En hashtag: Sedesol

El abogado de la extitular de SEDESOL y de la SEDATU aseguró que su clienta cuenta con pruebas pars sustentar sus acusaciones contra el exsecretario de Hacienda

Su defensa presentará una solicitud de criterio de oportunidad para aportar información y posibles datos de prueba en temas relacionados con la llamada ‘Estafa Maestra’

Ahora, por un monto superior a los 22 millones de pesos.

En un segundo fallo, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, ahora por un monto superior a los 22 millones de pesos.

Al resolver el expediente 4811/1917144/292/20PL0104, promovido por Vera Jiménez en contra de la resolución de la Dirección de Responsabilidades de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) el Pleno consideró infundados los agravios expuestos por el ex rector, quien alegó desde la violación de sus derechos humanos hasta la caducidad del procedimiento  de responsabilidad instaurado en su contra.

De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado, a cargo del magistrado, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, en octubre de 2014, la ASF emitió las órdenes de fiscalización a la UAEM y a la Secretaría de Desarrollo Social federal, entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y enfrenta cargos por el caso conocido como “La Estafa Maestra” y que involucra a varias universidades estatales.

Posteriormente fue emitido el pliego de observaciones y, en el caso de Vera Jiménez, en marzo de 2018, el órgano fiscalizador dio por no solventadas las irregularidades e inició el procedimiento de responsabilidad resarcitoria.

En enero de 2019, la ASF resolvió que efectivamente el ex rector incurrió en daño a la hacienda pública y le atribuyó la responsabilidad resarcitoria por un monto de 22 millones 462 mil 182 pesos.

En la resolución se declararon infundados los agravios expuestos por el ex jefe universitario y particularmente se subrayó que, aun cuando el procedimiento de responsabilidad se resolvió fuera del plazo de 190 días previsto en la ley, de ninguna forma opera la caducidad, ya que el procedimiento de responsabilidad resarcitoria es muy relevante para la colectividad y, por ello, el legislador no fijó consecuencias o sanciones cuando dichos procedimiento no se resuelven en el plazo.

Al igual que en la sentencia del 15 de julio pasado el TFJA, se expuso que la responsabilidad administrativa impuesta al ex rector fue derivada del convenio firmado entre la UAEM y la Sedesol por un monto de 697 millones 767 mil 700 pesos.

Y es que, aun cuando en noviembre de 2013 la Sedesol dio por ejercidos los recursos y cumplida la prestación de bienes y servicios para el programa “Cruzada contra el Hambre” por parte de la UAEM, no fue hasta días después que la universidad realizó diversos procesos para la subcontratación de varias empresas (algunas de ellas presuntamente fantasmas), en contravención de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamento.  

En la resolución del juicio contencioso administrativo 4808/1917133/165/20PL0704, del pasado 15 de julio, se confirmó la responsabilidad administrativa resarcitoria solidaria de Vera Jiménez por un monto de 239.3 millones de pesos, a cuya cantidad se le suman 22 millones 462 mil 182 pesos de esta segunda resolución.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza Beltrán dijo tener conocimiento de que existen carpetas de investigación abiertas por los contratos de servicios con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que se ha entregado toda la información que les ha requerido la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República.

“Sabemos que existen carpetas de investigación abiertas, pero la  universidad, en lo que ha participado es  en la entrega  de la información que se le ha requerido, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Fiscalía General de la República, y con esa visión dentro de la universidad, de manera  muy transparente hemos entregado todo lo que se nos ha solicitado con respecto a esos proyectos”.

Informó que les han solicitado información relacionada a los proyectos que la UAEM realizó con la Sedesol, tales como los nombramientos oficiales de las personas que participaron, y se ha explicado, dijo,  cómo se llevó el proyecto desde la parte administrativa.

“El año pasado estuvieron aquí un grupo de personas y se les entregó todo lo que requirieron y han ido solicitando poco a poco y se les ha ido suministrando toda la información  de manera muy transparente lo que requirieron y han ido solicitando".

Gustavo Urquiza informó que el único miembro de la comunidad UAEM a quien han llamado las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación es el ex rector Gerardo Ávila García, quien le comentó, que “ha tratado de esclarecer su participación de manera transparente, no hemos sabido de otro universitario que haya sido llamado”.

Explicó que el Órgano Interno de Control ha informado que el proyecto con Sedesol se hizo conforme a la normatividad. Sin embargo, ha habido observaciones y se están tratado de solventar.

“Se ha observado lo de las empresas, que si estaban legalmente establecidas, es el tipo de observaciones que se han hecho. En una reunión el año pasado solicitamos ante los senadores que se acelerara el proceso para que se cerraran esas carpetas y nos permitieran seguir con las gestiones de recursos para resolver los problemas financieros a las universidades”.

El rector Urquiza Beltrán consideró que la investigación que se realiza a funcionarios de la Sedesol por los proyectos desarrollados con las universidades no será impedimento para mantener las gestiones que permitan a las universidades su reestructuración para garantizar su operatividad y viabilidad en los próximos meses, al referir que el año pasado se obtuvo apoyo del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) reclama por la desaparición de apoyos y demanda mayor inversión para el campo en Morelos.

