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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial lo considera necesario para que se sancione a quien no use la prenda; quiere que haya más rigor para evitar contagios.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, pidió a las autoridades estatales y municipales endurecer las medidas sanitarias para evitar más contagios y muertes a causa del coronavirus.
El empresario sostuvo que a pesar de que se aprobó una ley que obliga al uso del cubrebocas y a la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria, éstas no se cumplen porque no se han establecido las normas reglamentarias que permitan a la autoridad sancionar a los ciudadanos irresponsables.

En este sentido, insistió en pedir al Congreso del estado, al gobierno estatal y a los ayuntamientos "terminar" el trabajo iniciado con dicha ley,  a fin de que garantice los resultados para los que fue creada.
"Vemos una falta de coordinación entre el estado y los municipios para que se trabaje en una sola línea en la cual pudiera generar las políticas y también todas aquellas normas que se tuvieran que seguir derivado de un semáforo rojo, cosa que no sucede", manifestó.

De igual forma, responsabilizó a los ayuntamientos del hecho de que sigan operando negocios de venta de comida y alcohol en los que no se respetan las medidas sanitarias y que son un "foco de contagio".
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial admitió que existe preocupación en la iniciativa privada porque se ha prolongado por mucho tiempo el semáforo rojo y que muchas tiendas departamentales se encuentran cerradas y a punto de ir a la quiebra, de ahí que reiteró que es necesario que las autoridades endurezcan sus medidas de prevención del virus.

Alfonso de Jesús Sotelo hizo pública su renuncia a la presidencia de ese órgano en el Congreso local.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez hizo pública su renuncia como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado. Ante tal determinación, la diputada panista Dalila Morales Sandoval advirtió que provocará parálisis legislativa.

Después de que el viernes pasado presentó por escrito su renuncia, este miércoles, mediante un video que emitió el área de comunicación social del Congreso del estado, el legislador pesedista aseguró que su determinación no está relacionada con la permanencia en el cargo de su homólogo Marcos Zapotitla Becerro, a quien se le inició un juicio para su desafuero.

Sin dar más razones de su decisión, Sotelo Martínez aseguró que dejó un Congreso del estado con finanzas sanas, después de que la LIII Legislatura heredó una deuda por cerca de 100 millones de pesos.
De la misma forma, dijo que el presupuesto asignado al Poder Legislativo para este 2021 por 400 millones de pesos ya está etiquetado para cumplir con las responsabilidades administrativas y laborales de la LIV Legislatura y del resto del año.

"Hoy doy cuenta que dejo un Congreso sin problemas financieros y con leyes socialmente justas", manifestó Sotelo Martínez.
Mientras tanto, la diputada panista Dalila Morales Sandoval dijo que le preocupa que pudiera generarse una parálisis legislativa, ante la ausencia de un presidente de la Mesa Directiva.
Admitió que será complejo lograr un acuerdo de mayoría para designar a un nuevo presidente.

Tal situación, señaló, podría provocar que los temas pendientes desde hace más de un año sigan detenidos y el trabajo se detenga a unos meses de que concluya la LIV Legislatura.
"Es un tema angustiante, porque estamos en la recta final, en el último período de sesiones que nos corresponde como legislatura, y en ese sentido vemos un desgaste muy fuerte", manifestó.
El vicepresidente del Congreso del estado, José Luis Galindo Cortez, convocó para este jueves a sesión ordinaria de Pleno, que al parecer sí se desarrollará a pesar de la presencia del diputado Marcos Zapotitla Becerro, y con ello podrían iniciar las negociaciones para designar a un presidente de la Mesa Directiva.

Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos solicita al Congreso avanzar en el proceso de desafuero del diputado Marcos Zapotitla.

El Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos llamó a los partidos políticos a rechazar el registro de los aspirantes a una candidatura que tengan antecedentes de violencia de cualquier tipo contra las mujeres y pidió al Congreso avanzar en el proceso de desafuero del diputado Marco Zapotitla Becerro, a quien se le señala como presunto responsable del delito de violación.

Al anunciar la reactivación de sus actividades en el marco del proceso electoral 2021-2022, el observatorio -integrado por activistas y diversas organizaciones civiles- hizo hincapié en que estará pendiente de la actividad interna de los partidos políticos y de que la asignación de las candidaturas sea un proceso limpio, equitativo, transparente, libre de violencia de género y en el que se respeten las cuotas paritarias e indígenas.

