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Jorge Arganis Díaz Leal, es el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tras la salida de Javier Jiménez Espriú, es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, institución en la que ha sido profesor durante 24 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Así lo dictamina la SCT; “desperfecto” debe ser atendido por la Federación, señala el secretario de Obras Públicas.

Luego de que se dieran a conocer algunas afectaciones en el distribuidor vial de Palmira, el secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez-Valdés Román, afirmó -ayer miércoles- que un especialista de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevó a cabo una revisión y determinó que no existe riesgo alguno, ni daño estructural.

El funcionario local informó que ante el aviso de autoridades de protección civil, se solicitó a la SCT Morelos un reporte. El reporte, explicó, indica que no hay riesgo, pues se trata del “desconchamiento” de un material que se usa para recubrir, pero no hay daño en estructura.

Mencionó que la revisión fue hecha por el área responsable de 115 puentes en el estado, es decir, un especialista en la materia, quien expuso que entre la trabe y el cabezal de la columna se coloca un neopreno, de cierto espesor, que impide que roce el concreto de ambas estructuras. “Digamos que con el paso de los vehículos se rompió o desprendió el repello, si lo pudiéramos asimilar a una pared; entonces, lo que he pedido tanto a SCT como a Caminos y Puentes Federales es que comuniquen a la opinión pública y que expliquen que no hay ningún riesgo porque nos parece que no se debe causar alarma de más”.

Argumentó que las aseveraciones sobre los riesgos fueron hechas por personas que no son especialistas en la materia.

Aceptó que hay un “desperfecto” evidente que causa dudas o inquietud y que se tiene que reparar por parte de la Federación.

Comentó que se dialogará con la Coordinación de Protección Civil del estado, con el fin de que se tome en cuenta a la Asociación de Directores Responsables de Obra, que emitió el dictamen ya referido. Hizo notar que el puente es de jurisdicción federal.

La obra ya debería estar concluida; el avance sólo es del 80 por ciento, admite la autoridad.

La ampliación de la autopista La Pera-Cuautla tiene un retraso debido a adeudos con la empresa constructora, señaló el secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez-Valdés, quien apuntó que el avance es de apenas el 80 por ciento.

A decir del funcionario estatal, ese proyecto ya debería estar terminado, de acuerdo con los planes que dio a conocer en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Luego de que pobladores de Santo Domingo Ocotitlán bloquearon la vía de comunicación este jueves, Giménez Valdés expuso que es un asunto del orden federal y la administración estatal estará atenta a apoyar, en un momento dado, con gestiones para encontrar una solución.

De manera enfática externó que van a revisar con más detalle el asunto y si se trata de un camino en el que también tenga jurisdicción la dependencia que encabeza, habrá de intervenir. “Lo que yo sé, es que demandan que se cumplan compromisos por parte de la autoridad federal, desde que se construyó la ampliación a cuatro carriles, entiendo que hubo compromisos que implicaban comunidades aledañas”.

Por cierto, informó, hay un retraso en la obra de ampliación de la autopista, por un adeudo desde la administración pasada de más de 140 millones de pesos a la empresa constructora.

No están detenidos los trabajos, pero van muy lento. Calculó que el avance es del 80 por ciento, ya que falta una estructura importante que es un puente en Tepoztlán y el corte de un cerro. Pero hay tramos listos para que se coloque la carpeta asfáltica, pero no se está poniendo.

Por lo anterior, pidieron información a la SCT para conocer el motivo del citado atraso, pero hasta la fecha no han recibido respuesta formal.

Evitaría el paso por Cuernavaca; la SCT se encargará de retirar las barreras del Paso Exprés.

Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del gobierno del estado acordaron que el próximo lunes estará listo el dictamen técnico del proyecto que contempla el retiro de las barreras en el llamado "paso exprés". Además, se busca reactivar el plan de construcción del libramiento norponiente.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras Públicas estatal, Fidel Giménez Valdés, quien apuntó que en la reciente reunión con funcionarios de la SCT también se abordó el tema de transferencia de operación del tramo ya citado a la entidad.

