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Beatriz Vicera Alatriste está sustraída de la justicia, confirman.

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

Encargado de despacho admite la contratación de familiares y allegados de diputados.

El encargado de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Uriel González Sotelo, admitió que familiares y allegados a los diputados locales fueron contratados por el órgano auditor, pero aseguró que no se debió a una imposición sino a una revisión de los "mejores perfiles". 
Luego que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" reveló que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha sido usada como espacio de colocaciones laborales para familiares y allegados de los actuales diputados locales, el funcionario estatal aseguró que las 21 nuevas contrataciones en este año, entre las que resalta la de Jorge Emilio Díaz Roca, hermano de la diputada Naida Díaz Roca, se realizaron en base a las facultades que tiene la ESAF como órgano autónomo de gestión. 
Sin embargo, el encargado de despacho sostuvo que no se trata de ningún acto fuera de la ley. 
"Estamos cuidando los mejores perfiles, cuando a nosotros nos mandan sus currículums nosotros vamos a ver en qué área los vamos a colocar, no vamos a colocar a un arquitecto en el área financiera. Nosotros cumplimos con revisar los perfiles, no porque sean hermanos o sean primos no los vamos a considerar", declaró. 
Aunque, posteriormente González Sotelo admitió que también se contrató a personal que no cuenta con cédula profesional, pero que esa omisión no afecta al desempeño de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
"Es un detalle que estamos vigilando porque también nosotros estamos vigilando los manuales de organización, en algunos puestos no requiere la cédula profesional, entonces eso sí estamos completamente vigilando porque acuérdense que nosotros estamos regulando precisamente a todos los entes", admitió. 
Finalmente, mencionó que desde el año pasado se inició la baja de trabajadores en la ESAF y en enero se dio la contratación de 21 plazas.

ESAF debe depurarse: Keila Figueroa

Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Keila Figueroa Evaristo, se pronunció por la depuración de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Dijo que una vez que se concrete la designación del nuevo titular se pedirá que el órgano deje de ser un espacio de colocaciones, por lo que adelantó que investigará quiénes son los familiares y amigos de sus homólogos que trabajan en la auditoría.
Mientras tanto, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, se deslindó de la contratación de familiares y dijo que es un asunto que compete a los diputados involucrados. 

Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

Piden que dé agilidad al trámite, que llega a durar hasta seis meses.

Jojutla.- La Fiscalía Regional Sur-Poniente impone mucha burocracia para la recuperación de bienes inmuebles o vehículos de quienes se han visto involucrados en un delito, aseguró el abogado Juan Carlos Franco Serrano.

En conferencia de prensa, el especialista consideró que no solamente con sus clientes, sino en el caso de sus colegas, la fiscalía pone trabas para recuperar bienes que nada tienen que ver con los probables delitos que se han cometido.

Señaló que la ley marca que una vez que se ha demostrado la propiedad de un bien, las autoridades lo deben entregar de inmediato; pero en el caso de la Fiscalía Regional Sur-Poniente, el trámite se hace bastante tedioso, que puede durar hasta seis meses para que devuelvan un vehículo o una propiedad.

Más aún, franco Serrano aseguró que es tanto el tiempo que tardan en entregarlo, que en el caso de los vehículos, a veces el costo del corralón casi alcanza el costo de la unidad en cuestión, por lo que muchos dejan perder su automóvil, motocicleta o camión.

Citó los casos de una motocicleta y de una vivienda que fue objeto de cateo; en el primer caso, la propietaria está pagando el vehículo y la unidad está detenida en un corralón innecesariamente, pues ya se acreditó la propiedad, pero sigue generando más cobro de corralón. Mientras que en el caso de la casa, que fue objeto de un cateo, también se acreditó la propiedad, pero a seis meses no la han liberado y los propietarios tienen que pagar renta.

“No están tomando en cuenta, tanto el director como el fiscal, que están generando un costo en el corralón, pues los corralones no perdonan ningún día”, refirió.

Señaló que al parecer, quieren castigar a la persona que está relacionada con el delito, pero una cosa es la falta que se haya cometido y otra la propiedad de las cosas.