Exhortó a los institutos políticos a que en la asignación de candidaturas tomen en cuenta el trabajo y aportaciones de las militantes y que no usen a las mujeres solo para llenar espacios o a conveniencia de las cúpulas de poder.

También pidió evitar los micromachismos en los eslóganes de campaña y, muy particularmente, la violencia simbólica, que es la que más se ejerce contra las mujeres, “que va desde la forma en que son vistas, mencionadas, señaladas o identificadas entre sus propios partidos o en los mismos medios de comunicación”.  

En la conferencia realizada de manera virtual, las y los integrantes del observatorio, que este año cumplió seis años de su fundación, recordaron que en los procesos electorales del 2015 y 2018 las mujeres enfrentaron obstáculos para obtener sus candidaturas y, aún después de ser candidatas electas y ya en el ejercicio del cargo, fueron víctimas de constante violencia política por razón de género.  

Para el observatorio, el pronóstico sobre el proceso electoral en curso es que seguirán las complicaciones para que las mujeres puedan participar en la contienda, no solo por las repercusiones de la pandemia por el covid-19, sino porque ahora competirán 23 fuerzas políticas, habrá una escalada de impugnaciones y las candidatas serán susceptibles de ser receptoras de violencia política.   

Por ello fue insistente en el llamado a los partidos políticos y en la advertencia de que están bajo observación, para visibilizar y denunciar los hechos que puedan demeritar o atentar contra los derechos político electorales de las mujeres.

El observatorio señaló que vigilará que los candidatos presenten ante el Impepac el 3 de 3 contra la violencia, que es un formato expedido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que deben firmar los aspirantes, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad, de que no han sido sentenciados o sancionados por delitos de violencia intrafamiliar o doméstica, agresiones de género, delitos sexuales o sean deudores de pensión alimenticia.

NO A CANDIDATOS AGRESORES

El Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos fue enfático en su llamado a los partidos político para que no registren como aspirantes a un cargo de elección popular a hombres que han sido acusados pública o formalmente por agresiones de género.

“Nos oponemos de manera inamovible a todas aquellas precandidaturas o candidaturas de hombres con historial de denuncia pública o formales de cualquier tipo de violencia de género, ya sea en el ámbito familiar o público. Actuaremos en consecuencia en acciones de incidencia pública”, sostuvo María Trinidad Gutiérrez Ramírez, integrante del observatorio, quien fijó una clara postura en torno al caso del diputado Marco Zapotitla Becerro, cuyo desafuero fue solicitado por la fiscalía estatal al Congreso, al existir una carpeta de investigación en el que es señalado como presunto responsable del delito de violación

 “Expresamos nuestra profunda inconformidad de mantener agresores sexuales en cargos públicos o de elección popular, sea cual fuera el poder que representan. De manera específica, referimos en caso del legislador denunciado Zapotitla Becerra (sic) y, por ende, exigimos que se declare su destitución inmediata y que se deje de postergar las sesiones que tal hecho amerita”, subrayó.  

Ante la pregunta de si exhortaría a los partidos a que no otorguen registro como candidato a Zapotitla Becerro, Ariadna Urbina, activista e integrante del observatorio, recalcó que la postura aplica para este y otros casos más, “se llame cómo se llame, con la historia que tenga con otros cargos”.

Advirtió que el legislador “no es el único que tiene antecedentes de violencia que está aspirando a un cargo, incluyendo al cargo a presidencia municipal de Cuernavaca” y sostuvo que documentarán los casos, porque “hay quienes “tienen memoria corta, pero en este observatorio y en este estado muchas mujeres sí tenemos memoria”.  

Se acercaron al Congreso para solicitar que sean nombrados autoridades auxiliares.

En las puertas del Congreso estatal, Fernando Aguirre Acevedo, representante de los presidentes de consejos de participación social de Cuernavaca, pidió a los diputados buscar la forma de que el Ayuntamiento de Cuernavaca pueda reformar sus reglamentos para que puedan ser considerados como “autoridades auxiliares” y con ello puedan recibir un sueldo de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

Explicó que los ayudantes municipales tienen sueldo y hasta recursos para pagar sus servicios, mientras que los presidentes de los consejos no tienen nada, aún cuando hacen una labor similar, aseguró.

