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Primero, le pagó 50 millones de pesos al que fuera jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el general Arturo Cardona Marino, por 53.7 hectáreas de tierra en el municipio de Yecapixtla (por las que el militar pagó 125 mil pesos en 1992), en el predio conocido como “El Lidón”.
Luego, le pagó a la empresa “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.” (por adjudicación directa) 36 millones para que hiciera un estudio de factibilidad de dicha obra, mismo que dictaminó que ésta era totalmente viable.
Pero el Centro de Reinserción Social o cárcel distrital de Yecapixtla nunca se realizó.
Ni el ex coordinador de Reinserción Social, Lucio Hernández Gutiérrez, ni el ex subsecretario de Obras Públicas, Víctor Manuel Escobar Lagunas, consultados al respecto, pudieron dar una explicación del por qué se canceló la obra. “Simplemente se dejó de hablar del tema”, coincidieron ambos ex funcionarios.
Por su parte, Armando Paredes Paredes, director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública de la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno estatal, afirmó que el objeto del Contrato SOP-SSES-DGN.A.D.-120/2014 “no es la construcción de una obra pública, sino un proyecto ejecutivo y un estudio análisis costo de dicho proyecto”, y está considerado dentro de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
Lo anterior, en respuesta a una solicitud de información pública, en la que concluye que el proyecto se considera como un “servicio relacionado con la Obra Pública y se llevó a cabo en los plazos contratados, por lo que su estatus es: concluido”.
Sin embargo, en opinión de ingenieros y arquitectos, aun cuando el trabajo fue realizado por el despacho de Roberto Rojas Argüelles, un experto en arquitectura penitenciaria, éste no debió costar más de 10 millones de pesos.
CLASIFICADO POR 12 AÑOS
El convenio de apoyo financiero firmado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Gobierno del Estado de Morelos, para la transferencia de los 36 millones de pesos está clasificado por 12 años.
Aun así, se logró saber que el dinero proviene del Fondo de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), creado en 1997, que posteriormente pasó a ser el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
El 1 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruyen medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia en las entidades federativas”, en el que se contempla que a través del fondo se destinarán a las entidades federativas hasta 400 millones de pesos para cubrir el pago de estudios en esta materia.
En diciembre del 2013 “se autoriza el otorgamiento de un apoyo No Recuperable a favor del Gobierno del Estado de Morelos (promotor) hasta por el 100% del costo de los estudios, pero no superior a 31 millones 531 mil pesos más el impuesto al valor agregado correspondiente, para los estudios que comprenden el de análisis costo beneficio y la realización del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Reinserción Social.”
El 3 de julio de 2014 la entonces secretaria de hacienda Adriana Flores Garza firmó el oficio SH/0962-2/2014, mediante el cual le informa a su similar de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, que “se autoriza la suficiencia presupuestal por la cantidad de 31 millones 531 mil pesos, dentro del Gasto de Capital (inversión pública) convenios federales 2014, específicamente del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para la ejecución de “Estudio para la Realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad, ubicada en Yecapixtla, Municipio de Morelos”.
Para conocer qué empresa se hizo cargo de dicho estudio, se hizo una solicitud de información pública a la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Graco Ramírez.
“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los expedientes unitarios de obra pública a cargo de esta Dirección General de Licitaciones y contratación de Obra Pública, le informo que se localizó el servicio relacionado con la obra pública denominado Estudio para la realización del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad y Estudio Análisis Costo Beneficio (Eficiencia), el cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número SOP-SSES-DGN.A.D.-120/2014. El servicio en comento, fue adjudicado a la persona moral denominada “Proyectos, Estudios y Coordinación S.C.”, contestó la dependencia a través del arquitecto Armando Paredes Paredes, director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.
También se le preguntó “lugar exacto que estaba destinado para esa obra y de quién es la propiedad”, ante lo cual contestó que “el objeto del contrato no es la construcción de una obra pública, sino un proyecto ejecutivo y un estudio análisis costo beneficio de dicho proyecto, motivo por el cual no se localizó ningún predio destinado para su construcción”.
Pero el funcionario miente o desconoce que cuando se inició el proyecto, ya había un terreno adquirido para tal fin.
LOS TERRENOS DEL GENERAL CARDONA
Este medio de comunicación tuvo acceso al convenio firmado entre Banobras y el gobierno del estado, con fecha 20 de junio de 2014, a pesar de estar clasificado por 12 años.
En este documento, el gobierno de Morelos declara que “mediante escritura pública número 1385 de fecha 14 de mayo del 2014, pasada ante la fe del Lic. Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público número 12 del Estado de Morelos, adquirió del Sr. Arturo Cardona Marino, en propiedad los predios siguientes:
a. Predio rústico denominado “El Lidón”, ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos, con la superficie, medidas y colindancias que quedaron precisadas en el antecedente I.1 de dicha escritura;
b. Predio rústico denominado el “Lidón” (sic) ubicado en los campos de Yecapixtla, Morelos.
Y efectivamente, al hacer una consulta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, se encontraron las inscripciones de los contratos de compraventa de los dos predios.
El primero, por escritura 1385 volumen 25 del libro de registro del notario Cortina Mariscal, de un predio de 253 mil 380 metros cuadrados, adquirido por el gobierno del estado, representado por Adriana Flores Garza, José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Carlos Riva Palacio Than e Ignacio Burgoa Llano.
El vendedor es Arturo Cardona Marino, quien se lo compró a Alfredo Montenegro Álvarez en 60 mil 300 pesos en marzo de 1992 y el 14 de mayo de 2014 se lo vendió al gobierno de Graco Ramírez en 23.5 millones.
El segundo, de 284 mil 130 metros cuadrados, que el mismo Arturo Cardona Marino le compró a Alicia Montenegro Álvarez en marzo de 1992 a un precio de 64 mil 900 pesos y le vendió al gobierno de Morelos en 26.5 millones.
El vendedor no es cualquier persona. Arturo Cardona Marino es un general de División de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con fecha 1 de diciembre de 1982 causó alta como subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial y el 1 de diciembre de 1988 como jefe del Estado Mayor Presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
En diciembre de 1994 fue designado agregado militar de la Embajada de México en España. A partir de enero de 1997 pasó a situación de retiro, después de haber servido por 47 años al Ejército mexicano.
De acuerdo a fuentes consultadas, el precio de la operación está dentro de los parámetros normales, pero hay por lo menos 10 terrenos con las mismas características en la misma zona. Nadie sabe por qué escogieron al general Cardona Marino para comprarle sus terrenos, mismos que hoy están sin utilidad alguna.
