Piden rescate para los municipios ahogados por el pago de laudos, cuyos cabildos están en riesgo de destitución.

Los pasivos laborales ya ejecutoriados eran en noviembre de 370 millones.

Con una deuda cercana a los 400 millones de pesos por incumplimiento en el pago de laudos, los alcaldes pidieron al gobierno del estado y al Congreso local un rescate financiero urgente para los municipios.
Sergio Livera Chavarría, alcalde de Totolapan, sostuvo que se requieren al menos 200 millones de pesos para evitar la destitución de los integrantes del cabildo en los municipios con más deudas por demandas laborales.
Citó el caso de Puente de Ixtla, Cuautla, Ayala, Tetecala e incluso Totolapan, que recibieron deudas millonarias de las pasadas administraciones municipales.

Aseveró que los 20 millones de pesos que etiquetó el Congreso del estado en el Presupuesto de Egresos del estado 2021 "no alcanzarán ni para la muela", considerando que la deuda de los municipios por incumplimiento en pago de laudos era de 370 millones de pesos hasta noviembre del 2020.

Además, lamentó que pese a la situación "grave" que enfrentan los ayuntamientos en el tema, el Poder Ejecutivo no distribuyó los 50 millones de pesos que asignó el Congreso local en el Presupuesto 2020.
"No recibimos nada y con la invalidez de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado del año pasado ya no se pudo hacer nada", declaró.

El edil propuso integrar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca) y los alcaldes para plantear un posible rescate financiero en este año.
Por su lado, el presidente de Zacualpan de Amilpas, Adrián Cázarez González, dijo también que es urgente que los diputados aprueben sus leyes de ingresos municipales, pues de lo contrario será más complicado para los Ayuntamientos solucionar sus problemas financieros, como los causados por el pago del aguinaldo.

Refirió que la mayoría de los municipios implementó acciones urgentes para generar más ingresos, como la aplicación de descuentos en el pago del impuesto predial y otros servicios públicos, apoyos que sólo se brindaban a la ciudadanía a finales de año.