Debido a lo anterior solicitaron a los diputados legislar al respecto, porque el trabajo que realizan es “muy arduo”.

“Necesitamos que los Consejos de Participación Social sean reconocidos porque realizamos prácticamente la misma función que llevan a cabo los ayudantes municipales (...) los presidentes de los consejos ni siquiera tenemos un inmueble y hay casos en donde los presidentes (como es el caso del de Santa Martha) no tienen, ni siquiera tiene luz, somos los primeros que damos la cara y les pido que hagan un ejercicio y pregunten quiénes son sus representantes sociales”, dijo Aguirre Acevedo.

Pidieron que se homologue la situación y sean considerados autoridades auxiliares. Refirieron que en Cuernavaca hay 300 colonias y los presidentes de los Consejos de Participación Social son electos y avalados por el Cabildo.

Quedó subsanada omisión por parte del Congreso local.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, quedó subsanado el error del Congreso local en la expedición de la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En edición extraordinaria, la tarde de ayer quedó publicada en el órgano oficial de difusión del gobierno de Morelos la convocatoria, con lo cual cobró vigencia y comenzó a correr el plazo de siete días hábiles para que los aspirantes a una de las magistraturas presenten su solicitud de registro junto con la documentación oficial y certificada requerida.

A pesar de la exigencia de diversas organizaciones de abogados de posponer o cancelar dicha convocatoria, el Congreso del Estado mantuvo su interés por hacer las designaciones antes de que concluya la LIV Legislatura, a la que solo le restan siete meses.

De acuerdo con la convocatoria, “el registro iniciará el día de la publicación de convocatoria, en un horario de 09:00 horas a las 14:00 horas, en días hábiles y concluirá hasta las 14:00 horas del séptimo día hábil contado a partir del primer día de publicación”.

Las solicitudes de registro y la documentación requerida, serán recibidas en la oficina que ocupa la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, ubicada en calle Cerrada del Parque número 101 esquina con calle Guillermo Gándara, Colonia Amatitlán de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Todavía no se publica en el periódico oficial Tierra y Libertad 

No ha iniciado el cabildeo para nombrar a un nuevo presidente del órgano de gobierno del Congreso local.

En el Congreso del estado no ha iniciado el cabildeo para nombrar a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, ya que la renuncia del diputado del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, no se ha formalizado ante el Pleno, según lo señaló Ariadna Barrera Vázquez, titular de la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

Aunque algunas diputadas han adelantado que tendría que ser una mujer la que ocupe la presidencia del Congreso local, la también coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refirió que el viernes pasado su homólogo presentó por escrito su renuncia pero tendría que hacerlo oficial y público.

No obstante, rechazó que la determinación del legislador del PES se haya debido a las presiones de un bloque de 11 diputados por la permanencia en el cargo de su homólogo Marcos Zapotitla Becerro, quien fue denunciado por el presunto delito de violación pero su desafuero no se ha concretado por un amparo federal.

"Es una decisión personal que el diputado ha presentado, yo desconozco ahora sí que la información. Él la tiene completa y nosotros estaremos atentos a escucharla y a coadyuvarla en el trabajo legislativo y para evitar que haya una parálisis", afirmó.

Barrera Vázquez insistió en que los cambios en uno de los órganos de gobierno del Congreso del estado no afectarán el desarrollo del trabajo legislativo.

Sin embargo, aseguró que cuando el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez lo oficialice, se iniciarán las negociaciones para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva.
"No es sólo designar a un presidente o presidenta de la Mesa, sino todos los procesos que están en la mesa como la designación en el IMIPE,  de la ESAF y otros temas. Una vez que lo haga oficial el diputado iniciaremos el cabildeo para evitar una parálisis", añadió.

Por su lado, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz aseveró que tendría que ser una diputada la que presida la Mesa Directiva, por ser las mujeres mayoría en  el Congreso del estado.
Hasta el momento, ninguna fuerza política se ha pronunciado a favor de algún legislador para presidir la Mesa Directiva. Incluso, algunos parlamentarios han señalado que Sotelo Martínez se podría retractar de su determinación.