“La ley marca que se puede hacer la devolución una vez acreditando la propiedad”, recordó.

El litigante agregó que también “resulta curioso” que en el caso de vehículos relacionados con delitos, todos, de cualquier municipio, van a parar al corralón de grúas “Zamudio” de Tlaltizapán.

Hay más implicados en el caso del homicidio de líderes sindicales.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, prometió que en tres años revertirá la percepción que la ciudadanía tiene de la institución y el rezago acumulado en carpetas de investigación. Además, informó que hay más implicados en el caso de los homicidios de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, perpetrados el pasado 8 de mayo.

Luego de la presentación de la nueva Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, señaló que el gobierno de Morelos anunció que está por entregar las nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Temixco, y poco a poco se han logrado mejoras.

Afirmó que su proyecto prevé como meta en un plazo de tres años cambiar la percepción ciudadana respecto al desempeño de la fiscalía.

“No es fácil mejorar de un día para otro. Este es un proyecto de nueve años y esperamos que por ahí del tercer año ya sea tangible y la percepción social se haya modificado, pero ese es un esfuerzo que estamos haciendo día con día los que trabajamos en la fiscalía”.

Afirmó que no habrá resultados mágicos, pero existe motivación, el compromiso y la obligación institucional, tanto del fiscal como del personal, para mejorar la atención a los ciudadanos y terminar con el rezago histórico que, si bien no se desaparecerá de un plumazo, se hará lo posible para que así sea.

Expresó que se lograron mejoras salariales a los trabajadores. “Hay quien está ganando prácticamente el triple. Ese es un gran aliciente para el personal de la fiscalía, dignifica nuestra labor. Y, bueno, ahora que el gobierno está por entregarnos la nueva instalación, eso hará que la fiscalía crezca, que haya un gran sentido de identidad en el personal y eso es traducible en beneficio social”.

Agregó que el edificio que actualmente ocupa la FGE será convertido en el Instituto de Procuración de Justicia e instalaciones deportivas, para mejorar el rendimiento del personal.

Otros copartícipes de homicidio de líderes sindicales

Respecto a los avances de la investigación de los homicidios de los líderes sindicales de la CTM, Roberto Castrejón Calderón y Jesús García Rodríguez, el fiscal estatal informó que no fueron dos, sino cinco los sujetos que asistieron al autor material del crimen.

“¿Se acuerdan que yo había manifestado que cuando menos dos? ahorita tenemos identificada la probable participación de cuando menos cinco personas que estuvieron actuando en el zócalo”, señaló.

Indicó que en el análisis videográfico de los hechos, se ubicó que estos sujetos habrían facilitado la logística a Maximiliano “N”, el joven de 22 años que perpetró el tiroteo y, hasta ahora, el único detenido.

Indicó que la fiscalía investiga la identidad de los sujetos para poder solicitar ante un juez las órdenes de aprehensión.

Recalcó que todo indica que el único imputado no actuó solo, sin embargo, todavía la FGE no tiene acreditado que el autor material haya recibido una cantidad de dinero para cometer el asesinato, ni tampoco queda claro cuál fue el móvil, pero no ha sido descartada ninguna línea de investigación. 

El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

Habrá una por el desvío de más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador.

El asesor anticorrupción de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez de Ita, dio a conocer que en breve presentará una denuncia más por presunto desvío de recursos por más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Este miércoles, el funcionario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en representación del gobierno del estado, a presentar dos denuncias por la posible comisión de delitos.  

La primera se refiere a la contratación del cantante Marco Antonio Solís "El Buki", por cuya presentación en el estadio Coruco Díaz, de Zacatepec, se reportó un pago por más de 22 millones de pesos. No obstante, que habitualmente el artista cobra ente cuatro y seis millones de pesos por una presentación de este tipo.

En lo que se refiere al área de Salud, Becerra Chávez expuso que desde el pasado 8 de mayo se presentó una denuncia por presunto desvío de recursos en dicha área, relacionada con un fondo de ahorro de trabajadores, y este miércoles se entregó otra relativa a documentación presuntamente falsa entregada por un ex servidor público de los Servicios de Salud que fungía como comisario en ese organismo.

