El ex diputado federal advierte que la elección del 23 de octubre de 2011, que fue “la mas sucia” en la historia de esa organización, lo que provocó que se impugnara todo el proceso, en varias entidades a consecuencia de que se permitió la participación de un importante número de simpatizantes y militantes de otras organizaciones (en su momento señaló que el padrón de perredista se alteró en el 34% del padrón en Morelos).

Esto provoca la perdida de confianza hacia la dirigencia por parte de la militancia. Ya que asegura, no reflejan la composición ni el peso de los diversos grupos que se incluyeron en el PRD, recuerda que la comisión nacional de garantías de ese partido no ha dictaminado ni calificado las impugnaciones que se presentaron y que están en suspenso.

A través de espacios legales se dio paso a la instalación de estructuras que pueden solucionar el trámite del registro de candidatos a diputados locales, presidentes municipales y del propio gobernador, pero debe reconocerse que ese consejo no refleja el ánimo de participación de la base militante y si refleja el rompimiento que hay entre el compromiso que reclama la estructura y las condiciones que generaron la toma de protesta de Abel Espín García como presidente y Anastasio Solís Leso como secretario general, así como el resto de los integrantes de la estructura partidista.

Se trata, advierte, de una estructura que refleja y representa a quienes han tenido el control del partido, y recuerda que el actual líder es el suplente en el Senado de Graco Ramírez.

Así se logró instalar un consejo y la comisión política y de candidaturas, la cual debe revisar las propuestas, valorarlas y consignarlas a la comisión política nacional, que con las encuestas que se realizarán, determinarán quienes serán los candidatos, mismos que –asegura- no cuentan con el apoyo de la militancia que tuvieron los candidatos que en 1997 lograron más de una docena de presidencias municipales, integran a una docena de diputados en el Congreso local y enviaron a tres de los cuatro diputados federales de Morelos.

Al concluir, el proceso electoral del 2012, el Partido de la Revolución Democrática tendrá que analizar lo que le sucedió. Hoy se advierte un serio distanciamiento entre los militantes de Morelos que impulsaron su fundación desde el Frente Democrático Nacional (los primeros presidentes Juan Ignacio Suárez Huape y Julián Vences Camacho, siguen activos y están ajenos a los acontecimientos de la organización), lo que puede dar paso a un nuevo partido político.

Recuerda el ex diputado federal para el periodo 1997-2000, que para la fundación del PRD se dispuso del registro que tenía el PMS, por ello -indica- puede darse desde el movimiento en torno al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el surgimiento de una nueva organización política que recupera la relación militancia-dirigencia que hoy está “quebrada” en el PRD Morelos.

¿DÓNDE ESTÁ EL CANDIDATO?

El tropiezo de Enrique Peña Nieto, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, demostró que el candidato priista es “cuestionable” y que esos señalamientos impactan en su ventaja electoral, la confrontación que hay entre los precandidatos a la presidencia de la República del PAN: Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel, registran un impacto en el ánimo de voto para esa organización, la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de la “República Amorosa” ha incrementado su simpatía electoral.

Carmelo Enríquez Rosado recuerda, que en 2006 Andrés Manuel López Obrador tuvo como coordinador de su campaña en la entidad a Juan Salgado Brito, esa estructura logró más de 300 mil sufragios, lo que lo colocó en primer lugar de la contienda los candidatos a senador de aquella alianza, Graco Ramírez y Noé Sánchez obtuvieron 100 mil votos menos y el candidato a gobernador Fernando Martínez Cué fue segundo lugar en la contienda.

Esta ventaja electoral vuelve más compleja la definición de quien será candidato, hay aspirantes registrados, advierte el ex legislador Graco Ramírez, Rabindranath Salazar y Mario Rojas. El voto “base” que otorga en Morelos la candidatura de AMLO, genera confianza entre los contendientes, lo que provoca presiones al interior de la organización, los que mayor actividad realizan son Rabindranath Salazar y Graco Ramírez.

