En hashtag: CongresoDelEstado

Proponen reducir costo del reemplacamiento; el G-15 se fracturó.

El programa de reemplacamiento vehicular podría aprobarse por el Congreso del estado, pero a un costo de menos de 800 pesos, como planteó el Poder Ejecutivo, informó el presidente de la Mesa Directiva,  Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
El pasado miércoles, el Poder Legislativo fue notificado de las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo al Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 que aprobó un grupo de 15 legisladores, el pasado 9 de enero.
De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, se planteó el mismo Paquete Económico que se propuso el 15 de diciembre pasado, y se hicieron observaciones a los excesos que los diputados cometieron al incrementar 100 millones el presupuesto del Congreso, además de otras ilegalidades, como el proceso legislativo que se siguió para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por la madrugada.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que buscan los consensos necesarios para modificar el Paquete Económico que aprobó el grupo de 15 legisladores y validar algunas propuestas del Ejecutivo, como el programa de reemplacamiento, y aumentar el presupuesto a algunas áreas del gobierno estatal, tal es el caso de la Oficina de la Gubernatura.
Agregó que de aprobarse el programa de reemplacamiento vehicular, se buscaría que se aplique a un menor costo para el ciudadano.
Sin embargo, adelantó que la discusión del Paquete Económico ante el Pleno se dará hasta febrero próximo, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura. Ante tal determinación, el periodo extraordinario que se abrió el pasado martes y en el que supuestamente se abordarían las observaciones, sería clausurado.
De manera extraoficial se ha informado que el grupo de 15 legisladores se fracturó y que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el mismo diputado petista José Casas González se sumarían al gobernador del estado para aprobar su propuesta de Paquete Económico.
Dichas negociaciones se habrían logrado mediante el compromiso de posibles cambios en la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno.

El gobierno del estado hace observaciones técnicas y jurídicas al proyecto aprobado por un grupo de diputados: Sotelo Salgado.

El Ejecutivo estatal entregó al Congreso local las observaciones al paquete económico para el ejercicio fiscal 2019; el documento prácticamente se ajusta a la propuesta inicial.

El Poder Legislativo deberá pronunciarse en un plazo de 30 días conforme a lo que establece la ley, según el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, quien comentó que se enviaron observaciones de dos tipos, jurídicas y técnicas.

Entre ellas se señala que hay violaciones al procedimiento, desde la convocatoria a la sesión extraordinaria en la que fue aprobado el paquete económico, porque consideran que jamás inició, y luego se declaró la apertura de ésta sin conocimiento oportuno de todos los legisladores, además de la sustitución del presidente de la mesa directiva “sin justificación”, entre otras causas que violentarían la Constitución y otras normas.

El abogado mencionó que también se hicieron señalamientos de fondo en lo referente a cifras, “porque hay incongruencias en cuanto a lo que se mandó y lo que se aprobó”.

El Ejecutivo -de nueva cuenta- envió a la Cámara de Diputados el plan de reemplacamiento vehicular, que ha sido uno de los puntos de controversia por parte de los legisladores; y es que a decir de Sotelo Salgado, el Ejecutivo no puede cambiar un paquete económico que está plenamente sustentado.

De igual manera, explicó que se incorporó el tema de la concesión del manejo de la basura, toda vez que cuando se eliminó de la propuesta, no se sustentó.

“No puede cambiar una postura del Ejecutivo cuando el paquete está perfectamente sustentado. Finalmente, no hay una justificación del porqué la modificación al presupuesto; es decir, para que hubiera esos cambios, se debió haber fundado y motivado por qué; no simplemente tachar una propuesta y establecer otra forma de presupuesto”.

De igual manera, adelantó que se hicieron observaciones sobre el incremento al presupuesto del Poder Legislativo que aprobaron legisladores por 100 millones de pesos más con respecto al año pasado, y la asignación de 10 millones de pesos para una asociación de tipo privada, que -de igual manera- ha sido muy criticada.

El consejero dijo que hay voluntad del gobernador y dio indicaciones claras en el sentido de que se muestre disposición total para dialogar y alcanzar acuerdos con el Congreso del estado.

Ratificó que si no se llegara a los consensos, se deberá publicar el decreto y posteriormente se tendrían que valorar las circunstancias y decidir si recurren o no a otro camino legal.  

Por el momento no se iniciará ningún recurso legal contra el proyecto aprobado por un grupo de diputados, señala el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz.

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso del estado las observaciones al paquete económico aprobado, y por ahora está suspendida la decisión de iniciar algún recurso legal, ante la apertura al diálogo y posibles acuerdos.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que por parte del gobierno siempre habrá disposición a dialogar, y ven de manera positiva algunas declaraciones de diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el sentido de que hay probabilidades de reconsiderar algunos puntos del presupuesto, como lo relativo al reemplacamiento.

“Es un avance de importancia que necesita Morelos. Nosotros estamos abiertos totalmente al diálogo y cuantas reuniones sean necesarias, las vamos a hacer. Estoy seguro de que vamos a empatar esa serie de ideas y todo en beneficio del estado”, apuntó.

Sobre la “reconciliación”, como se ha calificado a la conferencia de prensa que dio el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, junto con los senadores Ricardo Monreal Ávila y Lucía Meza Guzmán; el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y la coordinadora de diputados locales morenistas, Keila Figueroa Evaristo, Sanz Rivera dijo que jamás hubo confrontación.