También adelantó que iniciarán más denuncias derivadas de las auditorías a los créditos por dos mil 806 millones de pesos autorizados al gobierno de Graco Ramírez, que indican un posible quebranto de más de mil 806 millones de pesos.

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

El jueves, agentes de la policía detuvieron en la unidad académica a un estudiante acusado de asesinar a una muchacha.

El juez consideró que la Fiscalía Anticorrupción no comprobó el delito de peculado en contra del exalcalde de Cuautla y que sólo se basó en el resultado de una auditoría.

Cuautla.- Luego de verificar y atender puntualmente el proceso que se llevaba a cabo en contra del ex presidente municipal de este lugar Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, por el delito de peculado por poco más de siete millones de pesos, la mañana del martes, el juez que llevaba dicho proceso determinó durante audiencia la no vinculación a proceso del exedil al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no pudo comprobar el delito antes mencionado, toda vez que no realizó una investigación del caso y sólo se basó en el resultado de una auditoría.

En la audiencia de anteayer, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción presentaron sus argumentos bajo la causa penal JC/845/2017 por el delito de peculado por el ejercicio fiscal 2011, solicitando al juez la vinculación a proceso del exalcalde por el delito de peculado por poco más de siete millones de pesos.

Tras lo anterior, el juez David Ricardo Ponce argumentó que no había delito que perseguir, toda vez que los argumentos presentados por la fiscalía no cumplía con los elementos necesarios para realizar dicha solicitud.

Asimismo, el juez precisó que la decisión fue tomada luego de señalar que la fiscalía no cumplió con la realización de una investigación y solamente presentó como evidencia la auditoría que realizó la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de Morelos, siendo la única prueba en contra de Güemes Ríos.

Ante la falta de más argumentos, el juez señaló al exedil que no había delito que perseguir en su contra, por lo que de manera inmediata se determinó el auto de no vinculación a proceso y se levantaron las medidas cautelares que se habían impuesto al exfuncionario municipal.

Otra vez, fracasa la Fiscalía Anticorrupción al no demostrar el delito por el que fue acusado el exalcalde de Cuautla.

Cuautla.- En audiencia celebrada la mañana del martes en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez no encontró elementos para vincular a proceso al ex presidente municipal de este municipio Luis Felipe Güemes Ríos, por el delito de peculado por la cantidad de siete millones 900 mil pesos.

El juzgador señaló que la Fiscalía Anticorrupción –que encabeza Juan Salazar Núñez– no aportó pruebas para demostrar cómo se cometió el delito; sin embargo, el proceso continuará por los exfuncionarios señalados en el proceso, quienes tendrán que comparecer.

En la causa penal 845/2017, en la que se relaciona a Luis Felipe Güemes Ríos, sólo se aportaron los resultados de la investigación realizada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos, que presidía José Vicente Loredo Méndez, del periodo fiscal de 2011, en el que señala un presunto desvío de recursos federales del Ramo 33, fondos 3 y 4, que corresponden al Fortamun y de aportaciones a la infraestructura.

A dichos elementos, la Fiscalía Anticorrupción no incorporó las evidencias de cómo se llevó a cabo el presunto delito de peculado por el que acudió al notario público; sin embargo, dicha fiscalía, a través de Édgar Rodolfo Núñez, manifestó que apelará el resolutivo del juez Ricardo David Ponce González, quien exigió mayor rigurosidad en la investigación.

Ante la inexistencia de elementos de prueba para configurar algún tipo penal, concluyó que no se configura ninguna conducta ilícita o antijurídica. Por lo que resolvió no vincularlo a proceso ni aplicarle la fianza de 500 mil pesos que se exigía.

Vecinos de Amilcingo exigen que se esclarezca el crimen.

Un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo, del municipio de Temoac, e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) bloqueó el acceso principal de la Fiscalía General del Estado y el paso de vehículos sobre la avenida Emiliano Zapata para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes.