Los detractores del senador refieren el rompimiento que con la base histórica, ha generado su liderazgo, sobre todo desde que se adjudicó como propia la causa de la solicitud de licencia al cargo de gobernador por parte del general Jorge Carrillo Olea en 1998.

Carmelo Enríquez recuerda que en el Partido de la Revolución Democrática existió una sólida relación entre la dirigencia y la militancia desde 1991 y hasta 1997, en algunas ocasiones, incluso llegaron a mantenerse unidos aun contra las determinaciones e intromisiones del comité nacional. Hoy existe una importante alianza entre la dirigencia nacional y la estatal, que incluso pretende imponer criterios a la militancia.

Esta actitud genera diferencias cualitativas recuerda, el resultado de 1997, provocó que los perredistas conocieran el poder en municipios y distritos, lo que construyó una imagen “idílica” que creyeron “eterna”, lo que provocó que fueran selectivos, construyendo una elite que ha sometido al aparato del partido.

Los gobiernos que han surgido desde las filas del PRD han logrado ser eficientes, sin embargo, han dejado de lado la vocación social que debe caracterizar a los proyectos que surgen desde la “izquierda, han resultado gobiernos con resultados similares a los de sus adversarios, lo que ha provocado el desencanto de la base militante que es la que ha logrado los triunfos.

En Morelos, hasta antes de la definición del candidato a presidente de la república en torno a Andrés Manuel López Obrador, era el tercer lugar. Las condiciones hoy han cambiado, por ello, la presión al interior de la organización para definir quién será el abanderado a gobernador.

CRISIS TRIPARTITA

El conflicto que entre los priistas de Morelos provocó la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, de impulsar una candidatura de unidad en relación a la figura de Amado Orihuela Trejo, para “superar” la realización de una convención de delegados, a la que acudieran registrados varios aspirantes, motivó la confianza en el Partido Acción Nacional y en el de la Revolución Democrática.

Al interior del PRI, el viernes 20 de enero, trascendió la intención de impulsar la postulación del ex dirigente estatal de esa organización, lo que provocó una serie de protestas y de denostaciones por parte de los grupos que encabezan Manuel Martínez Garrigós y Maricela Sánchez Cortés, lo que convierte a esa organización en una estructura fracturada en tres partes: Maricela y sus 10 mil mujeres, Manuel Martínez y su triunfo de 57 mil votos en el 2009 y una estructura en Cuernavaca construida luego de tres campañas constitucionales, Amado Orihuela fue diputado federal en 2006 y local en 2009, en las dos ocasiones logró mayoría de sufragios en las contiendas constitucionales respectivas, para llegar a la dirigencia estatal se pactó una alianza con Manuel Martínez Garrigós.

Este escenario de “pulverización” de sufragios ha incrementado la confianza entre quienes aspiran a la nominación para la gubernatura en el Partido Acción Nacional, donde han hecho pública su intención de participar Adrián Rivera Pérez, Alejandro Villarreal y Demetrio Román Isidoro, el conflicto surge en torno al método que deberán utilizar para definir quien será su candidato, ya que aseguran que si la consulta es sólo entre los militantes registrados, el abanderado será Adrián Rivera Pérez, que tiene influencia en la mayoría de los más de cuatro mil militantes.

Si logran abrir la determinación sobre la candidatura a la participación de los adherentes, llegarían a ser cerca de 33 mil los que tendrán la posibilidad de decidir quien será candidato, lo que equilibra la competencia entre Adrián Rivera y Alejandro Villarreal que representa al grupo ajeno a las simpatías del representante federal.

En el Partido de la Revolución Democrática anunciaron que será mediante encuesta como definan quien será el candidato, en su historia esta organización acredita el incumplimiento de acuerdos, sobre todo cuando son impulsados desde el centro del país, como en el actual. Aquí pueden esperarse dos escenarios, que impugnen el resultado de la encuesta como sucede en el PRI, o que definitivamente los perredistas inconformes con la candidatura impuesta desde el centro impulsen a la propuesta que más posibilidades tenga de lograr el mayor número de sufragios como sucedió en 2009 en Cuernavaca.

