El director de Protección Civil, Rubén Apáez Omaña, dijo que la prohibición para evitar la venta de explosivos y fuegos pirotécnicos, se hace con mucho tiempo de anticipación para evitar que comerciantes tengan el argumento de que no se les aviso y por ello hicieron su inversión. Aclaró que el desconocimiento de la ley no los exime de responsabilidades.

Señaló que al mismo tiempo se está prohibiendo la venta de confeti, espumas y cascarones con harina, para impedir incidentes durante la realización de los desfiles y festejos patrios. “Para evitar que se manchen los uniformes de quienes desfilan y que los niños se metan en el trayecto del desfile o en los contingentes por estar recogiendo el confeti de la calle”, indicó.

Apáez Omaña dijo que las notificaciones se han realizado en la Central de Abasto, en tiendas, tianguis y locales, donde en años anteriores se ha detectado la venta y almacenamiento clandestino de cohetes y otros productos con pólvora.

Anuncio la realización de operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Pública, Industria y Comercio, Gobernación Municipal, Inspección Fiscal y Bomberos, para realizar el decomiso de mercancía prohibida. El objetivo, insistió, es garantizar la seguridad a miles de asistentes a las fiestas septembrinas, “para salvaguardar este 30 de septiembre el desfile con todas las medidas de seguridad, que se pueda prevenir, para que no surja ningún incidente y se pueda apreciar el desfile con calma y seguridad”.

También señaló que el comercio ambulante estará bajo vigilancia para impedir abusos, “el comercio ambulante será regulado por Industria y Comercio para que no se meta a las calles y por el otro lado también tienen prohibida la venta de confeti y espumas. Y el exhorto para la prohibición de la compra, venta y almacenamiento de productos con pólvora”.

Aseguró que a los infractores de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos se les podría aplicar sanciones de hasta mil días de salario mínimo, la clausura temporal o definitiva, total o parcial de su negocio, y hasta el arresto administrativo por 36 horas.