El fiscal estatal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, anunció que impugnará en segunda instancia la no vinculación a proceso que fue dictada a favor del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y el extesorero de esa institución educativa Eduardo Sotelo Nava, y emprenderá acciones legales contra el juez de Control y Juicio Oral Adolfo González López.

En entrevista –vía telefónica– el fiscal lamentó la resolución y consideró que el juzgador “se extralimitó” al no vincular a proceso a los imputados por el presunto delito de peculado, con el argumento de la violación al derecho humano a la adecuada defensa y el debido proceso.

Recalcó que “no se violó la garantía del debido proceso; el juez se extralimitó porque, en la pasada audiencia (de formulación imputación realizada 4 de septiembre), previno al agente del Ministerio Público que le entregara las copias (de la carpeta de investigación a la defensa de los acusados) o que le aplicaría una medida sancionadora”.

Por lo tanto, resultó “extraña e irregular la medida de dictar auto de no vinculación, pues era un asunto subsanable, que no tiene nada que ver con la imputación”.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, celebrada este domingo 1 de octubre, la defensa del rector y del extesorero se quejó ante el juez de que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, no había proporcionado completa la copia de la carpeta de investigación y faltaba la información que en ese momento presentaba la representación social.

El juez dio un receso para corroborar que el expediente entregado a la defensa estaba incompleto; pese a que el agente del Ministerio Público intentó subsanar la falla con una copia de la información, el juzgador consideró grave la falta y optó por dictar el auto de no vinculación.

Para Salazar Núñez, el juez debió aplicar una medida de apremio al representante de la fiscalía, más no echar abajo el proceso penal.

Además de impugnar la resolución en segunda instancia, adelantó que promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura y analiza promover una denuncia penal contra el juez de Control y Juicio Oral Adolfo González López, ante la presunta comisión de un delito contra la administración de justicia.

Pidió recalcar que la investigación y los procesos iniciados por la probable comisión de delitos son contra la persona del rector Vera Jiménez y el extesorero Sotelo Nava, no en contra de la máxima casa de estudios.

También aseguró que integrantes de la comunidad universitaria han establecido comunicación con él para expresar su preocupación por la resolución del juez; sin embargo, dijo que se ha comprometido a que ninguna conducta ilegal quede impune y por ello se combatirá la no vinculación a proceso.

Insistió en que la Fiscalía Anticorrupción “no obedece a presiones o intereses políticos”, ni tampoco permite la intervención del Poder Ejecutivo estatal, pues la ley dotó al este órgano de justicia de independencia y autonomía de gestión.

“No hay presiones de carácter político, ni permitirá que jueces dicten resoluciones de carácter político o por presión social, como sucedió”, subrayó, en alusión a las manifestaciones y protestas en las calles realizadas por seguidores del rector.

Afirmó que el fallo judicial no exonera al jefe universitario, a quien retó a enfrentar a la justicia “sin recurrir a subterfugios”.

“Si el probable responsable dice que es transparente y que no ha hecho nada malo, entonces que deje de promover tantos amparos y suspensiones”, señaló.

Sin dar detalles, Juan Salazar agregó que está por concluir la integración de otra carpeta de investigación, iniciada con motivo de “una denuncia ciudadana anónima” y en breve tiempo podría ser judicializada para llamar a formulación de imputación de nuevo a la persona de Alejandro Vera Jiménez.