El Congreso del estado cedió ante presiones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e impulsará una contrarreforma a la Constitución Política del Estado, para modificar la estructura del Poder Judicial y permitir la creación de un órgano administrativo que tendrá las facultades del Consejo de la Judicatura.

Enrique Laffitte Bretón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, informó que ya está lista una iniciativa de reforma constitucional que atiende los reclamos de los magistrados en relación al decreto que aprobaron el 15 de diciembre pasado y que permitió la desaparición del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), entre otros cambios.

Laffitte Bretón dijo que el decreto validado por el Constituyente y del cual se metió declaratoria de validez por el Pleno, no se publicará, con la finalidad de impulsar las nuevas adecuaciones legales.

Explicó que el nuevo órgano administrativo (hasta ahora llamado Consejo de la Judicatura) ya no tendrá representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para garantizar la autonomía del Poder Judicial.

De igual forma, el legislador perredista dijo que la nueva reforma -que se aprobaría en los primeros días de febrero- permitirá la permanencia de la actual magistrada del extinto TUJA, Ana Virginia Pérez Güemes y Ocampo, en la Sala Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, creada con dicha reforma.

La iniciativa que impulsarán en los próximos días también permitirá (nuevamente) que los magistrados puedan impartir clases, como única excepción para recibir otro tipo de remuneración.

Laffitte Bretón rechazó que para la aprobación de la primera reforma no se haya tomado en cuenta a los magistrados. Sin embargo, dijo que se pretende hacer cambios que permitan la autonomía del Poder Judicial tomando en cuenta sus propuestas.

En este sentido, reiteró que no se tiene planeado impulsar una contrarreforma para modificar el periodo de 20 años que pueden durar en el cargo los actuales magistrados, incluso dijo que se analizan mecanismos para que tengan la seguridad de que no perderán ese derecho.