Tras la renuncia de Alfonso de Jesús Sotelo, grupo mayoritario de 11 diputados busca remover al PES de ese órgano de gobierno del Legislativo estatal.

Ante la forzada renuncia del diputado pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez a la presidencia de la Mesa Directiva, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría presidir el Congreso del estado durante los últimos meses de la LIV Legislatura, en pleno proceso electoral.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del estado, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Galindo Cortez es quien deberá presidir los trabajos de la Mesa Directiva al ser el vicepresidente, mientras los legisladores llegan a un acuerdo de mayoría para elegir al próximo presidente de este órgano de gobierno en el Congreso local.

La determinación del grupo mayoritario de 11 legisladores es remover al PES de la Mesa Directiva, por lo que en los próximos días tendrían que elegir a un nuevo presidente, para obligar a su vez a que el diputado Marcos Zapotitla Becerro pida licencia al cargo, y enfrente la denuncia en su contra por el delito de violación.

Al ser uno de los tres grupos parlamentarios que integran el Congreso local, al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondería la Mesa Directiva,  ya que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) preside la Junta Política y de Gobierno (JPyG) con su coordinadora Ariadna Barrera Vázquez.

De concretarse tales cambios, el PRD estaría a cargo del Congreso del estado en un momento clave de la Legislatura, ya que en los próximos días los diputados tendrán que nombrar a seis magistrados del Poder Judicial, dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), al auditor general, así como aprobar más de 100 dictámenes rezagados durante los últimos dos años.

En medio de un proceso electoral en Morelos para la renovación del mismo Poder Legislativo, y de los 36 ayuntamientos, el PRD tendría en su coordinadora de bancada, Rosalinda Rodríguez Tinoco el control del Congreso del estado.

Es la fecha en que sesionará el Consejo Estatal; hay 696 precandidatos para ayuntamientos y Congreso local.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) elegirá el próximo cuatro de febrero a sus candidatos y candidatas que contenderán en las elecciones del próximo seis de junio para la integración de los ayuntamientos y del Congreso del estado.

Cristina Balderas Aragón, dirigente estatal del partido del Sol Azteca, informó que el próximo jueves el consejo estatal sesionará para definir las candidaturas a presidentes municipales, síndicos,  regidores y diputados locales, con base en la lista de 696 precandidatos que se registraron durante la etapa de precampañas que ayer concluyó.
Aseguró que la distribución de las posiciones electorales se hará en base en las acciones afirmativas que emitió el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en materia de paridad de género y población indígena.

En este sentido, adelantó que 18 de las candidaturas a presidente municipal y seis a diputación local se entregarán a mujeres.
De igual forma, Balderas Aragón recordó que en los distritos locales electorales III, IV y X se tendrá que registrar a candidatos autorreconocidos como indígenas.
El PRD firmó un convenio de coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impulsar juntos las candidaturas en 17 municipios.

En el caso de Axochiapan, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Miacatlán y Jiutepec, el PRD podrá definir a sus candidatos.
"Cada partido elegirá a sus candidatos. Sólo en el caso donde le toque elegir al PRI nosotros estaremos definiendo sindicaturas y regidurías", explicó.
La dirigente del Partido de la Revolución Democrática afirmó que se respetarán los acuerdos que establezca el Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para aplicar las medidas de seguridad sanitaria que garanticen la salud de los ciudadanos, militantes y candidatos de cada partido político.

Señaló que en el caso de los registros de los precandidatos se estableció un nuevo sistema, para que todo se haga de manera virtual y sin poner en riesgo la salud de los militantes.

Dan entrada a dos iniciativas de nuevas leyes y cuatro más de reformas a diversos ordenamientos.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, clausuró este viernes a las 13:23 horas y con efectos al 31 de enero de 2021, los trabajos de la Diputación Permanente del primer receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

El legislador entregó por escrito el informe de actividades de la Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, el cual fue remitido a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a los integrantes del Pleno.

Previamente, en su última sesión, en la que también participaron el diputado vicepresidente de la Mesa Directiva José Luis Galindo Cortez, las diputadas secretarias Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala y Erika García Zaragoza, y el diputado secretario Héctor Javier García Chávez; la Diputación Permanente dio entrada a dos iniciativas de nuevas leyes y cuatro más referentes a reformas de diversos ordenamientos, que fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictamen.

