Política
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Revisará Congreso solicitud de juicio político

Pleno legislativo pretende dar trámite a la denuncia promovida por el Ejecutivo estatal contra el exgobernador Graco Ramírez, por diversas responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

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El próximo miércoles, el Pleno del Congreso del estado daría turno a la denuncia de juicio político que promovió el Poder Ejecutivo en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez, por diversas responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

La coordinadora de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, aseguró que habrá condiciones para sesionar en el Pleno y turnar la solicitud a la Junta Política y de Gobierno (JPyG), órgano que deberá revisar su procedencia.

La legisladora morenista afirmó que a pesar de que la presidencia de la JPyG no se ha instalado, el órgano político podrá sesionar con al menos dos grupos parlamentarios para iniciar la revisión de la denuncia, la cual debe ser ratificada por la Consejería Jurídica esta semana.

Flores Espinoza refirió que aún y cuando no se les ha entregado la denuncia y no la conocen de fondo, se trata de un proceso más para castigar las irregularidades que se cometieron en la pasada administración estatal, por lo que manifestó su confianza en que la solicitud de juicio político esté bien sustentada.

"No es un tema de una cacería de brujas, sino un tema de realmente hacer justicia, porque es dinero que es de los ciudadanos, porque simplemente no llegó a donde correspondía, a donde tenía que llegar... esto va a ser un ejemplo para muchos que entran, que están en la política, de cuidar lo que hacen porque lo que maneja el Ejecutivo, los municipios, es recurso de los morelenses y no podemos dejar que quede impune esta situación y nosotros haremos lo propio (sic)", manifestó.

El proceso que busca la inhabilitación del ex mandatario también señala a los ex titulares de la Secretaría de Finanzas, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, como responsables de no haber entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) recursos por un monto aproximado de 120 millones de pesos que ya estaban etiquetados.

 

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Ana Lilia Mata

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