Cuernavaca, Morelos.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, tramitaron un juicio de amparo para evitar la ejecución de la orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Mientras no lo consigan se mantienen jurídicamente como prófugos de la justicia.

Tras el fallido operativo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de Corrupción  del Estado de Morelos en el domicilio del rector, donde sólo se encontraban dos empleados domésticos, la representación legal del jefe universitario acudió a tramitar un juicio de garantías y solicitar medidas cautelares.

César García Bravo, representante legal particular de Vera Jiménez, confirmó que se presentó la demanda de amparo ante la oficialía de partes de los juzgados de distrito, pero por ocurrir los hechos en fin de semana se espera que este lunes se radique el expediente y en las próximas horas el juez federal  determine si concede o no la suspensión provisional contra la orden de aprehensión librada por el juez de control Edie Sandoval Lome.

La madrugada  del sábado, agentes de la Policía de Investigación Criminal encabezados por Octavio Ibarra Ávila, adscrito a la fiscalía estatal anticorrupción, ingresaron la madruga del este sábado en el fraccionamiento Paraíso Country Club, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, para ejecutar una orden de cateo al domicilio del rector, con la finalidad de detenerlo junto con su esposa, quien se desempeña también como investigadora y directora general de Planeación Institucional de la UAEM. Al no lograr la aprehensión, el fiscal anticorrupción consideró a Vera Jiménez como prófugo de la justicia.

Abogados consultados al respecto señalaron que jurídicamente el rector mantiene esa condición, que sólo puede cambiar si es detenido o si un juzgado federal le otorga la suspensión provisional del acto reclamado, lo que se conocerá en las próximas horas

La fiscalía estatal anticorrupción les atribuye el presunto delito de enriquecimiento ilícito y su implicación en el caso que la prensa nacional denominó “la gran estafa”, en el que presuntamente el rector Alejandro Vera, y ocho universidades públicas más participaron en un fraude millonario y desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (a cargo de Rosario Roble Berlanga) a empresas fantasmas.