En las tres organizaciones existen fracturas que provocarán la migración de una parte de los considerados “votos duros”, los mismo sucede en cada uno de los municipios donde los comités estatales y nacionales intervengan para desplazar la determinación de la militancia municipal, lo que provoca incertidumbre en los resultados y excita la participación de quienes consideran que ciertas candidaturas pueden beneficiarles.

En Morelos un amplio sector considera que con Enrique Peña Nieto cualquier candidato a gobernador puede triunfar, lo mismo se replica en el ánimo de los perredistas en torno a Andrés Manuel López Obrador, lo que ha violentado el proceso interno de estas organizaciones.

El Partido Acción Nacional ha disminuido sus preferencias electorales en Morelos, sin embargo la pulverización de las otras dos fuerzas ha provocado excitación en su militancia, por lo que por primera vez no han definido quien será su abanderado. La determinación de las tres candidaturas vivirá etapas intensas al interior de cada organización, contaminadas por encuestas y determinaciones nacionales, ajenas al diluido objetivo democrático de permitir que la sociedad decida luego de analizar a todos los candidatos. En esta ocasión deberá decidir en torno a las figuras que las burocracias de cada organización permitan que se registren, luego de las confrontaciones que pueden desarrollarse en el caso de gobernador hasta el 7 de abril, fecha limite para que cada partido registre a su aspirante ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), y el 14 de abril en el caso de legisladores locales y alcaldías. El proceso de precampañas inicia legalmente el 20 de febrero y concluye el último día de marzo. Existen condiciones para que en cada una de las tres fuerzas políticas con mayor simpatía, se vivan semanas intensas en relación a las definiciones.

El análisis de las propuestas, las plataformas y los proyectos de gobierno o para las legislaciones está pospuesto para su revisión en cuanto determinen quienes serán sus abanderados, la confrontación en el PRI trajo un efecto de “daño colateral” que hoy impacta el ánimo de todas las fuerzas políticas.

Las supuestas alternativas de los partidos de oposición se ven rápidamente desgastadas. Sus prácticas muchas veces terminan repitiendo los modelos clientelares de control sobre los ciudadanos que ponen de manifiesto la continuidad de la cultura política, señala el investigador Morgan Quero, en un documento titulado “Una periferia que puede ser centro: sociedad civil y gobernabilidad en Tepoztlán”.

DE LA MOVILIZACIÓN AL CAMBIO POLÍTICO

Para entender el efecto que pudo tener la movilización de la sociedad civil morelense contra el gobernador Carrillo Olea, es importante recordar el ánimo general de los ciudadanos después del doble proceso electoral estatal y federal de 1997, anunciando de algún modo el gran cambio electoral que se dio en julio a nivel nacional. Estas elecciones, tanto las locales realizadas en marzo como las federales de julio, marcaron un cambio fundamental en el escenario político local. Sin este preámbulo poco podríamos entender de la fuerza que logró concitar la sociedad civil en su iniciativa por enfrentar de manera más decidida la crisis de gobernabilidad.

Al mismo tiempo, es indispensable asociar el conflicto en Tepoztlán que se inició en 1995 con el efecto dominó que lo siguió en torno al cambio político-partidario. El “efecto Tepoztlán” se tradujo en un nuevo escenario político a partir de 1997, en donde el PRI sufrió una muy profunda, y quizás irreversible derrota electoral. Pero también logró despertar a las redes sociales que conectan a los distintos pueblos y comunidades del estado en un mismo esquema de cultura política.

El sistema político-institucional empezaba entonces a recibir los signos inequívocos de una sociedad civil que se expresaba también electoralmente en la crisis del momento.

