Los expresidentes, exfuncionarios y políticos mexicanos citados en una denuncia de corrupción por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, actualmente procesado, deben devolver al Estado el dinero que supuestamente obtuvieron ilegalmente, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El miércoles fue filtrada a la opinión pública una copia de la acusación interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Emilio Lozoya, quien encara dos causas penales tras ser detenido en España en febrero y extraditado al país latinoamericano en julio, por sobornos ligados a la brasileña Odebrecht, entre otros cargos.

En la declaración de 63 páginas, el exjefe de Pemex denunció a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas por “actos que posiblemente constituyan delitos” junto al exgobernante Enrique Peña y más de una docena de exfuncionarios.

Lozoya alegó que autoridades y legisladores aceptaron sobornos, recibieron pagos ilícitos y se involucraron en actos de corrupción durante varios años, algunos de los cuales fueron antes de que él tomara las riendas de Pemex en 2012.

“Falta recuperar el dinero y, desde luego, el castigo, pero eso lo va a determinar tanto la fiscalía como el juez”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria, donde aseguró que la denuncia es “escandalosa” y “grave”, y que no tuvo nada que ver con la filtración, como han insinuado sus detractores.

La FGR negó también en un comunicado haber filtrado lo que describió como “la copia de la denuncia” del exdirector de Pemex, cuyos abogados se deslindaron igualmente de la difusión del documento.

Acogiéndose a una figura jurídica que le exoneraría de cargos si da información que permita sancionar delitos mayores, Lozoya se ha convertido en la pieza central de la estrategia de López Obrador para exponer la corrupción que, según el mandatario, era desenfrenada en gobiernos anteriores al suyo.

El exfuncionario ha acusado a Peña y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenarle pagar sobornos con fines electorales y comprar votos en el Congreso con dinero de Odebrecht, protagonista de una trama delictiva en América Latina que ha puesto en jaque a varios gobiernos de la región.

Entre los acusados se encuentran exsenadores, dos de los cuales se desempeñan actualmente como gobernadores estatales, otros tres exsecretarios de Hacienda y asistentes del Congreso. Varios han negado la denuncia, argumentando que detrás de ella existen fines políticos y electorales.

Según Lozoya, Calderón supervisó la corrupción en su gobierno 2006-2012, señalando un acuerdo de suministro de etano alcanzado entre Pemex y un consorcio liderado por la firma brasileña Braskem, filial de Odebrecht, que López Obrador ha condenado como una estafa para el estado. Braskem lo ha negado.

Salinas, quien fue presidente de 1988 a 1994, se involucró en cabildeos para obtener negocios lucrativos para su hijo, alegó Lozoya.

Entre los exsecretarios de Hacienda se encuentra José Antonio González, quien en 2016 sucedió a Lozoya en Pemex y que rechazó en Twitter las acusaciones, calificándolas de un intento de venganza contra él porque en 2017 denunció irregularidades en la administración de su predecesor.

José Antonio Meade, otro exsecretario de Hacienda que fue candidato presidencial en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional de Peña, también rechazó firmemente en Twitter las acusaciones de Lozoya, al igual que Ernesto Cordero, del Partido Acción Nacional, que llevó a Calderón al poder.

Lourdes Mendoza, una periodista a quien el exdirector de la petrolera acusó de pertenecer a una sección corrupta de la prensa que brindaba cobertura favorable al pasado gobierno a cambio de pagos, también criticó sus afirmaciones y dijo que lo demandaría.

Ni Peña Nieto ni Videgaray han comentado públicamente sobre las acusaciones, pero previamente negaron haber actuado mal. Calderón desestimó los cargos y desafió al denunciante a presentar pruebas. Salinas no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.