En primer lugar recibió la iniciativa con proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Económico mediante el Aprovechamiento de la Energía Sustentable en el Estado de Morelos, presentada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Luego, conoció las iniciativas presentadas por separado por la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, y que son una que modifica diversos artículos y fracciones de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos.

También la que modifica y adiciona diversos artículos y fracciones del Decreto número Quinientos Ochenta y Tres por el que se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos; así como la iniciativa que modifica diversos artículos y fracciones de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos.

De igual forma se dio entrada a dos instrumentos parlamentarios presentados por la diputada Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, relacionados con el cuidado de la infancia.

Uno es la iniciativa con proyecto de Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Morelos, y el otro la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Familiar, ambos para el Estado de Morelos, en materia de castigos corporales y humillantes.

Antes de clausurar los trabajos, los legisladores integrantes de la Diputación Permanente sometieron a votación y aprobaron el acta de esta última sesión.

Ayer fueron clausurados los trabajos de la Diputación Permanente con un importante rezago legislativo, derivado de la falta de acuerdos para abrir un período extraordinario y desahogar temas urgentes, como la aprobación de las 36 leyes de ingresos de los municipios para el presente ejercicio fiscal.

La última sesión se desarrolló este viernes, con efectos hasta el domingo, ya que por ley tendría que permanecer instalada hasta el 31 de enero.

Sin embargo, los legisladores se limitaron a desarrollar una sesión de trámite y turnaron las iniciativas y puntos de acuerdo que se  presentaron por algunos legisladores para su análisis a las  comisiones legislativas correspondientes.
Además, los integrantes de la Diputación Permanente informaron de la correspondencia recibida y de la entrega de las cuentas públicas de 13 organismos autónomos, correspondientes al último trimestre del 2020.

Durante el periodo de receso legislativo, los diputados locales no lograron generar acuerdos para abrir un período extraordinario y aprobar las leyes de ingresos municipales, que es uno de los temas más urgentes por desahogar en la recta final de la legislatura.

El próximo lunes iniciará el segundo período ordinario del tercer año de la LIV Legislatura, que será el último para los actuales diputados. Se prevé que el mes de febrero sea definitivo para que resuelvan todos los temas urgentes antes de que la mayoría inicie campañas electorales en busca de un nuevo puesto de elección popular.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez,  informó que convocarán a mesas de trabajo con el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y con los alcaldes, para atender de manera urgente el problema de seguridad que enfrenta Morelos.

En entrevista, la también coordinadora del grupo parlamentario del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que es necesario que haya una mayor coordinación entre el gobierno del estado y los municipios, ante la alta incidencia delictiva, que se agravó en los últimos meses por la emergencia sanitaria.

"Causa inquietud que no se cuente con una estrategia para estar capacitando a los policías, sobre todo en la prevención del delito y, bueno, estamos buscando que se escuchen todas las voces, que no se escuche como una crítica y tampoco como un obstáculo. Buscamos decir ‘¿en qué apoyamos, en qué sumamos?’ para que en cada uno de los municipios se pueda prevenir el delito para que se sientan seguros las y los morelenses", comentó.
La legisladora refirió que existe preocupación porque mil 300 elementos de 27 municipios podrían ser dados de baja por no contar con el Certificado Único Policial.

Por ello, aseguró que desde el Congreso del estado existe la disposición de coadyuvar en el tema, por lo que no descartó que se cite a mesas de trabajo al comisionado Ortiz Guarneros y a los ediles.
"También habría que revisar las cifras de la Fiscalía y ver cuántos delitos se han reportado,  cuántos se han denunciado, tener una estadística más certera para poder plantear una propuesta más concreta y más objetiva", añadió.

Setenta millones de pesos para atender la emergencia sanitaria son insuficientes, afirma diputado.

El diputado José Luis Galindo Cortez planteó la posibilidad de que el gobierno del estado contrate una nueva deuda para la compra de vacunas anticovid-19 para la población en general.

