El Congreso del estado desechó la solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez, presentada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, por presunto desvío de recursos en el ejercicio del crédito de dos mil 806 millones de pesos, que fue contratado por el Poder Ejecutivo en 2013.

En reunión de la Junta Política y de Gobierno, diez de las 11 fuerzas políticas en el Congreso del estado dieron su respaldo al mandatario estatal, al impedir que el proceso avanzara a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Finalmente, el bloque de la izquierda, conformado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), logró sumar 25 votos en contra del juicio político con el respaldo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista, Humanista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Partido Social Demócrata (PSD).

Mientras que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), con los cinco votos de sus diputados, sostuvo su postura a favor de ir a fondo en la demanda de juicio político, pues según el diputado Carlos Alaniz Romero, existían elementos para que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado analizara el caso.

Sin embargo, el legislador panista lamentó que los diputados locales hayan antepuesto intereses políticos a los de la ciudadanía, por lo que tendrán que asumir el costo social como LIII Legislatura.

Los coordinadores parlamentarios sustentaron su determinación de desechar el juicio político en un supuesto estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que resolvió que no había elementos para proceder en contra del mandatario. Dicho estudio, según se dijo, costó 350 mil pesos al Congreso del estado.

Fue en noviembre del año pasado cuando los integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos presentaron la demanda de juicio político, proceso que se postergó con el pretexto de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), no había concluido la auditoría especial al crédito de los dos mil 806 millones de pesos.