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El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)  estará integrado por cinco comisionados. Ayer, el Congreso del estado emitió la declaratoria de validez de la reforma constitucional, por la que se modificó la estructura orgánica del organismo.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el pleno informó que sólo Jiutepec aprobó la reforma, seis municipios la rechazaron y 26 omitieron votarla en cabildo, por lo que se consideró aprobada por afirmativa ficta (silencio administrativo).

Antes de la reforma, el IMIPE estaba integrado por tres comisionados. La diputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, confirmó que la Junta Política y de Gobierno analiza convocar a un periodo extraordinario de sesiones para realizar dichos nombramientos, ya que la ley faculta al Congreso del estado sesionar hasta el 31 de agosto, cuando concluye la LIII Legislatura.

De igual forma, también fue validada la reforma al artículo 111 de la Constitución Política del Estado, por la que se modificó la geografía del estado y aumentaron de 33 a 36 los municipios. 

Dicha minuta fue aprobada por los municipios de Jiutepec, Cuernavaca y Temixco, no así 30 municipios que no la votaron, por lo que también se aprobó por afirmativa ficta.

Abogado exhorta a los Ayuntamientos a votar en contra de las medidas aprobadas por el Congreso.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, aseguró que hasta ahora, dos cabildos han rechazado las recientes reformas constitucionales aprobadas por los diputados.

Luego del exhorto verbal y escrito realizado por la organización de abogados, detalló que las comunas de Yautepec y Axochiapan se pronunciaron en contra de las reformas por coincidir en que son lesivas para la sociedad y el erario.

Confió en que otros ayuntamientos también rechazarán las reformas e instó a los cabildos para que se pongan de lado de la sociedad y contesten en sentido negativo a estas modificaciones constitucionales que laceran a la ciudadanía morelense.

“Les hemos solicitado de una manera respetuosa, pero enérgica, que analicen los alcances de la reforma y, en su momento, la rechacen en sus términos. Es lo que hemos pedido, que contesten en sentido negativo esta solicitud de la reforma que han hecho los diputados”, dijo.

Algunas de las reformas rechazadas son la creación de dos nuevas plazas de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe); la eliminación de la positiva ficta y la imposición a los ayuntamientos para aprobar reformas mediante mayoría calificada, así como el otorgamiento de la autonomía al Instituto de la Mujer, el cual enfrenta una auditoría por presuntos malos manejos del presupuesto por parte de la extitular, Teresa Domínguez. 

"Morelos Rinde Cuentas" ofrece un informe demoledor: en tres años se negaron legisladores a transparentar uso del presupuesto.

El centro de investigación "Morelos Rinde Cuentas" dio a conocer que después de tres años y 15 recursos de inconformidad ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso del estado se ha negado a transparentar el ejercicio del presupuesto durante toda la Legislatura. 

El codirector de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas Ramírez, refirió que desde el 2018 a la fecha, se ha promovido al menos 100 recursos ante la negativa del Congreso local para transparentar información en materias financiera y legislativa.

Del centenar de acciones jurídicas, 15 se promovieron para conocer del ejercicio del presupuesto desde el 2016 hasta este 2018.

"Pedimos información del ejercicio del 2017 porque sabemos que se pidió un aumento de 100 millones de pesos, el presupuesto era de 450 millones e incrementó a 550, y no hay ninguna información, ninguna respuesta de cómo se gastó el recurso. La Secretaría de Hacienda tampoco nos ha dado información del porqué le pidieron esos recursos, cuál fue la justificación para entregárselo, si les enviaron oficios, correos electrónicos y tampoco nos han querido informar", subrayó. 

Incluso, mencionó que se solicitó información del proceso legislativo que se siguió para la aprobación del presupuesto 2018 y tampoco fue proporcionada. "Les preguntamos cuándo recibieron el presupuesto 2018, que nos lo comprueben con documentos, con oficios, porque tenemos información de que los diputados no tenían el presupuesto antes de votarlo", explicó.

Salinas Ramírez afirmó que otros rubros que también deben transparentarse, son los fideicomisos para operar los fondos para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, ya que la negativa para dar a conocer el uso de los recursos financieros, pudo a ver sido una de las razones de que el Congreso los haya desaparecido.

El codirector de Morelos Rinde Cuentas sostuvo que el IMIPE también tiene responsabilidad en relación a la opacidad que existe en el Poder Legislativo, pues ha mantenido en la "congeladora" dichos recursos por distintos medios jurídicos.

Incluso, han promovido amparos para que el instituto haga su trabajo y no han obtenido ningún resultado.

Los señala por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El Foro Morelense de Abogados denunció penalmente a 29 de los 30 diputados del Congreso de Morelos, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público por la aprobación de “pensiones doradas” a secretarios de despacho y familiares de altos mandos burócratas.

