Indicó que los uniformados pertenecen a la dirección de Vialidad y sus denunciantes son tanto choferes del transporte público como automovilistas particulares que no toleraron la presunta extorsión de la que fueron víctimas y dieron parte a la dependencia municipal.

De este modo, el jefe policiaco manifestó que se iniciaron los procesos de orden administrativo correspondientes y será en aproximadamente dos meses y medio cuando se tenga un dictamen.

Indicó que si los policías resultan ser responsables del delito que se les imputa, podrían ser dados de baja de la corporación e incluso puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público del fuero común.

Sin embargo, reiteró que para dar a conocer un resultado sobre dichas investigaciones, éstas tienen que ser agotadas por la autoridad competente de la dependencia a su cargo.

Lo que sí expresó es que la encomienda de la actual administración municipal es de cero tolerancia contra aquellos policías que realicen algún acto ilícito en contra de la ciudadanía.