“Por nuestra parte, nunca ha habido una lucha o hemos entablado una situación. Estamos diciendo que este gobierno es democrático. Las instrucciones del gobernador son muy claras en ese sentido y estamos abiertos a todos. Por supuesto, no hay nada en contra de Morena, es un partido de la coalición con nosotros y somos una familia y tenemos que entender que tenemos que trabajar en esa coalición”.

Destacó que el gobierno del estado no rechaza a ningún instituto político y deberá gobernar para todos.

Ante la negativa que ha hecho pública uno de los diputados del Partido del Trabajo respecto a temas prioritarios del paquete económico, como el reemplacamiento y la concesión de la basura, el Jefe de la Oficina de la
Gubernatura comentó que siempre habrá puntos de vista diferentes, pero subrayó que lo importante es que haya reuniones de trabajo en las que se analicen todos los rubros de manera técnica y legal.

Dejó en claro que hay voluntad de revisar las propuestas de los diputados, “siempre y cuando sean analizadas muy bien en el marco de la ley y anteponer el interés del estado; lo que necesitamos es un diálogo abierto para llegar a acuerdos”.

También ratificó que el Ejecutivo enviará hoy –fecha en la que vence el plazo legal- las observaciones al paquete económico que aprobó el Congreso del estado. Una vez que se pongan a revisarlas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, se analizará si se procede o no a iniciar otros recursos legales, como la controversia constitucional. Si hay acuerdos, que se concreten en tiempo y forma, quizá ya no será necesario, añadió.

El Consejero Jurídico del gobierno estatal anuncia que se agotarán los recursos legales existentes; asegura que el documento se aprobó sin cumplir requisitos legislativos.

El Poder Ejecutivo sí ejercerá su derecho de veto al paquete económico aprobado por el grupo de diputados conocido como “G15”; en caso de que no sean atendidas sus observaciones, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, recordó que el plazo para enviar al Congreso local la respuesta vence el 24 de este mes.

Mientras tanto, continúa el estudio financiero y legal del documento, pero ya se han identificado “inconsistencias” que abren un camino legal para hacer valer la propuesta del Ejecutivo.

“Se conoce como el derecho de veto. Estamos trabajando en ello, a la espera de la indicación correspondiente por parte del señor gobernador. De manera inicial se hacen las observaciones, ellos las tomarán en consideración o no y ya, si no se toma en cuenta, se hará la publicación (del decreto) y luego el gobernador determinará el momento en el que se emprendan acciones. Hay una acción que se denomina controversia constitucional y no está descartada ninguna acción jurídica”, expresó, al ratificar que si no hay un cambio de postura por parte de diputados, se recurrirá a la SCJN.

El abogado del estado refirió entre las “inconsistencias” que no se siguieron los procedimientos legislativos. Expuso que “al parecer” nunca se abrió la sesión a la que convocó el presidente de la mesa directiva del Congreso, y cuando se aprobó el paquete económico no se cubrieron las condiciones normativas para considerar iniciada la citada sesión del pleno.

Además, han identificado que no corresponden las sumatorias de cantidades que los mismos diputados asignaron a ciertos rubros.

Recordó que en tanto se resuelve de fondo el asunto, se sigue aplicando el presupuesto del 2018, en el que -por cierto- sí es factible hacer transferencias de recursos a rubros distintos a los que las partidas financieras fueron asignadas originalmente.

“Creemos que hay irregularidades mayores y por eso consideramos que no está sustentado jurídicamente y que es factible que el gobernador ejerza el derecho de veto”, añadió Sotelo Salgado, al exponer que -de igual manera- ven posibilidades de ganar, en un momento dado, una controversia constitucional.

La organización señala que por no haber hecho público su conflicto de intereses en el caso de los diez millones asignados a su asociación civil, la diputada debe recibir sanciones que ni siquiera necesitan pasar por el Congreso.

La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC ) prepara una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, por incurrir en “un evidente” conflicto de intereses, al permitir que desde el Congreso le fueran asignados diez millones de pesos a una asociación en la que ella tiene injerencia directa.

A través de su vocero, Gerardo Becerra Chávez Hita, la organización civil aseguró que la legisladora puede ser destituida sin necesidad de un trámite ante el Congreso, e hizo público que busca iniciar el citado procedimiento porque “el conflicto de intereses como delito está plasmado en el artículo 3, Fracción VI, de la ley de responsabilidades administrativas para el estado de Morelos, y ante los ojos de la CMMC existe una afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, así como del Art. 7 de la misma ley al haber posiblemente violado el espíritu del mismo, como está manifestado en el inciso I, II y IX”.

Becerra Chávez dijo que consideran que la diputada Tania Valentina Rodríguez no hizo del conocimiento de sus superiores (en referencia al Pleno del Congreso) su conflicto de intereses al asignarse los diez millones de pesos a la asociación civil “Unidos vamos por Morelos”.

Agregó que por las sanciones contempladas en el artículo 78 de la mencionada ley, la legisladora podría llegar a ser destituida sin siquiera pasar por el trámite legislativo del desafuero.

El declarante señala que en ese caso se violaron los artículos 60 y 61 de la multicitada ley, lo que también la hace merecedora de un juicio político, aunque allí la actual legislatura –dijo- tendría que excusarse y remitir el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Por último, Becerra Chávez dijo que la Coordinadora estudia la posibilidad de denunciar a la diputada por violar el artículo 276 del Código Penal para el estado de Morelos.