El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, consideró que la aprobación de las pensiones y las diversas reformas legislativas para crear un “súper fiscalía” y beneficiar a familiares de altos funcionarios, no sólo no están justificadas, sino que devastan las finanzas públicas.

Al acudir a la sede de la Fiscalía General del Estado para iniciar la denuncia penal contra todos los diputados, con excepción del legislador del Partido Humanista Jesús Escamilla que votó en contra, Martínez Bello afirmó que será esta querella prueba de fuego para el fiscal estatal, quien deberá mostrar si de verdad es autónomo e imparcial en la búsqueda de la justicia, o si su cargo es una falacia e imposición para garantizar impunidad a los gobernantes salientes.

Consideró que “esta denuncia debiera prosperar y será la prueba de fuego del fiscal Uriel Carmona Gándara, pues así sabremos que está puesto de manera exprofesa por los diputados, por el gobernador, para brindar impunidad, o verdaderamente pretende llevar a cabo un trabajo de investigación imparcial”.

“Estamos haciendo las cosas bien y encontraremos la ruta jurídica para que se finquen responsabilidades en contra de los diputados que han devorado la economía morelense”.

En la querella, el Foro Morelense de Abogados rebatió la legalidad de las jubilaciones de personas allegadas al gobierno estatal que no tienen ese derecho adquirido, “admitiendo cierta documentación que pudiera ser falsa, sin investigar previamente su veracidad, por ejemplo la de Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda; Beatriz Ramírez, secretaria de Educación; la esposa del diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; y candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD, Denia Flores. Además de Estefani Guzón André, responsable de relaciones públicas del gobierno de Graco Ramírez, cuando sólo contaba con escasos cuatro años en la administración pública”.

A ellas se agregan la jubilación de Anahí Bahena López, de apenas 37 años y esposa del secretario de Gobierno Ángel Colín; de Karina Arteaga Domínguez, militante de Movimiento Ciudadano; el ex titular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán; Denia Flores, esposa del  diputado Francisco Navarrete Conde y ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Tepoztlán.

Martínez Bello también criticó la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales consideró no son necesarias.

En su querella también denunció como ilegal, la reforma que otorga al fiscal estatal la facultad de nombrar el fiscal anticorrupción, cuando ya existe el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción; así como la transferencia a la estructura de la fiscalía general de C-3, la procuraduría del menor, el centro de justicia para mujeres y los centros de asistencia social.

“En este afán de crear una súper fiscalía o darle beneficios a esta misma, está muy claro que lo que pretenden es generar beneficios para obtener impunidad al momento del salir; pero además lo hacen sin tener un proyecto que los justifique”, dijo.

Expresó que los diputados también aprobaron un incremento a más del doble el presupuesto de la fiscalía, al pasar de 330 a 710 millones de pesos, y favorecieron con un “salario vitalicio” al fiscal estatal, a la fiscal antisecuestro y al fiscal anticorrupción.

Otra de las irregularidades denunciadas, fue la creación de dos plazas de comisionado más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a iniciativa del diputado Mario Chávez, y cuya esposa resultó designada comisionada.

Instó a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a presentar sus querellas ante la fiscalía estatal contra los diputados y pidió a los miembros de la legislatura electa emprender acciones legales.

Estará temporalmente fuera de servicio la Plataforma Estatal de Transparencia, así como la del Repositorio de Transparencia Morelos.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) informó que estará temporalmente fuera de servicio la Plataforma Estatal de Transparencia, así como la de Repositorio de Transparencia Morelos, debido al mantenimiento de rutina al servidor.

A través de un comunicado, el órgano anunció a los sujetos obligados y a los usuarios del sistema de transparencia que realiza un mantenimiento al servidor donde se encuentran alojadas la Plataforma Estatal de Transparencia y el Repositorio de Transparencia Morelos.

Explicó que el mantenimiento de rutina tiene la finalidad de conservar en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica del instituto y la información contenida en la misma.

“Derivado de este mantenimiento informamos que tanto la Plataforma Estatal de Transparencia como la de Repositorio de Transparencia Morelos, no estarán disponibles de forma temporal para su consulta, sin embargo la información se puede consultar desde la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a excepción de hipervínculos que se tengan marcados. Es de mencionar que éste mantenimiento no afecta el proceso de verificación de las Obligaciones de Transparencia que realiza desde el 01 de junio la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, mismo que sigue su curso a través de las revisiones de los formatos contenidos en PNT”, señaló.

El IMIPE recalcó que el mantenimiento de las plataformas no limita el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que las obligaciones de los sujetos obligados se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) y el Sistema Infomex Morelos continúa en funcionamiento para recibir las solicitudes de información de parte de la sociedad.