Lo anterior permitió conocer que más de 40 ex trabajadores le reclaman más de 20 millones de pesos en juicios que datan desde la administración de Noé Sánchez Cruz, procesos legales que no fueron resueltos por el Ayuntamiento de Javier Orihuela García y que hoy forman parte de los asuntos pendientes del alcalde Nereo Bandera Zavaleta, quien tomó posesión en noviembre del año pasado.

En la lista de demandantes aparecen ex funcionarios de primer nivel que están en espera de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dicte el laudo correspondiente o bien que el Ayuntamiento acceda a cumplirlo para cobrar las cantidades reclamadas que a continuación se mencionan:

Oscar Peralta González, tesorero municipal durante la administración de Noé Sánchez Cruz (y quien estuvo bajo proceso penal por el delito de peculado pero finalmente fue exonerado), mismo que hoy reclama el pago de dos millones 503 mil pesos.

Luis Demetrio Flores Balderas, primero oficial mayor y después secretario de Servicios Públicos en la misma administración de Noé Sánchez, quien reclama dos millones 609 mil pesos por despido injustificado.

Oscar Samario Hernández, quien aparece en la lista entregada por el actual Ayuntamiento con dos demandas laborales, una en la que reclama 625 mil pesos y en la otra 109 mil, ambas como director de gobernación.

Moisés Sánchez Cruz, aparentemente hermano del mismo alcalde mencionado, quien demanda el pago de 942 mil pesos después de haberse desempeñado como secretario particular del director del Sistema de Agua Potable.

Alfonso Ortíz Cervantes, ex Subdirector de Obras, reclama 728 mil pesos; Guadalupe Castillo Lora, ex directora en la Secretaría de Administración pide 759 mil pesos de indemnización; Salvador Sierra Fernández, ex coordinador general de la Dirección Municipal de Integración Social, exige 605 mil pesos, en tanto que la ex directora de Planeación y Desarrollo demanda 622 mil pesos.

Llama la atención que, según la información proporcionada por el Ayuntamiento que hoy dirige Nereo Bandera, Guillermo Herrera Jarillo, en su calidad de secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, tiene demandado al Ayuntamiento por 950 mil pesos.

También resalta que, no obstante que tradicionalmente los asesores de los regidores no cobran como empleados del Ayuntamiento sino que les pagan los propios concejales con recursos del municipio, hay dos asesores, Silvia Cruded Heredia y Víctor Guillermo Sosa López, quienes tienen demandado al Ayuntamiento por 413 mil y 827 mil pesos, respectivamente.

El caso del Sistema de Agua Potable es especial, pues prácticamente fueron despedidos todos. La lista entregada por el Ayuntamiento incluye desde el subdirector administrativo, Jaime Resendiz León, al secretario particular ya mencionado, hasta operadores de pozos, lecturistas y auxiliares administrativos y choferes, por lo que sólo este organismo presenta una deuda de más de tres millones de pesos en demandas laborales.

LA SOLICITUD QUEDARA COMO PRECEDENTE

Independientemente de dejar al descubierto las millonarias deudas que dejó el Ayuntamiento de Noé Sánchez Cruz, y que su compañero de partido Javier Orihuela no quiso o no pudo resolver (hoy heredadas al edil Nereo Bandera Zavaleta), la solicitud hecha por La Unión de Morelos al Ayuntamiento de Temixco con base en la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, sirvió para que el órgano garante establezca como criterio que esta información es parcialmente pública y puede ser desclasificada.

Al analizar el recurso de inconformidad ante la negativa parcial del objeto obligado, el Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) llegó a la conclusión de que “la difusión tanto del nombre del demandante, el cargo ocupado, así como la dependencia en que se encuentra el juicio, no entorpecen el trámite legal de las diligencias propias del juicio incoado. Bajo esta hipótesis, cabe señalar que no se ha conculcado el derecho fundamental de acceso a la información de Jesús Castillo García, sino más bien, queda garantizado para su ejercicio una vez que las causales de reserva se hayan extinguido. Por ello se determina que la entrega de la información solicitada debe entregarse en versión pública, esto es, ante la existencia del dato específico considerado como reservado, aquellos que quedan excluidos de esta clasificación, deben proporcionarse al solicitante, en ese orden de ideas, la ley de la materia proporciona la directriz que ha de seguirse en estos casos, al respecto se citan textualmente los artículos 45 y 90 de la ley en comento:

Artículo 45.- La autoridad no podrá negar el acceso a las partes reservadas de un documento.

Artículo 90.- Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información reservada o confidencial, siempre que los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas.

“En este sentido, como ha quedado demostrado en el desarrollo del presente considerando, la información solicitada por Jesús Castillo García es parcialmente pública, por ello, al existir un acta emitida por el Consejo de Información Clasificada del Ayuntamiento de Temixco, correspondiente al día once de diciembre de dos mil ocho, se concluye revocar parcialmente el acta en comento, manteniendo la reserva de aquellas diligencias propias de los juicios o procedimientos que no haya causado estado o ejecutoria”.

Cabe mencionar, que este mismo criterio deberá ser sostenido por el IMIPE en peticiones similares a otros Ayuntamientos o dependencias estatales.