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Un mes antes de dejar el cargo de gobernador, a Graco Ramírez Garrido Abreu se le ocurrió que quería comprarse un vehículo con recursos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM). En un solo día, fue dado de alta como afiliado a pesar de que no es trabajador, le tramitaron su crédito y le entregaron su cheque por 600 mil pesos.
De un análisis de la normatividad que rige a dicha institución, y con base en los documentos entregados por el ICTSGEM en respuesta a solicitudes de información pública, se concluye que el préstamo otorgado a Graco Ramírez fue totalmente ilegal.
Para concedérselo, el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, le entregó a su jefe el gobernador un documento con el cual le comunicaba que tenía derecho a un beneficio que su administración instituyó desde julio del 2013 para que los servidores públicos de Mando Superior pudieran adquirir un vehículo sin contar con la antigüedad requerida en el Instituto de Crédito.
Sin embargo, en ninguna parte de esa normatividad aparece la figura del gobernador como beneficiario, y además establece claramente que los vehículos serán “para realizar las actividades oficiales que tienen encomendadas”, lo cual no aplica tomando en cuenta que sólo le restaban escasos días para concluir su encargo como jefe del Poder Ejecutivo.
En todo este proceso fue determinante la participación del entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y de la entonces directora del ICTSGEM, Paula Trade Hidalgo, ya que el primero firmó el documento donde avalaba el “derecho” del gobernador a un beneficio especial, y luego firmó como su aval para el caso de que Graco no pague, en tanto que la directora prácticamente puso a todo el personal de la dependencia para integrar ese expediente en cuestión de horas.
Y es que la normatividad para ese caso de créditos establece que las situaciones no previstas serán resueltas por el Órgano de Gobierno del Instituto, que encabezan la directora del mismo y el secretario de Hacienda.
EL FUNDAMENTO LEGAL
El 27 de agosto del 2018, llegó a la oficina de Paula Trade la copia del oficio SH/2021-8/2018 que dirigía el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
En ese documento, cuya copia fue entregada a este reportero en respuesta a la solicitud de información folio 01029918, Michel Luna le notifica al gobernador, “que a partir de esta fecha tendrá acceso al beneficio conferido en el artículo 5 del Acuerdo Citado, mismo que será equivalente al nivel 103 del Tabulador de sueldos del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, en virtud de las funciones y atribuciones conferidas al cargo que desempeña”.
El firmante se refiere al Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de Carácter General que en Materia de Racionalidad y Austeridad se deberán observar para el Uso de Vehículos para el Desarrollo de las Actividades Oficiales de los Servidores Públicos de Mando Superior de la Administración Pública Estatal, publicado el 3 de julio del 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
En dicho acuerdo se establece que El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, “otorgará un apoyo económico a los servidores públicos de mando superior que pongan a disposición un vehículo de su propiedad para realizar las actividades oficiales que tienen encomendadas”.
Originalmente esta disposición tenía como objetivo que el gobierno no tuviera que gastar en vehículos para los titulares de las diferentes dependencias, y daba como opción que los funcionarios “podrán acceder a un esquema de financiamiento por parte del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos para adquirir un vehículo nuevo o usado, en la inteligencia de que dicho vehículo se adquiere para realizar las actividades oficiales que tienen encomendadas por virtud de su nombramiento, además del uso personal correspondiente; debiendo informar a las Secretarías de Hacienda y Administración de tal circunstancia”.
En el mencionado periódico oficial “Tierra y Libertad” viene un tabulador: secretario, $600,000; coordinador general y subsecretario, $400,000; director general, $200,000.
En ninguna parte habla de que el gobernador tenga derecho a dicho beneficio.
¿Por qué el secretario de Hacienda le notifica que “a partir de esta fecha tendrá acceso al beneficio conferido”? Sólo él lo sabe, pues dice fundamentarse en los Artículos Tercero y Noveno de los Lineamientos Específicos para el Cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones de Carácter General que en Materia de Racionalidad y Austeridad se deberán observar para el Uso de Vehículos para el Desarrollo de las Actividades Oficiales de los Servidores Públicos de Mando Superior de la Administración Pública Estatal, pero en dicha normatividad sólo menciona que “la Secretaría de Hacienda notificará en forma individual y por escrito a los Servidores Públicos de Mando Superior, las fechas en que podrán tener acceso al beneficio conferido en el artículo cinco del Acuerdo que da origen a los presentes Lineamientos”.
Es decir, ¿por qué le dio acceso el 27 de agosto del 2018 y no antes o después?
NUNCA ACUDIÓ A SOLICITAR SU PRÉSTAMO
Mientras que miles de trabajadores del Gobierno tienen que esperar mucho tiempo para adquirir un crédito y muchos años cotizando para conseguir un préstamo, Graco Ramírez no tuvo que hacer prácticamente nada para obtener un préstamo de 600 mil pesos.
El primer paso para un trabajador común y corriente es afiliarse al Instituto. Para ello es necesario entregar personalmente en ventanilla los siguientes documentos:
Comprobante de nómina vigente (último talón de cheque, recibo de pago); Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte; comprobante de domicilio: recibo de agua, luz, teléfono residencial, servicio de cable, predial del año en curso o bien, carta de residencia (vigencia 60 días); acta de nacimiento (vigencia de 2002 a la fecha); Clave Única de Registro de Población; cróquis de localización del domicilio; acta de matrimonio del registro civil y acta de nacimiento del o los beneficiarios.
Ya dado de alta debe de hacer su solicitud correspondiente, entregando carta factura original del vehículo que va a adquirir, y contratar un seguro de crédito cuyo monto deberá ser cubierto en caja del Instituto el día de la entrega del crédito.
En cuanto la agencia le entregue el vehículo, la factura original deberá ser entregada al Instituto para que quede en prenda para el caso de que el afiliado no pague el empréstito.
Finalmente, deberá firmar un contrato y los pagarés respectivos.
Nadie vio al gobernador nunca en las instalaciones del ICTSGEM, el hecho es que a finales de septiembre trascendió en redes sociales una foto de pantalla conteniendo el expediente del “trabajador” Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
Ahí, aparece que el “trabajador” con número de afiliación 12-55282, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, tiene un crédito para auto nuevo de 600 mil pesos más intereses del 10% que suman 95 mil 633. Como aval aparece el nombre de Michel Luna Jorge, el mismo que le notificó que tenía derecho a un crédito para coche.
Su cheque, con número 20860 fue emitido por el Instituto el 18 de septiembre del 2018 y su primer descuento fue el 15 de octubre cuando todavía era gobernador.
En teoría, Graco Ramírez o su representante deberá acudir a pagar en ventanilla del Instituto de Crédito la cantidad de siete mil 652 pesos cada mes hasta cubrir su deuda total, y hasta ese momento le entregarán la factura del vehículo que compró.
Cabe mencionar que en ninguna parte se menciona que se trate de un beneficio concedido en los términos arriba mencionados por el secretario de Hacienda, pero el monto del crédito supera cualquier modalidad de las que tiene contempladas el Instituto.
En entrevista videograbada por varios medios de comunicación, la entonces directora del ICTSGEM, Paula Trade Hidalgo, declaró textualmente que “el gobernador también es un trabajador”, cuando legalmente no tiene ese carácter.
Un alto funcionario del anterior gobierno admitió en entrevista que Graco Ramírez no tenía derecho a ese beneficio porque el programa se creó con la finalidad de que los funcionarios compraran un vehículo y lo usaran mientras estuvieran en el cargo, no 20 días antes de terminar su periodo constitucional.