La partida es menor a la del año pasado; el órgano jurisdiccional planteó una suma de 41 millones de pesos; le autorizaron 33.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se inconformó ante el Congreso del estado por el presupuesto asignado en el Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores por 33 millones de pesos, dos millones menos en relación con el 2018.
Mediante un oficio remitido a la LIV Legislatura, los magistrados del TJA solicitaron que se acate la resolución de un juez que ordenó asignar el presupuesto necesario para cubrir el pago de salarios y los gastos del tribunal.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos que aprobó el G-15 el 8 de enero pasado, sólo se autorizaron 33 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que la propuesta que los magistrados presentaron era mayor a los 41 millones de pesos.
Aunado a la reducción del presupuesto a dicho tribunal, ayer, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó que el G-15 no había etiquetado recursos para el TJA, así como tampoco para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).
Tras haberse dado cuenta de su error y, mediante el "Anexo 29", que se envió al Poder Ejecutivo el pasado lunes, los legisladores asignaron presupuesto a los dos órganos; al primero, 33 millones de pesos, y al segundo, 18 millones.
La legisladora priista sostuvo que dicha omisión es un error grave, ya que el anexo que incluyeron en el Paquete Económico se envió fuera del periodo extraordinario de sesiones que se abrió exclusivamente para desahogar el tema presupuestal.

El G-15 la desconoce como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.

Ella reitera que el presupuesto que aprobó el grupo de 15 diputados es ilegal.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, reiteró que el Paquete Económico aprobado por un grupo de 15 de diputados, el pasado 8 de enero, es ilegal e improcedente.
La legisladora convocó ayer a una reunión de trabajo de la comisión que preside, para concluir el proceso de revisión del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2019, y concluyó que por falta de condiciones políticas y de disposición de la mayoría de los legisladores, no se aprobó un dictamen con proyecto de decreto.
Mazari Espín envió un informe a la presidencia de la Mesa Directiva para dejar por sentado que ocho de los 12 integrantes de la Comisión de Hacienda no acudieron a las reuniones de trabajo a las que convocó para integrar un dictamen del presupuesto.
Reiteró que como presidenta de dicho órgano es la única facultada para aprobar un dictamen y remitirlo a la Mesa Directiva para su votación en el Pleno. Por tal razón, agregó que el dictamen que se hizo en lo "oscurito" y en una sesión a la que convocó el secretario de la comisión es improcedente, y su aprobación en el Pleno por sólo 15 de los 20 diputados es ilegal.
Sin embargo, refirió que el Poder Ejecutivo es el único facultado para observar, y como presidenta de la Comisión de Hacienda estará atenta a lo que se determine. Mientras tanto, agregó, sigue vigente la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2018, por lo que "no hay parálisis financiera".
De igual forma, la legisladora priista afirmó que resultaría improcedente que los 15 legisladores la remuevan de la presidencia de la Comisión de Hacienda, así como al presidente de la Mesa Directiva, ya que no existen causales para tal determinación.

El G-15 desconoce a Mazari Espín en la presidencia de la Comisión de Hacienda 
El grupo de los 15 legisladores informó que desconocen a Rosalina Mazari como presidenta de la Comisión de Hacienda, por lo que no responderán más a sus convocatorias.
Mediante un comunicado de prensa, enviado desde la coordinación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), el G-15 informó que retiraron su respaldo a Mazari Espín.
Lo anterior, en respuesta a la reunión de trabajo que llevó a cabo la diputada priista ayer de la Comisión de Hacienda.

Análisis del Ejecutivo señala que los municipios que representa el diputado José Casas fueron favorecidos, mientras que Jojutla -en reconstrucción por el sismo- fue excluido.

Asignaron menos recursos de los necesarios para cubrir la deuda pública heredada.

El 24, a más tardar, el gobernador emitirá su postura sobre el documento; insiste en que quizá se use el presupuesto del 2018.

Legisladores locales del denominado “G15” aprobaron una propuesta de paquete económico que rebasa competencias legales, sin criterios técnicos y con intereses de tipo personal. El análisis del documento continúa, pero funcionarios estatales advirtieron que, de mantener ese proyecto, se perderían recursos federales y se violentaría la ley, con consecuencias negativas como el agravar la deuda pública.

Diputados del grupo que se negó a aprobar el paquete económico propuesto por el Ejecutivo, hicieron peticiones fuera de la norma, como el asignar 30 millones de pesos de obra pública para cada legislador.

En conferencia de prensa, los secretarios de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, de Obras Públicas Fidel Giménez Valdés, de Desarrollo Agropecuario Guillermo Ruvalcaba López y el Consejero Jurídico Samuel Sotelo Salgado, llamaron a los miembros de la legislatura a reconsiderar su posición, al advertir que en declaraciones recientes, han expresado que no piensan tomar en cuenta las observaciones que podría hacer el gobernador sobre el proyecto.

Explicaron que la revisión del paquete que la Cámara de Diputados entregó al Ejecutivo no ha concluido y por ello no se ha decidido el camino legal a seguir, pues tienen hasta el día 24 para responder. Reiteraron que en el último de los casos, podrían continuar con el presupuesto del 2018 como lo señala la ley, que sí permite al gobernador hacer transferencias.

Por ahora, apuntaron que en el multicitado documento encontraron varios rubros que indican que fue hecho con intereses personales, políticos, sin tomar en cuenta criterios técnicos ni jurídicos que implican riesgos como el violentar la ley, el de perder fondos federales y generar conflictos legales, financieros y sociales, así como la parálisis en dos tribunales.

