El Tribunal Estatal Electoral (TEE) presentó de nuevo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la Ley de Egresos de Gobierno de Morelos 2016, en la cual se redujo significativamente el presupuesto del órgano jurisdiccional.

Luego de que hace unas semanas fue desechada la controversia constitucional promovida por el TEE y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), justamente por que la ley no admite que dos o más entes promuevan demandas conjuntas, la SCJN dio trámite a la controversia 15/2016 promovida por el tribunal.

En la demanda, el TEE pidió "la invalidez de la alteración o modificación” que realizó el gobernador al proyecto de presupuesto de egresos y el decreto final aprobado por el Congreso, en el que se redujo en un 50 por ciento el presupuesto inicialmente solicitado por el tribunal.

Originalmente, el TEE había solicitado casi 22 millones de presupuesto para el 2016, pero el Poder Ejecutivo redujo la propuesta a 17 millones, y finalmente el Congreso aprobó para el tribunal 12 millones 252 mil pesos.

De acuerdo con la demanda, con la reducción presupuestal que hicieron tanto el gobierno de Morelos como el Congreso, se vulneró la autonomía del TEE, “impidiendo el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente se le encomiendan y poniendo en riesgo la existencia misma del tribunal”.

De acuerdo con la entrevista realizada el 27 de enero pasado al presidente magistrado del TEE, Carlos Alberto Puig Hernández, está en riesgo la operatividad el órgano jurisdiccional, ya que no tendría capacidad para mantener la plantilla de personal y la capacitación constante que exige la materia electoral, sobre todo porque “la elección que viene, la del 2018, consideramos que va a ser muy controvertida, y porque el número de asuntos se ha ido incrementado conforme pasan los años”.

Recalcó que “de nada nos serviría tener recursos en el 2018 (fecha de la próxima elección) si el personal no está capacitado. La verdad eso daña, el derecho electoral es una disciplina que pocos abogados practican, entonces necesitamos que (el) personal esté permanente con nosotros”.

Hace un par de semanas, también el Impepac anunció que intentaría una nueva controversia constitucional contra la reducción de presupuesto, ya que originalmente había requerido más de 90 millones de pesos, pero el Poder Ejecutivo disminuyó la propuesta a 88 millones y finalmente el Congreso asignó al instituto un presupuesto anual de 78 millones 458 mil pesos, de los cuales casi 63 millones son para prerrogativas de partidos políticos.