Con la reforma al artículo 487 del Código Procesal Familiar de Morelos, se eliminó la vía judicial e instituyó un procedimiento administrativo para simplificar el proceso de corrección de actas.

Anteriormente, el Código Procesal Familiar de Morelos establecía que la vía para solicitar la corrección de actas era un juicio ordinario civil, lo que significaba para los juzgados una carga de trabajo adicional y para los ciudadanos un trámite lento y largo, con una duración aproximada de once meses, y que además implicaba invertir en los honorarios de abogados  y posponer planes personales o decisiones de vida.

De acuerdo con la Dirección General del Registro Civil, cada año se presentan entre cuatro mil y seis mil solicitudes de corrección de actas. 

“Corregir el acta, se convierte en la contratación de un abogado para llevar el trámite del juicio, seguido de la comparecencia en forma personal ante el juzgado para las audiencias previa y de conciliación, y de desahogo de pruebas, así como el constante ir y venir a la sede de la Oficialía del Registro Civil donde se realizó el registro y la ciudad cabecera del distrito judicial donde se encuentra ubicado el juzgado de primera instancia competente, para diligenciar los exhortos correspondientes; lo que conlleva a que la rectificación se realice después de once meses y además, al gasto oneroso para la persona y la familia por concepto de honorarios profesionales y viáticos del abogado”, dice la justificación del decreto por el cual el Congreso de Morelos modificó el artículo 487 del Código Procesal Familiar, relativo al procedimiento de rectificación de actas del registro civil.

En dicho artículo, cuya reforma está en vigor desde el 13 de noviembre,  se estableció que la aclaración de actas procede cuando existan errores mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de reproducción gráfica, que no afecten la filiación de las personas físicas y deberá tramitarse ante las Oficialías del Registro Civil de cada municipio o ante la unidad responsable del Registro Civil del Poder Ejecutivo Estatal.