El secretario de hacienda destacó que en ese plan se destina un monto menor al propuesto para el pago de la deuda pública. Recordó que esta gestión heredó adeudos por 10 mil millones de pesos y el no cumplir con el manejo adecuado haría que ese pasivo se agrave.

Villarreal Gasca dejó ver que algunos diputados solicitaban recursos para beneficio de los propios legisladores, pero no quiso declarar explícitamente si hubo condicionamiento o “moches”: “ustedes saquen sus propias deducciones”, respondió.

Expresó que hubo solicitudes que no podían ser aceptadas referentes básicamente a cuatro puntos: el primero es que buscaron que el Ejecutivo no pudiera hacer transferencias de recursos sin autorización del Congreso, lo cual está fuera del marco legal y no existe precedente en el país e incluso más allá de las fronteras.

El segundo punto era el asunto de prohibir la venta de bienes del ejecutivo estatal sin autorización del Poder Legislativo, pero eso ya está considerado en la legislación; el tercer asunto que pidieron incluir, era el de la basura: “un tema complicado que lo hacen político sin tener que hacerlo porque es grave, es creciente, es un tema que genera un gasto muy fuerte, no sólo para el ejecutivo estatal sino para las administraciones municipales y cada vez que se toca ese tema se ve con signo de pesos y no podemos estar así…”.

El cuarto punto que enumeró el secretario fue el del reemplacamiento, pero reiteró que la legislación establece que se debe llevar a cabo cada tres años, y la decisión de realizarlo está relacionado con la seguridad nacional, es decir que no está vinculado sólo con la estrategia local sino también con la federal.

Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, indicó entre las inconsistencias, los legisladores incluyeron decisiones en cuanto al capítulo 1000, el cual implica restricciones legales como el no poder hacer modificaciones, lo que generaría conflictos legales.

Además, en el Poder Judicial no se consideraron recursos para dos tribunales, lo que provocaría la parálisis en esas dos instancias.

Ratificó que se autoaprobaron 10 millones de pesos asignados a una fundación (de la cual la diputada Tania Valentina Rodríguez es integrante) y no se específica para qué o por qué.

El funcionario estatal criticó que sí se haya incrementado el monto asignado al Legislativo, con el pretexto de que existen varios adeudos contraídos por la Legislatura pasada, pero no han hecho un solo acto para que se sancionen esas probables irregularidades o ilícitos.

Villarreal Gasca señaló que además, han manejado información falsa con los presidentes municipales, e incurrieron en faltas a la norma. A decir del funcionario, la Ley de Coordinación Fiscal indica que se debe destinar a los municipios el 20 por ciento de las participaciones, de tal manera que no se trata de una facultad de los diputados, sino que es de orden legal.

En ese sentido reiteró el llamado a la población a mantener la calma, porque el Poder Ejecutivo seguirá operando y se han analizando alternativas jurídicas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, anotó que los legisladores asignaron recursos a determinados municipios sin tomar en cuenta equidad o aspectos específicos, como población y proyectos, entre otros. Y en contraste dejaron varios municipios “con cero pesos” en el supuesto fondo de infraestructura municipal. Apuntó que se dejó fuera a Jojutla, no obstante las necesidades que tiene por la afectación derivada del sismo del 2017. Apuntó que se beneficia en gran medida a los municipios que forman parte del distrito del legislador José Casas González.

El secretario de obras públicas Fidel Giménez Valdés Román explicó que hay esquemas de financiamiento que implican aportación estatal que no fue considerada y por lo tanto se perderán fondos federales; añadió que hay proyectos importantes de obras como la central de autobuses, el Aeropuerto Mariano Matamoros y el libramiento norponiente, a los que el Congreso asignó cero pesos.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado dijo que continúa la revisión de ese documento que contiene muchas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Agregó que ven con preocupación que algunos diputados han expresado que no tomarían en cuenta las observaciones que en su momento haría el Poder Ejecutivo; también adelantó que si no hay apertura, hay otros caminos legales; “la última palabra no está dicha”.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno sí tiene nexos con la asociación civil a la que le adjudicó diez millones de pesos.

Pese a que asegura no tener conflicto de intereses, la legisladora ha realizado actos en nombre de la asociación “Unidos por Morelos A.C.”.

La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos a través de su vocero Gerardo Becerra Chavez Hita reprochó a los integrantes del Congreso del estado (conocidos como G-15) los actos de corrupción en que incurrieron al haberse aprobado un aumento de cien millones de pesos a su presupuesto e incurrir en anomalías como asignar 10 millones directamente a la presidenta de la Junta Política Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT).

Becerra manifestó que esa maniobra ha provocado una enorme indignación ciudadana, por utilizar las instituciones para favorecer intereses personales.

Aunque la diputada aludida asegura que no incurre en conflicto de intereses, la información disponible señala que  se usaron recursos  asignados al concepto  "Fortalecimiento a  la educación inicial" para entregarlos a la fundación "Unidos vamos por Morelos A.C.", ligada a la legisladora.

Al respecto, Tania Valentina Rodríguez dijo sobre el tema que  "es una fundación de la que fui presidenta pero con la que actualmente no tengo nada que ver".

 Sin embargo, en el acta constitutiva de la asociación -firmada el 30 de diciembre del 2010 y  cuyos documentos originales se encuentran en la Notaría Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del estado de Morelos, con número de escritura 20,035 volumen DCXCV- el nombre de la legisladora aparece como presidenta de la misma.

