El Congreso del estado enfrenta una demanda civil por 45 millones de pesos por incumplimiento del contrato que firmó hace un año con una empresa para la instalación de un sistema de armonización contable, que actualmente es infuncional.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Martínez González, confirmó que el Congreso del estado fue notificado de una nueva demanda civil, en la que se exige el pago de un contrato que inicialmente se firmó por 40 millones de pesos, con una empresa que finalmente no cumplió con la prestación del servicio que ofreció.

De acuerdo al legislador priista, dicho contrato se firmó por el entonces presidente de la Mesa Directiva, junto con la secretaria de Administración y Finanzas, Martha Patricia Bandera.

"Ahora lo niegan todo, cuando está la demanda", refirió el líder de la bancada del PRI, quien reconoció que en alguna reunión de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, se les informó sobre dicho asunto, pero nunca del monto que tendría que pagar el Congreso.

Cabe mencionar que las instituciones públicas, de acuerdo a lo que determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental, están obligadas a tener un sistema de armonización contable que garantice orden y el buen ejercicio de los recursos públicos.