En entrevista, el legislador local dijo que podrían hacer dicha propuesta al Poder Ejecutivo para que sea el iniciador de la misma ante el Pleno del Congreso del estado, para que se apruebe de manera urgente y que Morelos "sea la punta de lanza" en la adquisición de los biológicos a nivel nacional.

"Por la emergencia sanitaria habría que analizar la autorización de un crédito específicamente para atender este tema. Habría que analizarlo, si hay una solicitud del Poder Ejecutivo para este tema. Si estamos hablando de un crédito emergente de 200 o 300 millones de pesos creo que vale la pena, porque el gobierno anterior no se sabe en qué se gastaron (sic) seis mil 500 millones de pesos. Hoy en día sí sabríamos para qué, si fuese necesario", aseveró.
El legislador admitió que los 70 millones de pesos que el Congreso del estado etiquetó en el Presupuesto de Egresos 2021 para la emergencia sanitaria serían insuficientes si se pretende impulsar un programa estatal de vacunación en contra del coronavirus.

Por ello, dijo que sería necesario promover una nueva deuda pública  "o bien, invitar a los empresarios, a los fundamentos, a que aportemos parte de nuestros salarios para dicho fin", agregó.
Dicha propuesta fue planteada por el legislador luego de que confirmara sus aspiraciones para contender por una diputación federal por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Dijo que se hicieron contrataciones coyunturales para agilizar el trabajo de dos comisiones.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, rechazó que se haya dado un incremento en la nómina del Congreso del estado durante los últimos meses.
Recientemente, el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" dio a conocer un informe en el que se afirma que hubo un aumento en el gasto corriente del Congreso del estado,  a causa de la contratación de más personal, cuando la LIV Legislatura se encuentra a siete meses de concluir.

En entrevista, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que en diciembre pasado se contrató a empleados de manera eventual para auxiliar al trabajo que realiza la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para el análisis y dictaminación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021.

De igual forma, añadió, se contrataron asesores temporales para la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, debido a la carga de actividad que dicho órgano legislativo tuvo en los últimos meses para resolver las solicitudes de jubilación de cientos de trabajadores al servicio del gobierno del estado.

"En ciertas épocas del año se aumenta el personal, y voy a dar un ejemplo, la Comisión de Hacienda, porque se viene el tema del presupuesto y las leyes de ingresos, y con el personal que labora en todo el año no es posible sacar estos temas en lo individual (sic)", justificó.

Por otro lado,  dijo que en los próximos días se aprobarán las leyes de ingresos municipales, en las que se establecerán las sanciones para los ciudadanos que no cumplan con la ley que obliga al uso del cubrebocas en Morelos.
En este sentido, recordó a algunos políticos que están prohibidas las reuniones masivas en precampañas, por la alta incidencia en casos de covid-19.

El legislador puede ser desaforado para que responda por la acusación de que cometió un delito sexual.

El Congreso del estado podría resolver esta semana el juicio de procedencia en contra del diputado del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro,  para que se concrete su desafuero a fin de que que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda investigarlo por su presunta responsabilidad en el delito de violación sexual.

El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que  la semana pasada el diputado Zapotitla Becerro dio contestación al procedimiento en su contra, iniciado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El día viernes el diputado señalado en este procedimiento presentó tres escritos, entre ellos está la contestación de lo que corresponde al procedimiento de desafuero. Es por eso que se tiene que hacer un análisis, se tiene que revisar la información que él entregó, para no violentar el derecho y, de acuerdo con esa información, se tiene que emitir un dictamen, jurídicamente y estrictamente apegado a derecho", explicó.
Casas González informó que esta semana se convocará a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado a sesionar para revisar la documentación entregada por el legislador Marcos Zapotitla y proceder a la dictaminación del caso.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen toda la disposición de la mayoría de los diputados para convocar a un período extraordinario en los próximos días,  a fin de votar el dictamen que emita la Comisión de Gobernación y Gran Jurado en torno al juicio de procedencia en contra de un integrante de la bancada del PES.
Aseguró que a pesar de pertenecer al mismo grupo parlamentario no existe ninguna intención de proteger a Marcos Zapotitla e insistió en que resolverán el caso conforme a derecho.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado solicitó la declaración de formación de causa en contra de Marcos Zapotitla Becerro, quien fue denunciado por un delito de violación sexual.