Además, en diversos documentos se constata que la diputada ha realizado diversas operaciones en las que firma a nombre de la organización.

Por ejemplo, existen inmuebles pertenecientes a "Unidos vamos por Morelos A.C.", como el inmueble rústico denominado Ameyalco, ubicado en la calle sin nombre y sin número en el municipio de Atlatlahucan y el predio urbano ubicado en la calle de Río Frío en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla,  donde firma la diputada petista como representante de la misma asociación, lo que contradice su postura.

Luego de que al principio de la actual legislatura la diputada dio hace suyos los principios de austeridad y combate a la corrupción, con el paso de las semanas rechazó medidas adoptadas a nivel nacional, como reducir el sueldo de ella y sus homólogos o transparentar el presupuesto del Congreso bajo el argumento de que ese tema no era de su incumbencia, y ha ofrecido como explicación para la dotación millonaria que se asignó en el presupuesto que a través de la asociación se destinarán esos recursos a la educación inicial, cuando pudieron asignarse de manera directa al IEBEM, la dependencia que se encarga del tema.

Estudio concluye que con base en el número de habitantes y, en comparación con otros estados, el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos, pues en la entidad viven más de un millón 903 mil personas y la LIV Legislatura tiene sólo 20 diputados.

De aplicarse el presupuesto de 498 millones programado para 2019, el Legislativo estatal costaría a cada habitante 262 pesos y, cada diputado, 24.9 millones de pesos al año.

La LIV Legislatura es una de las más caras a nivel nacional, ocupa el cuarto lugar por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con un estudio que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" realizó en base al presupuesto que un grupo de diputados aprobó para el Congreso de Morelos -la semana pasada- por 528 millones de pesos.
Las estadísticas que emitió el centro de investigación señalan que de entrar en vigor el Paquete Económico 2019 que autorizaron los 15 legisladores, el Congreso del estado costaría a cada habitante 262 pesos, y por diputado 24.9 millones de pesos al año, tomando en cuenta que hay más de un millón 903 mil habitantes y son 20 los representantes populares.
"Morelos Rinde Cuentas" realizó un comparativo del presupuesto que gastarán las legislaturas locales de todo el país y, mientras a cada ciudadano de Quintana Roo le costará 312 pesos mantener a su Cámara de Diputados; en Baja California, 301 pesos, y en la Ciudad de México, 265; en Morelos, el costo será de 262 pesos.
El estudio concluye que tomando en cuenta el número poblacional y en comparación con otros estados, el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos, pues en el estado viven más de un millón 903 mil personas y su presupuesto será de 498 millones (restando los 30 millones que corresponden al órgano auditor), mientras que Querétaro tiene más de dos millones de habitantes y su legislatura costará poco más de 305 millones de pesos.
A pesar de que el número de diputados en Morelos disminuyó de 30 a 20 legisladores, su presupuesto es de 100 millones de pesos más en relación con el año pasado, de acuerdo con el Paquete Económico aprobado la semana pasada.

En un periodo extraordinario de sesiones también buscan destituir a Rosalina Mazari Espín como presidenta de la Comisión de Hacienda.

El grupo de los 15 legisladores en el Congreso del estado formalizó el proceso de remoción del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, a través de la Junta Política y de Gobierno, que solicitó un periodo extraordinario de sesiones para concretar dichos cambios en esta semana.
Siete de las 10 coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias en el Congreso local avalaron, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno la solicitud que "legisladores presentaron para proceder a la remoción del presidente de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Hacienda.
"La principal razón es que incurrieron en desacato a lo que el Pleno ordenó la sesión del 8 de enero, donde se aprobó el presupuesto 2019 y otras leyes. En lugar de permanecer en el recinto y presidir la sesión, se ausentaron sin causa justificada, desobedeciendo lo que ordenó el pleno", explicó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno.
De acuerdo con lo que señaló la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la Junta Política dio un plazo de 24 horas (contados a partir de ayer) para que la Diputación Permanente convoque a sesión extraordinaria y se proceda a la remoción de su actual representación al diputado del Partido Encuentro Social (PES) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y a la priista Rosalina Mazari.
Por otro lado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que defenderán la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobaron el martes pasado para el ejercicio fiscal 2019. 
Afirmó que aún y cuando el Poder Ejecutivo decida vetar el Paquete Económico mediante observaciones que realizará al mismo, el Poder Legislativo se mantendrá en su postura y no hará ningún cambio.
La petista defendió y justificó la asignación que hizo a la fundación "Unidos Vamos por Morelos" –que ella controla- por 10 millones de pesos, al señalar que es necesario se destinen recursos para educación inicial. 
Pese a que admitió que presidió la organización en el 2012, rechazó que haya un conflicto de interés. 

El codirector de “Morelos Rinde Cuentas” considera que el anterior Ejecutivo y la anterior legislatura son los ganadores de esta aprobación.

El codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, se pronunció a favor de que el Poder Ejecutivo haga observaciones al Paquete Económico aprobado por un grupo de legisladores y que se integre un presupuesto verdaderamente social. 
En conferencia de prensa, el investigador evidenció los abusos que cometieron los diputados locales al aprobar un presupuesto "a modo", pues asignaron recursos para la fundación "Unidos Vamos por Morelos" -que presidió la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz- y crearon un fondo de infraestructura de manera ilegal, además de que aumentaron en 100 millones de pesos más los recursos del Congreso del estado.
"¿Quiénes salen ganando aquí? La anterior administración y la anterior legislatura porque ya no se habla de esos temas; también la actual legislatura, sobre todo el G-15, y los más afectados son los ciudadanos porque la mala aplicación de los recursos y la poca transparencia les va a afectar", aseveró. 
El codirector de Morelos Rinde Cuentas consideró que el gobierno del estado debe dar reserva a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobaron 15 legisladores, en uso de sus facultades, y avanzar en un Paquete Económico en el que la ciudadanía también participe para evitar más actos de corrupción.

Diputados locales justificaron posibles abusos cometidos en la integración del presupuesto para el gobierno del estado y sostuvieron que se garantizó el beneficio de la sociedad. 
Luego de que se hizo público la asignación de 10 millones de pesos a favor de la fundación "Unidos Vamos por Morelos", que presidió la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz,  el diputado José Luis Galindo Cortés sostuvo que la determinación se tomó para fortalecer a la educación inicial en Morelos. 
"Es un sector, un tema que no tiene ningún tipo de apoyo a nivel estatal. Fue a propuesta de uno de los diputados", agregó.
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal por 300 millones de pesos, se debió a la petición que las autoridades municipales hicieron al Congreso del estado para garantizar que los recursos de los municipios se asignaran directamente a obra pública.
"Es un fondo que se ha creado a petición de algunos ayuntamientos, considerando que se vuelve necesario incentivar el desarrollo de obra pública, tomando en cuenta que no hay equilibrio y/o proporcionalidad en la asignación de obra pública por parte de la secretaría respectiva", señaló Zapotitla Becerro.
Para el diputado del Partido del Trabajo José Luis Galindo el presupuesto que aprobó el grupo de 15 legisladores se basó en la legalidad, por lo que también descartó que proceda la controversia constitucional que promovió el Poder Judicial por el presupuesto asignado, cuyo monto fue de 647 millones de pesos. 

Se cuenta con 10 días para hacer la contestación correspondiente: Sanz Rivera.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, señaló que tras ser recibida la notificación del dictamen del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, éste será analizado y de ser necesario se realizarán las observaciones correspondientes.

Expresó que el Paquete Económico recibido el jueves por la tarde por un grupo de diputados locales, en Palacio de Gobierno, es muy diferente al propuesto por el Ejecutivo estatal, por lo que ya se encuentra en manos de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobierno para su análisis.

Sanz Rivera indicó que el Gobierno de Morelos cuenta con 10 días para hacer las observaciones pertinentes y enviarlas a la LlV Legislatura local en un marco de absoluto respeto.

“Analizaremos toda esta situación y contestaremos de forma oportuna, como se tiene que hacer, con observaciones y todo; nosotros nos vamos a mantener dentro del orden”, refirió.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura puntualizó que la administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene el compromiso de trabajar en beneficio de todos los sectores sociales, y así lo ha demostrado en las acciones desarrolladas durante los poco más de tres meses de gestión.

Al parecer, los recursos provendrán de participaciones federales que corresponde ejercer directamente a los ayuntamientos.

Dentro del Presupuesto de Egresos del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2019, que el grupo de 15 legisladores (G-15) aprobó la madrugada del miércoles, se creó un "Fondo para la Infraestructura Municipal" por casi 300 millones de pesos.

Sin ningún fundamento legal o, al menos, alguna justificación técnica sobre su determinación, los legisladores crearon un fondo muy similar al que integró la LIII Legislatura y que ejerció a discreción por más de dos años. 

Sin embargo, el nuevo Fondo para Infraestructura se integró directamente en el Presupuesto de Egresos y los legisladores se ocuparon de etiquetar los recursos financieros a una lista de 57 obras para 30 municipios.

Los diputados tampoco explicaron de dónde se tomarán los 300 millones de pesos que, al parecer, provendrán de participaciones federales que corresponde ejercer directamente a los ayuntamientos.

No obstante, los legisladores permitirán -de acuerdo con el decreto aprobado el miércoles pasado- que los municipios definan el tipo de obra "cuando el rubro señale de manera genérica obras diversas de infraestructura".

El Fondo de Infraestructura Municipal que crearon los exlegisladores lo usaron para llevar a cabo obras en los distritos locales electorales que cada uno representó, y nunca transparentaron el uso de los recursos que pertenecían a los municipios del Fondo de Aportaciones.

Para el Poder Judicial etiquetaron 647 millones 635 mil pesos, y para el Ejecutivo, tres mil 269 millones 377 mil pesos.

Diputados aumentaron el presupuesto del Congreso del estado en más de 100 millones de pesos y disminuyeron recursos para áreas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Oficina de la Gubernatura, que sólo recibirá 33 millones de pesos para este 2019.
En el Presupuesto de Egresos que un grupo de 15 legisladores aprobó -la madrugada de ayer miércoles- se asignó un monto de 528 millones de pesos para el Poder Legislativo. Para el Poder Judicial etiquetaron 647 millones 635 mil pesos y para el Ejecutivo, tres mil 269 millones 377 mil pesos.
Mientras tanto, los legisladores locales redujeron presupuesto a algunas de las áreas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Oficina de la Gubernatura, a la que le etiquetaron 33 millones de pesos, mucho menos  de los más de 200 millones que planteó el gobernador en su propuesta de Paquete Económico.
A la Secretaría de Gobierno -de 93 millones de pesos que se le asignaron en el 2018- sólo le etiquetaron 63 millones. En tanto, la Coordinación de Comunicación Social -de 122 millones en el 2018- recibirá 50 millones de pesos.
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sólo recibirá 112.5 millones de pesos, de los cuales 80 millones son para los partidos políticos, mientras que en el 2018 el presupuesto fue de 138 millones de pesos.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, cuestionó el aumento de 100 millones de pesos que sus homólogos autorizaron al presupuesto del Congreso del estado, ya que con 420 millones de pesos se podía solventar el déficit que heredó la pasada legislatura. 
"La pregunta es: ¿Esos 190 millones para qué, por qué, para quién. Qué no estamos hablando de austeridad a los de Morena y PT?", cuestionó la diputada priista.
Dijo que el próximo martes se reunirán en sesión de la Comisión de Hacienda para determinar las acciones legales a seguir, ante la aprobación del Paquete Económico que, aseguró, se hizo de manera ilegal.

