Incluso, varios litigantes y ciudadanos que fueron convocados por las diversas agrupaciones de abogados y organizaciones sociales no pudieron ingresar al salón, ante la concurrencia que abarrotó el lugar.

En un primer momento, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, leyó una lista de aspirantes en la que se incluyó al ex diputado priista Javier Mújica Díaz, quien se presentó y se auto propuso en el momento. En total sumaron 24 litigantes enlistados, sin embargo, sólo entregaron su currículum al gobernador 19.

Los abogados que oficialmente fueron enlistados como aspirantes son: Georgina Valladolid Sánchez; Adela Manzanarez Alonso; David Vargas Téllez; Josué Rodolfo Tapia Acevedo; Jesús Díaz Dirsio; Marcelino Vázquez Huitrón; Honorato Estrada Guadarrama; Israel Rafael Pérez; Daniel Montero Zendejas; Enrique Pérez Salazar; Yolanda Gutiérrez Neri; Juan Juárez Rivas; Ana Luisa Rocha Valencia; Raúl Villafuerte; Rafael Humberto Garduño; Josué Rodolfo Tapia; Agustín Aragón Sosa; Javier Mújica Díaz y Gabina Reyes Quezada.

Adela Manzanarez Alonso, al ser mencionada como una de las aspirantes, fue aclamada por un grupo importante de abogados y organizaciones.

Incluso, durante su discurso, el gobernador Graco Ramírez destacó en tono cordial que “si fuera por aplausos” Manzanarez Alonso sería procuradora, sin embargo, destacó que como titular del Ejecutivo su responsabilidad le exige hacer un análisis minucioso de cada uno de los aspirantes para escoger a la mejor abogada o mejor abogado.

Resaltó que en un plazo no mayor de 40 días elegirá a los abogados que formarán la terna que enviará al Congreso para la designación del nuevo procurador o procuradora, no obstante, antes los aspirantes tendrán que sometidos y aprobar los exámenes de control de confianza que realizará el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Para ello, los 19 aspirantes deberán entregar una “carta de aceptación” en la que consientan ser sujetos a estos exámenes a cargo del órgano federal de investigación.

Asimismo, ante los abogados y organizaciones sociales, el nuevo titular del poder Ejecutivo detalló que implementará un proyecto de modernización de la fiscalía estatal, de mejoras salariales al personal de las agencias del Ministerio Público, de profesionalización y capacitación.

Además implementará un sistema para que la ciudadanía pueda realizar denuncias en línea (vía internet) y llevar juicios en línea.

También dijo que trabaja en la recuperación de 200 millones de pesos que durante los últimos tres años no fueron ejercidos por la administración anterior, con la finalidad de contar con el mayor número de recursos para destinarlos a seguridad pública y dar tranquilidad a las familias morelenses.

De igual forma, expresó que planea apoyo financiero para la Defensoría Pública del Gobierno del estado, con el objetivo de que las personas involucradas en un conflicto legal tengan asistencia y acceso a un debido proceso.

Resaltó que con el proceso abierto para la designación del nuevo titular del PGJ se pretende despolitizar el nombramiento y que no sea por amiguismos, por el contrario, sostuvo que el fin es que se tenga a los mejores perfiles, a gente comprometida y capaz de enfrentar el reto de frenar a la delincuencia.

Incluso, resaltó que si la persona que sea designada como procurador o procuradora no cumple con los compromisos adquiridos, solicitaría la revocación del nombramiento y su sustitución.

Penalistas piden depuración de aspirantes

Por otra parte, la Asociación de Abogados Penalistas consideró prudente que se haga una depuración de aspirantes con base en los mismos lineamientos planteados en la convocatoria lanzada por el gobernador para la postulación de propuestas.

Cristian Fragoso, dirigente de los abogados penalistas e integrante del Foro Morelense de Abogados, expuso que “hubo un excesivo número de personas” postuladas y no todas fueron propuestas de organizaciones e instituciones académicas como establecía la convocatoria.

Destacó que los aspirantes y las organizaciones del Foro Morelense de Abogados, presentaron no sólo los currículos y documentos probatorios de que los abogados cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de procurador, sino también las actas constitutivas de cada una de las agrupaciones para darle completa seriedad a las propuestas y dar certeza de la personalidad jurídica y representación que tiene cada organización.

Consideró necesario que las autoridades estatales hagan una depuración de aspirantes con base en los lineamientos de la convocatoria, de lo contrario, se corre el riesgo de que “se cuele” a la terna una persona sin legitimidad, ni respaldo social, e incluso que no pertenezca a ninguna organización.