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) para demandar mayor presupuesto a productores en Morelos. La organización expresó su preocupación por el anuncio del gobierno federal de suspender para Morelos programas de concurrencia.

Omar Zambrano Hernández, líder de la agrupación, informó que el objetivo de la movilización de ayer lunes fue para pedir audiencia con el delegado especial de programas sociales de instituciones del Gobierno de México, Hugo Eric Flores Cervantes, a quien le han pedido una explicación sobre lo que va a ocurrir con los apoyos y la inversión destinada al agro.

La toma pacífica de las oficinas, advirtió, no se suspendería hasta que el citado funcionario federal les garantice que todos los campesinos serán incluidos en los diferentes programas sociales, de economía y de desarrollo agropecuario del gobierno federal.

Recodó que ya hay un padrón de la administración pasada en el que no fueron incluidos todos y su reclamo es que si cambiarán las reglas de operación, quieren que se modifiquen para bien y se tome en cuenta a la totalidad, sin distinción de grupos o partidos políticos.

La UNTA, en voz de su representante legal, expuso su preocupación por el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado en Ayala, Morelos, en el sentido de que desaparecerá el programa conocido como “concurrencia”, por el que se destinaron al estado en años pasados poco más de 60 millones de pesos, y en el cual, durante el año 2018, se registraron aproximadamente 3 mil 500 productores.

No están en contra de que los apoyos sean entregados directamente, es decir, sin intermediarios, pero expuso que demandan que todos sean tomados en cuenta y que se incremente el monto de inversión.

El referido programa de concurrencia operaba con fondos bipartita, pero –ahora- por lo que entienden los dirigentes de la UNTA, sólo se contará con los recursos que destine el gobierno estatal para ese rubro, que atendía actividades de agricultura, acuacultura y ganadería.

El líder añadió que desde el pasado mes de diciembre pidieron audiencia con el “súper delegado”, pero su personal respondió que les regresarían la llamada, pero hasta la fecha no les han dado cita. De tal manera que advirtió que permanecerían en el lugar o regresarían hoy martes hasta tener una respuesta clara y directa del multicitado funcionario federal. 

Representantes de estancias infantiles de todo el estado protestaron el día de ayer en la sede delegacional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para pedir una audiencia con Otilio Rivera Navarro, encargado de la dependencia, ya que les adeudan el subsidio del mes de octubre, dinero con el cuál se paga al personal y se compran los insumos y alimentos para los niños.

El mandatario estatal y el secretario federal de Sedesol encabezaron la segunda sesión ordinaria de la ENI Morelos.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, convocó a representantes de los tres niveles de gobierno a unir esfuerzos en la lucha contra la pobreza, con el fin de disminuir los índices en diferentes tipos de carencias sociales.
Durante la segunda sesión ordinaria del Grupo Directivo Morelos de la Estrategia Nacional de Inclusión Social (ENI), la cual estuvo encabezada por el mandatario estatal y el secretario federal de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, Blanco Bravo manifestó que es importante atender de forma conjunta e inmediata los rezagos y carencias que aquejan a grupos vulnerables.
“Que mejor que hacerlo de forma conjunta, sin importar las banderas o colores políticos, poniendo como principal objetivo el interés común de nuestra sociedad morelense, apoyando a los que más lo necesitan”, aseveró.
El mandatario estatal indicó que con acciones conjuntas entre los gobiernos estatal, federal y municipales, se pueden revertir las desventajas sociales y apoyar a sectores con mayor vulnerabilidad de la sociedad morelense.
Invitó a los asistentes, entre los que se encontraban delegados federales, integrantes del gabinete, presidentes municipales en funciones y electos, a trabajar en equipo, ya que es la manera de lograr muchas cosas buenas para Morelos.
“Como siempre se los he dicho, aquí tienen una persona que quiere cambiar este estado, una persona que quiere trabajar por la gente más necesitada”, aseguró.
Por su parte, el titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña, reconoció el compromiso mostrado por la administración que encabeza Blanco Bravo para llevar a cabo una transformación verdadera a favor del estado.
Aseguró que a casi un mes de haber iniciado este periodo de mandato estatal, el cual cuenta con el respaldo democrático de las y los ciudadanos, se percibe el deseo de servir y de llevar oportunidades a todos los rincones de Morelos.
Pérez Magaña confió en que Morelos tomará el rumbo correcto y logrará encontrar tiempos mejores, “porque en los próximos seis años tendrá al frente a un hombre con una gran fortaleza de carácter forjada”.
En esta sesión de la ENI, que se realizó en el municipio de Yautepec, el secretario de Desarrollo Social de Morelos, Gilberto Alcalá Pineda, presentó los índices que presentan actualmente las diversas carencias sociales en Morelos.
Alcalá Pineda indicó que, si bien el estado presenta cifras positivas en comparación a la media nacional, es necesario no bajar la guardia para erradicar los rezagos sociales, principalmente en comunidades alejadas catalogadas como de alta y muy alta marginación.
En su intervención el delegado de la Sedesol en Morelos, Otilio Rivera Navarro, informó que es necesario integrar a los nuevos titulares de las dependencias estatales a las mesas de trabajo de la ENI, a fin de garantizar la continuidad de la estrategia, así como resultados favorables al cierre del año en curso.
Rivera Navarro dio a conocer que en breve sesionarán dichas mesas de trabajo en temas de educación, salud, trabajo y vivienda, alimentación, ingreso e inclusión, así como de comunicación, a las cuales se integrarán titulares de las dependencias estatales en el rubro correspondiente.
 