Cuauhtémoc Blanco invita a los diputados locales a trabajar por estado y buscar acuerdos en torno al Paquete Económico de este año.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, llamó a los diputados locales a trabajar a favor del estado y buscar acuerdos en torno al paquete económico para este año. Dejó ver que el Ejecutivo podría ejercer su derecho de veto o, en un momento dado, aplicar el presupuesto correspondiente al 2018.

En conferencia de prensa realizada al mediodía, el gobierno estatal fijó su postura respecto a la decisión de los legisladores de dar por aprobado el presupuesto del 2019 con diversas modificaciones a la iniciativa.

En primera instancia, se dejó en claro que la población puede estar tranquila por que el gobierno estatal seguirá operando y no se detendrá ninguna función esencial.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado subrayó que hasta ese momento no se había oficializado la aprobación del presupuesto, pero adelantó que el Ejecutivo tiene opciones legales para hacer observaciones y devolverlo al Congreso, pero especificó: “Todavía es un proyecto, es un proceso legislativo y surge a la vida jurídica una vez que se publique; incluso, si el Congreso nuevamente resuelve en el mismo sentido, hay un procedimiento especial; entonces, vamos a conocer primero el contenido de ese proyecto y, en su caso, recibir las instrucciones del gobernador y determinar cuál sería la vía que seguiríamos. Si hay observaciones, claro que se van a hacer y devolver el proyecto al Congreso del estado; hay un plazo para ello”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, indicó que el Ejecutivo tendrá 10 días para analizar el documento y decidir -en su momento- si ejerce derecho de veto o qué curso legal tomará.

“Me da tanta tristeza que parece una romería en el Congreso”: CBB

Pero el gobernador fue contundente y mostró su desacuerdo, al sostener que él y su gabinete no harán daño a la ciudadanía y llamó a los 15 legisladores (en clara alusión a quienes votaron a favor del proyecto modificado) a buscar acuerdos por el bien del estado. “Si los diputados no quieren probar y ahora se quieren hacer víctima diciendo que la ciudadanía, que ellos son de Morelos, pues mejor que se pongan a trabajar. Hay que ponernos de acuerdo, pero siempre va a pasar esto por intereses de muchas personas. Lo que yo le digo a la gente es que no les voy a fallar; todo esto es decisión de ellos, no es de nosotros; si es con el paquete del 2018, con ése nos vamos a ir, porque creo que ha pasado desde diciembre lo mismo…”.

“Me da tanta tristeza que parece una romería en el Congreso y traen acarreados, traen gente que realmente sirve para gritar y apoyar algunas decisiones de estos 15 diputados, pero yo les vuelvo a repetir que estamos firmes. Les reitero: hay que ponerse a trabajar por la gente. Nosotros no le haremos daño a la gente, pero creo que estamos cansados de lo mismo”, aseveró tajante.

Blanco Bravo expresó que ya sabían que esto podía suceder y, por lo tanto, estaban preparados. Lamentó que no haya acuerdos, porque en cada propuesta enviada al Poder Legislativo hay divergencia y no hay avances. “Imagínate, escuché a un diputado que dijo que los 15 son quienes mandan, ¿dónde estamos parados entonces…? En verdad les digo a los diputados, hay que ponernos de acuerdo, hay que ponernos a trabajar porque así vamos a estar, un conflicto y otro y otro, y así vamos a estar hasta abril”.  

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, reconoció a las y los legisladores de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, quienes han trabajado en la revisión a fondo de la propuesta del paquete económico con el secretario de Hacienda y han trabajado por actuar en apego a la ley.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, dejó en claro que en lo referente a los montos globales de ingresos, todavía no se tiene la certeza total de los recursos que llegarán al estado por parte de la Federación. Se hizo una estimación de alrededor de 22 mil 600 millones de pesos, pero la cifra no está asegurada, pues no se consideran los proyectos específicos del orden federal.

Cabe recordar que más del 90% del presupuesto del estado proviene de las participaciones federales.

De igual manera, hizo notar que en la propuesta del Ejecutivo se consideraron para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recursos estatales por aproximadamente 620 millones de pesos, conforme a lo que establece la ley, y a esa suma se tiene que agregar lo que asignará a la casa de estudios el gobierno federal, cuyo monto no se ha dado a conocer de manera formal. De tal manera que rechazó tajante que el gobierno haya propuesto un recorte en ese rubro.

Autorizaron Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por un monto de 25 mil 699 millones 963 mil pesos, en un proceso calificado como ilegal por la contraparte legislativa.

