El Consejero Jurídico del gobierno estatal anuncia que se agotarán los recursos legales existentes; asegura que el documento se aprobó sin cumplir requisitos legislativos.

El Poder Ejecutivo sí ejercerá su derecho de veto al paquete económico aprobado por el grupo de diputados conocido como “G15”; en caso de que no sean atendidas sus observaciones, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, recordó que el plazo para enviar al Congreso local la respuesta vence el 24 de este mes.

Mientras tanto, continúa el estudio financiero y legal del documento, pero ya se han identificado “inconsistencias” que abren un camino legal para hacer valer la propuesta del Ejecutivo.

“Se conoce como el derecho de veto. Estamos trabajando en ello, a la espera de la indicación correspondiente por parte del señor gobernador. De manera inicial se hacen las observaciones, ellos las tomarán en consideración o no y ya, si no se toma en cuenta, se hará la publicación (del decreto) y luego el gobernador determinará el momento en el que se emprendan acciones. Hay una acción que se denomina controversia constitucional y no está descartada ninguna acción jurídica”, expresó, al ratificar que si no hay un cambio de postura por parte de diputados, se recurrirá a la SCJN.

El abogado del estado refirió entre las “inconsistencias” que no se siguieron los procedimientos legislativos. Expuso que “al parecer” nunca se abrió la sesión a la que convocó el presidente de la mesa directiva del Congreso, y cuando se aprobó el paquete económico no se cubrieron las condiciones normativas para considerar iniciada la citada sesión del pleno.

Además, han identificado que no corresponden las sumatorias de cantidades que los mismos diputados asignaron a ciertos rubros.

Recordó que en tanto se resuelve de fondo el asunto, se sigue aplicando el presupuesto del 2018, en el que -por cierto- sí es factible hacer transferencias de recursos a rubros distintos a los que las partidas financieras fueron asignadas originalmente.

“Creemos que hay irregularidades mayores y por eso consideramos que no está sustentado jurídicamente y que es factible que el gobernador ejerza el derecho de veto”, añadió Sotelo Salgado, al exponer que -de igual manera- ven posibilidades de ganar, en un momento dado, una controversia constitucional.