La diputa piensa que febrero será suficiente para lanzar la convocatoria y votar por quienes ocuparán las vacantes en el Poder Judicial.

El Congreso del estado podría emitir la primera semana de febrero la convocatoria para nombrar a seis magistrados del Poder Judicial.

A seis meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara una reforma constitucional que garantizaba la permanencia de los magistrados del Poder Judicial por un período de 20 años -lo que obligó a la remoción de seis de ellos- la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez, informó que se convocará a sesión de dicho órgano legislativo para generar los acuerdos necesarios y emitir una convocatoria conforme a la ley.
La coordinadora de los diputados del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que existen las condiciones legales para que el Congreso del estado publique la convocatoria para el registro de los aspirantes al cargo de magistrado del Poder Judicial.

Incluso refirió que les daría tiempo como Congreso local emitir la convocatoria, desarrollar el proceso legislativo para la revisión de los perfiles y nombrar ante el Pleno a los magistrados en el mismo mes de febrero.
De acuerdo con las declaraciones de algunos diputados, el Poder Legislativo tendría que resolver sus pendientes en el mes de febrero, pues en marzo una mayoría de ellos podría contender por otro puesto de elección popular.

Por primera vez la persona titular de la Secretaría de la Contraloría de Morelos ocupa el encargo de la Coordinación Regional en la región Centro-Pacífico.

América Jiménez Molina, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, participó vía remota en la 1ra Sesión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F).

Una vez confirmado el quorum legal, se iniciaron los trabajos de la 1ra Sesión Plenaria de la CPCE-F. José ángel Díaz Navarro, Coordinador Nacional Saliente, reconoció el trabajo de todas y todos los 32 titulares de los Órganos Estatales de Control, destacando sobre todo los retos a los que se enfrentaron derivado de la pandemia por covid-19.

“El trabajo de todas y todos los compañeros es de reconocerse, si no hubiera sido por su esfuerzo y su tenacidad, no se hubieran logrado las metas trazadas, los resultados de esta Comisión son totalmente de trabajo en conjunto, ya que fue un periodo muy crítico al haberse desarrollado durante un año que marcó un hito en la historia del país y del mundo,  y a pesar de todo, lo logramos, gracias al esfuerzo de todas y todos cumplimos con el plan anual de trabajo”, puntualizó Díaz Navarro.

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República, quien a su vez es presidenta de la Comisión, dirigió algunas palabras a todos los presentes y resaltó la labor llevada a cabo durante el año 2020, en materia de rendición de cuentas y transparencia, así como el reto para el 2021, donde más de dos millones y medio de servidores públicos deberán contar con una plataforma confiable para presentar su declaración patrimonial.

“Me llena de gusto y beneplácito esta reunión de nuestra Comisión Permanente y las mejores disposiciones de trabajar en este nuevo desafío a nivel global al que nos enfrentamos, agradezco el esfuerzo a José Ángel Díaz Navarro por los logros cumplidos y le doy la bienvenida a la Coordinadora entrante de la Comisión, la primera mujer en llevar a cabo esta tarea, Lizbeth Basto Avilés,  secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán, la cual estoy segura desempeñará la labor dignamente” agregó Sandoval Ballesteros. 

En dicha sesión se llevó a cabo la toma de protesta de la coordinadora nacional Lizbeth Basto Avilés y de los coordinadores regionales, acto que marcó el inicio formal de la nueva gestión, donde América Jiménez Molina, titular de la Contraloría del Estado de Morelos, tomó posesión oficial del encargo como Coordinadora Regional  de la zona Centro-Pacífico de la CPCE-F. 

“Es una alegría estar al frente de la Región Centro-Pacífico y estoy agradecida por la confianza; me comprometo a seguir en el camino del combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, trabajaremos en estrecho apego a la legalidad y en fortalecer las líneas de acción del Plan de Trabajo 2021, de la mano de la federación y de todos los estados de la República” afirmó Jiménez Molina durante el encuentro.

En la misma sesión, se votaron y aprobaron las líneas de acción de cada región, así como las fechas de las reuniones ordinarias regionales, las cuales se llevarán a cabo en modalidad de videoconferencia en el primer semestre, en tanto se determinan la normalización de las actividades por las autoridades sanitarias por la pandemia a la que nos enfrentamos.