Un grupo de 15 legisladores se impuso en el Congreso del estado y aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de 25 mil 699 millones 963 mil pesos, mediante un proceso legislativo que se acusó de ilegal y que podría ser impugnado.

La madrugada de este martes, en sesión extraordinaria, los diputados de los Partidos del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Social Demócrata (PSD), Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD), Humanista (PH) y Movimiento Ciudadano (MC), hicieron mayoría a sus homólogos de los Partidos Encuentro Social (PES), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y rechazaron la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que presentó el Poder Ejecutivo.

Por la tarde de este martes reinició la sesión que se abrió el 29 de diciembre pasado en un periodo extraordinario. Inmediatamente, el grupo de los 15 legisladores solicitó un receso para convocar a reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y dictaminar el Paquete Económico.

La priista Rosalina Mazari Espín advirtió ante tribuna que la dictaminación del Paquete Económico sería ilegal y, por tal motivo, podría impugnarse. Explicó que como presidenta de la Comisión de Hacienda, es la única facultada para convocar a sesión del órgano para emitir un dictamen, para lo cual convocó a reunión hasta el próximo martes. 

Sin embargo, la mayoría de los 15 legisladores logró el receso y José Casas González, como secretario de la Comisión, aprobó la dictaminación del presupuesto y reformas en materia hacendaria junto con otros siete diputados integrantes del órgano.

Los cinco diputados que se abstuvieron de aprobar ayer el Paquete Económico se retiraron del Congreso del estado, incluido el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, por lo que la sesión extraordinaria fue presidida por la vicepresidenta Blanca Nieves Sánchez Arano.

Dentro de lo que se pudo conocer del dictamen aprobado, los legisladores rechazaron el programa de reemplacamiento; tampoco autorizaron la concesión del servicio de confinamiento final de la basura, la venta de bienes inmuebles del gobierno estatal y que el gobernador del estado pueda  transferir a su consideración el presupuesto 2019.

En la modificación al Código Fiscal rechazaron autorizar el manejo de los recursos financieros y la recaudación totalmente a la Secretaría de Hacienda.

En la Ley de Coordinación Hacendaria se incluyó a los municipios indígenas que se instalaron el 1 de enero para que puedan recibir aportaciones federales y estatales.

La empresa constructora entregará la totalidad de las instalaciones, luego de retener la mitad por los adeudos que dejó Graco.

La sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca y cuyo costo fue de aproximadamente 500 millones de pesos, será entregada de forma total por la empresa "Ago Operadores S.A. de C.V." en este mes, a casi un año de que fuera inaugurada por el ex gobernador Graco Ramírez.
El secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez-Valdés, informó que, el viernes pasado, se pagaron 25 millones de los 54 millones que heredó la pasada administración por adeudo con la constructora. Con dicho pago, "Ago Operadores" se comprometió a entregar todas las oficinas para que los legisladores las puedan usar y a terminar los pendientes de la obra.
"El tema es más bien administrativo en el contrato, en el cual hay una deuda de 54 millones de pesos del anterior gobierno hacia la empresa, pero ya estamos solventando, pagamos 25 (millones) el viernes pasado", agregó. 
La sede legislativa, cuyo costo fue de aproximadamente 500 millones de pesos, se inauguró el 28 de febrero del 2018 por Graco Ramírez, sin embargo, los diputados de la LIII Legislatura pudieron utilizar sólo la mitad de las instalaciones hasta agosto del mismo año, por el adeudo que aún se tenía con la empresa.
Fidel Giménez-Valdés aseguró que se corregirán todas las fallas que registre el inmueble desde su construcción, a petición de los mismos diputados, que han señalado posibles riesgos.
"Todas las obras tienen detalles, pero todo lo que tenga que ser corregido se va a corregir, es parte del compromiso que se hizo con la empresa, por eso le debemos una cantidad porque vamos a terminar de revisar absolutamente todo e, incluso, las peticiones de las diputadas y diputados... todas esas fallas se van a corregir y solucionar", explicó. 

Persisten las dos posiciones que tienen detenido el proceso desde el 15 de diciembre.

Los diputados locales no han podido sentarse a negociar y trabajar en un dictamen para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, a 12 días de que abrieron un periodo extraordinario para desahogar el tema como urgente.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, exhortó a sus homólogos a tener la disposición y llegar a acuerdos entre los 20 legisladores para que hoy, tras tres recesos dentro del periodo extraordinario, se pueda aprobar el Paquete Económico.
En entrevista, refirió que desde el 15 de diciembre -cuando el Poder Ejecutivo entregó el Paquete Económico-  la mayoría de los legisladores sólo se han logrado reunir en dos mesas de trabajo y ha sido para convocar a recesos.
Incluso, dijo, ya no han podido reunirse con el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para trabajar un dictamen como parte de las mesas de trabajo, a las que convocó la Comisión de Hacienda.
Sostuvo que como grupo de cinco legisladores han accedido a algunas de las propuestas planteadas por el resto de los 15 diputados, incluida la cancelación del proyecto que pretendía impulsar el Ejecutivo para concesionar el servicio de confinamiento final de la basura.
Sin embargo, el programa de reemplacamiento vehicular tendrá que someterse a votación, pues no hay consensos para su cancelación.
Por su lado, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, manifestó su confianza en que este martes haya consensos para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.
Admitió que es lamentable que al 8 de enero no haya Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para Morelos y que se cuestione a los diputados de negociar "moches" a cambio de cumplir con su facultad constitucional.