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En el sexenio de Graco Ramírez se pagaron facturas millonarias a empresas “fantasmas” y a personas físicas que no demostraron el trabajo que realizaron y cuyos domicilios fiscales corresponden a modestas viviendas o departamentos abandonados en colonias populares, para lo cual se inventaron programas de radio y televisión por internet.
Hasta su último día, la Secretaría de Hacienda a cargo de Jorge Michel Luna protegió a dichos proveedores, al negar que se hubieran hecho transferencias a su favor cuando se le solicitó vía INFOMEX la relación de pagos. Al demostrársele que sí hubo contrataciones, la dependencia se justificó diciendo que fue error del peticionario al poner “Vázquez” en lugar de “Vasquez”.
EL CASO DE JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ VASQUEZ
En la lista de medios de comunicación favorecidos por el gobierno de Graco Ramírez llamó poderosamente la atención el caso de José Gabriel Hernández Vásquez, una “persona física con actividades empresariales” cuyo convenio mensual era de 250 mil pesos más IVA.
A través de solicitudes de información pública se pudo obtener copia de las facturas, en las que se observó que el concepto que se cobraba era el de “diseño, producción y manejo de imagen en Internet mediante la generación y transmisión de señales on line”.
La factura muestra el logotipo de lo que parece ser un programa de radio denominado “Los + busk2 Producciones” y como domicilio fiscal el ubicado en Avenida Ferrocarril No. 19 Col. Miguel Hidalgo C.P. 62748 de Cuautla, Morelos.
Mediante la solicitud 00427614 de INFOMEX se pidió al gobierno estatal tener a la vista los “testigos” que amparan los servicios prestados por la persona física de nombre Hernández Vásquez José Gabriel, y que se me diga por escrito cual fue el criterio que se aplicó para la contratación del proveedor.
En respuesta, el entonces director general de administración de la Secretaría de Información y Comunicación, Alejandro Flores Archer, dijo que “los contratos por servicios de difusión y los “testigos” no están disponibles en formato de versión pública, por lo cual cuando es requerida esta información, es necesario fotocopiar y procesar los documentos para elaborar la versión pública, en razón de que contienen datos personales de personas físicas y morales”.
“Respecto al criterio aplicado para la contratación, le informo que se hace de conformidad con las atribuciones que le confiere al titular de esta dependencia la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos”.
En una nueva solicitud de información (folio 00686118) se pidió “relación de pagos al C. José Gabriel Hernández Vázquez durante la presente administración, indicando fecha de pago, cantidad y concepto por el que se hizo dicho pago, así como la forma de pago, ya sea transferencia o cheque”.
El secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, contestó que “no existen pagos a nombre de dicha persona en los registros internos de la Tesorería General”.
Ante la negativa, se interpuso recurso de Revisión argumentando que con anterioridad la Secretaría de Comunicación había entregado documentos con ese nombre.
Ya en la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, la Secretaría de Hacienda reconoció que sí había pagos a favor de José Gabriel Hernández, pero que el segundo apellido era Vásquez y no Vázquez.
El tesorero general del estado, Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla Linares, remitió una relación de 14 pagos realizados durante los años 2013 y 2014 que suman cuatro millones sesenta mil pesos a José Gabriel Hernández Vásquez, todos bajo el mismo concepto de “manejo de imagen en internet” y con un disco compacto como testigo de los servicios prestados.
OTROS CASOS DE FACTURAS SIN SUSTENTO
En los primeros años de la administración de Graco Ramírez proliferaron las facturas pagadas a supuestos medios de comunicación inexistentes o cuyos servicios que prestaban no estaban claros.
Tal es el caso de la empresa Trade Staff Search S.A. de C.V. “Profesionales en Marketing, Comunicación en Medios y Relaciones Públicas”, que estuvo cobrando mensualmente 275 mil pesos por “pautas publicitarias en “Apunta TV”. Según la página www.apunta.tv, era un circuito de pantallas de plasma que transmite la señal de televisión o video que el establecimiento afiliado decida, pero que ya no existe.
Su domicilio fiscal es (según la factura) Callejón Apatlaco No. 8 edificio A interior 502 Col. Alta Vista. Durante una visita se pudo constatar que se trata de un departamento abandonado. En la entrada se encontró una notificación del SAPAC en la que se establece que se cortó el servicio de agua por falta de pago y que se dejó el aviso porque nadie habita el lugar.
Pero este mismo domicilio, también era ocupado por la empresa “Target, Merchandising & Communicaction” que en febrero del 2013 cobró 300 mil pesos mensuales por concepto de “Pauta publicitaria en el Canal Fox TV Group”.
Lourdes Lorena Lechuga Silva, con domicilio en Popocatépetl 20 Col. Hipódromo del Distrito Federal, cobró 501 mil 120 pesos por “manejo de imagen y comunicación en la campaña “Educación+Cultura=Seguridad”.
La empresa PC Answer, con domicilio en Homero 136 Col. Miguel Hidalgo del Distrito Federal, cobró en seis meses un millón 346 mil 388 en dos facturas por concepto de “Análisis y Tendencias de opinión y medición de la penetración de campañas de difusión de programas sociales”.
En la lista de proveedores de comunicación social aparece la empresa Upper Reach, con domicilio en Londres, con un pago por 35 mil euros sin especificar el tipo de servicio que prestó.
TAMBIÉN PAGARON POR “VIRALIZAR” INFORMACIÓN
A partir del 2016 el gobernador Graco Ramírez dio un giro de 180 grados a su política de difusión en medios de comunicación y cambió la publicación tradicional en medios impresos locales por la “viralización” de sus mensajes (ya sea para publicitar obras o para atacar a sus enemigos políticos) en redes sociales, a través de una empresa de la Ciudad de México que cobraba 3 millones 69 mil pesos mensuales.
A eso se debe que en la parte final de su sexenio proliferaron supuestos medios de comunicación que reproducían entrevistas con el gobernador, o bien que replicaban noticias en contra del rector de la UAEM, del obispo, o de miembros de la Coordinadora Morelense de Movimientos Sociales, y que podían reconocerse fácilmente porque traían la leyenda “publicidad”, lo que significa que todo el día se estaban reproduciendo hasta hacerse “virales”.
Uno de los responsables de este trabajo fue Tomás Álvarez Hernández, propietario y/o representante legal de la empresa GHR Comunicación S.A. de C.V., con domicilio en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México.
De acuerdo al contrato cuya copia obra en poder de este medio de comunicación, el gobierno de Morelos contrató los servicios de Tomás Álvarez Hernández, quien se obliga a “realizar la viralización y máxima difusión de campañas publicitarias de acciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en diversas redes sociales”.
Se pacta el contrato en dos millones 645 mil pesos más IVA, cantidad que fue pagada el 12 de febrero del 2016 según consta en la copia de la factura entregada por la Secretaría de Hacienda en respuesta a una solicitud de información pública. En la factura claramente se establece que dicha cantidad es por “campañas publicitarias en redes en enero del 2016”.
GHR Comunicación S.A. de C.V. es una empresa creada apenas el 8 de octubre del 2015.
