El vocero de la CIDHEM, José Martínez Cruz, expresó que la reforma a la ley prevé la intervención de la Fuerza Armada en supuestos hechos de disturbio de la paz pública, lo cual preocupa debido a que son funciones que constitucionalmente no le competen.

Expresó que la regularización de la participación de la Fuerza Armada Permanente (FAP) carece de controles democráticos sobre su actuación en la atención a supuestas “afectaciones a la seguridad interior”, lo que se ve reflejado en la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos de civiles y la ausencia de mecanismos de monitoreo y fiscalización por parte del Congreso y el Poder Judicial y los organismos públicos autónomos.

Además, expresó que la intervención y efectividad de la Fuerza Armada en el mantenimiento de la seguridad ha sido por demás cuestionable, pues en 17 de las 32 entidades federativas de la república, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.

“El costo humano ha sido bastante alto. Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un mil por ciento entre 2006 y 2009; el 33 por ciento de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, dijo,

Comentó que a ello se adiciona el aumento exponencial en la tasa nacional de homicidios, pues mientras se venía registrando sistemáticamente cada año hasta un mínimo histórico de alrededor de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007, en el 2009 la tasa de homicidios se disparó a 18, con una variación de 75.43 por ciento.

Según cifras oficiales, al menos 18 de las 32 entidades federativas han experimentado una variación igual o mayor al 50 por ciento de incremento en la tasa de homicidios.

Martínez Cruz explicó que el predictamen establece un sistema de excepción penal para las fuerzas armadas, favoreciendo la arbitrariedad en la persecución de supuestos delitos que pudieran devenir en criminalización de conductas que no son delictivas, tales como la protesta social pacífica, la defensa de derechos humanos o el ejercicio del periodismo.

“Lo anterior resulta tanto más grave cuanto se otorga a los elementos de la FAP la facultad de privar de su libertad a las personas y mantenerlas en custodia en coordinación con la PGR”, expresó.

Sostuvo que es inadmisible que la Fuerza Armada actúe en contra de civiles, pues en un Estado democrático de derecho esa jurisdicción debe tener un alcance restrictivo y excepcional.