En términos político-electorales, el partido que capitalizó el descontento fue el PRD. Aunque en 1994 Jorge Carrillo Olea ganó el gobierno del estado con un holgado 63%, en las elecciones federales de 1997 el PRI sólo pudo ganar un distrito electoral perdiendo los tres restantes contra el PRD. Unos meses antes, en el momento de renovar el Congreso Estatal, el PRI logró mantener sólo 13 escaños contra 11 del PRD, cinco del PAN y uno del PCM.

Al mismo tiempo, también se renovaron las 33 presidencias municipales,

En donde el PRI había tenido un monopolio casi exclusivo; sólo conservarían 17 presidencias municipales, 13 irían al PRD, dos al PAN y una al PCM. La mayoría absoluta se perdía en el Congreso, y a nivel municipal el PRI sólo recogía el voto fiel de los municipios más marginados y periféricos de la entidad, los más necesitados del apoyo y la cobertura institucional que, como mediador, el PRI podía seguir otorgándoles.

Por otro lado, la sociedad civil se expresó a través de una fuerte participación electoral, reduciendo el abstencionismo a un promedio de 44% en todo el estado para las elecciones locales.

La fuerte participación electoral venía a confirmar el interés y la posibilidad de una disputa más amplia en relación con el tema de la gobernabilidad. La fragmentación electoral obligaba al gobernador a redefinir sus alianzas estratégicas con diversos sectores sociales y a recomponer su imagen pública. Si quería seguir gobernando, el PRI tenía que cambiar su pacto de gobernabilidad, extendiéndolo y no reduciéndolo a sus simpatizantes solamente. El golpe electoral al PRI re-dibujó el mapa político de Morelos, creando de facto una disputa bipartidista, esencialmente entre el PRI y el PRD. Y esto a pesar de la muy ajustada victoria que obtuvo el PAN en la capital del estado, Cuernavaca.

Este nuevo escenario tuvo la virtud de fortalecer a los múltiples grupos y organizaciones civiles que se habían construido en los años setentas y ochentas desde diferentes espacios de lucha y participación: movimientos de mujeres, organizaciones de campesinos, colonos y pueblos, comunidades eclesiales de base, asociaciones ambientalistas, de derechos humanos, de obreros textiles, migrantes, marginales y sindicatos magisteriales autónomos, entre otros.

La densidad del tejido asociativo de Morelos se vio de pronto alentada con estos resultados electorales. De la memoria reciente emergían las figuras de Rubén Jaramillo y el obispo de Cuernavaca Méndez Arceo (1952-1982). Internamente, el desgaste del gobierno se expresaba en la inseguridad pública.

Esta temática permitió aglutinar a sectores muy diversos de la sociedad.

Fue allí en donde la capacidad de movilización, comunicación y lucha política de las organizaciones civiles pudo expresarse. “Al ser la seguridad pública y el empleo los ejes propagandísticos de la campaña de 1994 de Carrillo Olea, la realidad se volvió contra el discurso cuando ambas problemáticas se agravaron significativamente”.

Así, el 10 de junio de 1997 se dio la primera de las tres marchas del silencio que se efectuaron en el estado para protestar contra el gobierno estatal y en las cuales participaron miles de personas de los sectores medios urbanos, principalmente de Cuernavaca y Cuautla, que se movilizaron siguiendo el llamado de las organizaciones civiles Casa Ciudadana y la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).

A medida que la inseguridad crecía, expresándose en un aumento considerable de secuestros que afectaba incluso a sectores medios, se observaba un aumento en las movilizaciones y en las peticiones de la sociedad civil. Las primeras protestas pedían más seguridad y eficiencia por parte de las autoridades respectivas, pero al no ver resultados inmediatos se empezó a pedir la salida de altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta tendencia se exacerbó cuando el 28 de enero de 1998 agentes de la Policía Federal de Caminos detuvieron al comandante antisecuestros de Morelos. Esta situación terminó de acorralar al gobernador Carrillo Olea y aumentó las protestas de la ciudadanía.