Valoran 42 modelos de negocio para ganar la incubación de su empresa con la UTEZ.

El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), en coordinación con la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ), realizaron la evaluación de los 42 modelos de negocio que se registraron en la convocatoria de Jóvenes Ecosol.

El director del Impajoven, Pablo Andre Gordillo, destacó la participación de los jóvenes emprendedores al atender la convocatoria, refirió que ésta es prueba de que ahora los jóvenes están “cambiando el chip” y buscan generar empleos para beneficiar al estado y también al país. 

Los 42 proyectos están en una etapa de evaluación de prototipos y modelos de negocio; cabe destacar que el comité evaluador descartó algunos proyectos por no cumplir con todos los requisitos que marca la convocatoria.

El comité evaluador estuvo integrado por el director de Impajoven Pablo Gordillo; Francisco Gamarra, jefe de la Incubadora de Empresas de la UTEZ; dos agentes técnicos capacitados por el Instituto Mexicano de Juventud (IMJUVE) Alfonso Bahena y Rodrigo Álvarez; y Sabas Flores, enlace técnico del Programa de Fomento a la Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Pablo Gordillo explicó que al concluir la primera etapa, se mencionarán a las empresas que iniciarán el proceso de incubación en la UTEZ y aquellos jóvenes emprendedores que concluyan exitosamente el proceso serán evaluados nuevamente para seleccionar a los tres primeros lugares de la convocatoria.

Por último, Pablo Gordillo y Francisco Gamarra anunciaron que los resultados de la primera etapa se publicarán en las páginas de la universidad e Impajoven, para que los concursantes estén al pendiente de las redes y conozcan si su modelo de negocio fue aprobado para la incubación. 

Exigen la devolución de 60 mil pesos que entregaron a personas que se hicieron pasar como personal de la dependencia federal.

Zona sur.- Un grupo de vecinos de Jojutla denunció que fueron defraudados por parte de personas que promovieron apoyos de programas sociales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al acreditarse como parte de las dependencias federales en Morelos.
El grupo de vecinos exigió la devolución de las aportaciones que solicitó el supuesto personal para acceder a programas federales que nunca recibieron.
Abida Chávez Quintanilla, vecina de Jojutla explicó que en el mes de enero recibió una invitación para ser parte de unos proyectos de Sagarpa y Sedatu por parte de la señora Graciela Montiel Ducoin, Ramón Domínguez Ríos y la licenciada Perla Rosalinda Ríos Muñoz, a fin de ser beneficiada con recursos que se entregarían la última quincena de febrero o mediados de marzo, pero a la fecha no ha recibido nada.
Detalló que fueron 57 personas las que se inscribieron, las cuales son vecinas de la colonia Centro y las comunidades de El Higuerón y Tlatenchi, quienes realizaron aportaciones económicas para inscribirse en dichos apoyos y en dos casos aportaron un monto de seis mil 300 pesos por proyecto. El resto fueron grupos de 10 y cinco personas que aportaban 100 pesos cada una para inscribir su proyecto en grupo, pero nunca recibieron el folio correspondiente.
"Con el paso del tiempo y al negarse a responder las llamadas y correos electrónicos la señora Graciela Montiel, buscamos la manera de tener respuesta, pero no fue posible, así que la situación se le hizo saber a Jorge Meade, delegado de Sedesol y entonces candidato a la gubernatura, de Morelos pero no hubo respuesta. Por lo que decidimos denunciar el fraude ante la Fiscalía Regional para recuperar el dinero de la gente que lo aportó con la esperanza de recibir un apoyo", contó.
Explicó que dos proyectos son de construcción de bodegas y de cuarto con repellado, así como proyectos productivos de Sagarpa, en algunos casos se recibiría el apoyo monetario y en otros en especie.
Señaló que son cerca de 60 mil pesos los que le entregaron a la señora Graciela Montiel a su cuenta bancaria personal, la cual promovió estos programas en diferentes comunidades y colonias de la zona sur, dijo.
Reiteró que lo que piden es la devolución del dinero, ya que la gente se siente defraudada. Sin embargo, por exigir la devolución del dinero, ya ha recibido amenazas, bajo el argumento de que se los regresarán, que ya no hagan nada. Sin embargo, tampoco devuelven el dinero, acotó Chávez Quintanilla.