner fin a esta práctica, incluso a pesar de las recomendaciones internacionales.