La ruta de los 45 millones de pesos autorizados por el Congreso local para la elaboración de uniformes escolares gratuitos ciclo 2017-2018 comienza en la Secretaría de Hacienda que manejaba Jorge Michel Luna; pasó por el IEBEM que estaba a cargo de Yaneli Fontés Pérez (esposa del ex fiscal Javier Pérez Durón) y terminó en manos de dos mujeres que no son empresarias ni funcionarias, de nombres Julia Domínguez Miranda y María del Carmen Alcántar, a quienes nadie conoce, mismas que recibieron 16 millones 990 mil pesos, y cinco millones 338 mil pesos, respectivamente, por instrucciones de la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Blanca Almazo Rogel.

De acuerdo a investigaciones de La Unión de Morelos, Julia Domínguez Miranda aparece como empleada menor del Ayuntamiento de Jiutepec que presidía en ese periodo Manuel Agüero Tovar. A ella, el IEBEM le depositó el dinero que supuestamente sería repartido entre las mujeres costureras que elaborarían los uniformes, en tanto que a María del Carmen Alcántar le pagaron por hacer la distribución de las prendas en todo el estado, sin que existan documentos probatorios de su cumplimiento.

Pero ello no sería posible sin la participación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), a cargo de Blanca Almazo Rogel, dependencia que ordenó al instituto pagarle a Julia Domínguez Miranda en su calidad de representante de los “talleres de costura del programa jefas de familia” la cantidad mencionada, aunque ella no esté dada de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por lo tanto no pudo dar factura.

Previamente, el Congreso reformó el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Fracción XV para que las beneficiarias de los programas de Sedeso pudieran recibir contratos por adjudicación directa.

Otro gasto importante fue la adquisición de las telas, ya que se erogaron (sin previa licitación) 26 millones 62 mil pesos por concepto de telas a favor de la empresa Mayar de México S.A de C.V.  (la cual existe y sí cumplió con la entrega del material, no así con otros servicios prometidos).

La administración entrante del IEBEM encontró cuatro facturas pagadas a favor de Mayar de México S.A. de C.V., así como facturas pequeñas por etiquetas, instrucciones y tallas a nombre de Zeus Manzano Carmona; Mario Alberto Ruiz, por hilos, aceites y agujas; y Polietilenos del Sur, por bolsa transparente y cinta. En total, se pagaron 504 mil 682 pesos a los proveedores mencionados.

Algo inexplicable hasta este momento, es que al sumar todos los gastos antes mencionados, se obtiene la cantidad de 48 millones 897 mil pesos erogados por el IEBEM cuando el presupuesto aprobado era de 45 millones,  pudiendo darse la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda haya enviado una ampliación tomando dinero de otra partida, por ejemplo, del programa para la adquisición de lentes para alumnos de secundaria, para el cual estaban etiquetados cinco millones de pesos y no aparecen.

Todo ello forma parte de una “auditoría forense” que se realiza en el IEBEM con la finalidad de verificar el destino de los recursos financieros que se erogaron, así como los uniformes escolares, ya que hasta el momento la autoridad desconoce cuántas prendas entregaron las costureras de la Sedeso y cuántas realmente llegaron a los alumnos de primaria.

LA RUTA DE LAS MÁQUINAS DE COSER

De manera independiente a los 45 millones de pesos que autorizó el Congreso para el programa mencionado, la Quincuagésima Tercera Legislatura aprobó 10 millones de pesos para apoyar a mujeres jefas de familia con la adquisición de máquinas y equipo necesario para la instalación de talleres de costura que funcionarían en sus propias casas.

El programa tuvo un uso electoral desde el principio, ya que –de acuerdo a entrevistas con beneficiarias de este programa- fueron empleados de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) los que se encargaron de reclutar a las aspirantes.

Señalan directamente a las diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Silvia Irra Marín  y a Julio Espín como quienes aprovecharon el programa para allegarse de simpatizantes.

El manejo de los 10 millones de pesos etiquetados para la adquisición de las máquinas de coser no fue nada claro.  

“Mi grupo es de seis personas, y nos dijeron que cuando saliera el proyecto nos darían una máquina de coser con valor de 15 mil pesos a cada una, es decir, que nuestro grupo tendría 90 mil pesos en máquinas. Nos llevaron al banco para hacer un cheque a nombre del proveedor por 64 mil pesos. Cuando les preguntamos que el resto del dinero que nos habían aprobado quién se lo queda, nos dijeron que nos darían la información después”, explicó una de las beneficiarias.

Como prueba, entregó a este reportero una factura impresa a nombre de “El Grajo S.A. de C.V.” (con domicilio en la ciudad de México) por 64 mil 357 pesos por concepto de tres máquinas, una mesa y un regulador.

La factura tiene fecha del 20 de julio del 2017, cuando ya era obligatorio expedir las facturas electrónicas. Es decir, que el comprobante que la Sedeso dio a las mujeres para demostrar que las máquinas son de ellas es apócrifo, por lo tanto no refleja la cantidad real que se pagó.

Lo peor del caso es que la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo del ex árbitro Gilberto Alcalá Pineda no tiene interés en saber qué sucedió con ese dinero. Al menos así lo demuestra con la respuesta que dio su Unidad de Transparencia a una solicitud de información pública, en la que asegura que ese programa fue operado por el IEBEM.

Al momento, la Sedeso desconoce dónde están las máquinas de coser adquiridas con recursos del programa de apoyos para jefas de familia y mucho menos el destino de los uniformes escolares que supuestamente fueron elaborados con dicha maquinaria.