Este hecho, marca un momento histórico dentro de la Comisión y en especial para el estado de Morelos, ya que es la primera vez que la persona titular de la Secretaría de la Contraloría ocupa el cargo de Coordinador de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F.

Las leyes de ingresos de los municipios serán autorizadas en febrero.

Los diputados locales no lograron acuerdos para abrir un período extraordinario de sesiones en el mes de enero en el que se aprobarán las 36  leyes de ingresos municipales 2021.

Este jueves, los integrantes de la Diputación Permanente  llevaron a cabo una sesión de trámite, en la que se presentaron ocho iniciativas y cuatro puntos de acuerdos que fueron turnados de forma directa a las comisiones para su revisión.
Sin embargo, no se presentó la propuesta para convocar a un período extraordinario de sesiones, que desde la semana pasada habían adelantado algunos legisladores para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, adelantó desde el martes pasado que se establecerían las condiciones para un periodo extraordinario, ya que Morelos permanece en semáforo rojo por riesgo de contagios de covid-19.

No obstante, dichas condiciones no se lograron, pues una mayoría de diputados pretendía legislar de forma virtual, como ya lo hacen en los poderes Ejecutivo y Judicial, además de otros organismos autónomos.
Ante la falta de acuerdos entre los legisladores, los municipios tendrán que esperar hasta febrero próximo para contar con sus leyes de ingresos actualizadas para el cobro de derechos, servicios e impuestos municipales.

Tienen que dejar la curul 90 días antes del proceso electoral.

Los diputados locales están obligados a desahogar los temas rezagados en el Congreso del estado a más tardar la primera semana de marzo, pues más de la mitad podría contender para otro puesto de elección popular y estarían obligados a pedir licencia al cargo.

Hasta el momento ningún legislador ha confirmado de forma oficial sus aspiraciones político electorales. Incluso, el presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que a la Mesa Directiva no se le ha notificado de la posible separación del cargo de algún legislador.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Morelos, los diputados que busquen otro puesto de elección tienen que separarse del cargo 90 días antes del proceso electoral, excepto aquellos que busquen reelegirse, ya que pueden optar por pedir licencia o continuar al frente de su curul.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez admitió que prácticamente tienen el mes de febrero para resolver los temas pendientes, como la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios para el actual ejercicio fiscal, los nombramientos pendientes en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de seis magistrados del Poder Judicial.
Además, existe un rezago de más de 100 dictámenes con proyecto de reforma y creación de leyes que desde hace más de un año se mantienen detenidos.

El presidente de la Mesa Directiva aseguró que los legisladores que pretendan contender en las próximas elecciones tendrán que apegarse a lo que señala la normatividad estatal.
Hasta el momento y de forma extraoficial, al menos 12 legisladores buscarían participar en las próximas elecciones, aunque algunos de ellos para reelegirse en el cargo.

Analizan aprobar aumentos en el cobro de diversos derechos e impuestos municipales.

Aunque la aprobación de las 36 leyes de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2021 en el Congreso del estado se postergaría hasta febrero, los diputados locales analizan aprobar aumentos en el cobro de diversos derechos e impuestos municipales.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó este martes que no existen condiciones para un período extraordinario de sesiones en el que el Pleno apruebe las 36 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021.

Sin embargo admitió que existe la intención desde el Poder Legislativo de apoyar a los municipios para que aumenten sus ingresos para este año.

El grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es una de las fuerzas políticas que está a favor de aumentar los conceptos en el pago del impuesto predial y otros derechos municipales en municipios que lo solicitaron, como Cuernavaca,  Jiutepec, Yautepec, Puente de Ixtla y Cuautla, mientras que las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron la propuesta de los municipios.

Este viernes, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública sesionará para analizar los proyectos de  las leyes de ingresos municipales y su posible dictaminación.
Además, el presidente de la Mesa Directiva refirió que mañana sesionará la Diputación Permanente, aunque dijo que es muy complicado que se convoque a un período extraordinario de sesiones, por el riesgo de contagios de covid-19. Señaló que tendría que ser en febrero, cuando inicie el periodo ordinario, cuando se revisen todos los temas pendientes en el Congreso del estado.