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El Poder Ejecutivo abrió un nuevo frente de conflicto, al culpar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso local de las deficiencias normativas para garantizar la protección de la vida y los derechos de las mujeres en Morelos.
En medio de las críticas al gobierno estatal por el incumplimiento de las recomendaciones derivadas de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho de los 33 municipios, el Poder Ejecutivo promovió ante la SCJN la controversia constitucional 14/2016 contra actos de los diputados, a quienes responsabilizó de incurrir en omisiones y aprobar reformas sin previo debate y sin cumplir con los estándares internacionales.
La disputa legal surgió a raíz de que la Comisión de Equidad de Género del Congreso rechazó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo acusó a los legisladores de aprobar reformas “sin discusión expresa” y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes y derivadas del proceso legislativo concerniente al decreto número catorce por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género; acto legislativo en el que el Congreso hace patente su negativa de cumplir con su función principal de creación normativa, incumpliendo con los mandatos constitucionales y convencionales en la materia”.
La SCJN admitió la controversia constitucional y concedió al Poder Ejecutivo la suspensión para no acatar la orden de publicación del Congreso de las reformas concretadas por los diputados en las sesiones del 9, 14 y 15 de diciembre de 2015 en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género.