El domingo 8 de marzo, pese a no tener una figura legal, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, organismo encabezado por Ana Lilia Cepeda, Graco Ramírez y Carmen Genis (todos ellos del PRD), que reunía a los principales grupos y asociaciones civiles del estado, realizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la permanencia en el cargo del gobernador Jorge Carrillo Olea. El 94% de los votos, es decir 96.849 personas, se expresaron porque renunciara, y 6.072 porque permaneciera, de un padrón estatal electoral de aproximadamente 400 mil personas.

El 10 de marzo la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión exigió la destitución inmediata del gobernador y la designación de un mandatario interino. Para el 12 del mismo mes, durante una gira por el estado, el nuevo líder del PRD, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de destituir a Carrillo Olea por no garantizar las condiciones de gobernabilidad.

Un día después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió al Congreso del Estado una recomendación en la que pide que se investigue la procuración de justicia del gobierno de JCO.

El 19 de marzo la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, que aglutinaba a la mayoría de las organizaciones civiles de Morelos, anunció el inicio de acciones de resistencia civil, y un día después industriales y empresarios se manifestaron a favor de la validez oficial de figuras como el referéndum, el plebiscito y la consulta pública. Como una medida más de presión e inconformidad, el 22 de marzo el Congreso del Estado rechazó la cuenta pública del gobierno estatal y negó la autorización para pedir un préstamo de 80 millones de pesos. La presión en las instancias federales también continuó, y así el 25 de marzo legisladores federales de oposición exigieron la separación del cargo de Carrillo Olea, en tanto que el PRI señaló que se castigaría a los responsables, debilitando aún más al gobernador.

El 7 de abril el Congreso del Estado recibió tres denuncias y solicitudes para iniciar juicio político en contra de Carrillo Olea, entre ellas las de los integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, firmada por Julián Vences Camacho, Graco Ramírez, José Luis Correa Villanueva (PRD), Carmen Genis y el líder estatal del PAN, Adrián Rivera. Ese mismo día el Colegio Morelense de Abogados señaló que la recomendación emitida por la CNDH no era ni inconstitucional ni ilegítima.

El 11 de abril, día del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, en el municipio de Ciudad Ayala, en donde se realizaba una ceremonia a la que asistieron el gobernador y el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, irrumpieron integrantes de la Asamblea Popular Tepozteca, del PRD y de la Coordinadora Morelense pidiendo la renuncia del gobernador.

El 8 de mayo la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política aprueba el dictamen de juicio político en contra del gobernador del estado, iniciándose el 14 de mayo ante la decisión del mandatario de no solicitar licencia. Sin embargo, bajo esta fuerte presión, el 15 de mayo de 1998 Carrillo Olea terminó solicitando licencia por un plazo indefinido al cargo de gobernador del estado, “para contribuir a restablecer los canales de una relación constructiva que tan positiva fue en el pasado y que no logré por otras vías”.

Aunada a la presión de los actores de la sociedad civil, representados de manera central (y relativamente unificada) por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, la influencia de los medios de comunicación fue también determinante. El 23 de febrero de 1997 el diario The New York Times, a través de sus corresponsales Sam Dillon y Crais Pyes, vinculó seriamente en un artículo al gobernador Carrillo con el narcotráfico.

De igual forma contribuyeron varios diarios nacionales, entre los que se destacaron por su cobertura La Jornada, El Financiero y Reforma. En medios como la televisión y la radio, en los que tradicionalmente es más difícil adoptar una actitud crítica, se le dio una amplia cobertura al problema. Gran interés al respecto mostró Pedro Ferriz de Con en su noticiario radial Para Empezar, uno de los más escuchados en el país, lo mismo que el periodista de Televisa Ricardo Rocha. Ambos mostraron abiertamente su repudio otorgando espacios a los detractores del gobernador y aportando pruebas comprometedoras en relaciòn al tema de los secuestros y la inseguridad. Concluye el investigador.

Esta movilización social hoy está “secuestrada” en la burocracia de los partidos, pero puede reactivarse durante la competencia constitucional.