El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) convocaron al “Seminario Internacional, Evaluación de las elecciones 2015 y la reforma 2014: diagnóstico y propuestas”, el cual fue diseñado para evaluar el funcionamiento de la reforma electoral a la luz de la experiencia del proceso 2014-2015, identificando los problemas presentados en la implementación de las nuevas facultades y atribuciones en esta materia, así lo informó el TEPJF mediante un comunicado oficial.

Ayer se llevó a cabo la mesa sobre “Candidaturas Independientes: Asimetrías legales entre candidaturas de partidos y candidaturas independientes", en la que participaron la Doctora Jacqueline Peschard (UNAM), ex comisionada presidenta del ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de  Datos (INAI); la Doctora Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM); la Doctora Rosa María Mirón Lince (UNAM); y la magistrada del TEPJF, Alanís Figueroa.

La magistrada del TEPJF señaló que los diseños legislativos implementados tanto a nivel federal como local, no permiten que la ciudadanía acceda con facilidad  a este tipo de candidaturas y sostuvo que bajo los estándares internacionales el porcentaje de respaldo máximo que necesita un candidato independiente es del uno por ciento (1%) de la lista nominal;  además, advirtió lo innecesario y costoso que resulta acompañar la solicitud de registro con las copias simples de las credenciales de elector de quienes respaldan la candidaturas.

Asimismo, consideró que se debe eliminar para los candidatos independientes la previsión de que el financiamiento público debe prevalecer al de origen privado, con la finalidad de que las condiciones de campaña entre los candidatos independientes y los de los partidos políticos sean equitativas.

La juzgadora advirtió que pese a las complicaciones legales y presupuestarias que enfrentaron, las candidaturas independientes se convirtieron en una opción política real y viable, con lo cual: 1. Se cristaliza una nueva dimensión del derecho humano a ser votado; 2. Se otorgan nuevas opciones a la ciudadanía;  y 3. Se inaugura una vía paralela a la estructura partidista para el acceso a cargos de elección popular.