Los manifestantes realizaron pintas, pegaron carteles en la barda perimetral de la fiscalía e impidieron la salida de vehículos oficiales. “¡Queremos al fiscal, queremos al fiscal!”, fue una de las consignas de los inconformes, quienes exigían ver a titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, ante la falta de avances en el caso Samir, a tres meses de su asesinato.

En la lectura de un comunicado, los habitantes de la comunidad reprocharon a la fiscalía su desdén hacia el caso Samir, pues mientras los responsables del crimen del luchador social permanecen impunes, en otros casos, como en el ataque ocurrido el 23 de abril en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla, el asesinato de dos líderes sindicales en el zócalo de Cuernavaca y el secuestro y homicidio de Humberto Adame, hermano del exgobernador y diputado federal panista, toda la institución se movilizó para reunir evidencias, avanzar en las investigaciones y detener a implicados.

“Nosotros no cuestionamos ¿cómo es que en estos casos avanzan tan rápidamente las investigaciones, mientras que con las investigaciones de nuestro hermano Samir Flores no hay avance alguno? ¿Qué es lo que obstaculiza la investigación? ¿Hacia dónde se quiere desviar la atención, cuando el señor Hugo Erick se jacta de decir que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores tiene que ver con el crimen organizado? ¿A quiénes protege? ¿Por qué la fiscalía general se niega atraer el caso?”, cuestionaron.

De acuerdo con la versión oficial, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero, alguien tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Atendió su madre, quien detrás de la puerta escuchó la voz de un hombre, quien pedía ver a Samir para pedirle un anuncio en la radio comunitaria donde laboraba.

Sin mayor sospecha, Samir salió a atender, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. La pareja de Samir y su padre permanecieron en el interior, pero su tranquilidad fue allanada cuando escucharon disparos y salieron para encontrar a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec pero pereció.

La FGE abrió seis líneas de investigación. La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.

Sin embargo, a tres meses del crimen no hay ningún detenido como presunto responsable material o intelectual del asesinato de Samir, quien era apreciado en la zona y conocido por su aposición al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Marco Antonio Solís cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentación, documentan; iniciarán denuncia.

Este miércoles será presentada la denuncia formal contra la administración pasada por el presunto desvío de alrededor de 20 millones de pesos que se reportaron como parte del pago al cantante Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, pues el monto erogado supera lo que regularmente cobra el artista por una presentación.

El director de análisis estratégico y asesor de la gubernatura en materia anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez de Ita, detalló que ya suman más de 30 carpetas abiertas por denuncias relacionadas con actos irregulares identificados en el manejo de recursos durante la gestión del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y advirtió que continuarán iniciando procesos, pues paulatinamente se integran los expedientes con elementos que robustecen las demandas.

Refirió que este miércoles será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción un caso más, relacionado con el sobrepago que se hizo con dinero del erario, o que se reportó como tal por la actuación del cantante, ya que aquí se pagaron cerca de 26 millones de pesos.

Marco Antonio Solís -refirió Becerra Chávez- cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentarse en un concierto masivo, como el que se realizó en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec el 6 de diciembre de 2014.

Recordó que de acuerdo con información documental, la empresa “Magnus” era presuntamente contratada como intermediaria en las contrataciones de éste y otros artistas, como Emmanuel, Mijares y el cantante Sting. “Los representantes de esa empresa tendrán que rendir cuentas de porqué cobraba estos sobreprecios… pareciera que el gobierno del estado era tonto en pagar esas cantidades exorbitantes, cuando en el mercado de los cantantes, de los artistas, tienen precios, es un valor que ellos mismos se dan”.

Insistió en que están en la etapa de recopilación de más pruebas sobre los conciertos de los artistas también referidos y en breve entregarán a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias correspondientes.   

El dirigente estatal dice que el Partido del Sol Azteca superará su crisis.

Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla.

Avanza investigación que implica a las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste: fiscal.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, afirmó que por lo menos un diputado más podría ser imputado por el presunto delito de peculado junto con las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Al asistir a la toma de protesta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario dijo respetar las diversas opiniones sobre el trabajo de la fiscalía y afirmó que en breve informará sobre el curso tanto de la investigación como de la judicialización de la carpeta que implica a exlegisladores.