Al respecto, apuntó que durante el encuentro celebrado el pasado martes, las autoridades también se comprometieron a que será la propia SCT la que retire los llamados muros laterales en carriles confinados y en las zonas donde se proyecta abrir vías de incorporación, tal y como lo contempla el plan estatal.

El secretario de Obras Públicas indicó que para el retiro de vallas no hay fecha de inicio porque se tiene que cubrir el requisito del estudio técnico, pero comentó que ya es prácticamente un hecho.

Reiteró que cuando se logre la transferencia de ese tramo al gobierno del estado por parte de Caminos y Puentes Federales y por Banobras, se trabajará en el plan de creación de un bulevar. Dijo que en esa reunión se enteró de que el objetivo del gobierno pasado de construir las barreras era poner en marcha un proyecto de interés económico relacionado con transporte, y no agilizar la circulación como se dijo en su momento.

Giménez Valdés anotó que de igual manera, se dialogó sobre la reactivación del libramiento norponiente, "que fue enlatado por un capricho del ex gobernador Graco Ramírez".

Mencionó que se trata de una mega obra de 42 kilómetros de longitud y que tiene como fin desahogar el tránsito de largo itinerario que viene desde la Ciudad de México y que va hacia Guerrero y al sur de Morelos, sin tener que pasar por Cuernavaca.

Apuntó que ese proyecto ya está terminado, tiene el cien por ciento de realización del proyecto y el 80% de liberación de los derechos de vía.

El libramiento podría estar sujeto a concesión por el monto elevado de inversión; además, destacó que ese libramiento podría ser un ramal hacia el aeropuerto Mariano Matamoros que se ha convertido en una alternativa real al de la Ciudad de México y al de Toluca.

Comentó que el costo de una vía de comunicación de cuatro carriles como la que se proyectó es de alrededor de 100 millones de pesos por kilómetro, es decir que el monto aproximado sería de 4 mil 300 millones de pesos e incluye dos obras importantes que son túneles, en el área cercana al campus Chamilpa de la universidad del estado para no impactar la zona estatal ambiental que tiene bosque.

En la zona de Cuentepec, Tetlama hacia Xochicalco, el derecho de vía ya está liberado.

“Es una obra que va a detonar la economía, va a generar empleos directos e indirectos y a futuro va a generar acceso rápido al aeropuerto, a la autopista del Sol y destinos como Xochicalco”, expresó al apuntar que el libramiento –en el proyecto-, comienza en el poblado de Chamilpa a la altura de la universidad, antes de la curva donde existen anuncios espectaculares; pasa por Santa María, por Tetela del Monte, Tetlama, Cuentepec y Xochicalco hasta el aeropuerto.

Afirmó que el proyecto estaba en cartera desde hace diez años y el objetivo es reactivarlo y concretarlo, con la idea de lanzarlo inicialmente en el año 2019.

El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

La revisión del proyecto debe reabrirse y las fallas deben ser reparadas, afirma el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de estado.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Alejandro Rosas López, sostuvo que el "Paso Exprés Tlahuica" todavía es peligroso para los automovilistas, por lo que debe corregirse.

En entrevista, coincidió con la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se señala que los accidentes y muertes registrados en la vía de comunicación se deben a una mala de planeación del proyecto, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) es la principal responsable.

Recordó que como Colegio de Ingenieros realizaron un dictamen del proyecto, que fue elemento de prueba para la investigación que se inició tras la muerte de dos hombres que cayeron a un socavón que se formó en la vialidad el 12 de junio del año pasado.

Sin embargo, refirió que la Secretaría de la Función Pública determinó cerrar el caso.

Rosas López consideró que la revisión del proyecto debe reabrirse y corregirlo, ya que persisten fallas que ponen en riesgo la vida de los automovilistas, sobre todo los que circulan por los carriles locales.

"Notamos que en el caso de los carriles locales siguen algunas situaciones. Se cuenta con tres carriles, pero realmente no caben los tres. Ahí sí es de modificar, se tiene que ver que funcione con carriles (sic)", agregó.

