Por tal razón, a partir del próximo primero de marzo, los más de 500 elementos de la PIBA serán reubicados en la Policía Preventiva Estatal, dejando sin seguridad a más de 200 particulares que pagaban por ese servicio a razón de 16 mil pesos mensuales por elemento.

Lo anterior, de acuerdo a un oficio firmado por el  subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, general Edgar Luis Villegas Meléndez, en el que se especifica que la licencia colectiva de portación de arma es exclusivamente para brindar la seguridad que constitucionalmente es obligación de las entidades federativas, más no para ofrecer servicios a particulares a cambio de un pago.

En cumplimiento a lo anterior, los alrededor de 200 particulares que tenían contratado este servicio, recibieron un oficio de la PIBA en el que les informan que a partir del primero de marzo la corporación ya no estará en posibilidades de seguirles brindando dicha prestación.

Esto incluye a los más de 50 elementos que desempeñan labores de seguridad personal (escoltas) a empresarios y comerciantes.

Consultados al respecto, algunos empresarios que tenían “pibas” contratados como guardaespaldas, expresaron su inconformidad en virtud de que esa era la única opción con la que contaban para contrarrestar la inseguridad que prevalece en Morelos y en el país.

“Si el gobierno no te puede garantizar la seguridad que la Constitución le obliga, nos dejaba la posibilidad de pagar por ella, teniendo a un policía con arma de cargo pero pagado por nosotros. Ahora ni nos garantiza nuestra seguridad, pero tampoco nos permite contratarla”, comentó uno de los empresarios afectados.

Y es que, a decir de los empresarios, la única opción que les dejan es la contratación de escoltas que ofrecen empresas trasnacionales y cuyo costo es muy superior al de los policías auxiliares.