“Estamos integrando la carpeta de investigación, que los diputados conocen de estas pesquisas, no puedo yo ventilar en medios los avances que tenemos, pero sí puedo decirles que estamos obteniendo elementos de prueba muy sólidos, con los que habremos pronto de judicializar la carpeta en contra de algunas exlegisladoras y otros funcionarios”, sostuvo.

Señaló que por el momento no es posible revelar los nombres de otros exintegrantes de la LIII Legislatura que están bajo investigación, pero adelantó que por lo menos estaría implicado un tercer exdiputado en la indagatoria por el presunto delito de peculado en agravio del Congreso y el erario.

El pasado 23 de abril, la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación de la audiencia de formulación de imputación contra las exlegisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la exsecretaria de Administración del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra ésta última, quien ahora tiene calidad de testigo.

De acuerdo con la fiscalía, la exsecretaria de Administración aportó nuevos elementos de investigación para robustecer la carpeta de investigación que en su momento permitirá reformular la imputación contra las exlegisladoras perredistas y algunos otros implicados por el presunto delito de peculado y lo que resulte, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos del presupuesto del Congreso local.

Rindieron protesta los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante diputados locales, a ocho meses de que fueron designados por la Comisión de Selección. 
Los cinco representantes -Alejandro Enríquez Hermidas, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Esquivel Coránguez- fueron vinculados con el gobierno de Graco Ramírez, ya que la Comisión de Selección (cuyos integrantes fueron electos por la LIII Legislatura) los designó tres días antes de que concluyera la administración pública estatal pasada.
Al respecto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz los exhortó a demostrar con trabajo que son los indicados para ocupar dicha representación ciudadana. 
"Están a prueba, empodérense... quítense, con su trabajo y con resultados, el estigma de haber sido electos en la parte final de un gobierno que nos antecedió y dejó mucho que desear en lo que será precisamente su materia", manifestó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT). 
El Comité se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un comité coordinador y el Sistema de Fiscalización. 
También se revisará el trabajo de las instancias que integran el sistema y de calificarlo, para que se cumpla con el objetivo de abatir la corrupción. 
Por ello se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos en contra de funcionarios o ex servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. 
El Sistema Estatal Anticorrupción por fin podrá operar luego de más de cuatro años de que se creó la primera legislación para su operación. Sin embargo, la integración del comité antes citado ha estado judicializada desde hace tres años. 

Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

En un comunicado señala que no se aportaron elementos para demostrar la conducta delictiva de exfuncionarios.

Luego de que el martes la fiscalía anticorrupción tratara de responder a las críticas por la absolución de un exfuncionario estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que en el proceso citado, la fiscalía no aportó elementos que apoyarán su acusación, de allí que el juez de la causa haya decretado el no ejercicio de la acción penal. 

En el comunicado, el TSJ señala que “respecto de la información al auto de no vinculación a proceso de exfuncionarios  de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO),  de la  pasada administración, que participaron en presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos… durante la audiencia, la Fiscalía formuló imputación a los presuntos responsables y solicitó que se resolviera su situación jurídica “en ese momento”; en este sentido, el juzgador apreció que con los  antecedentes presentados por la Fiscalía no se aportaron elementos de prueba que llevaran a inferir que uno de los imputados conociera o realizara algún tipo de conducta delictiva que afectara el patrimonio del Estado”.

También sostiene que “sobre el proceso de los otros dos imputados, a quienes se les señaló por la conducta tipificada de peculado, sancionada en el artículo 279  fracción I del Código Penal vigente,  la Fiscalía no presentó una prueba que acreditara que los imputados hayan recibido el efecto numerario (dinero)”.

El comunicado finaliza con la afirmación de que  “El TSJ informa que la Fiscalía puede seguir su investigación o recurrir la que emitió el juez, el cual actuó con imparcialidad y conforme a los datos de prueba que fueron expresados en el presente asunto”.