El ingeniero también subrayó que la SCT no ha cumplido con la señalización que obligue a respetar la velocidad con la que deben circular.

Aunque admitió que no ven condiciones para que se cumpla con dichas correcciones, debido a que en poco más de un mes se dará el cambio de la administración pública federal.

En coordinación con el gobierno federal electo, se elaborará un estudio para mejorar las condiciones de esa vialidad, anuncia el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El gobierno del estado acatará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al Paso Exprés, afirmó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien adelantó que ya se realiza un estudio por parte de la Secretaría de Obras Públicas para mejorar las condiciones de esa vialidad y, de hecho, se dialogó sobre el tema con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita al estado.

“En el Paso Exprés hay una serie de situaciones, son carriles pequeños, falta luz en la noche, entonces vamos a ver cómo solucionar esta situación de forma coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, expresó el funcionario, al dejar en claro que la actual administración acatará la recomendación cuando sea notificada oficialmente a la entidad.

Apuntó que antes de que fuera emitida dicha recomendación, había interés del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por abordar este asunto, dadas las condiciones en las que se realizó dicha obra, el caso ya conocido del socavón y ante el número de accidentes que se han registrado.

Por lo tanto, la actual administración de la Secretaría de Obras Públicas ya inició un informe detallado sobre dicha vía de comunicación, que será entregado a la SCT en el gobierno federal del ahora presidente electo AMLO.

Mencionó que se habrán de considerar las diferentes alternativas, con el objetivo de garantizar la seguridad para quienes circulan por el Paso Exprés; no descartó ninguna de las posibilidades, incluso la de ampliar a más carriles, pero subrayó que esas medidas se tomarán con base en estudios técnicos y en coordinación con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

En otro orden de ideas, Sanz Rivera comentó que se sostendrán encuentros cada mes con los alcaldes actuales y los electos, para abordar diversos aspectos. Entre otros dijo que en el encuentro del miércoles, se solicitó a los ediles que se lleve a cabo un proceso de entrega recepción transparente “sin poner piedras”.

Ante los problemas financieros que enfrentan los ayuntamientos al cierre de esta administración, el jefe de la oficina de la gubernatura comentó que se buscará a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, apoyarles con asesoría jurídica, en lo relativo a los laudos. Recordó que la administración pasada dejó muchas deudas y no hay liquidez, por lo que en este momento no se cuenta con posibilidad de rescates financieros adicionales.

Mencionó que todavía se tendrá que cuantificar el monto de laudos que tiene por cumplir el gobierno del estado, cuya cifra podría ascender a alrededor de 500 millones de pesos.

Autoridades y vecinos recorrieron la zona con mayor afectación.

La mañana de ayer martes personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de la Dirección de Protección Civil de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), y un grupo de vecinos del poblado de Chipitlán, llevaron a cabo un recorrido por el Paso Exprés, exactamente en el punto donde hace unos días se registró un hundimiento.

El director del Centro SCT Morelos, Héctor Armando Castañeda Molina, informó que continúan revisando los trabajos y buscando el consenso de la población en relación a las acciones que van a realizar para reparar el daño que genera el hundimiento en la carretera.

Explicó que conjuntamente con el SAPAC definirán cómo sellar los drenajes irregulares que se vierten al canal y también canalizarán las aguas de lluvia de forma correcta, trabajos que están realizando de forma coordinada.

Informó que el problema surge porque hay agua que sale de la Escuela Rafael Ramírez y es la que está generando el problema, es por ello que llevarán a cabo un drenado hacia una toma de la red sanitaria del municipio y verán la manera de evitar que se genere una laguna de lixiviados.

“Tenemos que sellar la laguna de oxidación porque es lo que genera escurrimientos y, a su vez, los hundimientos. Sí contamos con recursos y veremos en qué podemos cooperar con las autoridades municipales para ver cómo resolver el problema. Estamos viendo qué le corresponde a cada quien, lo importante es resolver el problema”.