Las clases en la entidad se reanudarán al cien por ciento hasta el 3 de noviembre, informó el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Morelos, Alejandro Pacheco Gómez, al señalar que hay varias tareas pendientes tras los daños ocasionados por el temblor del 19 de septiembre.
La realización de los dictámenes sobre las condiciones de inmuebles se ha realizado de manera más lenta de lo esperado y, de acuerdo con las proyecciones oficiales sobre este aspecto, y la instalación de aulas móviles, será hasta el tercer día del próximo mes cuando todas las escuelas hayan regresado de manera permanente a las actividades académicas.
Hasta este fin de semana, el avance en la realización de los referidos dictámenes era de apenas el 45 por ciento. “Pues sí, de 45 por ciento, la verdad es que ahí sí se nos ha hecho cuello de botella, pero porque queremos que la situación de regreso a clases sea la mejor, sin mayor riesgo para los jóvenes (el regreso a clases). Estaríamos pensando, lo tenemos planteado, hasta el 3 de noviembre”.
Los apoyos de la SEP para planteles afectados comenzaron a fluir, y no sólo para los centros escolares que por el grado de impacto se tienen que demoler y reconstruir, sino para todos los que tienen cualquier afectación.
Informó que por parte del gobierno de Morelos se recibió la solicitud de recursos que se denominan Apoyos Parciales Inmediatos (Apis), de los cuales se lograron 222 millones de pesos que ya están radicados en cuentas del estado.
Además, se destinaron aproximadamente siete millones de pesos para brigadas de trabajo y supervisión del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa; también existe la posibilidad de reorientar fondos del programa Escuelas al Cien, con un monto asignado a Morelos por 137 millones 450 mil pesos. Estos últimos ya estaban aprobados y fueron liberados por el secretario Aurelio Nuño Mayer, de los que ha dado cuenta el Ejecutivo estatal recientemente.
Subrayó que también se consideró a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tras una reunión con el rector Alejandro Vera Jiménez, con una aportación de alrededor de 180 millones de pesos que corresponden al Programa de Escuelas al Cien, que el propio rector aceptó reorientar a la reconstrucción y reparaciones de inmuebles dañados por la contingencia.
El delegado de la SEP enfatizó que la fecha límite para registrar algún concepto adicional y proyectos específicos al Fondo Nacional de Desastres Naturales es este 20 de octubre. Por ello esperan haber incorporado en línea todas las demás escuelas dañadas.
Si se logran hacer esos registros conforme a la normatividad, se podrían obtener alrededor de mil 800 millones de pesos en total.
Pacheco Godínez comentó que el conteo de las escuelas que resultaron como pérdida total por parte del gobierno estatal indica que son 28 planteles. Pero apuntó que las aseguradoras continúan haciendo el trabajo de revisión, “porque seguramente muchas de ellas deberán ser atendidas con recursos del Fonden y se harán ajustes con las empresas aseguradoras”.
Las proyecciones de regreso a clases paulatino plantean que se habrán reanudado labores de manera permanente al cien por ciento en el estado hasta la primera semana de noviembre, porque además de los dictámenes de Ineiem, se harán algunas otras acciones.
Entre ellas se van a rentar aulas móviles para los centros escolares que sean demolidos y necesitan una reconstrucción total, cuyo proceso implica más tiempo. Apuntó que dichas aulas provisionales son arrendadas y ya tienen los recursos para ello, precisamente porque no quieren que se queden por mucho tiempo y de esa forma alentar la reconstrucción definitiva de las escuelas. No precisó el costo a pagar por esa renta, que habrá de absorber la SEP.
Pacheco Gómez insistió en que comprenden la postura de los padres de familia de querer que sus hijos vuelvan a las aulas y no pierdan más tiempo, pero reiteró que se tiene que regresar bajo acuerdos efectivos, donde todas las partes estén conformes, ya sea con un dictamen, con aulas provisionales o con sitios alternos, pero siempre con la anuencia de todos, dentro de cada uno de los colectivos escolares, directivos, maestros y padres de familia.